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¿Está haciendo el presidente Biden un mejor trabajo en la frontera entre Estados Unidos y México que su predecesor Trump ? Para los cientos de miles de centroamericanos que huyen cada año de El Salvador, Honduras, Guatemala y, más recientemente, de Nicaragua, esta pregunta es sumamente importante. No esperaron a conocer la respuesta -que supusieron sería afirmativa porque el candidato demócrata había prometido en las elecciones deshacerse de las políticas antiinmigrantes- antes de intentar la gran travesía. Un largo y peligroso viaje a través de los territorios y fronteras que les separan del “sueño” norteamericano. El viaje se realiza en “caravanas” de miles de personas a pie, más o menos obstaculizadas por la Guardia Nacional Mexicana, o individualmente, bajo las exigencias exorbitantes de los “coyotes” y a merced de extorsionistas de toda índole.
El balance migratorio de los primeros doce meses de la presidencia de Joe Biden ha batido todos los récords registrados en las últimas décadas en la frontera sur de Estados Unidos : más de dos millones de migrantes -principalmente centroamericanos, pero también haitianos, sudamericanos, africanos y asiáticos...- han sido detenidos allí. Esta cifra es entre tres y cuatro veces superior a la media de los ocho años anteriores. Esto se debe, sin duda, al compromiso de Biden con una gestión migratoria más humana, pero sobre todo a la exacerbación de los motivos de la huida. Para los cuatro “Estados de no-Derecho” del norte de Centroamérica, esto significa « inseguridad alimentaria aguda » que, con la ayuda de las pandemias y el cambio climático, afecta a más de una de cada cinco personas, además de la prevalencia de la delincuencia, la discriminación social y la represión política.
Pero, ¿han cambiado realmente las políticas migratorias de Estados Unidos desde la investidura presidencial de principios de 2021 ? Sí y no. Sí, en el sentido de que las medidas para la expulsión masiva - « deportación », como se llama en Centroamérica- de los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos han descendido en el orden de prioridades. Sí, también en el sentido de que las mallas de la red en la frontera son visiblemente más amplias que antes. Los menores no acompañados, las familias con niños pequeños y otros perfiles vulnerables ya no son sistemáticamente encerrados o devueltos. Al parecer, los beneficiarios aleatorios de la actual saturación de los campos de triaje tampoco lo son.
No, en cambio, Biden no ha conseguido transformar la política de inmigración, si se evalúan las prácticas actuales a la luz de los mecanismos trumpianos a los que quiso poner fin al principio de su mandato. La ausencia de una mayoría en el Congreso para validar sus reformas -incluida la regularización, en 8 años, de 11 millones de residentes “clandestinos”- ofrece una primera explicación. Y el desplome de su popularidad concomitante al “efecto de llamado” y al “caos humanitario” en la frontera tras su toma de posesión, la segunda. Como resultado, la administración demócrata ahora insta cada vez más a los centroamericanos a “quedarse en casa” y anuncia el financiamiento de programas de “prosperidad” en Centroamérica. Programas que en el pasado han consolidado la estructura agroexportadora, depredadora y desigual de la economía de la región.
Decenas de miles de migrantes en espera
En la frontera, Biden recurre convenientemente (o se ve obligado por el poder judicial “republicano”) a las dos herramientas que el anterior presidente utilizó para deportar al mayor número de personas posible. La primera de estas herramientas, el “Title 42”, una antigua normativa de salud pública que se reintrodujo a raíz de la pandemia, permite la deportación inmediata de cualquier persona procedente de un país con una enfermedad contagiosa. Trump abusó de ello. También lo hizo Biden : más de un millón de deportaciones desde que asumió el cargo. La segunda, el programa de asilo “Remain in Mexico” de Donald Trump, permite devolver a los migrantes al lado mexicano de la frontera a campamentos improvisados expuestos a agresiones, mientras se estudia su solicitud de protección. El republicano lo ha sistematizado (e incluso lo ha extendido más al sur, externalizando la frontera de EEUU a Centroamérica). El demócrata lo condenó inicialmente, antes de verse llevado a aplicarlo en una versión ligeramente retocada.
Tal es la situación. Con decenas de miles de migrantes en espera a todos los niveles : detenidos, retenidos, dispersos o rechazados a ambos lados de las fronteras norte y sur de México. Los que consiguen pasar -entre el 10 y el 25% de las poblaciones nacionales centroamericanas viven en Estados Unidos- mantienen la economía estadounidense en marcha, a menudo en trabajos que los demás no quieren. Empleos que pagan entre seis y diez veces más que un mismo trabajo en Centroamérica, y que ayudan a las familias que quedaron atrás, por un valor de entre una octava y una cuarta parte del PIB del país de origen.
En resumen, a pesar del relevo presidencial, siguen existiendo dos realidades clamorosas entre Estados Unidos y su patio trasero tropical. Por un lado, la falta de democratización de las sociedades centroamericanas -y la consiguiente inseguridad física, social, medioambiental o política- como motivo principal de la necesidad de huir de la región. Por otro lado, las condiciones de la propia migración -entre políticas migratorias inhumanas y criminalidad endémica- como un ataque sistémico a la integridad de las personas y al derecho a la movilidad.
