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Perú

Matanza de indígenas

El pasado 5 de junio, en Bagua, departamento del Amazonas,
en Perú, una carga de las fuerzas especiales de la policía
causó decenas de muertos y heridos, sobre todo indígenas.
La matanza se produjo durante el desalojo de unas posiciones
que ocupaban los indígenas para protestar contra la creciente
explotación de recursos como el oro, la madera, el petróleo
y el gas que se lleva a cabo en sus territorios
ancestrales. Estas explotaciones han sido entregadas por el
Gobierno de Alan García a empresas transnacionales –entre
ellas las españolas Repsol y Cepsa– que proceden de forma
irresponsable y sin ningún control a la deforestación de
grandes extensiones de bosques primarios, contaminan los
ríos e ignoran los derechos de las comunidades nativas.

El 28 de octubre de 2007, el
Presidente de Perú Alan
García usó la metáfora del
“perro del hortelano”, en
un artículo de prensa “ [1],
para indicar que los pueblos amazónicos
tenían recursos que no aprovechaban,
pero no dejaban que fuesen
explotados por otros. A pesar de que
Perú ha ratificado, en 1993, el Convenio
169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y, en 2007, la
Declaración de Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas,
el Gobierno ha querido eliminar tales
derechos mediante varios decretos legislativos
 [2], con el fin de aplicar el
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
Perú y Estados Unidos. Muchos de
esos decretos son inconstitucionales.
Su objetivo es quitar obstáculos a la explotación
del territorio, cambiar los derechos
de propiedad e incentivar las
exportaciones. Facilitar la venta de tierras
y la entrega de recursos amazónicos
a empresas transnacionales,
mientras se negocia otro TLC con la
Unión Europea, sin garantías para las
poblaciones indígenas.

Las organizaciones indígenas de la
Selva amazónica acusan al Gobierno
de Alan García de haber cambiado los
derechos sobre la tierra en beneficio
de empresas extranjeras. Lima ha firmado
contratos, por ejemplo, con la
empresa petrolera HOCOL [3] para
explotar una parte del alto Marañón,
sin haberse tomado la molestia de consultar
a las comunidades locales. La
actividad petrolera en la Amazonia peruana
empezó a principios de los años
1970. Hoy, el 70% del territorio amazónico
está en concesión a compañías
petroleras. Repsol opera en ocho
lotes en la selva peruana (alrededor de
5.100.000 ha) y Cepsa en cinco (alrededor
de 4.650.000 ha) ; una superficie
equivalente al 20% de España. Las
concesiones se superponen con territorios
indígenas, áreas naturales protegidas
e incluso con territorios de
pueblos indígenas en “aislamiento voluntario”
(esto es, pueblos que evitan
el contacto con la población nacional
y, por tanto, vulnerables a las mismas
enfermedades que, desde 1492, asolaron
a la población originaria americana).
Son incontables los conflictos con
las poblaciones locales.

En octubre de 2005, los pueblos ashaninka,
shipibo konibo, nawa, amawaka,
yine, resolvieron “declarar en
emergencia sus territorios de las regiones
de Ucayali, Cuzco y la provincia
de Atalaya ; negar el ingreso de las empresas
petroleras PlusPetrol y Repsol
en sus territorios, así como de las empresas
mineras, forestales y otras transnacionales ;
así como, demandar al
Gobierno peruano por el incumplimiento
de los siguientes tratados internacionales :
Convenio 169 OIT, Convenio
sobre la Diversidad Biológica Articulo
8 J, y Pacto de San José sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales”
.

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Notes

[1El síndrome del perro del hortelano”, El Comercio,
Lima, 28 de octubre de 2007.

[2Identificados con los números : 994, 995, 1020,
1064, 1080, 1089 y el 1090 conocido como la “Ley de
la Selva”, y aprobados en virtud de la ley 29157 del 19
de diciembre del 2007. El congreso derogó los decretos
1090 y 1064 el pasado 18 de junio.

[3Perteneciente al grupo francés Maurel & Prom,
Hocol ha sido adquirida, en mayo de 2009, por la empresa
petrolera estatal de Colombia, Ecopetrol una de
las 40 petroleras más grandes del mundo y entre las
cuatro principales en Latinoamérica.


Les opinions exprimées et les arguments avancés dans cet article demeurent l'entière responsabilité de l'auteur-e et ne reflètent pas nécessairement ceux du CETRI.