CETRI
Durante las últimas décadas los conflictos socioambientales en América Latina se han destacado por las graves y nefastas consecuencias que tienen sobre los ecosistemas, las comunidades indígenas y la población en general que habita en esos territorios en los cuales se instalan los proyectos de inversión productiva, extractivistas, de generación de energía, de despojo de residuos industriales o zonas de sacrificio, como han sido llamadas por la literatura especializada.
Por conflictos socioambientales se pueden entender aquellas disputas que surgen en torno al uso, acceso y apropiación de los recursos naturales y servicios ambientales por parte de un conjunto de actores que, con diferentes niveles de poder e intereses, defienden diversas lógicas para la gestión de bienes colectivos de uso común. Es decir, ellos pueden ser definidos como una interacción contenciosa entre las fuerzas favorables a la implementación de un determinado proyecto (empresas, sector público, etc.) y las fuerzas que resisten y se movilizan en contra de dicha instalación. (de la Cuadra, 2013).
Este tipo de conflictos son una realidad cada vez más presente en la región, siendo que en los últimos años se ha observado un aumento en la frecuencia y la intensidad de tales conflictos, que involucran la disputa por el acceso y el control de los recursos naturales, así como el impacto de las actividades económicas sobre el medio ambiente y las comunidades locales.
Como se aprecia, en esta definición se enfatizan los aspectos materiales en torno a dichos recursos. Otras concepciones apuntan que aun cuando los enfrentamientos entre grupos y actores tienen un origen material y tangible, ellos también se asientan en los diversos discursos de valoración y significados que dichos agentes les atribuyen a estos recursos en un contexto ecológico particular. (Martinez Alier, 2005).
Desde una perspectiva teórica, tales conflictos se enmarcan en el contexto de las tensiones entre el modelo de desarrollo económico y la protección ambiental y social. Por un lado, la explotación de los recursos naturales se ha convertido en un motor de crecimiento económico exaltado por gobiernos que adhieren a la matriz de un modelo de desarrollo convencional y basado principalmente en la exportación de materias primas. Incluso, los procesos llamados de neoextractivismo contemplan la inevitabilidad de efectos deletéreos sobre la naturaleza y la población de esos territorios. A su vez, las consecuencias sociales y ambientales de esta explotación han generado preocupación y también resistencia y protestas por parte de las comunidades locales, los movimientos sociales y las organizaciones ambientalistas.
Como señalamos, un aspecto clave de estos conflictos es la disputa por el territorio. Las empresas extractivistas, los gobiernos y las comunidades locales compiten por el control y el uso del territorio, que a menudo se encuentra habitado por comunidades indígenas y campesinas que tienen una relación ancestral con su entorno natural. Las empresas y la mayoría de los gobiernos argumentan que la explotación de los “recursos” es necesaria para el desarrollo económico, mientras que las comunidades locales defienden su derecho a mantener su estilo de vida y la protección del medioambiente.
Otro aspecto teórico importante tiene que ver con la cuestión de la participación ciudadana y la democracia ambiental. En muchos casos, las comunidades locales y los movimientos sociales denuncian la falta de participación en los procesos de toma de decisiones y en la falta de acceso a la información sobre los proyectos que afectan a su entorno. Esto ha llevado a la demanda de una mayor transparencia y participación en la toma de decisiones, así como a la exigencia de que se respeten los derechos de las comunidades locales y se consulte su opinión antes de tomar decisiones que les afecten, tal como lo estipula el Convenio 169 de la OIT, el cual ha sido firmado y ratificado por casi todos los países de la región.
Es importante señalar que los nuevos conflictos socioambientales también tienen implicaciones globales. En muchos casos, la explotación de los recursos naturales está dirigida a la exportación, lo que significa que los países de la región están suministrando materias primas a la economía global. Además, los impactos ambientales de estas actividades pueden tener consecuencias a nivel mundial, como el calentamiento global, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Muchas veces tales conflictos han sido abordados por medio de la realización de estudios de casos, en particular cuando se trata de rescatar y comprender el carácter de las movilizaciones contra aquellos proyectos de inversión o infraestructura que afectan a las poblaciones donde se asientan esos “emprendimientos”.
En síntesis, los nuevos conflictos socioambientales en América Latina son el resultado de tensiones entre el modelo de desarrollo económico y la protección ambiental y social, y están caracterizados por la disputa por el territorio, la demanda de participación ciudadana y la democracia ambiental y sus implicaciones globales.
Tales conflictos son el resultado de los destinos que le asignan los diversos actores y agentes económicos (particulares o empresas) al uso del territorio y los recursos naturales, los cuales se sustentan, por un lado, en el sistema de valores culturales que una determinada sociedad o comunidad ha elaborado en torno a dichos recursos y, por otro lado, en las diferentes formas de uso que este recurso adquiere en función de múltiples actividades productivas.
Esos valores se apoyan en una determinada construcción de la modernidad, que valoriza el saber científico occidental por sobre otro tipo de saberes y que entiende el desarrollo y el progreso como una impronta ineludible basada en la idea de crecimiento y explotación de los recursos humanos y naturales. En definitiva, dicha noción se apoya en una ontología y una epistemología que se fue construyendo como modelo civilizatorio para el conjunto de la humanidad.
La noción de desarrollo
El concepto de desarrollo comenzó a ser incorporado en la teoría social a partir del fin de la segunda guerra en 1945, precisamente como una forma de responder a los desafíos de la reconstrucción de los países directa o indirectamente afectados por esta conflagración mundial. Por este motivo, los países aliados comenzaron a pensar en la implementación de un nuevo orden mundial en el cual las pandemias que asolaron al planeta durante las primeras cuatro décadas del siglo XX fueran finalmente expurgadas o amainadas de la fase de la tierra : la guerra, el totalitarismo, el prejuicio, la discriminación racial, el desempleo, la pobreza, etc. En plena guerra, en el año 1941, las potencias aliadas elaboraron la Carta del Atlántico, en la cual se postulaba que los países signatarios se comprometían a buscar los caminos para que todos los habitantes libres del planeta pudiesen disfrutar de mayor bienestar económico y social. Estos propósitos fueron reafirmados en el Acta de fundación o Carta de las Naciones Unidas, firmada por 51 países en la Conferencia de San Francisco en junio de 1945.
En esta Carta, los objetivos de desarrollo económico y social fueron claramente establecidos cuando en uno de sus acápites se señala que los pueblos de las Naciones Unidas estaban decididos a promover el progreso y mejorar sus niveles de vida dentro de una libertad mayor, emplear las instituciones internacionales para la promoción del avance económico y social de todos los pueblos, lograr la cooperación internacional necesaria para resolver los problemas de orden económico, social, cultural o de carácter humanitario y promover y estimular el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión. (Naciones Unidas, 2013).
Posteriormente, en el marco de las actividades de Naciones Unidas fue formada una Comisión para la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Stéphane Hessel en su manifiesto llamado “Indignaos” (2011), nos recordaba que uno de los objetivos centrales de dicha Declaración consistió en consagrar aquellos derechos básicos que les permitieran a las personas emanciparse de las amenazas que el totalitarismo ejercía sobre la humanidad y avanzar hacia un futuro de convivencia civilizada, armonía y desarrollo entre todos los países del orbe.
En este contexto, la temática del desarrollo aparece como parte de la agenda prioritaria para ser diseñada y emprendida por los organismos internacionales refundados desde el fin del conflicto bélico mundial. En América Latina debido a las dificultades encontradas por el abastecimiento externo de insumos durante la guerra, las ideas que sustentaban la superación de la dependencia de bienes industriales importados fueron adquiriendo cada vez mayor fuerza entre economistas y formuladores de política en los diversos países de la región, especialmente en Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay.
Confirmando estos preceptos, a fines de los años cuarenta, un grupo de especialistas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), liderados por Raúl Prebisch, comenzó a elaborar un conjunto de recomendaciones a los gobiernos, en los cuales se hacía énfasis en la urgencia de instaurar vigorosos programas de industrialización substitutiva de importaciones – especialmente de bienes de capital – y la realización de un amplio plan de inversiones en infraestructura (carreteras, puertos, ferrovías, aeropuertos, vías fluviales, telecomunicaciones, represas y sistemas de regadío, hidroeléctricas y/o termoeléctricas, escuelas, hospitales, etc.).
Cuando se funda la CEPAL en el año 1948, se alude explícitamente que aparte de resolver los problemas económicos originados por la guerra “la Comisión dedicará especialmente sus actividades al estudio y a la búsqueda de soluciones a los problemas suscitados por el desajuste económico mundial en América Latina.” (CEPAL, 1969). [1] Las soluciones que eran pensadas a partir de estos supuestos se basaban principalmente en el estímulo a los procesos de industrialización y al crecimiento económico. Como resulta evidente, esta era una concepción de desarrollo fuertemente asentada en un ideario teleológico que suponía la idea de progreso económico y social asociada al crecimiento. En ese sentido, la gran mayoría de los investigadores y economistas de la CEPAL adherían a las corrientes evolucionistas que concebían la dinámica social como una cadena de cambios progresivos hacia un nivel superior de bienestar material, social y cultural. [2]
Estas ideas por su parte, se vinculaban estrechamente a una corriente fundamental en el pensamiento social latinoamericano : la teoría de la modernización. Adscribiendo a una lectura de la realidad que percibe la evolución-modernización de la sociedad como un proceso de institucionalización de las transformaciones, Gino Germani junto a otros teóricos de la modernización señalaban que las sociedades transitaban necesariamente desde un estadio tradicional –en que eran predominantemente agrícolas y no industrializadas- hacia un tipo de sociedad moderna, urbana e industrial. Esta transformación, no solamente se produce en términos de la estructura científica-tecnológica y de los artefactos, sino que ella se produce substancialmente a través de los valores de la modernidad, es decir, de la adscripción a un ideario de progreso y cambio que se expresa finalmente en las pautas de comportamiento que rigen las relaciones de una sociedad moderna.
Este modelo alcanza enorme auge e influencia en el medio cepalino, especialmente a través de los trabajos de José Medina Echevarría, quien con un enfoque esencialmente sociológico logra vincular esta batería conceptual con la noción de crecimiento y su énfasis en los temas del estancamiento económico, el pleno empleo y el papel del Estado en el estímulo a la empresa privada y en la generación de las capacidades productivas de los países de la región. De esta manera, modernización y crecimiento se funden en las tesis desarrollistas que explican las causas del subdesarrollo latinoamericano a partir de deficiencias en la inversión pública y privada, la ausencia de desarrollo tecnológico de tipo endógeno, la inexistencia de emprendedores y la persistencia de prácticas y creencias conservadoras y tradicionales por parte de un segmento significativo de la sociedad.
Entonces en el centro del pensamiento cepalino se sitúa con mayor o menor énfasis –dependiendo del grado de adscripción a dicha teoría- la noción de que América Latina se encuentra mayoritariamente en una situación de atraso o subdesarrollo con respecto a los países industrializados. Partiendo de esta caracterización se define una situación de avance por etapas o secuencial desde una condición de subdesarrollo hacia una de pleno desarrollo e industrialización. Ello supone que los países para llegar a ser desarrollados deben reunir una serie de requisitos estructurales (económicos) y culturales para poder ser considerados en tránsito hacia un estadio superior, es decir, la moderna sociedad industrial. Por eso se hablaba de países en vías de desarrollo, porque además de definir un camino evolutivo para llegar a ser sociedades idealmente superiores, esta trayectoria también suponía que las etapas para alcanzar dicho desarrollo debían ser las mismas por las que ya habían pasado los países desarrollados.
Este tipo de enfoque implicó el impulso de numerosas políticas tendientes a generar una mayor racionalización de la administración pública y en diversos aspectos de la vida social, en el sentido de propugnar valores, actitudes, instituciones y organizaciones afines con la modernidad, es decir, dignas de las sociedades desarrolladas. De esta forma, tanto en las versiones evolucionistas como en las histórico-dialécticas el desarrollo y el progreso suponen un cambio para un fin superior, o sea, para el perfeccionamiento de la condición humana. Ambas versiones de desarrollo, con modificaciones y agregados, sobreviven en el pensamiento contemporáneo y se encuentran en el substrato epistemológico (un sustrato que muchas veces permanece latente y poco cuestionado) de teorías económicas, sociológicas e históricas.
Así como la idea de desarrollo es inalienable del discurso moderno, ella también posee una vinculación íntima con el capitalismo, como modo de producción hegemónico y con las formas históricas que éste ha asumido. En el llamado Tercer Mundo el problema del desarrollo surge con la caída del colonialismo y con el lento proceso de consolidación de los Estados-Nacionales independientes. Estos nuevos Estados continúan ligados a sus antiguas Metrópolis a través del comercio internacional. Entonces, el problema del desarrollo en el Tercer Mundo asume el siguiente contenido : como transformar las sociedades atrasadas productiva y culturalmente (subdesarrolladas) para alcanzar a las sociedades que se encuentran en una etapa avanzada de desarrollo. Esta transformación, a la cual propenden las teorías del desarrollo, buscaba que los países del Tercer Mundo pudieran insertarse con éxito en la dinámica del capitalismo mundial.
Algunos de estos países consiguen desarrollar determinados ámbitos o regiones manteniendo otras zonas atrasadas. Es lo que se denominó como dualismo estructural, es decir, la existencia simultanea de estructuras dicotómicas que en muchos casos eran pensadas como zonas autónomas y poco articuladas, cuando no totalmente desconectadas. [3]
Posteriormente, otros análisis comenzaron a enriquecer y transformar este enfoque. En una vertiente de la llamada teoría de la dependencia, el subdesarrollo no es visto como una etapa o momento anterior al desarrollo, sino que por el contrario, el subdesarrollo es concebido como parte de un proceso histórico más amplio, en el sentido que –como lo planteará André Gunder Frank- subdesarrollo y desarrollo son “las dos caras de una misma moneda” o de un mismo proceso histórico universal, en que las raíces del subdesarrollo se encuentran en la ligazón entre dependencia externa y subordinación interna de los enclaves de explotación. Es decir, ambos procesos son históricamente simultáneos y están funcionalmente vinculados.
Dicho dualismo no hace más que manifestar la existencia de dos mundos que interactúan y se condicionan mutuamente, reproduciendo y alimentando permanentemente la condición de desarrollo de unos (los estados industriales avanzados) y la condición de subdesarrollo de otros (los estados periféricos, atrasados y dependientes). Por lo tanto, el subdesarrollo no es un producto directo de la falta de capital, ni del atraso tecnológico ni de la vigencia valores pre-modernos, sino que es más bien una condición concomitante a la propia dinámica desigual y combinada generada por el capitalismo (Löwy, 1998).
Un desdoblamiento de esta perspectiva enfatiza que al interior de cada país las formas de dualismo estructural se constituyeron mucho más como una expresión del colonialismo interno en el cual las áreas más desarrolladas mantenían efectivamente vínculos de dominación -extracción y explotación de materias primas y fuerza de trabajo- con aquellas regiones del interior (hinterland) que permanecían atrasadas precisamente por este tipo de relación desigual. (Stavenhagen, 1967).
Las consecuencias de esta visión del desarrollo
A pesar de que simultáneamente surgieron otras teorías que contestaban esta visión -como la teoría de la dependencia, del desarrollo desigual y combinado o del colonialismo interno-, consideramos que esta idea de desarrollo permanece vigente hasta los días actuales, en el sentido que se asocia el progreso de las naciones, con la modernización, con el crecimiento económico y con un modelo cultural de inspiración occidental.
Por otra parte, esta noción de desarrollo se encuentra asociada con una narrativa euro-centrista y lineal de la historia humana y especialmente de la construcción del mundo moderno, que definen un tipo particular de relaciones coloniales/imperiales de poder. Dicha narrativa se halla estrechamente ligada a un pensamiento antropocéntrico que tiene su raíz en el llamado “mito original” de matriz Judeo-cristiana. En ella se les confiere a los seres humanos poderes omnímodos sobre la naturaleza. Según el Libro del Génesis después de completar su tarea de crear al hombre y la mujer, Dios les ordena : “Creced y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla”. Lo que puede apreciar en primer lugar, es que dicho mandato es de arrogancia, de someter a la naturaleza, así como también a aquellos seres humanos considerados “más débiles o menos inclinados a involucrarse en juegos de poder y dominio.” (Max-Neef, 1986, p. 43).
Un segundo aspecto a ser considerado de este mandato, dice relación con la escisión que se produce entre la humanidad y la naturaleza, la ruptura de aquello que Erich Fromm llamaba la simbiosis hombre-naturaleza. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza lo eleva a una categoría superior a la de todo el resto de los habitantes del planeta, lo cual supone que este no posee límites para la explotación de su entorno. El carácter racional de los seres humanos y la racionalización de la vida económica a través del ascetismo protestante, permitieron que la mente humana se separase del mundo de las cosas y se situase en un campo superior, lo que vendría a representar una ruptura ontológica. Esta ruptura fue la impronta del proyecto de modernidad formulada por los filósofos del iluminismo, que después se transformó en la narrativa hegemónica para entender el devenir del conjunto de la humanidad. En palabras de Edgardo Lander :
“en la autoconsciencia europea de la modernidad, estas sucesivas separaciones se articulan con aquellas que sirven de fundamento al contraste esencial establecido a partir de la conformación colonial del mundo entre occidental y europeo (concebido como lo moderno, lo avanzado) y los ‘Otros’, el restante de los pueblos y culturas del planeta.” (Lander, 2005, p. 26).
Esta matriz fundacional de la modernidad y del capitalismo son responsables de un tipo de relación entre el mundo “desarrollado” y la naturaleza, así como con los denominados territorios incivilizados o atrasados, que justifica no solamente un padrón productivista basado en la suposición de que los recursos son infinitos o interminables, sino que además naturalizan las diversas formas de despojo, expoliación y dominación a la cual son sometidos la naturaleza y las comunidades o pueblos nativos que habitan en determinados territorios.
La actual crisis ambiental viene a cuestionar precisamente dicha perspectiva epistemológica y el modelo subsecuente que le da sustento a la arraigada creencia que existe respecto a la supremacía de los seres humanos sobre el resto de las especies y sobre la naturaleza, la cual puede ser explotada ilimitadamente en beneficio de la especie humana. Entonces, esta crisis ambiental expresa sobre todo una crisis del pensamiento occidental, de una forma de concebir el mundo, escindido entre la mente y el cuerpo, entre el conocimiento validado por la ciencia que produjo un mundo fragmentado y cosificado en el control y dominio de la naturaleza y el saber tradicional, sagrado y mágico de los pueblos “primitivos”.
La evidencia acumulada en las últimas tres décadas demuestra fehacientemente un fenómeno que viene siendo expuesto y discutido desde hace varias décadas : el agotamiento de un modelo productivista y predatorio que amenaza cada vez con mayor intensidad las bases materiales de la vida sobre el planeta. En efecto, las sucesivas catástrofes ambientales y “climáticas” que viene sufriendo el planeta desde Chernobyl y la tragedia de la planta de Fukushima, permiten sustentar sin exageración que nos encontramos en un estadio avanzado de riesgo fabricado o de crisis estructural, no sólo del capital, sino de la sustentabilidad de la especie. Estas dos primeras décadas del siglo XXI han reflejado una impronta catastrófica, con un grado de desastres ecológicos y naturales sin precedentes en la historia mundial. [4]
Entretanto, la temática de los límites ecológicos al crecimiento económico y las interrelaciones entre desarrollo y ambiente fueron reintroducidas en el pensamiento occidental [5] en los años sesenta y principio de los setenta por un grupo importante de teóricos, entre los cuales se pueden destacar Georgescu-Roegen, Kapp, Naess, Sachs y Schumacher. Por ejemplo, en un trabajo pionero de Ernst F. Schumacher “Lo pequeño es hermoso” (Small is Beatiful) publicado originalmente en 1973, el economista germano-británico realiza una crítica contundente al modelo productivista de las sociedades occidentales que nos llevaría al descalabro ambiental y de la vida misma, para intentar comprender como humanidad el problema en su totalidad y comenzar a ver las formas de desarrollar nuevos métodos de producción y nuevas pautas de consumo en un estilo de vida diseñado para permanecer y ser sustentable. A pesar de las diferencias de enfoque y la posición más o menos militante de cada uno de estos pensadores, lo que asoma como un aspecto en común a todos ellos es la crítica vehemente al modelo de producción y consumo inherente al desarrollo capitalista.
Los conflictos socio-ambientales
Para mostrar la situación conflictiva entre esta visión del desarrollo y un modo de vida sustentable, diversas organizaciones y centros de estudios han realizado mapeos de innumerables casos de conflictos entre pueblos indígenas y transnacionales, empresas y/o gobiernos. [6] No obstante lo anterior, cuatro conflictos recientes nos parecen especialmente emblemáticos, considerando que se producen en países que aspiraban a tener una política regionalmente diferenciada con relación a los pueblos vernáculos. Nos referimos a los casos de Bolivia, Perú y Brasil. A continuación, expondremos algunas situaciones de conflictos socioambientales recientes.
Bolivia. El Caso TIPNIS
La Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) es un fórum de diálogo que busca promocionar políticas comunes en el ámbito del transporte, infraestructura, energía y comunicación con la finalidad de ayudar a los procesos de integración regional. Entre los principales proyectos del IIRSA se encuentra la construcción de una carretera transoceánica que funcionaría como un corredor productivo que permitiría aumentar la eficiencia de los flujos internacionales de comercio y de exportación. Esta carretera que atraviesa el territorio boliviano desde Puerto Suarez en la frontera con Mato Grosso do Sul (Corumbá) hasta la divisa con Chile, tiene un trazado original que cruza el territorio boliviano, integrando el departamento de Cochabamba en la parte central del país con la región oriental del Beni. El argumento del gobierno boliviano es que el Beni es una región con gran potencial agroindustrial pero que se encuentra excluida del eje del desarrollo y mantiene una relación de dependencia con el departamento de Santa Cruz, un departamento que además de ser un polo de desarrollo industrial, también representa un importante bastión opositor a la administración del presidente Morales. (Rivero, 2011).
Entre los principales argumentos a favor del TIPNIS se señala que las regiones del Beni y Pando han estado históricamente aisladas del resto del país y que esta carretera permitirá que ambas provincias y el Norte de Bolivia tengan un mejor acceso hacia ciudades importantes como Cochabamba o La Paz. “Bolivia y el Beni necesitan carreteras para lograr el desarrollo económico y social y estas se deben construir por los lugares que signifiquen menor costo económico y mayor beneficio social.” De esta manera, el proyecto del gobierno boliviano busca integrar a un sector del territorio que según la evaluación de las autoridades se encuentra hasta la fecha excluido de los progresos experimentados por el resto del país. En ese ánimo, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, señalaba en una entrevista que “es muy legítimo que los compañeros se preocupen sobre el futuro del bosque, pero también es legítimo que se demande una carretera para unir regiones”, sugiriendo posteriormente que las movilizaciones de los indígenas fueron instigadas por la derecha en su búsqueda por desestabilizar al gobierno para intentar una restauración conservadora.
Por el contrario, los conflictos generados con el proyecto poseen diversas dimensiones. Un primer problema detectado dice relación con que el trazado proyectado para la carretera divide o corta literalmente en dos partes el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), una reserva ambiental de 12 mil km² que concentra una gran biodiversidad y en la que habitan cuatro etnias originarias cuya propiedad del territorio les pertenece por mandato constitucional, a saber : Mojeños, Yuracarés, Chimanes y Trinitarios. En efecto, el tramo entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni) que tiene una extensión de 306 kilómetros pasa por esta región del TIPNIS, afectando con ello la supervivencia de más de 50 mil personas pertenecientes a las cuatro etnias asentadas en esa región. Ello implica la destrucción de un área doblemente protegida por la Constitución – como parque nacional y territorio indígena de origen – y su impacto directo sobre la vida diaria de las comunidades que allí habitan. A esto se agrega el rechazo a actividades que podrían generar daños irreversibles en la biodiversidad natural y el medioambiente. Entre dichas actividades destacan los intereses de grupos madereros y petroleros por acceder a los recursos del parque. (León y Arze, 2013).
Junto a estas objeciones, las comunidades que viven en dicho territorio han denunciado la falta de consulta por parte de las autoridades para emprender las actividades de la carretera, tal como lo indica la resolución 169 de la OIT. Dicha resolución establece que las comunidades indígenas que habitan un determinado territorio en el cual se va a realizar cualquier tipo de emprendimiento o proyecto productivo, deben ser obligatoriamente consultadas por las entidades competentes.
Precisamente debido a esta situación las organizaciones que congregan a estas naciones indígenas han expresado desde un comienzo su oposición a este trazado de la carretera, lo cual han expresado por medio de diversos tipos de movilizaciones como marchas, ocupaciones y bloqueos de los caminos, vigilias, etc. El momento de mayor tensión se vivió cuando el canciller boliviano, David Choquehuanca, decidió visitar a los marchistas que pretendiendo llegar hasta la paz, fueron bloqueados por campesinos colonizadores de otro origen étnico con el apoyo de la policía. [7] Forzado por un grupo de mujeres a encabezar una columna de vanguardia para romper el cerco militar, el canciller fue “rescatado” por las fuerzas policiales, lo que dio paso a un violento enfrentamiento en el cual resultaron heridos varios marchistas, incluidos mujeres y niños. Posteriormente a este incidente, la Ministro de defensa anunció la renuncia irrevocable a su cargo y forzó al presidente Morales a anunciar la suspensión del proyecto carretero y anunciará el reenvío a la Asamblea Legislativa Plurinacional de un proyecto de ley en que se incorpora el carácter de “intangibilidad” de las tierras del TIPNIS : “Esto es gobernar obedeciendo al pueblo”, remarcó Morales al momento de anunciar esta medida.
Junto con ello, el presidente boliviano declaró que la suspensión de construir la carretera se mantendría hasta que las comunidades que habitan el TIPNIS no fueran consultadas sobre el particular. Para tal motivo, se formó una Comisión ad hoc integrada por representantes de la Iglesia Católica y la Comisión de Derechos Humanos, instituciones que deben elaborar un informe a partir de la consulta realizada en todas las 64 comunidades que habitan en el territorio indígena para recabar información sobre la receptividad u oposición a la construcción de la carretera, así como en relación a la aplicación del Reglamento de Áreas Protegidas.
En ese contexto, esta Comisión debe tomar como punto de partida la definición que está presente en la propia Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia que establece en uno de sus artículos “Donde exista sobre posición de áreas protegidas y territorios indígena originarios campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas.”
Sin embargo, después de realizado el proceso de consulta en las 36 comunidades, esta Comisión denunció que el proceso fue realizado bajo fuerte presión de las autoridades locales y sin la información necesaria para que los principales actores pudieran conocer en profundidad el proyecto en cuestión. (La Jornada, 2013).
Posteriormente, el proyecto de la carretera transoceánica tuvo una nueva propuesta de trazado que va desde Villa Turari a Trinidad pasando por el límite exterior del TIPNIS. Sin embargo, grupos pertenecientes a la Subcentral Indígena Isiboro Sécure (SCIIS) estaban en desacuerdo con su construcción y catalogan este nuevo trazado como una amenaza a su territorio por la expansión colonizadora que se produciría en la parte note del territorio. Mientras que por parte de los colonos el proyecto es percibido como una oportunidad para acceder a nuevas tierras, recursos naturales y mercados. No solo eso, desde entonces las organizaciones indígenas se han debilitado y fracturado entre las facciones “orgánicas” y las oficialistas. Actualmente, dichos grupos se encuentran divididos y nuevas tensiones se han producido en los últimos meses, con expresiones de violencia física entre las diversas partes en litigio.
Por lo tanto, el factor de división de las organizaciones indígenas se ha ido acrecentando con el tiempo y lo más probable es que la tendencia sea que dicho conflicto continúe imperando, inclusive con el agravante ya apuntado, es decir, que las propias organizaciones indígenas se mantengan divididas en dos grupos irreconciliables, tal como ha sido constatado por diversas entidades de derechos humanos que expusieron este problema a la comunidad internacional.
Proyecto Tía María en Perú
El proyecto minero Tía María, ubicado en la región de Arequipa ha sido objeto de protestas y conflictos durante años debido a su evidente impacto ambiental y social. Este proyecto impulsado por la empresa Southern Copper Corporation se propone la construcción de una mina a gran escala que se destinará a la extracción de cobre. Los pobladores del Valle de Tambo, opositores al proyecto, argumentan que la minería a gran escala dañaría la tierra, el agua y la salud de las comunidades locales.
Los conflictos que se han suscitado en torno a Tía María han sido especialmente intensos debido a la polarización de las opiniones y los intereses económicos en juego. La compañía minera ha argumentado que el proyecto generará empleos y beneficios económicos para la región, mientras que sus detractores argumentan que estos beneficios son insignificantes en comparación con los riesgos ambientales y sociales que implica la puesta en práctica de las actividades extractivistas.
Cuando se realizó una Consulta vecinal sobre la implementación del proyecto, el 97% de las personas consultadas se manifestaron en contra de este. Sin embargo, a pesar de la legitimidad de este resultado, las autoridades desconocieron el mandato de la población y convocaron a una audiencia pública para aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por la empresa y avalado por el gobierno.
Debido a la imposibilidad de hacer escuchar sus argumentos, cientos de agricultores y pobladores de la zona afectada, decidieron ocupar la carretera Panamericana Sur e insistir en que el EIA no respondía al cuidado ambiental del Valle. La masiva resistencia comunitaria que generó la presión de la empresa para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, dio lugar a varios meses de movilizaciones y paros generales en la región, lo cual terminó con una fuerte represión desatada por el gobierno, con el saldo de varias víctimas fatales y decenas de heridos. (Pinto Herrera, 2016).
Estos hechos sangrientos impactaron a la opinión pública del país y a la prensa internacional, razón por la cual el Ejecutivo debió considerar como inadmisible el EIA, que ya contaba con más de 3 mil objeciones por parte de la comunidad y de organizaciones ambientalistas. Un nuevo estudio de impacto ambiental fue aprobado años más tarde y en la actualidad el proyecto se encuentra en operación, pese a los innumerables reclamos y a las persistentes movilizaciones que vienen realizando comuneros y habitantes de este territorio.
Resumiendo, la resistencia ciudadana a la minería actual y la conflictividad social, los debates regionales e internacionales sobre el agotamiento del extractivismo neoliberal y el inminente impacto de la crisis internacional en el país, han puesto en la agenda pública la necesidad de revisar de manera sustancial las condiciones en las que se hace minería en el Perú (…) Los daños ambientales y los conflictos sociales que la minería viene generando son el resultado de una estrategia de crecimiento económico que lo apuesta casi todo a la inversión minera. Y también de un marco institucional obsoleto, centralista, insuficiente y autoritario que le da todas las capacidades de decisión al Ministerio de Energía y Minas.
El Proyecto Camisea en Perú
Un segundo conflicto, que puede ser considerado emblemático en relación a las tensiones entre pueblos originarios y desarrollo, es el caso del proyecto gasífero de Camisea. Este programa pretende ampliar la explotación de las reservas de gas natural almacenadas en el subsuelo de la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti (KNN), ubicada a 500 kilómetros al este de Lima en la Cuenca Ucayaly, Departamento del Cusco, Provincia de la Convención, en el sureste de Perú. Esta Reserva definida por su sigla KNN, fue creada en el año 1990 para proteger los derechos territoriales de los pueblos nahuas, nantis, machiguegas y otros que viven dentro de la reserva y que han mantenido relaciones limitadas con el resto de la sociedad, incluyendo otras comunidades indígenas. Un factor fundamental para su creación fue “la trágica experiencia de contacto de algunas comunidades nahua con un grupo de madereros en 1984, la cual desembocó en la muerte de la mitad de dicho pueblo a raíz de enfermedades derivadas del contacto.” (CODPI, 2013). Durante las décadas siguientes continuaron las incursiones de madereros ilegales y de misioneros con el propósito de evangelizar a las comunidades indígenas, que continuaron colocando en riesgo la vida de los nahuas y de otros pueblos afincados en esa región.
En el año de 1987 a partir de prospecciones petrolíferas realizadas por la transnacional Shell, fueron encontrados dos grandes yacimientos de gas en el sector de Camisea, que se denominaron San Martin y Cashiriani. Las operaciones de extracción solamente se comenzaron a realizar en el año 2004, en que instituciones públicas peruanas dan inicio formal al Proyecto Consorcio Camisea. Este mega-proyecto busca fundamentalmente captar y transportar el gas natural proveniente de los dos yacimientos indicados hacia una planta de separación de líquidos ubicada en Malvinas, a orillas del rio Urubamba, para que después el gas sea transportado por un gasoducto hasta la capital Lima y desde ahí proceder a su exportación. La explotación de tales yacimientos se encuentra desde el año 2002 bajo la supervisión del gobierno peruano el cual intensificó las operaciones extractivas en la región de Camisea, creando un Consorcio corporativo en el cual participan varias empresas de capital transnacional como Repsol, Pluspetrol, Hunt Oil, SK Energy y Sonatrach.
El gobierno peruano a través de diversos comunicados y conferencias de prensa, ha reiterado las ventajas que representa para el país la explotación de dichos yacimientos de gas. Entre otras razones se destacan el hecho de que Perú dispondrá de abundante provisión de este recurso energético en reemplazo de otros combustibles (especialmente hidrocarburos) que deben ser importados. Con ello se espera que la balanza comercial de hidrocarburos revierta su tendencia negativa ayude a mejorar los ingresos y la balanza de pagos del país. Otro argumento recurrentemente citado gira en torno a la generación de empleo y al crecimiento económico de la región donde se encuentran los yacimientos extractivos, las plantas procesadoras o de fraccionamiento del gas y el terminal de exportación (Pisco). Por último, se sostiene que el proyecto también contribuirá a mejorar el medioambiente a través de la utilización de una energía menos contaminante.
Por el contrario, quienes se oponen a la expansión de este proyecto sostienen que los pueblos que habitan en esta región están siendo amenazados de extinción pues los territorios indígenas se convertirán en el escenario para la realización de una serie de estudios sísmicos, así como de la construcción de 21 pozos, una línea de conducción para el gas licuado y otras obras de infraestructura asociada a los proyectos extractivos (carreteras, salas de máquinas, etc.). Para quienes sostienen dicho argumento :
“En la práctica, ello supondría la condena a muerte de varias comunidades y la probable desaparición de un sistema propio de pensamiento, que nace y que se debe a la tierra, y que durante años ha salvaguardado la biodiversidad de esta región de la selva peruana. Todo ello, por supuesto, en nombre del progreso y del bien común.” (CODPI, op. cit. : p. 2).
De esta manera, diversas organizaciones indígenas de la región y de todo Perú solicitaron la intervención por parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD). Recientemente, en una carta firmada por 58 organizaciones y dirigida al presidente Ollanta Humala se solicita la detención inmediata del proyecto y la emisión por parte del gobierno peruano de una declaración pública en la cual se reconozca la inviolabilidad de la Reserva KNN y los territorios adyacentes, “para asegurar la supervivencia y los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y cumplir con las obligaciones de Perú en materia de derechos humanos y medioambiente.”. Concluye la carta que, si esto no ocurre y la expansión continua, el gobierno “no solamente estará violando leyes nacionales e internacionales, sino que estará presidiendo un proyecto de desarrollo cuyas consecuencias podrían ser letales para uno de los pueblos indígenas más vulnerables del país.” Por lo mismo, se estaría consagrando una injusticia histórica que “pondrá en riesgo la existencia de todo un mundo, de todo un sistema de pensamiento y de organización social, del que son portadores los pueblos indígenas que habitan los territorios ahora amenazados.”
Proyecto Hidroeléctrico de Belo Monte en Brasil
La construcción del proyecto hidroeléctrico de Belo Monte en el río Xingu, Pará, ha sido objeto de controversias y protestas durante muchos años debido a sus funestos y deletéreos impactos sobre medio ambiente y las comunidades indígenas de la región. Este es uno de los mayores proyectos hidroeléctricos del mundo y ha atraído innumerables críticas por las consecuencias destructivas sobre los ecosistemas fluviales y la perdida de tierras por parte de las comunidades indígenas que habitan en esa región.
La represa que se ha construido en plena selva amazónica afectará directa o indirectamente a una población de aproximadamente 135 mil habitantes pertenecientes a los municipios de Altamira, Vitoria do Xingu y Brasil Novo. En términos socioeconómicos, estas 3 localidades se encuentran ubicadas en una de las regiones más vulnerables del país, un lugar apartado en que la presencia del Estado brasileño ha sido históricamente muy débil o prácticamente inexistente. Este proyecto no es nuevo, pues ya en la época de la dictadura cívico-militar en los años sesenta ya existió el intento de construir una gran hidroeléctrica en la zona. Sin embargo, la resistencia de las poblaciones aledañas consiguió que su construcción fuera finalmente paralizada durante algunos años.
En la actualidad, el proyecto de la hidroeléctrica de Belo Monte está generando importantes conflictos con las comunidades indígenas y con grupos ambientalistas que la culpan de infringir las normas internacionales y la legislación ambiental brasileña, siendo que los análisis de especialistas han concluido que sus beneficios económicos son insignificantes si se comparan con los costos ambientales, sociales y culturales que conlleva su puesta en marcha. A su vez, las comunidades y organizaciones que se han opuesto a su implementación han sido criminalizados por las autoridades locales que vienen ejerciendo una presión psicológica y directa sobre los líderes que vienen denunciando la devastación del territorio.
A la criminalización y represión que se ejerce contra los grupos organizados hay que sumar otro tipo de acosos más sutiles, pero no menos agresivos que buscan deslegitimar los argumentos en contra del proyecto y descalificar las alternativas que se plantean para pensar otro tipo de desarrollo que no sea el mero crecimiento económico basado en actividades extractivistas, predatorias y/o contaminantes del ambiente. En ese contexto, las comunidades afectadas no han sido efectivamente consultadas de las acciones de la empresa Norte Energía, la cual ha ejercido un fuerte lobby entre las autoridades políticas locales y regionales, contado además con el apoyo de las fuerzas policiales a través de la utilización de mecanismos fuera de la legalidad, como la compra de vehículos, equipos y otros bienes de manejo exclusivo de las policías. (Uharte, 2016).
En definitiva, estos impactos y otras consecuencias que seguramente seguirán surgiendo en el futuro, ponen en cuestión las promesas de un desarrollo basado en el crecimiento económico sin contemplar los efectos que dicho modelo pueda tener sobre los ecosistemas y las comunidades que habitan en determinado territorio.
Reflexiones finales
Una primera reflexión que nos surge a partir de lo expuesto con anterioridad dice relación con el hecho de que un cuestionamiento a la noción evolucionista, occidental y euro-centrista de desarrollo no supone mejorar la definición del propio concepto, sino que diferentemente supone cuestionar radicalmente la forma como dicho concepto ha sido utilizado en América latina y en los países “subdesarrollados”. Aún más, ello induce a pensar que, si existe una carta de navegación trazada para alcanzar el desarrollo, los pueblos tradicionales deben transitar necesariamente por esa ruta, abdicando de este modo, de aquellos saberes y cosmovisiones que los transformarían -según esta premisa- en sociedades atrasadas o pre-modernas. Dicha modalidad de desarrollo excluye justamente los intereses, la palabra, la mirada y los saberes de quienes debieran ser pretensamente los beneficiarios del desarrollo, a saber, las poblaciones pobres y los pueblos aborígenes del continente.
Un estudio reciente nos plantea pertinentemente que “La demanda territorial de los pueblos indígenas nace de la necesidad por conservar y/o defender sus sistemas de producción y modos de vida tradicionales frente a la creciente presión por la economía capitalista y la expansión institucional del Estado.” Por supuesto, dicha presión carga al mismo tiempo un componente ideológico-civilizatorio que, además de transformar el espacio ocupado por los pueblos indígenas, trastorna a mediano plazo su vínculo identitario vernáculo. En efecto, muchas de estas comunidades no se orientan preferencialmente hacia la obtención de bienes materiales, sino que prefieren privilegiar sus vínculos sociales, sus identidades culturales, sus precursores de reciprocidad en el marco de otra economía, de formas alternativas de intercambio y ayuda mutua.
Desconociendo lo anterior, el concepto de desarrollo ha sido construido como una narrativa histórica inevitable, como un producto naturalizado y pasible de ser aplicado a todos los pueblos. Por eso, generalmente nos deparamos con la vehemencia de una visión etnocéntrica, que construye su proyecto modernizador basado en la noción de crecimiento y explotación ilimitada de los recursos humanos y naturales. En este caso, se imponen los criterios crematísticos que se contradicen con los objetivos de sustentabilidad, de preservación del ecosistema y con los propios valores culturales de las poblaciones que habitan esos ecosistemas. Como nos recuerda Escobar “no son sólo los factores y las condiciones ecológicas, sino también los sentidos culturales, los que definen las prácticas que determinan cómo la naturaleza es apropiada y utilizada”. De esta manera, nos advierte el antropólogo colombiano “las luchas por la diferencia cultural, las identidades étnicas y la autonomía local por un territorio contribuyen a redefinir la agenda del conflicto sobre el medio ambiente, más allá de los campos de la economía y la ecología.” (Escobar, 2010, p. 103).
Los cuatro casos expuestos anteriormente nos revelan esta tensión permanente e indisoluble entre los objetivos del desarrollo de las naciones amparados en conceptos como progreso o crecimiento y una concepción más amplia que concibe el carácter esencialmente integrado de la humanidad con su entorno, tal como sustentado en la noción del buen vivir. En un estudio clásico sobre la alteridad, Tzvetan Todorov (1991) se interrogaba ¿Cómo podemos aceptar al otro que es distinto a nosotros como igual y como diferente ? Esta pregunta es más lacerante si discurrimos sobre la existencia del etnocentrismo, es decir, aquella tendencia que eleva a nivel de categoría universal aquellos valores de la sociedad a la cual pertenezco. Desde la conquista de América, dicha visión eurocéntrica ha venido construyendo una interpretación del mundo que desconoce otros lenguajes, otros saberes, otra hermenéutica. Por eso la disputa de los pueblos indígenas es también una lucha por lograr la igualdad en la diferencia, por tener los mismos derechos que el resto de los ciudadanos “civilizados” en un marco de respeto a lo diverso, a lo distinto. El reconocimiento de la diferencia en la igualdad es parte de un proceso arduo y constante en el que se encuentran empeñadas las comunidades de nuestro continente.
Por lo mismo, un tratamiento amplio de los conflictos en torno a la propiedad y uso de los recursos naturales supone considerar los diversos intereses en disputa, atendiendo específicamente las necesidades de aquellas comunidades que habitan esos territorios y sus efectos sobre los segmentos más fragilizados. Ello supone resolver no solo los riesgos biofísicos asociados a las actividades empresariales o de otro tipo, que regularmente resultan en “catástrofes naturales”, sino sobre todo tomar en cuenta los impactos sociales y culturales que implica la aplicación de determinados modelos de desarrollo que priorizando en la noción de crecimiento y en la generación de riqueza material, acaban siendo ambientalmente insustentables, socialmente desiguales y culturalmente uniformes. Entonces, debemos resistir a una narrativa unilateral de la modernidad, el desarrollo y la globalización que demarcan una postura utilitarista y productivista con relación a la naturaleza y el resto de la humanidad. La tarea por tanto consiste en pensar un modelo que supere la episteme occidentalizante y su correspondiente visión estrecha del desarrollo, para construir un nuevo tipo de pensamiento basado en la certidumbre de que existe una diversidad de saberes en el mundo, y que esa diversidad es la que enriquece cotidianamente nuestra experiencia humana.
