CETRI
En el libro que es considerado como su testamento definitivo, el inveterado estudioso de los movimientos sociales Charles Tilly concluye : “Los regímenes unipartidistas, por ejemplo, tienden a borrar del mapa a los movimientos sociales, del mismo modo que los regímenes corporativistas a menudo incorporan a los sindicatos a las mismísima estructura gubernamental.” [1] El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en su retorno al poder (2006-2017…) ha caminado a pasos agigantados hacia un sistema político de partido único en virtud de un vertiginoso y muy cuestionado ascenso en el acopio de votos en las tres últimas elecciones presidenciales y legislativas : 38% de los votos en 2006, 62% en 2011 y 72% en 2016. Ese uno de los aspectos más importantes del entorno en el que los viejos y nuevos movimientos sociales deben desplegar sus actividades contestatarias en busca de un modelo de desarrollo democrático.
La sentencia de Tilly se cumple parcialmente en Nicaragua. Los viejos movimientos, que en los años 80 fueron incorporados al poder legislativo y parte del gabinete, y que también fueron reabsorbidos en el regreso del FSLN al poder, han perdido autonomía y voz propia : la Asociación de Trabajadores del Campo, la Federación de Trabajadores de la Salud, la Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinosa, la Asociación de Educadores de Nicaragua, las más importantes federaciones de cooperativas agropecuarias e incluso la otrora orgullosamente independiente Unión Nacional de Agricultores de Ganaderos -entre otras ramas de los movimientos sociales que han marcado la historia de Nicaragua- son ahora cascarones vacíos, con escuálida base social, que prestan sus nombres y su capital histórico a cambio de cargos en el gobierno para sus dirigencias nunca renovadas y desde hace tres décadas dispuestas a firmar cheques en blanco en beneficio de un FSLN que hace caso omiso de los intereses que en tanto gremio tienen estos asociados. En ese sentido, se cumple también conclusión del escritor y el ex militante del FSLN Sergio Ramírez : “El Frente Sandinista ha logrado ser una especie de movimiento de succión que ha creado un enorme vacío político.” [2]
La succión no sólo abarca a los aliados progresistas, sino también a movimientos de carácter conservador, como el movimiento Pro-vida (anti-aborto) y otros sectores del catolicismo ortodoxo, o a gremios con fuertes intereses propios y alta capacidad de desestabilizar el país en pocas horas, como el sindicato de transportistas. A los primeros se les concedió la ley que prohíbe el aborto y a los segundos el subsidio al combustible. Esta succión tiene otro cariz. La especie de biografía novelada que Norberto Fuentes publicó con el atrayente título “La autobiografía de Fidel Castro”, explica el mecanismo de esa succión, que un Fidel Castro ficticio llama “sistema de las alianzas cautivas” y que consiste en absorber al amigo que es tu potencial enemigo en el territorio bajo tu dominio : “Es tu aliado pero cautivo. Deben saber que esa clase de alianzas es de más fácil manipulación e infinitamente más confiables que las alianzas voluntarias o de buena fe. [3]”
La sentencia de Tilly en parte no se cumple. Han surgido nuevos movimientos que escapan a los intentos de cooptación, supresión y amedrentamiento del FSLN. A su descripción y análisis dedicaré las siguientes páginas. Expondré su carácter, sus fortalezas y sus límites hasta donde es posible ponderarlos en el momento actual. Son movimientos relativamente recientes pero no son episódicos : generalmente tienen alrededor de una década de existencia. Mi selección, que no es exhaustiva, procura concentrase en los de mayor notoriedad por su continua presencia en los medios de comunicación y por haber conquistado el apoyo de actores ajenos a sus demandas, razón por la cual estimo que tienen el potencial de partir de la lógica de la diferencia y aproximarse a la lógica de la equivalencia, para usar la terminología de Laclau. Esos movimientos han partido de demandas sociales que pueden ser respondidas y reabsorbidas individualmente por el sistema, pero se colocaron –al menos en sus momentos pico- en la ruta para derivar en reclamos que suscitan o establecen una relación de solidaridad con otras demandas y que por eso han sido -o pueden convertirse en- una demanda contra el sistema. [4] Expondré en qué grado y con qué límites ocurre esto en cada caso.
Estos movimientos no han enarbolado la bandera de las luchas por activos intangibles que tanto han desgastado a la oposición al FSLN : el atropello a la institucionalidad en las campañas electorales y la transparencia en el manejo de los fondos en general y, muy especialmente, de los que procedían de Venezuela. Estas luchas por lo intangible, aunque con rebrotes quinquenales, han sido harto efímeras : se reducen a un par de manifestaciones y no cosechan multitudes de adeptos ni han desembocado en el tipo de expresiones sostenidas que son indicio de movimientos sociales. Los movimientos a los que me referiré son luchas por lo concreto : tierras, pensiones y el derecho a la vida y sobre el propio cuerpo.
El Canal interoceánico : sueño de las élites, pesadilla de pequeños propietarios
En 2013 el gobierno de Ortega aprobó una ley para hacer una concesión por un período de 100 años de los derechos de construcción de un canal interoceánico a una compañía de capital chino. La beneficiaria era la Hong Kong Canal Development Group (HKND), propiedad de Wang Jing, un magnate chino que a inicios de 2016 perdió la mayor parte de su capital en el casino global de las especulaciones financieras. A partir de entonces, el gobierno de Ortega guarda silencio sobre un proyecto al que la propaganda gubernamental dedicó desmesurados piropos durante más de 36 meses. En los tres años que duró la ficción canalera, se dieron pasos sustanciales hacia una reconcentración de tierras por medio de la expropiación de las propiedades ubicadas sobre la ruta canalera.
En caso de realizarse, el canal partiría al país por la mitad en una ruta que tendría el triple del canal de Panamá. Todo el proyecto convertido en la ley 840 –aprobada en junio de 2013 y aún vigente- es una subasta del país que desencadenó una oleada de indignación. Pero el artículo 12 de la ley “Procedimiento de expropiación” es el que más descaradamente exhibe sus propósitos : “El Concesionario tiene la entera discreción para decidir si solicita a la Comisión la expropiación de una propiedad requerida y en qué momento.” Una vez recibida la solicitud, la comisión canalera entregará a los propietarios las notificaciones de expropiación y establecerá el monto de la indemnización. Si los dueños fueren desconocidos (situación que puede presentarse a gusto de la comisión y el concesionario), la comisión designará un “guardador” para que reciba las notificaciones y actúe en nombre de los dueños : “Cualquier acto realizado o contrato… (…) vincula para todos los fines a la persona en cuyo nombre se actuó…” Y añade la cereza en el pastel : la imposibilidad de objetar el tiempo y alcance de la Expropiación.
La lucha contra el canal convocó a sectores muy variados : políticos de la oposición –sobre todo los de raíces sandinistas-, ambientalistas, ONGs de derechos humanos y numerosos intelectuales. Pero el sector más activo y cuyas protestas sacudieron la presunta estabilidad del país fue el de los campesinos propietarios de las fincas por donde pasaría una de las posibles rutas canaleras, de las que hay que hablar en plural porque el gobierno siempre barajó varias rutas, multiplicando las zonas en exploración, los posibles expropiados y los alzamientos. No tardaron en manifestarse los potenciales expropiados y miles de otros campesinos que acudieron a solidarizarse con ellos en largas marchas y plantones.
En ese contexto asumió un beligerante liderazgo Francisca Ramírez, finquera y comerciante de Nueva Guinea, que en virtud de la lucha contra el canal fue convertida en presidente del Consejo Nacional para Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía. Ramírez emerge como una figura que funde tradición y novedad : Sandino con su lucha por la soberanía y la emancipación femenina. Las evocaciones han sido explotadas hábil y a veces inescrupulosamente por la oposición al FSLN. La lucha contra el canal, presentada como defensa de la soberanía nacional, desde el inicio trascendió el segmento de los potenciales expropiados, aun cuando sólo estos realizaron acciones típicas de los movimientos sociales y pusieron en jaque el control del Estado en algunas zonas del país. Hubo expulsión de los técnicos chinos y bloqueo del ingreso a funcionarios estatales que el gobierno orteguista intentó en vano sofocar por medio de una militarización que todavía continúa.
La lucha de los campesinos por su tierra conectó con las luchas por la institucionalidad porque los enfrentamientos entre campesinos y fuerzas del orden pusieron en evidencia el extremo sometimiento de la policía y el ejército a Ortega. Pero ahí se detiene la conexión con las luchas urbanas por los activos intangibles que libran ONGs, intelectuales y políticos. La lucha contra el canal es la lucha por la abrogación de la ley 840 y no tiene mayores pretensiones. Sin embargo, no se deben despreciar sus logros sustanciales : haber producido una lideresa de talla nacional, imantado la atención de los medios, enarbolado la bandera de la lucha por la soberanía nacional con su explícita evocación de Sandino y concitado la solidaridad de numerosos actores. Las perspectivas de continuidad y de engarzar con otras demandas podrían ser proporcionales a los nexos que se establezcan con otras luchas concretas.
Activismo medioambientalista y minería
La lucha más similar es la batalla por la tierra que libran pequeños productores y comunidades indígenas y no indígenas. Esta lucha tiene dos vertientes principales. Una es el activismo indígena por defender sus tierras comunales de la invasión y expolio de los colonos mestizos, habitualmente ganaderos que usurpan tierras comunales e incluso tierras ubicadas dentro de la reserva forestal de Bosawás. El grupo de colonos mestizos registra un acelerado crecimiento. Sólo en Awastingni las 44 familias mestizas de 2005 se convirtieron en 475 en 2010 y 800 en 2014. El grupo de mestizo está formado por pequeños campesinos en busca de tierras, ganaderos que expanden sus dominios, traficantes de tierra y de madera, y traficantes de droga. La corrupción de algunos líderes indígenas ha facilitado la venta de tierras y vertido gasolina sobre los cada vez más acres enfrentamientos. Muchas tierras agrícolas y minas de oro de explotación artesanal están en manos de los colonos, mientras sus antiguos propietarios deben desplazarse hacia el norte. Según el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), ya estamos en situación de conflicto armado donde bandas de colonos arrasan comunidades indígenas y bandas de indígenas desmantelan comunidades de colonos. El saldo son tres mil personas desplazadas y decenas asesinadas [5].
Esta es la vertiente de lucha que más mártires ha generado : según el reporte anual de Global Witness, 11 personas fueron asesinadas en 2016 en Nicaragua por defender su tierra y/o el medio ambiente, la mayoría de ellos indígenas asesinados por colonos mestizos. Medido por este indicador en términos absolutos, Nicaragua es el sexto país en el mundo y el segundo en Centroamérica en letalidad para los activistas por el medioambiente. En términos relativos, ponderando muertes per cápita, es el país más mortal. [6] Y más letal aún si las cifras ascienden al centenar de muertos que mencionan los desplazados. La comprobada ausencia del Estado, denunciada por ambos bandos, induce a sospechar que estamos en la antesala de otra estrategia de acaparamiento de tierras y que los colonos sólo son la punta de lanza. ¿Quiénes y para qué financian las AK-47 con las que colonos e indígenas se diezman mutuamente ?
La otra vertiente de lucha por la tierra es más conocida y, por su defensa de la soberanía nacional, ha mostrado mayor capacidad de convocar a grupos e individuos que no se ven directamente afectados : es la lucha contra las empresas mineras. Esta lucha tuvo un episodio exitoso que es preciso analizar con cautela. En Rancho Grande, departamento de Matagalpa, el Proyecto Minero El Pavón de la empresa canadiense B2Gold no pasó de su fase de exploración. La concesión abarcaba un total de 1,301 hectáreas. Iba a ser una explotación minera a cielo abierto, un gigantesco movimiento telúrico para obtener entre 6.7 y 10.3 gramos de oro por tonelada de tierra. [7] En 2007 la empresa canadiense B2Gold tocó las teclas políticas adecuadas que no habían estado al acceso de MINESA, Coexsa y Glencairn S.A., firmas que una década antes solicitaron infructuosamente permisos de explotación a los “gobiernos oligarcas” que precedieron al retorno de Daniel Ortega.
El proyecto se encontraba en la fase de “licencia social” -en búsqueda de aprobación comunitaria- cuando en 2012 se sucedieron una serie de marchas y manifestaciones masivas contra esta concesión minera por la grave afectación en los ecosistemas del cerro El Pavón y la contaminación del río Yaoska. La marcha de 20 kilómetros entre Rancho Grande y Yaoska en 2014 convocó a 5,000 personas. La marcha del 4 de octubre de 2015 convocó a 3,000 personas en la entrada de las instalaciones de la B2Gold. Nueve días después el gobierno declaró “inviable” ese proyecto minero. La unión del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero, el Centro Humboldt, el movimiento Guardianes de Yaoska y la Red de Mujeres de Matagalpa fortaleció las protestas. Es posible que el apoyo oficial de la iglesia católica -43 sacerdotes y el obispo de la diócesis de Matagalpa [8] - pesó mucho en la decisión de un gobierno que se ha caracterizado por su manifiesta voluntad de complacer a los jerarcas del catolicismo y su carácter confesional, plasmado en el moto más reiterado : “Nicaragua cristiana, socialista y solidaria.”
El cronograma revela que esta concesión a la B2Gold se gestionó durante el gobierno de Ortega. Pero su cancelación fue proclamada con bombo y platillo en El 19, el medio del partido : “El Gobierno de Nicaragua ha declarado no viable la explotación minera en el municipio de Rancho Grande, Matagalpa, la cual había sido concedida a la empresa B2Gold, informó la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Compañera Rosario Murillo. (…) La Compañera manifestó que el Marena [Ministerio de Recursos Naturales] concluyó la semana pasada estudios que se venían haciendo desde hace largo tiempo.” [9]
¿El movimiento social tuvo éxito ? ¿El FSLN es sensible al clamor popular y la evidencia de los daños al medioambiente ? La pregunta del millón la lanzó Víctor Campos, director del Centro Humboldt : todavía “hay siete concesiones más en Rancho Grande, tres de ellas también de la B2Gold, y la que se declaró “inviable” es sólo una. (…) ¿Se mantendrá “inviable” toda actividad minera en Rancho Grande ? [10]
B2Gold tiene otros proyectos mineros de oro y plata en Nicaragua : Trébol, Calibre, La Libertad, San Pedro y Limón. En ésta última B2Gold explota mediante su filial Tritón Minera, S.A. un total de 12,000 hectáreas con extrema contaminación de las fuentes de agua desde hace más de dos décadas. [11] La mina de La Libertad, Chontales, también operada por la filial Tritón Minera, S.A., con sus 14,500 hectáreas otorgados en concesión es la de mayor tamaño en Nicaragua. Aunque de momento sólo explote 300 hectáreas, procesa 6,000 toneladas de tierra al día. Esta concesión es mayor que la de Rancho Grande. Las protestas y tranques de las carreteras de los pobladores de la zona –algunos mineros artesanales desplazados por la minería industrial- recibieron casi nula cobertura mediática. Con razón Tilly señaló la asimetría entre movimientos sociales y medios : hay movimientos que no reciben cobertura o no reciben la que pretendían. [12] Esa ceguera mediática nacional ante protestas que en el municipio tuvieron altas repercusiones se relaciona con el peso financiero de la explotación : es demasiado grande para caer. Hay intereses en juego muy sensibles, incluso a nivel municipal : en 2012-2016 el gobierno central transfirió al gobierno local de La Libertad un promedio de 1,245,490 córdobas, que representaron el 37.24% del total de ingresos de esa municipalidad. [13]
Las exportaciones de oro han crecido a ritmo vertiginoso desde las 10,800 onzas troy y 4.2 millones de dólares de 1994 hasta las 285,900 onzas troy y 357 millones de dólares de 2016. Ese año los ingresos por exportación de oro representaron el 20% del valor de los principales productos de exportación, colocándose en tercer lugar, sólo superado por la carne vacuna y el café. Hasta ese nivel se ha elevado la producción y venta de oro durante el gobierno del FSLN, que las recibió en 2006 en 99,400 onzas troy y 55.3 millones de dólares. [14]
En ese contexto, para el gobierno resultaba muy cómodo ondear la bandera ecologista y de izquierda al cancelar un proyecto de apenas 1,301 hectáreas y en estado de exploración, pero no tocar ni con el pétalo de una crítica cualquier otra de las explotaciones en curso de más de 10,000 hectáreas. Una muestra de cuál es la dirección que el actual gobierno adopta frente a la minería quedó plasmada en la ley creadora de la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), aprobada en junio de 2017 por una Asamblea Nacional donde el FSLN controla más del 70% de los escaños. Por obra y gracias de esta ley el territorio concesionado a la minería pasó del 12 al 22% del territorio nacional, de 12 mil a 26 mil kilómetros cuadrados. Gran porción de Rancho Grande quedó convertida en reserva minera. [15] Esta tendencia sostenida no borra la victoria de Rancho Grande, pero la resitúa en un ajedrez donde las grandes batallas por la tierra están siendo perdidas y el triunfo se lo lleva el modelo de desarrollo extractivista que no difiere de los socialismos rentistas petroleros de Venezuela y Ecuador.
Movimiento de mujeres
Desde que las luchas por la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres dejó de ser –como aconsejaron los líderes del FSLN en los 80- un paso que sólo debía darse tras un triunfo sobre el imperialismo y la oligarquía, estas causas han obtenido victorias nada desdeñables y padecido reveses considerables. La penalización de cualquier tipo de interrupción del embarazo –incluido el aborto con fines terapéuticos- fue una concesión del FSLN a los sectores más fundamentalistas de las iglesias cristiana y evengélica. Y fue un golpe al movimiento feminista, pero un golpe que desde entonces le proporcionó una de las banderas que mayor convocatoria ejerce y que cuenta con respaldo ideológico y financiero internacional. Al categorizar las consecuencias de tal prohibición como feminicidios, las activistas consiguieron tender un puente con otras luchas y, en un tour de force, criminalizar a los criminalizadores.
Estas luchas dependen en gran medida del apoyo internacional. Los anuncios en las calles contra el maltrato de las mujeres y los spots televisivos en pro de la despenalización del aborto son financiados enteramente por la cooperación externa, su contenido se dirige hacia sectores con un cierto capital cultural y su difusión de las agendas de cada vez más reducido número de ONGs. En ese sentido en parte aplica la objeción que Neera Chandhoke formuló a los movimientos sociales globalizados : gran parte de su activismo depende de un núcleo de ONGs y los participantes ejecutan una agenda que les fue transferida, lo cual difícilmente puede ser presentado como democrático e incluso como político, sino más bien como un manejo burocrático de eventos participativos, donde la gente de convierte en consumidora de elecciones hechas en otros lugares. [16]
Esta lucha en parte tiene esa hipoteca. Pero no se puede negar su localización, sobre todo cuando se trata de denunciar los feminicidios. Cada vez que una mujer es asesinada por su cónyuge, novio o pretendiente, los habitantes de los pequeños poblados o barrios donde ocurrieron los hechos se manifiestan de forma espontánea y en muchos casos consiguen una condena judicial para el hechor. Visto desde esta perspectiva, este movimiento social es más ubicuo que globalizado y procura contrarrestar el duro revés que significó el desmantelamiento de la Comisaría de la Mujer y la reforma a la ley sobre la violencia doméstica, que atenúa las penas y dificulta los procesos de abusadores y femicidas.
#OcupaINSS : una causa para viejos y jóvenes
Uno de los sectores más afectados por la casi extinción de la ayuda de Venezuela es el de los jubilados. El Intituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) ha sido la caja chica de la que todos los gobiernos han echado mano para solucionar sus problemas de liquidez a corto plazo. Esa fuente tuvo un respiro mientras Chávez envió al crédito y a precios concesionales un petróleo que era vendido en el mercado nacional para financiar la cartera social del orteguismo. Pero ahora Nicaragua recibe muy poca ayuda de Venezuela y debe pagar los préstamos. El INSS “presta” por la fuerza lo que Venezuela subsidió. El cóctel termina siendo explosivo al agregar un ingrediente llamado Unimark, empresa que monopoliza la distribución de medicamentos en el sector público. Unimark tiene vínculos con los movimientos sociales de antaño, pues es propiedad de un matrimonio que militó en el Frente Nacional de los Trabajadores, donde Gustavo Porras, actual presidente de la Asamblea Nacional y mano que controla el INSS, fungió como secretario general. Unimark ha capitalizado millones mediante jugosos contratos por venta de medicamentos.
La combinación de meter mano en los fondos del INSS y la concesión de contratos a Unimark ha derivado en escasez de medicamentos. Los primeros en padecerla han sido los jubilados que recurren a las clínicas del INSS. Los enfermos de Pankinson, Alzheimer, hipertensión y diabates han dejado de recibir sus medicamentos. Los jubilados iniciaron una serie de protestas que concitaron la solidaridad de otros sectores tras su proyección mediática. Sus plantones frente a las instalaciones del INSS pronto convocaron la presencia física y virtual de los Millennials, jóvenes de la era digital que hasta entonces –e incluso después- habían sido tachados de apatía política. Esas dos generaciones se unieron aún más por su condición de víctimas de las palizas que la policía y las hordas paramilitares ortegistas les propinaron. De esa inesperada combinación de dos generaciones surgió #OcupaINSS, un movimiento de investigación y denuncia de la corrupción del INSS, solidaridad con los pensionados y oposición al ortegismo que podría ser efímero, pero también reapariciones.
Reflexión final
Todas estas luchas implican pequeñas escaramuzas contra el gobierno en forma de manifestaciones, foros y conferencias académicas, numerosos artículos de opinión, rótulos en las calles, viñetas radiales y anuncios en televisión. Pero son algo más que una lucha contra el gobierno y que una lucha nacional : la minería y otros megaproyectos del gran capital o el socialismo rentista, diversas formas de feminicidios y la contracción del Estado están presentes en muchas latitudes. Y las fuerzas que se les oponen también están diseminadas globalmente, y usan métodos de lucha muy semejantes. El FSLN ha asestado dos golpes contundentes a las organizaciones de base : 1) subsumiéndolas en los años 80 ; 2) comprándolas con puestos públicos o desgastándolas mediante la represión. Pero en estos momentos se está convirtiendo en el facilitador para que las luchas anti-sistémicas puedan confluir en la lucha contra el orteguismo porque el FSLN representa la continuidad e incluso expansión de los megaproyectos extractivistas, e deterioro de los servicios sociales y el fundamentalismo religioso que deriva en una forma de feminicidio. Sólo el futuro dirá si todos estos brotes de malestar, que tienen en común su oposición al orteguismo, podrán ser solidarios entre sí hasta el punto de operar bajo la que Laclau llama lógica de la equivalencia y ser una lucha contra el sistema. Disponer en el FSLN de una encarnación palpalble del sistema puede ser un fuerte impulso a la lucha, pero también entraña peligros en el plano de la política partidista : por un lado, porque el FSLN es sólo operario menor del sistema y es todavía un artefacto político variopinto ; por otro, porque sigue existiendo un anti-sandinismo pro-sistema.
