CETRI
Maristella Svampa (1)
Aunque los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-) estuvieron lejos de apostar a una refundación política, como sostienen sus defensores, su gestión tampoco puede ser interpretada sin más en términos de continuidad lineal respecto de los años ´90. En realidad, las ambigüedades, la tensión entre continuidades y rupturas, en fin, los dobles discursos, constituyen un hilo articulador, en un escenario en el cual paulatinamente se iría afirmando como elemento central la actualización de la tradición nacional-popular, la cual posee hondas resonancias en la política argentina.(2)
Dicha actualización se ha venido realizando en un contexto de fuerte crecimiento macroeconómico, en gran parte debido al aumento de las exportaciones de commodities (principalmente, la soja), favorecido por los altos precios internacionales. En efecto, en términos globales, al igual que otros países latinoamericanos, en los últimos diez años la Argentina ha transitado del Consenso de Washington al Consenso de los Commodities (Svampa, 2011), configurando un estilo de desarrollo extractivista, que tiene hondas repercusiones sociales, políticas y ambientales. En razón de ello, los cambios nacionales deben ser comprendidos dentro de un marco mayor, cuyas consecuencias abarcan la región latinoamericana y reenvían a un nuevo orden internacional (en el cual se destaca la emergencia de nuevas potencias emergentes, como China, India e incluso Brasil).
Sin embargo, una vez dicho esto, es necesario subrayar que, a partir de 2003, hubo también un cambio en las condiciones internas, visible en la reactivación del sector industrial, luego de la devaluación de la moneda argentina, realizada en el marco de la crisis general de 2001 y la salida de la convertibilidad. Asimismo, el actual período da cuenta de una mayor intervención del Estado nacional, sobre todo, en su capacidad de regulación de la actividad económica.
En razón de todo ello, en la Argentina de la llamada “posconvertibilidad” ha habido a la vez un corrimiento y una ampliación de las fronteras del conflicto social. Cabe recordar que, durante los años ´90, las políticas neoliberales conllevaron una ampliación de las fronteras de la exclusión, delineadas básicamente por la problemática de la desocupación. En un contexto de empobrecimiento y de descolectivización de las clases populares, nacieron las grandes organizaciones de desocupados (piqueteros), cuyos ejes centrales serían la acción directa (el corte de ruta o piquete), el trabajo comunitario en el barrio, el control de planes sociales otorgados por el gobierno y la democracia asamblearia. Estos actores tuvieron centralidad en el espacio político-social entre 1999 y 2004, a través de la movilización, con fuertes reclamos orientados al Estado.
Sin embargo, hacia fines de 2004, con la rápida consolidación del gobierno de Néstor Kirchner, el escenario político sufrió grandes reconfiguraciones : sea a través de la integración, sea a través del reflujo y el disciplinamiento, las organizaciones de desocupados fueron resignando la centralidad que tuvieron en la cartografía de las resistencias, en favor de la emergencia de otros conflictos : protestas sindicales, luchas socio-ambientales y posteriormente, conflictos por la tierra y la vivienda, marcaron el regreso y la irrupción de viejos y nuevos actores sociales a la política argentina.
Modelo industrial y conflictos sindicales
El contexto de crecimiento económico, sin redistribución y con un fuerte aumento de la precariedad, marcó el retorno de la conflictividad sindical, de la mano de la tradicional Confederación General del Trabajo (CGT), luego de una década de desmovilización y de una reorientación hacia un sindicalismo de tipo empresarial. Desde 2004, la CGT se encuentra unificada bajo el liderazgo de Hugo Moyano, jefe del sindicato de los camioneros, quien durante los años 90 encabezó el MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos), nucleamiento sindical peronista. El fuerte crecimiento que experimentaron los servicios, la cuasi-desaparición del sector ferroviario como transporte de pasajeros, luego de la privatización y cierre de ramales, el desarrollo del comercio regional, los subsidios del gobierno nacional y, por último, el transporte de soja y otras semillas hasta los puertos, para el mercado externo, catapultaron a los sectores transportistas a la cima del poder sindical. Como señala M.Armelino (:2011), “al igual que los ferroviarios en las primeras décadas del siglo XX bajo la economía agroexportadora o los metalúrgicos en los tiempos de la industrialización sustitutiva de importaciones, la posición estratégica de los camioneros en la actual economía del intercambio de commodities los ha convertido en líderes de la acción sindical”.
Uno de los hechos más notorios durante el gobierno de Los Kirchner fue la ruptura de la Central de Trabajadores Argentinos, otro de los actores centrales de la protesta anti-neoliberal durante los años ´90. El pluralismo ideológico de la central encontró escollos insalvables en la creciente división interna entre sectores oficialistas y aquellos opositores al gobierno. La ruptura terminó de consumarse durante las elecciones internas realizadas en 2010, en medio de graves y mutuas acusaciones de fraude. Por añadidura, pese a las promesas gubernamentales, la CTA nunca obtuvo la personería gremial de parte del Ministerio de Trabajo. En realidad, el kirchnerismo, que inicialmente tuvo como interlocutor natural a la CTA, por su carácter de centro-izquierda, progresista y anti-neoliberal, prefirió recostarse sobre la tradicional CGT, donde conviven las apelaciones a la tradición nacional-popular con un sindicalismo fuertemente burocrático y empresarial.
La contracara de este fenómeno ligado a las cúpulas sindicales ha sido el aumento molecular de las luchas protagonizadas por comisiones internas, que han puesto de manifiesto una pugna intrasindical entre sectores burocráticos y la nueva generación de delegados, muchos de ellos hijos de las revueltas del 2001 y ligados a organizaciones y partidos de izquierda. Entre estas luchas, se destacan aquellas del sector de servicios y transporte (empresas de call-center, subterráneos de Buenos Aires, empleados del Casino de Buenos Aires, entre otros), golpeados por el aumento de las condiciones de precariedad laboral. En octubre de 2010, la puja intersindical se cobró una víctima fatal : un militante de izquierda, perteneciente a un partido trotskista (Partido Obrero) fue asesinado en el marco de una protesta que exigía la incorporación con plenos derechos de sectores tercerizados en los servicios ferroviarios. Dicho crimen, que ha llevado al encarcelamiento del secretario general de la Unión Ferroviaria, uno de los más poderosos gremialistas de la CGT, puso al descubierto la oscura trama existente entre precarización, lógica empresarial, patotas sindicales y apoyos del gobierno nacional, colocando fuertes interrogantes sobre la calidad y la extensión del modelo laboral promovido por el gobierno.
La otra cara del modelo
Las estadísticas de la protesta suelen subrayar que, a diferencia de los años `90, en los ocho años que lleva en el poder el kirchnerismo disminuyeron las impugnaciones al modelo económico y volvieron a emerger los pedidos típicos de la movilización obrera por salarios y condiciones de trabajo. Esta versión parcial que elogia las virtudes de la movilización sindical tradicional, como columna vertebral del llamado ahora “modelo nacional y popular”, se vio interpelada desde la conflictividad social por la explosión de conflictos territoriales vinculados a la disputa por la tierra y la vivienda, así como por las luchas socio-ambientales, básicamente aquellas contra la megaminería transnacional. Estas luchas reenvían tanto a una demanda acumulada de viviendas, como al creciente desplazamiento que sufren masas rurales y urbanas, pueblos originarios y campesinos, a raíz de la implementación de modelos productivos ligados al agro-negocio, megaemprendimientos turísticos y minería a cielo abierto, entre otros, que exigen el acaparamiento de tierras. La entrada a una dinámica de desposesión (Harvey:2004), se halla así en el origen de un conjunto de conflictos diseminados por todo el territorio nacional.
Estas problemáticas adoptan dimensiones aún más dramáticas si hacemos referencia a las organizaciones y pueblos indígenas : entre ellas, las comunidades Kolla, Mapuche, Wichí, Tobas, Ava Guaraní y Qom, quienes han protagonizado en años recientes una sostenida resistencia a los desalojos, así como han sufrido diferentes formas de crimininalización y represión, incluyendo el asesinato. Al mismo tiempo, no han abandonado su lucha por alcanzar la propiedad legal de las tierras que ocupan. Asimismo, ligado a estos procesos recientes, debe subrayarse la emergencia de asambleas de vecinos autoconvocados en contra de la megaminería trasnacional. Al igual que en otros países latinoamericanos, como Perú, Ecuador y Guatemala, este tipo de movilizaciones socio-ambientales se localizan en pequeñas y medianas localidades de la zona cordillerana y precordillerana. Así, unas setenta asambleas regionales diseminadas en doce provincias integran la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) que, desde el 2006, funciona con el objetivo de potenciar las luchas de las comunidades. Pese a las asimetrías existentes, entre 2003 y 2008, dichos movimientos han logrado la sanción de leyes de prohibición de la minería a cielo abierto (con algún tipo de sustancia contaminante) en siete provincias argentinas (Svampa y Antonelli, 2009).
Otro de los hechos resonantes fue la sanción de una ley nacional de protección de los glaciares (que prohíbe cualquier actividad extractiva en un 1% del territorio nacional), producto de una acción transversal realizada entre organizaciones ambientalistas, asambleas ciudadanas, sectores políticos de centro izquierda e intelectuales ligados a las luchas ambientales. Sin embargo, la ley fue prontamente judicializada y su reciente reglamentación confirma la escasa voluntad del gobierno nacional y las diferentes instituciones del Estado para hacerla efectiva, permitiendo así el avance de los proyectos mineros. Así, los logros se hallan constantemente amenazados, por la presión de las grandes corporaciones (que han realizado enormes inversiones económicas en minería), en alianza con el gobierno nacional y los gobernadores de provincia.
Por último, cabe subrayar el conflicto que el gobierno de Cristina F. de Kirchner tuvo con los productores agrarios, en 2008, a raíz de un aumento de las retenciones a las exportaciones agrarias (que pasaron del 35% al 44%). De manera inédita, el frente agrario agrupó tanto a las grandes organizaciones rurales (entre ellas, la tradicional Sociedad Rural Argentina, que nuclea a los grandes propietarios), como a aquellos representantes de los pequeños y medianos productores (Federación Agraria Argentina), quienes llevaron a cabo una serie de bloqueos de rutas (paros agrarios y lock-out), que dejaron al país al borde del desabastecimiento durante 100 días. La dinámica que adquirió el conflicto dio especial visibilidad a algunos de los socios “menores” del nuevo modelo sojero, al tiempo que iluminó parcialmente la situación de los excluidos del mismo, esto es, los movimientos campesinos e indígenas, que vienen sufriendo el desplazamiento y despojo de sus tierras, a causa de los desmontes y plantaciones de cultivos transgénicos ; en especial, en el norte argentino. En ese contexto, gran parte de la izquierda partidaria se dividió, entre aquellos que apoyaron al gobierno nacional y aquellos otros que promovieron el frente de productores agrarios, comandados por las grandes organizaciones.
Finalmente, el gobierno perdió la pulseada política en el Parlamento, en julio de 2008. Sin embargo, aún después de ser vencido en las elecciones parlamentarias en 2009, pudo recomponerse rápidamente, gracias tanto a una serie de políticas activas (nueva Ley de Comunicación Audiovisual, Ley de matrimonio igualitario, Asignación Universal por Hijo), como al crecimiento de la economía. En ese marco conflictivo, el kirchnerismo fue transitando hacia una fase más aguda de lo nacional-popular, de la mano de un discurso que enfatiza la polarización política. La repentina muerte del expresidente Néstor Kirchner (2010), considerado el autor del “modelo”, contribuyó a la exacerbación de la narrativa nacional-popular.
Cabe recordar que, desde el retorno a la institucionalidad democrática, en 1983, el peronismo ha gobernado 18 sobre 28 años, y ha sido sucesivamente neoliberal -en los `90, bajo las dos gestiones de Carlos Menem- y progresista y tendencialmente nacional-popular, desde 2003. Como afirma J.C.Torre (1999), en realidad, el peronismo es un sistema político en sí mismo, y así como contiene las más diversas corrientes político-ideológicas, reúne a la vez gobierno y oposición. Un ejemplo reciente ilustra lo dicho : en las primeras elecciones generales primarias, realizadas en agosto de 2011, las corrientes que se reivindican dentro del campo peronista, reunieron el total del 70% de los votos. De modo contundente, las elecciones primarias anticiparon también la próxima reelección de Cristina F. de Kirchner, hasta 2015.
Sobre modelos y desconexiones
Quisiera cerrar este artículo subrayando tres cuestiones. La primera, reafirmando que, a partir de 2004, la reactivación económica e industrial tuvo como correlato el aumento de los reclamos en torno a salarios. Uno de los elementos más importantes es que el Estado volvió a instalar las negociaciones colectivas, suspendidas en los años ´90. Según datos del Ministerio de Trabajo, éstas pasaron de 380 en 2003 a 1620 en 2010 (Armelino, op.cit.), aún si tuvieron como objetivo central la determinación del salario y no la revisión de las cláusulas de flexibilización. Por otro lado, en cuanto a la seguridad social, en 2009 el Estado reemplazó la política focalizada (Plan jefas y Jefes de Hogar), por la Asignación Universal por hijo, que benefició a vastos sectores de la población pobre y en situación de precariedad. Como consecuencia de ello, el gobierno de Cristina F.de Kirchner suele afirmar que su política promueve un modelo productivo de tipo industrial, desarrollista, cuyas alianzas se despliegan en un arco amplio, pero en el cual se destacan la CGT y un sector de la CTA, que recuerdan sin duda el rol tradicional de los sindicatos como “columna vertebral” del Partido Justicialista.
Sin embargo, como hemos dicho, ésta es una verdad a medias. Por un lado, porque si bien en el período de post-convertibilidad la reactivación industrial fue notable, en términos comparativos ha sido más bien acotada. Ciertamente, el desempeño del sector industrial, con relación a la creación de puestos de trabajo, fue positivo3. En el año 2007 la industria llegó a ocupar el 36% y un 7% más de trabajadores que en el 2002. Pero este proceso de reindustrialización fue favorecido por el esquema macroeconómico de “tipo de cambio alto y competitivo” -sostenido por intervenciones del Banco Central-. Más allá de esto, las políticas activas hacia la industria fueron escasas y no se formuló una estrategia de industrialización inclusiva y sustentable. Por ende, la reactivación económica y manufacturera que tuvo lugar partir de 2003 no logró revertir los alcances de los años de hegemonía neoliberal (Azpiazu y Schoor, 2010). Por otro lado, la supuesta “vía industrial” debe ser relativizada, en la medida en que, como en otros países de América Latina, el desarrollismo imperante se viene asentando sobre una matriz extractivista, ligada a la exportación de materias primas, en un contexto de claras ventajas comparativas, debido al alto precio de los commodities.
Esta coexistencia de diferentes modelos productivos (industrial/ servicio ; agronegocios/minero) tiene su expresión en el terreno de la conflictividad social, visible en la gran desconexión entre las luchas. Así, no existen puentes entre las actuales luchas sindicales y las disputas por la tierra y el territorio. El hecho de que, en su mayoría, estas últimas se lleven a cabo en el interior del país, en pequeñas y medianas localidades, dificulta una lectura global de la problemática, al plantearla en términos de distancia típica entre lo rural (o semi-rural) y lo urbano. Pero además de ello, la acentuación de una retórica nacional popular, en clave desarrollista, por parte del sindicalismo tradicional exacerba esas distancias. Cuanto más, es posible detectar una articulación entre movimientos territoriales urbanos (liderada por sectores de la izquierda independiente o partidaria) y los movimientos territoriales rurales o periurbanos, que resisten a los desalojos, o las luchas socio-ambientales, protagonizadas por las asambleas de vecinos y comunidades indígenas.
Por último, todo indica que, en los próximos años, la coexistencia entre desposesión y progresismo se agrave, lo cual coloca a la Argentina en una situación por demás frágil y peligrosa. Cabe destacar que en el último año hubo 13 muertos por represión, en gran parte ligados a conflictos por la tierra y la vivienda. En este sentido, si bien el gobierno de los Kirchner no utilizó la represión como “política de Estado”, no es menos cierto que ésta aparece hoy ampliamente federalizada o incluso tercerizada. Más claro : son los gobiernos provinciales –muchos de ellos vinculados al oficialismo-, los que apelan a la represión a través de grupos especiales, policía provincial, patotas sindicales e incluso guardias privadas, contra aquellos que cuestionan una política de acaparamiento de tierras, y por ende, directa o indirectamente recusan la expansión de modelos productivos avalados por políticas nacionales, que son consideradas incluso como “políticas de Estado”. Existe, como tal, una responsabilidad del gobierno nacional, cuyo sistema de mediaciones y entramados de poder aparece por lo general desdibujado y que los hechos de represión tienden a iluminar de manera cada vez más dramática.
Notas
(1) Socióloga argentina, investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet), profesora de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, Directora del Programa de Estudios Críticas del Desarrollo, miembro del Consejo editorial Alternatives Sud (CETRI).
(2) La tradición nacional-popular reenvía en sus orígenes al Partido Justicialista, creado por J.D.Perón en 1946.
(3) Con relación a los datos de empleo, se nota un descenso significativo de la tasa de desocupación en el actual milenio (consignado para tercer trimestre en cada año) : en el tercer trimestre 2003 se registraba un 16,3%, un 13,2% en igual período en el 2004 ; 11,1 en el 2005, un 10,2% en 2006, y en igual período 2007 un 8,1% ; 9,1% en el 2009 y un 7,5% en el 2010 (TEL, enero 2011 y diciembre 2006).
Bibliografía
Armelino, M. (2011) “El que se va porque lo echan, vuelve porque lo llaman… Sindicatos y política durante los gobiernos kirchneristas”, en Problèmes d`Amérique Latine, sous press, 2011
Azpiazu D. y M. Schorr (2010), Hecho en Argentina. Industria y Economía, 1976-2007, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
Svampa, M. y M. Antonelli (2009), Minería trasnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, Buenos Aires, Biblos.
Svampa, M. (2011), “Extractivismo, Escenarios Nacionales y Alternativas en América Latina” Segundo Encuentro-Taller del grupo de trabajo sobre “Alternativas al desarrollo”, Fundación Rosa Luxemburgo, Quito, 18 al 20 de julio 2011, mimeo.
Grupo de Estudios Críticos del Desarrollo (GESD), (2011), Informe sobre el modelo industrial argentino, Buenos Aires, Argentina, mimeo.
Taller de Estudios Laborales (2011), Informe trimestral de estadísticas laborales y económicas, Buenos Aires, enero de 2011, www.tel.org.ar
Torre, J.C. (1999) -“Los desafíos de la oposición en un gobierno peronista”, en J.C.Torre et all., Entre el abismo y la ilusión. Peronismo, democracia y mercado, Buenos Aires, Norma.
