CETRI
(Traducido del francés por Carlos Mendoza)
“Let’s start talking about Congo”. Los carteles que han aparecido en el mobiliario urbano de la capital europea, junto con otros mensajes que instan a seguir hablando de Gaza, muestran un cambio en el nivel de atención que se presta al conflicto del Congo en el extranjero. La movilización mediática y diplomática en torno a las guerras de Ucrania e Israel/Palestina ha proporcionado argumentos a los activistas de las “guerras olvidadas”. El contexto es tanto más favorable para la cobertura mediática de la crisis de los Grandes Lagos cuanto que la nueva rebelión del M23 en el Este del país tiene implicaciones internacionales más evidentes que los anteriores ciclos de rebelión, debido al despliegue de fuerzas regionales en apoyo del ejército congolés, pero también al nivel de tensión sin precedentes entre las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) y las de la vecina Ruanda, cuyo apoyo a la rebelión ya no se pone en duda.
Al mismo tiempo, las campañas internacionales de la sociedad civil contra los “minerales de sangre” y el trabajo infantil están sensibilizando a la opinión pública sobre la causa congolesa : ¿acaso la transición energética y la demanda mundial de minerales críticos no son uno de los principales factores del conflicto en esta parte del mundo ? Los países occidentales, con su apoyo a Ruanda y su consumo de recursos naturales, son cómplices de una tragedia humanitaria que se niegan a reconocer plenamente y, por tanto, a tratar con seriedad.
Aunque los factores internacionales en la crisis del Congo son indiscutibles, una narrativa limitada a ellos corre el riesgo de simplificar en exceso la dinámica del conflicto y subestimar los factores locales que subyacen a la violencia. El M23 es uno de los más de 100 grupos armados que operan en las provincias orientales del Congo. El acceso a los recursos minerales no es la única fuente de tensión entre las comunidades. Las multinacionales occidentales son minoría entre las empresas que extraen y compran minerales estratégicos. Las principales minas, en términos de producción y facturación, se encuentran lejos de las zonas más violentas. Por último, pero no por ello menos importante, las guerras en el Este del país deben considerarse en el contexto de una economía política depredadora más amplia en la que los políticos y los militares congoleses son los principales actores, causantes de injusticia, tensión y sufrimiento social en todo el país.
La ambición de esta entrega de Alternatives Sud es trazar un panorama sociopolítico global de la RDC, tanto en sus configuraciones internas como en sus relaciones con el resto del mundo, y por supuesto articularlos. Lo·as autores·as de los diez artículos recopilados, todos·as congoleses·as, trabajan para descubrir y analizar las evoluciones tanto como los factores de reproducción del espacio político congolés y las acciones públicas a escala nacional e internacional.
Aunque en algunos aspectos el libro se asemeja a un balance de la presidencia de Tshisekedi, que se contrapone regularmente a la administración de Kabila, algunas de las contribuciones abordan cuestiones a más largo plazo, en particular los conflictos por la tierra, la participación de las mujeres en la vida pública y la diplomacia forestal. En conjunto, queda claro que, para los diecinueve contribuidores·as de este libro, a pesar de las esperanzas suscitadas por la llegada de un representante de la oposición histórica a la jefatura del Estado y la emergencia de nuevos actores sociales, las “continuidades” y “permanencias” del sistema congolés pesan más que los factores de cambio.
De una elección controvertida a otra
Una mirada retrospectiva a los seis primeros años del Gobierno de Tshisekedi (2019-2024). Las propias circunstancias del cambio en la cúpula del Estado en enero de 2019 sugerían que la presidencia tendría poco en cuenta los principios democráticos, a pesar del imaginario político emancipador del que el nombre “Tshisekedi” y la marca “UDPS” [1] seguían gozando en gran parte de la opinión pública congolesa. La designación del candidato de la coalición opositora “Cap pour le changement” fue, de hecho, el resultado de un “acuerdo” con Joseph Kabila, que controlaba la comisión electoral “independiente” (CENI), en detrimento del verdadero ganador de las elecciones (por un amplio margen), Martin Fayulu, considerado menos manipulable y más hostil por el presidente saliente (Englebert, 2020). Recuérdese que este acuerdo permitió a este último y a su coalición Front Commun pour le Congo (FCC) conservar el control del parlamento y de la mayoría de las instituciones clave de la república (poder judicial, ejército, policía, servicios de inteligencia).
Como señala Georges Kasongo Kalumba en su contribución, el sistema político congolés ha experimentado varias crisis en esta configuración “inusual” de cohabitación entre el antiguo y el nuevo presidente. Para modificar la relación de fuerzas a su favor, acceder a los recursos públicos necesarios para aplicar su programa e impedir que Joseph Kabila recuperara el control de la comisión electoral y del tribunal constitucional, Félix Tshisekedi combinó la estrategia de calle con las maniobras políticas, movilizando a los militantes de la UDPS para presionar a las instituciones que no controlaba. También se benefició del apoyo de los países occidentales, especialmente de Estados Unidos, deseosos de deshacer el “sistema Kabila”.
Finalmente, el nuevo presidente tomó las riendas del Estado a finales de 2020, rompiendo oficialmente la coalición de gobierno con el FCC, anunciando la formación de una nueva plataforma política -la Unión Sagrada de la Nación (USN)- y anulando espectacularmente la mayoría parlamentaria a favor de esta última, Según Georges Kasongo, los métodos utilizados fueron “jurídicamente muy cuestionables, alternando entre la intimidación (presión física de los militantes sobre los opositores políticos, amenazas de persecución contra antiguos cargos públicos, amenazas de disolución de la Asamblea Nacional) y los incentivos financieros (entrega de sobres y luego de vehículos, etc. )”.
Aunque Félix Tshisekedi recuperara la plenitud del poder ejecutivo y se convirtiera desde entonces en el centro del juego político nacional en Kinshasa, el resto de su primer mandato se vería perturbado por una nueva amenaza, esta vez periférica, en forma de resurgimiento de la rebelión del M23 en los montes Rutshuru de Kivu Norte, en la frontera con Ruanda. Las implicaciones políticas de la rebelión, que ganó terreno al ejército congolés y puso de manifiesto la impotencia del presidente en materia de seguridad e integridad territorial, no impidieron a Félix Tshisekedi utilizar su mayoría parlamentaria para crear las condiciones institucionales de su reelección, en particular colocando a un leal a la cabeza de la comisión electoral, lo que indignó enormemente a la Iglesia católica, los partidos de la oposición y los movimientos ciudadanos.
Al final de una campaña electoral caracterizada por una marcada posición anti-ruandesa y nacionalista, como si Ruanda fuera “la única causa de los problemas del Congo”, en palabras de uno de los autores de este libro [2], Félix Tshisekedi ganó las elecciones de diciembre de 2023 en condiciones de caos y opacidad tales que muchos observadores no consideran creíble el proceso : “El 20 de diciembre no asistimos a unas elecciones, sino a una parodia de elecciones. Miles de colegios electorales no abrieron, las máquinas de votación no funcionaron, millones de congoleses pasaron todo el día frente a los colegios sin votar, mientras que miles de máquinas estaban en manos de individuos que votaban en lugar del pueblo” . [3] Sin embargo, el resultado fue confirmado por cancillerías occidentales, en un contexto de creciente rivalidad estratégica con China.
Posteriormente, el presidente reelegido negoció una versión ampliada de la Union Sagrada, que le proporcionó una nueva mayoría parlamentaria abrumadora. Sin embargo, esta capacidad de absorción se vio contrarrestada por el estallido de una larga y muy polémica “guerra de posiciones” entre los componentes del nuevo bando presidencial, por la formación del equipo de gobierno y la presidencia de la Asamblea Nacional, que retrasó la puesta en marcha de las instituciones hasta junio de 2024.
Evanescencia de las políticas públicas, clientelismo pertinaz
El primer mandato del nuevo presidente se inició bajo la bandera de la lucha contra la pobreza y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reactivando la idea de “progreso social” propugnada por la UDPS. Una ambición que normalmente se vería favorecida por el crecimiento del presupuesto del Estado y la reanudación de la cooperación internacional. Según los miembros del Instituto Ebuteli que han contribuido a este informe de Alternatives Sud, aunque se han realizado progresos en algunos ámbitos, prácticamente no ha habido mejoras en la vida cotidiana de los congoleses·as. Los autores·as examinan en detalle los programas socioeconómicos emblemáticos del gobierno : el programa de los “100 días”, la gratuidad de la enseñanza primaria y el programa de “desarrollo local de los 145 territorios”.
En general, estas iniciativas, ampliamente publicitadas, sólo se aplicaron parcialmente y tuvieron repercusiones negativas en la calidad de los servicios e instalaciones. Ello se debe a la inexperiencia y la precipitación en la aplicación de los programas, así como a una falta real de financiamiento, vinculada por una parte al hecho de que “el tren de vida de las instituciones políticas congolesas sigue consumiendo una gran parte de los ingresos movilizados en detrimento de las inversiones públicas” [4], y por otra al índice de malversación de los fondos destinados a estas políticas públicas. En cuanto al poder adquisitivo, el ejecutivo ha multiplicado las medidas “voluntaristas y selectivas” contra los efectos de la subida de la inflación (supresión del IVA, etc.) sin abordar “los problemas más profundos relacionados con el mal funcionamiento de los sistemas de producción locales”.
La lucha contra la corrupción se convirtió en una de las principales prioridades de Félix Tshisekedi, lo que complació a sus partidarios occidentales y se tradujo en la activación de la Inspección General de Finanzas (IGF) y sus famosas “patrullas financieras”. Sobre la cuestión de la IGF, las partes están divididas. Algunos·as creen que ha contribuido a una mayor transparencia en la gestión de los ingresos públicos, mientras que otros la consideran esencialmente una “herramienta política” en manos del presidente y, como Albert Malukisa, opinan que la dependencia del régimen respecto de los funcionarios regionales o locales para obtener una legitimidad clientelar hace que la “lucha contra la corrupción sea políticamente contraproducente”.
Esto explica por qué los casos de malversación a gran escala descubiertos por la IGF rara vez van seguidos de condenas. Si las investigaciones y los subsiguientes procesamientos se llevaran a cabo de forma sistemática, se produciría la salida de las élites corruptas que son cruciales para la estabilidad política del régimen. Tanto más cuanto que tales deserciones pueden desembocar en protestas violentas de los excluidos del espacio de poder [5].
El funcionamiento del sistema político congolés no parece haber cambiado con Tshisekedi, a pesar de su ruptura con el clan Kabila. Como analiza Georges Kasongo en su contribución, el presidente sigue siendo la piedra angular del juego político, en torno al cual se crean redes de élites políticas a través de transacciones informales que permiten acceder a cargos que posibilitan la acumulación de riqueza y prestigio. “Al comienzo del segundo mandato de Félix Tshisekedi, las inamovibles élites políticas de los regímenes pasados, hasta el muy denostado mariscal Mobutu, se encontraron a la cabeza de todas las instituciones, incluso del gobierno, en contradicción con su proclamada voluntad de romper con los defectos del régimen anterior”.
Cuando se trata de reproducir formas anteriores de ejercer el poder, el régimen de Tshisekedi recurre al tribalismo político tanto como sus predecesores, o incluso más que Joseph Kabila, según algunos analistas. Los balubas están sobrerrepresentados en los principales puestos ministeriales y gubernamentales. Este favoritismo étnico está pensado para garantizar la lealtad política y proteger al régimen, pero también es el resultado de la presión de las élites kasaianas, que sienten que, tras décadas de oposición y exclusión de las instituciones, es “su turno”. Según Georges Kasongo, esta situación “despierta reflejos de paranoia y psicosis colectiva entre los miembros de las tribus vecinas”. Sobre todo en la rica Katanga, donde la dominación social histórica de los baluba de Kasai ya sirvió de pretexto a los organizadores de los pogromos durante los años noventa.
Otra prolongación de las prácticas nefastas del pasado, menos esperada de un partido como el UDPS, que bajo Mobutu sufrió una persecución política como ningún otro (hecho abordado por el Groupe d’étude sur le Congo y el Institut Ebuteli en su artículo sobre la génesis y evolución del histórico partido de oposición) : la creciente intimidación de las voces críticas. Desde 2023, se ha producido un aumento significativo de la violencia política, con detenciones de opositores, activistas y periodistas, y represión de las manifestaciones. La represión es a veces sangrienta, como en el caso de la “masacre de Goma” [6]. Los informes de las organizaciones congolesas e internacionales de defensa de los derechos humanos son cada vez más alarmantes, como en una declaración de la red de ONG EurAc, publicada en el momento de redactar este informe, que deplora la reintroducción de la pena de muerte y la erosión de las libertades públicas en la RDC (EurAc, 2024).
Los recursos naturales, una realidad y un prisma
Como sugiere C. Géraud Neema, la riqueza del subsuelo congolés se ha convertido en un prisma, “quizá distorsionador”, a través del cual tanto los actores extranjeros como los propios congoleses·as ven las realidades políticas y económicas internas y las relaciones con el resto del mundo, los primeros destacando la “maldición” de los recursos naturales y la sangre que mancha sus propios teléfonos móviles, los segundos·as el saqueo extranjero que explica el insoportable contraste entre la riqueza natural del país y la miseria generalizada de su población.
Sin embargo, varios estudios realizados en los últimos años han cuestionado la primacía de la codicia de minerales en los conflictos que asolan el Este del país. En particular, Josaphat Musamba (Musamba y Vogel, 2021), en esta publicación de Alternatives Sud, pretende demostrar que la violencia de las milicias y los enfrentamientos intercomunitarios son el resultado de una confluencia de factores, como las luchas por la tierra y por el poder consuetudinario o moderno, en un contexto de desplazamientos históricos, presiones demográficas y manipulación política de las poblaciones locales. Esto no quiere decir que la minería y el comercio del coltán o del oro no participen en el mantenimiento de esta dinámica, pero su influencia varía mucho de un entorno a otro y a menudo es difícil de distinguir de los cobros arbitrarios generalizados por parte de los grupos armados... y partes del ejército congolés.
La necesidad de tener en cuenta la complejidad de las condiciones locales no disminuye la enorme importancia financiera de la minería a nivel nacional. Según los datos de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE), de los que informa C. Géraud Neema, los minerales representan más del 98 % de las exportaciones congolesas y el 46 % de los ingresos del Estado. Estas cantidades corresponden principalmente al cobre y al cobalto, que se extraen en las megaminerías del sur del país (antigua Katanga), más industrializadas (80%) y formalizadas que las minas de Kivu, en el este. Los esfuerzos del Presidente Tshisekedi por renegociar el “contrato del siglo” con China bajo Kabila pueden haber dado lugar a un reequilibrio financiero a favor del Congo, pero su inconveniente es que ignoran los desastrosos impactos socioambientales de la minería del cobre y el cobalto y sugieren que los obstáculos a la socialización de la riqueza extractiva residen únicamente en la codicia de las multinacionales.
Sin embargo, varios estudios internacionales, entre ellos la famosa investigación “Congo Hold-Up”, han revelado la magnitud del desfalco de los ingresos mineros durante la presidencia de Kabila. Y a la pregunta de si la gobernanza de la industria extractiva ha mejorado con Tshisekedi, Jean-Claude Mputu, portavoz de la red de ONG “Congo no está en venta”, responde que “nada ha cambiado”. La corrupción sigue existiendo, “a todos los niveles”, en todas las interacciones entre la administración congolesa y las empresas mineras, desde la concesión de licencias hasta el registro de las cifras de producción, pasando por los controles medioambientales hasta la gestión de la participación de Gécamines en las empresas mixtas mineras. La ilustración más elocuente del persistente “asalto” son, sin duda, las recientes gestiones de Félix Tshisekedi ante el Presidente Biden para que levante las sanciones impuestas por Estados Unidos al empresario israelí Dan Gertler, acusado de corromper a funcionarios públicos en el Congo y en otros lugares de África.
Jean-Claude Mputu señala también que las nuevas obligaciones de las empresas mineras extranjeras de recurrir a subcontratistas congoleses han quedado sin efecto por la mediación de testaferros seleccionados por las autoridades políticas, mientras que los discursos gubernamentales sobre la necesidad de una transformación local de los recursos naturales, aún no ha pasado de... discursos. Para completar este cuadro, nos gustaría subrayar hasta qué punto el prisma de los recursos minerales ha contribuido al olvido político del sector agrícola congolés desde la independencia, a pesar de su importancia en términos de empleo y de la dependencia alimentaria del país, que se ve obligado a importar maíz o pescado de países con un potencial agrícola muy inferior. A este respecto, hay que decir que el eslogan de “revancha de la tierra sobre el subsuelo” propuesto por las autoridades bajo Tshisekedi no pasó de la fase de conferencias y documentos programáticos (Saliboko, 2023).
Aunque la cuestión del acceso a los minerales ha sido un aspecto importante de las relaciones internacionales del Congo desde su independencia, ha adquirido una nueva dimensión en el contexto de la competencia mundial por los “minerales de transición” y la rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos. En su artículo, C. Géraud Neema explica cómo el gobierno de Tshisekedi contó con el apoyo de Estados Unidos durante su cohabitación con Joseph Kabila, mientras que este último había recurrido a los chinos quince años antes para emanciparse de la tutela occidental. Sin embargo, los dos últimos años han demostrado que el actual presidente no ha alineado su país con el bando occidental, a pesar de su contraofensiva para recuperar su posición en el sector minero, en parte debido a la falta de apoyo en contra del Ruanda y a las críticas (con todo moderadas) a la gobernanza democrática.
Sin embargo, los minerales no son los únicos recursos naturales que están aumentando la importancia de la RDC en el contexto de la transición energética y medioambiental mundial : la enorme superficie de bosques primarios de la cuenca del Congo también es objeto de creciente interés para muchos agentes internacionales implicados en programas de reducción de la deforestación REDD+ y de conservación de la biodiversidad.
En su contribución sobre la gobernanza forestal en la RDC, Eliezer Majambu, Moïse Tsayem Demaze y Symphorien Ongolo presentan el Congo como un escenario en el que estos actores intervienen para promover un conjunto de intereses formales (limitar la deforestación) e informales (consolidar la influencia diplomática). Según los autores, la estrategia de los responsables congoleses consiste en mostrar una “docilidad circunstancial” respondiendo a las presiones de los socios extranjeros aplicando reformas encaminadas a la buena gobernanza forestal como forma de atraer financiamiento internacional, aunque sin proporcionar los medios institucionales para canalizar efectivamente el uso de los recursos forestales.
Cambio social y nuevos actores
Mientras que los mecanismos de dominación estatal e internacional parecen mantenerse a expensas de una población que lucha a diario por su supervivencia y dignidad en el contexto de una modernidad incierta (Bréda et al., 2013), los cambios sociales y culturales en la sociedad congolesa están dando lugar a nuevas formas de conciencia crítica y resistencia cívica, en un contexto de la educación superior masiva, acceso generalizado a las redes sociales y digitales, y creciente circulación internacional de personas.
Clémentine Sangana, Catherine Odimba y Pacifique Nkunzi examinan en particular la evolución de la participación pública y política de las mujeres congolesas, una cuestión en la que el nombramiento de Judit Suminwa Tuluka como Primera Ministra en abril de 2024 representa un paso de considerable importancia simbólica en un contexto en el que la legitimidad de las mujeres para gestionar los asuntos públicos sigue siendo frágil. Sin embargo, nuestro trío de autores·as observa un sorprendente contraste entre la plétora de textos internacionales y nacionales que promueven la igualdad de género y la escasez de avances concretos. Aunque el número de organizaciones de mujeres está creciendo y utilizan el apoyo de la cooperación internacional para llevar a cabo actividades de incidencia política, especialmente para aprobar leyes contra la violencia de género, la falta de coordinación entre los programas conduce a una dispersión de las acciones y dificulta la construcción de un movimiento fuerte y unificado.
El segundo mandato del Presidente Joseph Kabila estuvo marcado por la aparición de una nueva entidad sociopolítica en el Congo : los “movimientos ciudadanos”. Dos miembros del mayor de estos movimientos – “La Lucha” – ofrecen una visión general de los orígenes, características y retos de este activismo “atípico” que también existe en otros países africanos. Bienvenu Matumo y Steward Muhindo explican que la aparición de este nuevo tipo de acción colectiva nace de la indignación ante la incapacidad de las élites gobernantes para responder a las necesidades básicas de la población y del descrédito de las organizaciones tradicionales de la sociedad civil -preocupadas principalmente por mantener buenas relaciones con las autoridades y los donantes- y de los partidos de la oposición, incluido el UDPS, cuyos líderes explotan la cólera de los jóvenes. “La Lucha” se diferencia de estos actores en que presiona a los responsables políticos mediante acciones públicas no violentas, manteniéndose independiente de los partidos políticos y de la cooperación internacional y sin pretender participar en el poder establecido.
“La Lucha” y otros movimientos cívicos participaron en las manifestaciones que contribuyeron a la alternancia en el poder a principios de 2019, pero la llegada al poder de Félix Tshisekedi creó nuevos retos para la organización. El movimiento estaba dividido sobre cómo posicionarse frente a un presidente que, a pesar de los modalidades antidemocráticos de su victoria, iba a poner fin a veintiún años de kabilismo y que algunos activistas consideraban que podía encaminar al país hacia el cambio. Así, durante la era Tshisekedi, “La Lucha” se centró en las reivindicaciones sociales sin abandonar el examen crítico de las políticas públicas del Estado. Tras doce años de existencia, Lucha se enfrenta ahora a retos organizativos, entre ellos la necesidad de renovar su base militante.
La Constitución (una vez más) en peligro
El futuro de “La Lucha” dependerá también de la evolución del contexto político nacional y de lo que los dos activistas describen como “impulsos dictatoriales” del régimen de la UDPS. De hecho, el futuro político del Congo está cargado de incertidumbres. En mayo de 2024, el presidente Tshisekedi anunció su intención de crear una comisión nacional para “reflexionar” sobre la Constitución con vistas a actualizar ciertas disposiciones que obstaculizarían el buen funcionamiento de las instituciones. Ciertamente, la Ley Fundamental congolesa no es perfecta en todos los aspectos, pero los problemas señalados por el clan presidencial parecen tan secundarios frente a los imperativos de seguridad y sociales del momento que la sociedad civil congolesa y la oposición ven en la propuesta de Félix Tshisekedi los primeros indicios de un proyecto que, en última instancia, pretende revisar las disposiciones que limitan la duración de su permanencia en la jefatura del Estado.
Y con razón : fue con el mismo tipo de comentarios ambiguos sobre ciertas insuficiencias de la Constitución con lo que los miembros del partido de Joseph Kabila habían puesto en marcha su estrategia para mantenerse en el poder diez años antes. La presión combinada de las manifestaciones callejeras y de la comunidad internacional obligó al expresidente a dar marcha atrás en sus planes (Polet, 2022).
Parece que Felix Tshisekedi tiene hoy más posibilidades de superar los estrechos límites constitucionales que su predecesor. Frente a la aplastante mayoría parlamentaria de su coalición presidencial, la oposición política y social está fragmentada y debilitada. Su popularidad “paradójica” en Kinshasa [7] y el activismo de las ligas juveniles de la UDPS hacen que el recurso a la calle sea arriesgado. Por último, la presión de Europa y Estados Unidos ya es más débil y es probable que sea menos eficaz en el contexto de la “nueva guerra fría” y el auge de un Sur global hostil a los requerimientos democráticos de Occidente. La principal tarea del Presidente, por tanto, será gestionar a largo plazo las ambiciones contrapuestas de los “aliados” que constituyen su base política.
Sin embargo, parece que el régimen de Tshisekedi no es totalmente inmune a los reveses de la fortuna, como parece habernos recordado el improbable intento de golpe de Estado del 19 de mayo de 2024 en Kinshasa. La evolución de la escena política congolesa sorprende regularmente incluso a los analistas más avezados·as.
