CETRI
Laurent Delcourt es historiador y sociólogo, investigador en el Centro tricontinental - CETRI, coordinador de la obra colectiva Les nouveaux territoires de l’agrobusiness).
(Traducción : Carlos Mendoza)
“La pandemia de coronavirus lo ha retrasado, oscurecido y revelado todo. Por decir lo menos”, señala Bernard Duterme en la introducción de un reciente número de Alternatives Sud dedicado a la emergencia ecológica (2020). Lo mismo ocurre con la lucha contra el hambre y la malnutrición. En septiembre de 2015, tras dos años de difíciles negociaciones, la comunidad internacional adoptó la Agenda 2030 : diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Se comprometió entonces solemnemente a erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición de aquí a 2030. A menos de una década de la fecha límite, no hay lugar para el optimismo.
“El mundo atraviesa una coyuntura crítica. La situación es muy distinta a la de hace seis años", escriben los autores del último informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. “A la vez, aunque comprendíamos que los desafíos eran considerables, éramos optimistas en cuanto a que, adoptando los enfoques de transformación adecuados, podían acelerarse […] los progresos anteriores para encarrilarnos en la consecución de ese objetivo. No obstante, las cuatro últimas ediciones de este informe han sido una lección de humildad. En general, el mundo no ha avanzado hacia el cumplimiento de la meta 2.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dirigida a asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año, ni de la meta 2.2 de los ODS, orientada a erradicar todas las formas de malnutrición. En el informe del año pasado se subrayaba que la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) estaba teniendo un efecto devastador en la economía mundial al desencadenar una recesión sin precedentes que no se conocía desde la Segunda Guerra Mundial y que la seguridad alimentaria y el estado nutricional de millones de personas, entre ellas niños, se deterioraría […]” (FAO et al., 2021).
El Covid-19 fue ciertamente devastador. Especialmente en los países del Sur. Y no sólo en materia de salud. Más que en ningún otro lugar, las medidas tomadas para contener la epidemia (cierre de fronteras, restricción de la circulación interna, etc.) destruyeron sus economías, desestructuraron su tejido productivo, acentuaron las carencias y provocaron una caída brusca del nivel de vida de la mayoría de los hogares que no pudieron contar con una protección social con redes de protección social adecuada ni siquiera con ayudas sociales de emergencia para amortiguar el golpe. Así, la vulnerabilidad alimentaria y nutricional de una población ya precaria (campesinos·as, migrantes, temporeros y temporeras, trabajadores y trabajadoras de los sectores informales, etc.), que no disponía de ingresos alternativos para hacer frente a la crisis, se incrementó notablemente (FIAN, 2020 ; Berthelot, 2020 ; Clapp y Moseley 2020).
Las cifras hablan por sí solas. A mediados de 2020, la FAO estimó que la crisis sanitaria había sumido a entre 83 y 132 millones de personas en una inseguridad alimentaria aguda, mientras que el PMA (Programa Mundial de Alimentos) predijo casi al mismo tiempo que esta cifra se duplicaría para finales de año, pasando de 135 a 265 millones de personas (Clapp y Moseley, 2020). El último informe de la FAO (2021) confirma que el hambre y la malnutrición han alcanzado un nuevo pico. Este no ha sido el caso desde la crisis alimentaria de 2008-2009. A finales de 2020, entre 720 y 820 millones de personas sufrían malnutrición y aproximadamente 2.370 millones más carecían de acceso a una alimentación adecuada. Esto supone 161 millones o 320 millones más que en 2019 (FAO et al, 2021).
Sin embargo, la epidemia por sí sola no explica este aumento. El número de personas con hambre no ha dejado de aumentar desde 2015, a un ritmo de entre diez y quince millones de nuevas “personas con hambre” en todo el mundo cada año. Así, la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es cada vez más ilusoria, y esta tendencia ya se ha puesto en marcha. El Covid-19 lo ha acelerado y amplificado todo (Clapp y Moseley, 2020 ; Delcourt, 2021).
Los autores del informe reconocen que : “Ya mucho antes de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (Covid- 19), no se estaba en camino de cumplir el compromiso de poner fin al hambre y la malnutrición mundiales en todas sus formas para 2030. Ahora la pandemia ha complicado considerablemente este objectivo”. Es una terrible admisión de fracaso, pero el diagnóstico es correcto. Escriben que la epidemia “continúa exponiendo las debilidades de nuestros sistemas alimentarios que amenazan las vidas y los medios de subsistencia de las personas en todo el mundo, especialmente las más vulnerables y las que viven en contextos frágiles” (ibid).
Al igual que la crisis alimentaria de 2008-2009 se caracterizó por un repentino aumento de los precios internacionales de alimentos que, de forma igualmente repentina, sumió a millones de personas en la pobreza extrema, la crisis sanitaria -aunque de naturaleza muy diferente- volvió a ser un poderoso indicador de las debilidades y limitaciones del sistema mundial de producción, procesamiento y distribución de alimentos (Cetri, 2010 ; FIAN, 2020 ; Clapp y Moseley, 2020).
La interrupción de las largas cadenas de suministro mundiales ha puesto de manifiesto su gran vulnerabilidad a las perturbaciones externas. Y al empeorar la situación alimentaria y nutricional en muchos países, ha vuelto a poner de manifiesto su carácter intrínsecamente excluyente y desigual : aunque la producción mundial es ahora suficiente para alimentar a la población mundial, y mucho más [1], más de tres mil millones de personas (el 40% de la humanidad) siguen sin tener acceso a una alimentación suficiente, segura o adecuada, por falta de ingresos para adquirirla (Clapp y Moseley, 2020 ; Unmüssic, 2021).
Sin embargo, el Covid-19 también reveló numerosas interdependencias entre la inseguridad alimentaria y nutricional, la destrucción de la biodiversidad y el cambio climático. Todas estas son tendencias graves e interrelacionadas que son co-producidas y exacerbadas por un sistema alimentario global altamente especializado, industrializado, financiarizado, integrado y controlado por un puñado de grandes empresas (ibid).
Su modelo de agricultura, basado en el uso de combustibles fósiles (para producir fertilizantes, hacer funcionar la maquinaria, etc.), productivista, estandarizado y extrovertido, es actualmente responsable, junto con la ganadería industrial, de cerca de una cuarta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (e incluso del 34% si se incluyen todas las emisiones producidas en las cadenas de suministro). Su expansión a expensas de los cultivos tradicionales y del entorno natural es una de las principales causas del declive de la biodiversidad en el mundo.
Es hiperintensivo y contribuye activamente a la degradación del suelo y al agotamiento de los recursos, especialmente del agua. Este doble fenómeno, junto con la pérdida de biodiversidad genética, debilita la resistencia de los sistemas agrícolas locales a los efectos del cambio climático, agravando así la inseguridad alimentaria : disminución de los rendimientos, pérdida de tierras productivas, reducción de la oferta de alimentos disponibles, especialmente en las regiones vulnerables al estrés hídrico y a los riesgos climáticos, etc.
Por último, ¿qué se puede decir de las consecuencias sanitarias de la generalización del modelo agroproductivista : la creación de zonas favorables a la aparición de nuevas enfermedades como consecuencia de la sustitución de los espacios naturales por los monocultivos industriales y la ganadería extensiva ; la contaminación provocada por el uso masivo de productos fitosanitarios ; los rápidos cambios en la dieta asociados al creciente consumo, sobre todo en los países del Sur, de productos alimenticios procesados y perjudiciales para la salud ? (Altieri y Nicholls, 2020 ; Clapp, 2020 ; Clapp y Moseley 2020 ; Unmüssic, 2021).
El aumento del hambre y la malnutrición, la degradación del medio ambiente, el cambio climático y la aparición de nuevas enfermedades son síntomas de un trastorno sistémico que requiere respuestas sistémicas. Así como las llamadas urgentes al orden requieren un cambio de rumbo urgente que necesariamente implicará una profunda transformación de los sistemas alimentarios : del campo al plato, de los métodos de producción a los patrones de consumo.
Aunque la urgencia y la necesidad de transformar los sistemas alimentarios ante las crisis convergentes ya no es objeto de debate, la dirección y la escala de dicha revisión son muy controvertidas, como han demostrado las tensiones que rodean la preparación y la organización de la primera Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios (UN Food Systems Summit - UNFSS). Esquemáticamente, se trata de dos visiones diametralmente opuestas e incompatibles del futuro de la alimentación y la agricultura.
Cumbre cooptada
Despertar las conciencias. Impulsar las reformas urgentes y necesarias. Y para ello, sincronizar todas las energías para transformar los sistemas alimentarios. Esta era la ambición de los promotores de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas. Anunciado para octubre de 2019, luego pospuesto debido a la pandemia, y finalmente organizado en septiembre de 2021, el evento pretendía ser histórico : iba a lanzar una nueva década de “medidas audaces para avanzar en el logro de los ODS”.
Partiendo de la constatación, ahora ampliamente compartida, de que la consecución de la Agenda 2030 depende de “sistemas alimentarios más saludables, sostenibles y equitativos”, se propuso reunir a “agentes clave del mundo de la ciencia, los negocios, la política, la atención de la salud y los círculos académicos, así como a los agricultores, los pueblos indígenas, las organizaciones juveniles, los grupos de consumidores, los activistas ambientales y otros interesados fundamentales” para “conseguir” antes, durante y después del evento “cambios tangibles y positivos en los sistemas alimentarios del mundo”.
“El objetivo es que el público mundial se dé cuenta de que todos debemos trabajar juntos para cambiar la forma en que producimos, consumimos y vemos los alimentos.”. La Cumbre también pretendía ser inclusiva y participativa : “Es para todos los habitantes del mundo. Se trata de una cumbre de los pueblos y de soluciones que requerirá que todos adopten medidas para transformar los sistemas alimentarios mundiales” [2].
Lejos de estos efectos de anuncio anuncios y de la fachada de unanimidad que intentaron darle sus organizadores, la Cumbre se encontró rápidamente, incluso antes de empezar, en el centro de una avalancha de críticas por parte de organizaciones representativas del mundo agrario y de los movimientos sociales rurales, así como de ONG y expertos. Algunos criticaron su falta de legitimidad democrática, su verticalismo y su carácter “elitista” y “regresivo”, mientras que otros denunciaron el dominio de los debates por poderosos intereses privados. Lamentando un proceso sesgado desde el principio y que se hubiera perdido una oportunidad, todos llamaron a boicotear el evento [3].
El Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food), en una reunión previa a la Cumbre de julio de 2021, justificó su retirada del proceso diciendo : “La Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas ha sido una fuente de gran preocupación desde el principio. Su formación fue opaca, su relación con los foros mundiales existentes poco clara y su gobernanza mal definida [...]. Desde su creación, la Cumbre ha amenazado con sustituir el debate democrático por procesos de toma de decisiones cada vez menos transparentes [...] las normas de trabajo de la Cumbre son determinadas por un pequeño grupo de actores. El sector privado, las organizaciones del sector privado (incluido el Foro Económico Mundial) y un puñado de expertos académicos iniciaron el proceso y fijaron la agenda [...] los grupos de la sociedad civil fueron invitados a una mesa ya preparada. Estas preocupaciones no se han abordado, y los últimos acontecimientos sugieren un mayor riesgo de que la cumbre esté dominada por una estrecha gama de intereses” [4].
La firma de la asociación estratégica entre las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial (FEM) y el apartamiento o distanciamiento de instituciones clave como la FAO y el CSA (Comité de Seguridad Alimentaria) del proceso de diseño y organización de la UNFSS en favor de una estructura “multipartita” (multistakeholders) ad hoc más abierta al sector privado ha provocado la indignación de la sociedad civil.
En una carta conjunta al Secretario General de la Naciones Unidas, cerca de 400 organizaciones de la sociedad civil protestaron : “Creemos que la Cumbre no está construyendo sobre el legado de las anteriores cumbres mundiales sobre la alimentación, que estaban claramente ancladas en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y dieron lugar a la creación de mecanismos innovadores, inclusivos y participativos con el objetivo de conseguir el derecho a la alimentación adecuado para todos. El Acuerdo de Asociación Estratégica del FEM, firmado en junio de 2019 integridad de las Naciones Unidas como sistema multilateral [...]. Proporcionará a las empresas transnacionales (ETN) un acceso preferencial al sistema de las Naciones Unidas y asociará permanentemente a las Naciones Unidas con las ETN, algunas de cuyas actividades básicas han causado y/o empeorado las crisis sociales, económicas y ambientales a las que se enfrenta el mundo” [5].
Cuando Agnes Kalibata, presidenta de AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa), fue nombrada unos meses más tarde enviada especial de la Naciones Unidas a la UNFSS por sus « esfuerzos » para hacer frente a la inseguridad alimentaria en África, ya no había lugar a dudas, según Anuradha Mittal, del Instituto Oakland : “A medida que la Cumbre va tomando forma, resulta cada vez está más claro que no está diseñada para provocar los cambios profundos necesarios para superar los enormes desafíos a los que nos enfrentamos. Hará lo mismo de siempre -un simple greenwashing - para preservar y perpetuar los intereses del agroindustria y de las multinacionales agroquímicas a costa de le gente y del planeta” (2020).
En contra del espíritu innovador de la Cumbre, estos y otros nombramientos clave no fueron en realidad triviales [6]. Para los grandes actores de la agroindustria, representaron una victoria decisiva. Fue una oportunidad única para atemperar las ambiciones “transformadoras” de la Cumbre, dictar la agenda, dirigir los debates en su propio interés y, en última instancia, imponer sus prioridades con algunos ajustes superficiales “verdes” y “a favor de los pobres”.
Una “actualización operativa” de los sistemas alimentarios
La Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA), fundada en 2006 y financiada por las fundaciones Gates y Rockefeller, es la principal punta de lanza de la agroindustria en el continente africano y promueve un modelo de agricultura más convencional. Aunque pretende ser pionera, más sostenible y centrada en los pequeños productores, su proyecto de reactivación de la revolución verde en el continente africano responde a una visión más convencional. Centrada principalmente en la promoción de semillas comerciales de alto rendimiento y en el uso “juicioso” de pesticidas y fertilizantes sintéticos, sigue los pasos de su “predecesora” [7], inspirándose en sus métodos y persiguiendo el mismo objetivo de intensificar la productividad y los rendimientos.
Junto con otros proyectos “filocapitalistas” lanzados tras la crisis alimentaria de 2008-2009, como la “Nueva Visión para la Agricultura” lanzada por el Foro Económico Mundial con el apoyo de un consorcio de empresas multinacionales, o la “Iniciativa de Agricultura Sostenible” lanzada por Danone, Nestlé y Unilever, varios gobiernos y agencias de desarrollo, AGRA comparte una obsesión común “tecno-productivista” y una visión prometeica de la ciencia y las nuevas tecnologías como principales catalizadores y agentes de cambio (Alonso-Fradejas et al. , 2020).
Según estos actores dominantes, las causas de la persistencia del hambre y la malnutrición residen principalmente en las carencias crónicas de la agricultura del Sur : falta de productividad, falta de inversiones, escasa integración en el mercado (y en las cadenas de valor internacionales), falta de dominio tecnológico, etc. El sistema internacional de producción, intercambio, procesamiento y distribución de alimentos no es un problema en sí mismo. Al contrario, debe ser parte de la solución [8]. Por ello, piden reiteradamente que se continúe con la integración global de los sistemas alimentarios, que se facilite la participación de los pequeños productores en las cadenas de suministro internacionales, que se siga liberalizando el comercio agrícola, que se incremente la inversión en investigación y desarrollo, y que se promueva el crecimiento de la agricultura en el Sur mediante la creación de asociaciones público-privadas.
Es cierto que las consecuencias del cambio climático combinadas con las previsiones de crecimiento demográfico plantean nuevos retos. Sin embargo, desde este punto de vista, pueden superarse con una mejor gestión de los sistemas de producción y, sobre todo, con el progreso científico y la innovación tecnológica (Clapp, 2020 ; Clapp y Moseley, 2020). Producir más alimentos con menos recursos y mitigar los impactos ambientales negativos del sistema de producción. Intensificar la producción para satisfacer las necesidades del crecimiento de la población y los efectos del cambio climático sin invadir los espacios naturales. Estas son las pretensiones de la “intensificación sostenible de la agricultura”, la nueva panacea y el motivo principal del discurso de “transformación” que ahora promueven los actores dominantes del sistema alimentario globalizado, todos ellos más o menos comprometidos con la economía verde, esa forma ecológica de hacer negocios (véase Duterme, 2013).
La cuestión está bien planteada. La transición necesaria implicará inevitablemente la introducción de las llamadas tecnologías y métodos climáticamente inteligentes (climate smart) que se presentan como eficientes, productivos, adaptados a condiciones climáticas extremas y suelos infértiles, y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Y difundiendo nuevas semillas de alto rendimiento que requieren menos insumos y son más resistentes a los riesgos climáticos. También deberá basarse en la introducción, en cada eslabón de la cadena de suministro, de nuevas tecnologías digitales ya probadas en la llamada agricultura de precisión. Y, por supuesto, esta transición tendrá que ser impulsada por grandes empresas privadas que inyectarán sus conocimientos tecnológicos y su capital (Prause, Hackfort y Lingren, 2020 ; Clapp, 2020 ; Alonso-Fradejas et al., 2020 ; FIAN, TNI y FGS, 2020 ; Grain 2021).
La “Declaración Empresarial sobre la Transformación de los Sistemas Alimentarios”, firmada por los líderes de algunos de los principales actores privados que han conformado y conforman el actual sistema alimentario mundial [9], está bien resumida en un documento del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que forma parte de la UNFSS : “Nosotros, los líderes de la comunidad empresarial, nos comprometemos a contribuir a la transformación de los sistemas alimentarios aplicando acciones en nuestras empresas, cadenas de valor y sectores para : 1) Apoyar las soluciones de base científica para la transición a modelos de negocio alimentarios y agrícolas sostenibles que permitan a millones de agricultores adoptar prácticas agrícolas regenerativas e inteligentes desde el punto de vista climático y construir sistemas alimentarios libres de emisiones y respetuosos con la naturaleza ; 2) Estimular las inversiones en investigación y desarrollo que apoyen la transformación de los sistemas a lo largo de la cadena de valor : La producción de semillas y fertilizantes, la agricultura, la transformación, la comercialización, el comercio, el transporte y el consumo de alimentos, garantizando que todos los agricultores tengan acceso a las tecnologías digitales y a la innovación. [10]"
Innovación, tecnología, inversión, digitalización y participación de los pequeños productores en las cadenas de valor internacionales. Estas propuestas son presentadas por quienes controlan la economía alimentaria. Estas son también las “soluciones” que AGRA ha puesto en marcha para reactivar la Revolución Verde en África, con resultados más que dispares en la reducción del hambre y la malnutrición, según un reciente estudio resumido en este libro. Esta es, finalmente, la oferta elegida por los organizadores de la UNFSS.
En definitiva, lo que se propone no es una transformación estructural sino, en palabras del Foro Económico Mundial, una “actualización operativa” de los sistemas alimentarios. Un proyecto que se basa en las mismas recetas agroindustriales de siempre, ahora envueltas en una nueva retórica “transformadora”, el último avatar de la Green Economy. En realidad, se trata a lo sumo de “mitigar los peores impactos ambientales y sociales del actual sistema alimentario impulsado por la industria y la explotación de los recursos naturales, pero sin cambiar radicalmente las injustas relaciones socioeconómicas, ideológicas, políticas y ecológicas que lo sustentan” (Alonso-Fradejas et al., 2020).
Vías para un rediseño radical de los sistemas alimentarios
En un informe conjunto, IPES-Food y el Grupo ETC han intentado presentar cómo evolucionarán los sistemas alimentarios de aquí a 2045 si nada cambia fundamentalmente. Describen sistemas que se transformarán por completo con la introducción de nuevas tecnologías, abrumados por los efectos del cambio climático, la degradación de la biodiversidad y las pandemias, y gobernados por un puñado de grandes empresas privadas, gigantes digitales y potencias agroalimentarias en una lucha feroz por el control de los recursos.
“A lo largo de la década de 2020, los avances en materia de digitalización, automatización, biología sintética y tecnologías moleculares prometen eliminar los riesgos – y a las personas – de los sistemas alimentarios. Los nuevos actores sostienen que el camino hacia la resiliencia (y la rentabilidad) pasa por producir proteínas en placas de Petri, dejar que la inteligencia artificial gestione los cultivos o manipule con total discreción el comportamiento de los consumidores, inventar nuevos alimentos ultraprocesados o respaldar la geoingeniería. En los próximos años, ante el cambio climático, la degradación ambiental y las pandemias que destrozan los sistemas alimentarios, estas soluciones “milagrosas” resultan irresistibles para elaboradores de políticas en pánico. Entregan las llaves del sistema alimentario a megacorporaciones biodigitales, plataformas de datos y empresas de capital privado que, aprovechando la proliferación de acuerdos de adquisiciones empresariales, se convierten en los gigantes agroalimentarios del mañana. […] A diferencia de los anteriores Tratados de Libre Comercio (TLC) que abrían nuevos mercados, los TLC de las décadas de 2020 y 2030 sirven principalmente para asegurar el acceso a los recursos, proteger los derechos de explotación de los datos corporativos y congelar regulaciones desfavorables. Al considerar los alimentos como un activo estratégico, se pone en marcha una nueva ola de acaparamiento de tierras, océanos y recursos, y se militarizan cada vez más los puntos de congestión comercial” (2021).
Por supuesto, los autores aseguran que este escenario catastrófico no es inevitable. El curso de los acontecimientos puede invertirse. Se pueden encontrar otros caminos. Pero sólo si la sociedad civil toma la antorcha, expone las relaciones de poder enraizadas en el corazón de los sistemas alimentarios y se opone activa y radicalmente a la nueva lógica de la acumulación. Para evitar este escenario de lo peor, los movimientos que buscan la soberanía alimentaria y la justicia social y climática proponen varias medidas como condición previa para un cambio profundo en nuestros modos de producción y consumo. Aquí los hemos dividido en cuatro secciones, basadas libremente en las propuestas de IPES-Food para transformar los sistemas alimentarios en las próximas dos décadas.
Iniciar la transición agroecológica
La convergencia de las crisis sanitaria, alimentaria, social y medioambiental exige más que nunca un cambio radical del paradigma agrícola. La agroecología es la única alternativa real a los métodos de “intensificación agrícola sostenible”, el sustituto “verde” y la herramienta de legitimación de la agricultura convencional.
La agroecología es tanto una “ciencia” ecológica aplicada al estudio, diseño y gestión de “agroecosistemas sostenibles” como un catálogo de prácticas, métodos y técnicas (agrosilvicultura, agricultura de conservación, agricultura mixta, gestión biológica de plagas) que optimizan los sistemas agrícolas imitando los “procesos naturales”, reduciendo los insumos externos y manteniendo los “procesos inmunológicos, metabólicos y reguladores clave de los agroecosistemas”. En ese sentido es contraria a la agricultura convencional.
La diversificación de los cultivos en el tiempo y el espacio en lugar de monocultivos estandarizados, el reciclaje de nutrientes y energía in situ para minimizar los insumos externos y la integración de los cultivos y el ganado son algunos de sus principios clave. Estos principios garantizan una agricultura más diversificada y resistente, mucho menos intensiva en recursos (especialmente en agua), no dependiente de los combustibles fósiles y mejor adaptada a los entornos naturales, con los que se desarrollan interacciones complejas y a menudo positivas (Delcourt, 2014).
En contra de la creencia popular, la agroecología es tan productiva como la agricultura convencional. Cuando se calcula a escala de todos los cultivos, en lugar de basarse en el rendimiento de una sola variedad, la productividad de la agroecología es en realidad la misma o incluso superior, especialmente en las pequeñas y medianas explotaciones. Como demuestran varios estudios, que ponen en entredicho el tópico de los detractores de la agroecología de que es ineficaz o incluso arcaica, la adopción de prácticas agroecológicas permite asegurar e incluso aumentar los ingresos de las familias campesinas, garantizándoles al mismo tiempo una mejor nutrición [11].
La diversificación de los cultivos también mitiga el impacto de las enfermedades, las plagas y los fenómenos meteorológicos extremos en los cultivos al mantener una mayor diversidad biológica y funcional. Combinado con otras prácticas, también ayuda a conservar los recursos no renovables y la fertilidad del suelo, y por tanto la sostenibilidad de las explotaciones. “En este sentido, escribe Stéphane Parmentier, los sistemas agroecológicos están vinculados a los sistemas de seguros integrados para las pequeñas explotaciones, haciéndolas menos vulnerables a las crisis económicas, naturales, climáticas, etc.” (citado en Ibid.).
Así, los métodos y prácticas agroecológicas ecológicamente eficientes, productivos, más resistentes a los choques externos, relativamente fáciles de implementar y baratos, parecen ser los más adecuados para la agricultura campesina y las pequeñas explotaciones que proporcionan la mayor parte de los alimentos consumidos localmente [12].
Pero la agroecología tiene otros beneficios. Además de cumplir funciones alimentarias, nutricionales y ecosistémicas, los métodos y prácticas agroecológicas rompen el círculo vicioso de la dependencia de los pequeños/as productores -y por tanto de los consumidores- de los proveedores del mercado internacional, fomentando así “dinámicas de desarrollo endógeno que aumentan el uso de los recursos locales y promueven una agricultura a pequeña escala, social y ambientalmente más sostenible” (citado en ibíd.).
Desde esta perspectiva, la agroecología se ajusta plenamente al objetivo de la independencia alimentaria, nutricional y energética. Al apoyar la deslocalización de la producción, también responde a las preocupaciones suscitadas por la interrupción de las cadenas de suministro y el consiguiente riesgo de escasez en el momento álgido de la pandemia de Covid-19 (Altieri y Nicholls, 2020).
Sin embargo, es ilusorio creer que los “cultivos agroecológicos” sustituirán por completo la agricultura convencional y las importaciones de alimentos. En primer lugar, porque muchos países no tienen suficientes tierras cultivables para garantizar la autonomía proteica. En segundo lugar, porque sus crecientes poblaciones urbanas dependen total o parcialmente de los grandes canales de producción y distribución internacionales [13].
“La cuestión [de la deslocalización] es muy compleja”, señala Marc Dufumier, “y hay que distinguir entre productos frescos y pesados, como la leche, las frutas y las verduras, y otros, como los cereales. Estos últimos requieren superficies de cultivo muy grandes para alimentar las ciudades y las zonas suburbanas. Así que no debemos soñar con que todo sea local. Me sorprende que algunas personas parezcan estar descubriendo esta realidad hoy en día” (citado en Veillard, 2020).
Los grandes monocultivos y los mercados internacionales seguirán siendo una fuente de suministro indispensable en el futuro. Esto es tanto más cierto cuanto que los efectos del cambio climático pueden reducir la capacidad de producción local en muchos países pobres. Por lo tanto, habrá que encontrar un equilibrio entre la deslocalización y la extraversión, entre la soberanía deseable y la dependencia forzosa, para evitar la escasez de alimentos en los países importadores netos de alimentos o una fuerte disminución de las exportaciones de los países “históricamente especializados”, lo que, de hecho, perjudicaría aún más al Sur. El economista agrario Nicolas Bricas considera que será necesario, por tanto, encontrar “un compromiso entre la necesidad ecológica de diversificación a la menor escala posible y el interés económico por una forma de especialización agroeconómica que reduzca el coste de los alimentos” (citado en ibid.).
La transición agroecológica también exigirá un cambio radical en los hábitos de consumo. Como señala la Comisión Lancet, es ciertamente posible ofrecer una dieta saludable a casi diez mil millones de personas, pero sólo si aumentamos el consumo de frutas frescas, frutos secos y verduras y reducimos el consumo de azúcar y sobre todo de carne en un 50% (Unmüssic, 2021). No olvidemos que entre el 70 y el 80% de las tierras agrícolas del mundo se destinan actualmente a la producción de alimentos para animales o se utilizan como tierras de pastoreo.
Implementar políticas redistributivas
Cualquier proyecto de relocalización de la producción y de fortalecimiento de la soberanía alimentaria deberá ir acompañado de políticas de redistribución audaces. Porque los defensores del “solucionismo tecnológico” no parecen haber comprendido : la gente pasa hambre o sufre inseguridad alimentaria no tanto porque no tenga suficiente para comer, sino porque es demasiado pobre para alimentarse. Sencillamente, no tienen medios económicos para comprar suficientes alimentos sanos y adecuados. O cultivan tierras demasiado pobres o demasiado pequeñas para sobrevivir.
De nuevo, el problema del hambre y la malnutrición está mucho más relacionado con la distribución desigual de la renta (y de los recursos productivos) que con el problema de la “eficiencia”. Por lo tanto, es importante abordar directamente estas desigualdades. En primer lugar, es necesario abordar las desigualdades de la tierra mejorando el acceso de las poblaciones rurales a los recursos productivos, especialmente a la tierra, que se concentra cada vez más en manos de poderosos actores privados. Esto puede lograrse mediante ambiciosas reformas agrarias, medidas para asegurar los territorios de las comunidades campesinas e indígenas y mecanismos para proteger los bienes comunes e impedir la apropiación privada de estos recursos.
Se trata de medidas cruciales que los promotores de la UNFSS ignoran, a pesar de que “reclamar la tierra y asegurar el control real sobre ella« , escribe en este libro Arnold Padilla, coordinador del Programa de Soberanía Alimentaria de Asia-Pacífico de PAN (Pesticide Action Network), »es un requisito previo para una transformación completa de los sistemas alimentarios y para un desarrollo auténtico y sostenible”.
Sin embargo, para que estas reformas tengan éxito y aporten un verdadero valor añadido social y medioambiental, deberán combinarse con otras iniciativas públicas que puedan garantizar unos ingresos más altos y estables a los pequeños agricultores en un contexto de transición agroecológica : Apoyo técnico, mecanismos de estabilización de precios, compensación financiera para cubrir posibles pérdidas durante el periodo de transición, remuneración específica por los servicios medioambientales prestados a la sociedad (protección de la biodiversidad, preservación de los suelos, de los recursos y del paisaje, reducción de las emisiones, conservación de las variedades locales), fomento de los circuitos cortos, constitución de existencias en los pueblos con precios mínimos ofrecidos a los productores, medidas de protección de los cultivos alimentarios locales, programas de compra pública de productos de la agricultura familiar, apoyo a la creación de cooperativas de producción, transformación y distribución, etc. (Delcourt, 2014 ; Berthelot, 2020).
Además de estas medidas de apoyo a la agricultura familiar, también corresponderá a los Estados establecer una verdadera cobertura social que garantice tanto el mantenimiento de un nivel de vida decente como la compensación de la pérdida de ingresos en caso de choques externos : subsidios diversos, apoyo al empleo, ayuda alimentaria o financiera, ingresos alternativos, recompensas por servicios útiles a la sociedad, subsidios especiales pagados a grupos sociales desfavorecidos, etc.
Durante la pandemia, estas redes de seguridad resultaron ser de gran importancia para mitigar el impacto social de la crisis sanitaria. En contraste, allí donde las redes de seguridad eran prácticamente inexistentes, millones de personas cayeron en la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria en pocos meses. La creación de estas redes de seguridad social, que están estrechamente vinculadas a otras reformas redistributivas (en la atención sanitaria, la educación, etc.), es también un requisito previo para reconstruir sistemas justos, sostenibles y resistentes (Cetri, 2014 ; Clapp y Moseley, 2020 ; Berthelot, 2000).
Basar la arquitectura económica internacional y el sistema alimentario globalizado en los derechos humanos
Pero también será necesario repensar la arquitectura económica internacional basada en el libre comercio y la plena libertad de inversión, para corregir sus asimetrías y, sobre todo, para hacer frente al creciente poder de las grandes multinacionales agroalimentarias, que son una condición necesaria para una profunda transformación de los sistemas alimentarios [14]. Como escribió Eric Holtz Giménez poco después de la crisis alimentaria de 2008, “hay que romper el monopolio de las grandes multinacionales que actualmente controlan el orden alimentario [...] Hay que impedir que Wall Street y las bolsas financieras especulen con nuestros alimentos ; hay que crear reservas de cereales bajo el control de la comunidad internacional : hay que permitir que los países protejan a sus agricultores [. ...] hay que romper con el modelo de producción de alimentos, extremadamente dependiente de los combustibles fósiles, que nos ha dado el orden alimentario multinacional, porque no olvidemos que las empresas que venden pesticidas y fertilizantes químicos son también las que controlan el comercio mundial de alimentos [...]. En otras palabras, necesitamos leyes y marcos normativos que promuevan la soberanía alimentaria basada en la democratización de toda la cadena, que es todo lo contrario a las políticas vigentes” (citado en Robin, 2012).
La adopción de una legislación internacional que regule las actividades de las multinacionales sería un primer paso importante en esta dirección. “En la actualidad, no existe un derecho internacional específico y vinculante para prevenir los daños causados por las actividades de las empresas transnacionales (ETN) y empresas afines en sus cadenas globales de suministro o producción, señala Sofía Monsalve Suárez en este número de Alternativas Sud. Además, existe otra laguna en el derecho internacional en cuanto a la responsabilidad legal de estas entidades. Las normas voluntarias existentes son vagas y, en algunos casos, ambiguas. No han garantizado la protección efectiva de los derechos humanos [...]. Por el contrario, en el contexto de la liberalización, han aumentado los abusos en materia de derechos humanos por parte de las ETN”.
Los objetivos de esta normativa deben ser combatir los abusos de las multinacionales y sus filiales y hacer que internalicen sus costes sociales y medioambientales. Debería inspirarse en las convenciones de derechos humanos existentes y construir futuras convenciones que vinculen aún más los derechos humanos ampliados, los derechos de la naturaleza (en particular el reconocimiento del concepto de ecocidio) y los derechos de los pueblos. Para liberarse de las regulaciones comerciales actuales, los acuerdos de libre comercio y las inversiones internacionales también deberían estar condicionados, procurando no obstaculizar las necesidades de desarrollo de los países más pobres. Esta nueva arquitectura jurídica internacional debe acabar con los mecanismos de dominación que también condicionan las relaciones entre los Estados y crear instituciones con poderes vinculantes que puedan garantizar la aplicación de estos convenios internacionales.
A nivel internacional o regional, una acción más enérgica podría también cambiar el sistema económico y reconstruir el sistema alimentario mundial sobre una nueva base : la ley antimonopolio, impuesto sobre la comida basura y los beneficios transnacionales, regulación de los mercados financieros, impuestos globales sobre los dividendos de las empresas, medidas contra la evasión fiscal, eliminación de las subvenciones a la agricultura convencional, de los paraísos fiscales y de la especulación alimentaria, reorientación de los presupuestos de investigación y desarrollo hacia una transición agroecológica, reasignación de los presupuestos de los institutos públicos de investigación, condonación de las odiosas deudas de los países más pobres, etc. Por último, será fundamental reorientar estos flujos financieros (ayudas públicas, ingresos vinculados a una nueva fiscalidad internacional, etc.) hacia los países en desarrollo y/o los más dependientes de las importaciones agroalimentarias, permitiéndoles asegurar su propia transición social y medioambiental en condiciones de equidad [15].
Transformación de las estructuras de gobernanza
Estos cambios también requerirán una profunda reforma del sistema de gobernanza. Las fuerzas que han configurado el sistema alimentario (liberalización del comercio, expansión del modelo industrial, financiarización, etc.) no sólo han reforzado el peso económico y el poder de mercado de las grandes empresas multinacionales. Al fomentar su expansión dinámica y su concentración a escala mundial y permitir su creciente control sobre las cadenas de suministro, también les han proporcionado una enorme oportunidad de influencia política. Así, a través de su posición estructural dominante en el sistema, las empresas multinacionales no solo han podido dar forma a las normas, reglas e instituciones que las rigen, bloquear algunas reformas que podrían entrar en conflicto con sus intereses y orientar la elección de los consumidores, sino también imponer sus temas y prioridades en las agendas públicas mientras se esconden detrás del lenguaje de los derechos humanos de la ONU (FIAN Belgium, 2019 ; CETRI, 2019 ; Clapp, 2020 ; Clapp et al, 2021).
Las iniciativas bajo la modalidad de “múltiples interesados”, apoyadas por la Secretaría de la ONU y el Foro Económico Mundial, son ahora uno de los principales mecanismos que permiten a las grandes empresas participar en los debates internacionales. Este modo de gobierno, importado del sector privado, es ahora una poderosa herramienta de legitimación a su servicio.
Al suponer la existencia de un posible terreno común entre los actores que disponen de todos los recursos (políticos, económicos, institucionales) y los que están casi totalmente privados de ellos, entre las víctimas y los beneficiarios del sistema, entre los dominantes y los dominados, que han sido invitados a la misma mesa para encontrar soluciones comunes, tienden a ocultar las relaciones de poder asimétricas que caracterizan a los sistemas alimentarios. Al presentarse como inclusivas y participativas, estas iniciativas proporcionan un respaldo moral a los actores más poderosos. En cierto modo, les permiten mantenerse en la foto, proyectando al exterior la imagen de agentes del cambio y haciendo olvidar sus responsabilidades en la conjunción de las crisis.
La proliferación de iniciativas de este tipo forma parte, de hecho, de un esfuerzo por neutralizar las reformas más radicales y eludir las instituciones más progresistas del sistema de la ONU. La preparación y organización de la UNFSS, basada en la misma ideología del “multistakeholderisme” (multipartes), es quizá el ejemplo más convincente de ello : “Aunque los promotores de esta cumbre utilizan el lenguaje del lenguaje de los sistemas alimentarios, la transformación y la inclusión (llegando incluso a llamarla « cumbre de los pueblos »), está claro que es más bien un esfuerzo de una poderosa alianza de corporaciones multinacionales, fundaciones filantrópicas y países exportadores de productos agrícolas, para socavar el creciente poder del Comité de Seguridad Alimentaria -el escenario que se convirtió en la principal institución pública para la gobernanza alimentaria tras la crisis alimentaria de 2007-2008- y apropiarse la narrativa de la "transformación de los sistemas alimentarios” [...] (Canfield et al., 2021).
La sociedad civil, que boicoteó masivamente la cumbre, no se dejó engañar. Una verdadera transformación del sistema alimentario, sostienen, deberá pasar primero por que el Comité de Seguridad Alimentaria retome el control del debate, reconociéndolo incluso como el único organismo habilitado para impulsar el cambio, por ser el más legítimo, inclusivo y representativo de los actores institucionales que interviene en la configuración de los sistemas alimentarios.
Está en juego el futuro de las personas que dependen de ellos. De hecho, IPES-Food y el Grupo ETC advierten “Queda claro que en un futuro liderado por la agroindustria sería imposible devolver al planeta y a sus sistemas alimentarios a un espacio operativo seguro. De hecho, se seguirían generando desigualdades galopantes, se agudizarían las presiones sobre los medios de subsistencia, se crearía mayor inseguridad alimentaria, y se generarían nuevos impactos negativos sobre el ambiente. En contraste con ese escenario, cuatro trayectos para la transformación de los sistemas alimentarios impulsados por la sociedad civil permitirían desviar 4 billones de dólares de la cadena industrial a la soberanía alimentaria y la agroecología, reducir el 75% de las emisiones de gases con efecto de invernadero derivadas de los sistemas alimentarios y generar beneficios incalculables para las vidas y los medios de subsistencia de miles de millones de personas en los próximos 25 años.” (2021)
