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Cuba

La promesa asediada: políticas de participación y prácticas de autonomía

El régimen socialista de Estado, que desde hace medio siglo impera en Cuba, integra dentro de una veterana tradición estatista los rasgos del modelo soviético: fusión Estado-Partido, control/colonización de la sociedad y bloqueo sistemático de sus capacidades de autoorganización. Desde el triunfo de 1959 aquel estado y su “sociedad civil socialista” promovieron un modelo de ciudadanía-militante, que identificó el orden estatal con la nación, tendió a la unanimidad como forma de expresión de identidades y criterios, estimuló la redistribución social de la riqueza y el rechazo a la exclusión por género y raza. Sin embargo, el nuevo orden también consagró sospechosa (y punible) la reivindicación de colectividades/identidades alternativas a las “revolucionarias” (aunque no necesariamente opuestas al proceso) como las homosexuales, religiosas y algunas manifestaciones/grupos artísticos, y propició un encuadre que garantizó el predominio estatal en el ordenamiento y provisión sociales.

Por ello este texto propone explorar la relación entre las políticas de participación, diseñadas y dirigidas desde el estado, y aquellas prácticas de autonomía que emergen de la sociedad, procurando la representación de identidades y demandas preteridas por el orden formal. No se trata de un abordaje exhaustivo, que requeriría reunir miradas más puntuales y sobre todo una acuciosa cartografía de las estructuras sociales y los decursos históricos que abrigan los nexos y desencuentros entre ambos procesos. En esta ocasión se trata de aportar una valoración del estado de la cuestión en la actualidad, para explorar el potencial existente (o bloqueado) para una mayor empoderamiento de la ciudadanía, de cara a los contenidos conservadores (en sus rasgos de mercantilismo autoritario) de las reformas en curso. [1]

La participación (y su relación con los actores institucionales y societales) ha motivado acercamientos de los investigadores isleños desde los años 90, destacando algunos aportes particulares [2] . Sin embargo, la academia cubana, poseedora de una calidad incontestada en el Caribe insular, no emula en este tema (hijo de la sociología y las ciencias políticas) con sus abordajes de las desigualdades sociales y territoriales, el racismo y los conflictos generacionales. La naturaleza del objeto de estudio (político), así como las condiciones de posibilidad con él relacionadas (mecanismos institucionales de control de la investigación y su difusión) han jugado una mala pasada a los interesados en el tema, sean investigadores o público y ha favorecido, como tendencia, un tratamiento epidérmico al asunto, donde las necesarias referencias empíricas y el aterrizaje propositivo se ven relegados por interpretaciones que echan mano a valoraciones abstractas y/o normativas, a la descripción del orden formal/ o funcional o al uso de conceptos de moda, “importados” sin la necesaria adecuación a las condiciones nacionales. Déficits que comparten las visiones foráneas que profesan una defensa acrítica del gobierno cubano [3] .

En relación con las prácticas de autonomía y autoorganización las aportaciones de la academia son aún más limitadas. Al ser un fenómeno invisibilizado por el poder (como muestra de rechazo) y por sus propios practicantes (como recurso de sobrevivencia) los investigadores se han ocupado poco de registrar, de forma documentada, semejantes experiencias. Sin embargo existen algunas obras dignas de destacar en este rubro. [4]

Las políticas de participación.

El modelo de participación vigente en Cuba emerge en los años sesenta, cuando la oposición terminó en el exilio o la derrota, y el proceso socializó políticamente a millones de personas que participaron en sus tareas sociales, económicas y políticas: alfabetización, planes agrícolas, grandes asambleas públicas. Al desaparecer las formas asociativas de la sociedad prerrevolucionaria, los vacíos fueron llenados por nuevas organizaciones de masas como los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas –organizadas ambas a nivel de los barrios–, que con el tiempo irían acompañándose por otras asociaciones profesionales y civiles (de profesionales del agro, abogados, ambientalistas). Los derechos sociales (salud, educación, seguridad social, empleo) y culturales (acceso a formación y recreación artística) adquirieron preeminencia en el imaginario colectivo, pasando los políticos y civiles a concebirse (y realizarse) únicamente dentro de las instituciones y políticas del nuevo poder.

Para la década de los setenta este esquema reveló disfuncionalidades (voluntarismo [5] que obviaba las mediaciones institucionales y la deliberación popular, estilo de campaña que aceleraba los procesos de planificación, inversión y producción y generaba caos administrativo como se demostró en la fracasada “Zafra de los 10 millones” [6] y se acudió a una reestructuración del orden institucional, cercano al modelo soviético. Sin embargo, dicho proceso resultó mediatizado, ya que pese al entusiasmo y creatividad populares, tanto el personalismo como la institucionalización del régimen político (y sus rituales) coexistieron cobrando fuerza durante los años subsiguientes, en detrimento de la participación más autónoma. Se conformó un sistema de gobierno formalmente denominado Poder Popular, que en lo territorial abarcaba desde la localidad (Asamblea y Gobierno municipales), pasando por la provincia (Asamblea y Gobierno provincial) hasta llegar al nivel nacional (Asamblea Nacional/Consejo de Estado) y otras dependencias centrales (ministerios), con una enorme burocracia más o menos profesional, encargada –según el modelo del socialismo de estado– de la planificación y gestión de las políticas públicas y usufructuaria/redistribuidora del excedente producido por los trabajadores.

En su condición de país subdesarrollado, el Estado cubano ha demostrado su rol defensor de la soberanía nacional, impulsor del desarrollo y garante de justicia social mediante la redistribución de servicios y bienes. Pero evidenció también su incapacidad para resolver gran cantidad de expectativas de la sociedad, con un modelo de gestión centralizada y vertical donde los cargos del estado y el Partido Comunista se solapan en los niveles superiores de dirección en las personas del llamado liderazgo histórico: Fidel y la generación de dirigentes provenientes de la lucha insurreccional anterior al triunfo de 1959. Y a niveles inferiores existe muchas veces un solapamiento similar -sino de las personas sí de funcionamiento de estructuras- con dirigentes del partido haciendo las veces de jefe de gobierno, algo particularmente visible en las provincias y zonas rurales del país.

La respuesta a dichas demandas necesita -cómo correlato- actores no estatales que evalúen y corrijan las políticas públicas, papel no cubierto hoy por la prensa o por inexistentes asociaciones de vecinos, promotores de derechos, consumidores, padres de educandos: supone respetar y promover la autonomía societal que se encuentra bajo asedio en Cuba actual. Es sintomático que, mientras ello sucede, el funcionamiento institucional sea precario, pues la centralización, la discrecionalidad administrativa y el personalismo han frenado el dinamismo y la deliberación colectiva desde las instancias nacionales a las estructuras de base gubernamentales, asociativas y partidistas, en un modo de organización de la vida colectiva donde lo social (sea en espacios organizados o informales) tiende a ser constantemente subsumido –o controlado- por lo estatal, dentro de una relación asimétrica que beneficia a este último actor.

Constantemente (con énfasis desde las reformas constitucionales de 1992) la prensa define al régimen cubano como una “democracia participativa”, mientras el ciudadano – al identificar al término con el magro desempeño de sus instituciones- asume una visión banalizada y restringida del acto de participar, basada en la impronta de un ordenamiento estadocéntrico que debilita el compromiso cívico necesario para la exitosa implementación de los cambios. Al plantear el nuevo gobierno su acertada demanda de mejorar el performance institucional, ha acudido desde 2007 a soluciones típicamente administrativas y tecnocráticas (funcionarios que controlan funcionarios, compactación de la burocracia), sin avanzar a una expansión de la participación ciudadana basada en la tradición socialista (consejos obreros, autogestión empresarial, asambleas populares abiertas) o en las innovaciones democráticas contemporáneas (consejos gestores, contraloría social, mesas de concertación) que aparecen cada vez más en muchas zonas de Latinoamérica . Y aunque se convocan Debates Nacionales como los preparatorios del IV Congreso (1990) y del VI Congreso (2010) del PCC, donde se llama a debatir ampliamente los problemas nacionales se priorizan formas de participación consultivas, territorialmente fragmentadas y temáticamente parroquiales.

El sesgo consultivo de la participación reside en la discusión ciudadana de cursos de acción ya esbozados (o decididos) en instancias superiores de la institucionalidad, como el Consejo de Estado y Buró Político. Así, la posibilidad de participar se reduce al ejercicio individual de la voz y la agregación limitada de demandas pero no a la conformación de la agenda y menos a ejecución y control de la misma, y las correcciones son privativas de la voluntad de los dirigentes que operan con total discrecionalidad. Esta ha sido la experiencia de los debates previos a Congresos del PCC (1991, 2010) y la discusión de iniciativas legales (como la de Trabajo y Seguridad Social, 2009) de amplio impacto social.

Lo fragmentado de este ejercicio de “democracia participativa” (discusiones por sindicatos en empresas, asambleas barriales o colectivos estudiantiles) y la no devolución del agregado resultante de los debates a la sociedad (misión incumplida por los medios de prensa) impiden la contrastación de las expectativas personales y sociales y la conformación de colectivos capaces de incidir, de forma organizada y en correspondencia con la legislación vigente, en los cónclaves políticos clave, como el congreso del PCC o las sesiones de la Asamblea Nacional. Con lo cual represan los procesos de socialización y participación políticas de los ciudadanos.

Se trata de una participación temáticamente parroquial, porque en las llamadas “asambleas de rendición de cuenta” del Poder Popular en los barrios, el potencial democrático se limita casi exclusivamente a emplazar [7] por su ejecutoria a funcionarios de bajo y medio rango, con las demandas que giran casi siempre alrededor de bienes y servicios insatisfechos y no sobre procedimientos o asuntos de mayor alcance. Al final, aunque las experiencia de remoción de representantes por electores de base tienen contados ejemplos, el protagonismo de la población en ese rubro así como la relativamente mayor transparencia del desempeño institucional con este relacionado son reales. Pero se ven limitados por la subordinación vertical de los órganos de poder local, por un enfoque convencional acerca del rol del PCC como fuerza rectora de la comunidad y por la persistencia de estilos tradicionales de liderazgo (autoritarios/personalistas) y participación (movilizativa).

Los Consejos Populares, como instancias territoriales que reúnen una población a nivel inferior al municipio y que reúnen varias calles o cuadras de los barrios, deben servir de canales a su participación en el espacio local, pero poseen limitadas atribuciones efectivas [8]
y aún menos recursos por lo que su promisoria expansión –durante los años noventa– no dió los frutos esperados al insertarse dentro de un orden vertical y centralizado. La debilidad de la economía popular, la inexistencia de cooperativas urbanas de producción y servicios, la debilidad del asociativismo local y nacional, unidos a la ausencia de legislación y políticas para (y desde) el municipio, han afectado el trabajo de los Consejos Populares como espacios para la participación. Al final, como parece repetirse actualmente en varias naciones de América Latina con la figura de los Consejos (de Poder Ciudadano en Nicaragua, Comunal en Venezuela) a lo largo de todas las localidades cubanas se expandió un “mar de participación… con un milímetro de profundidad”, estrechamente articulado y dependiente de los niveles superiores del aparato del Estado.

Si a ello sumamos el desgaste material y simbólico acumulado en la población cubana a partir de la crisis socioeconómica de los últimos veinte años y los efectos poco dinamizadores del funcionamiento vertical del sistema (que ha limitado hasta el momento los recursos y facultades a disposición de las autoridades locales), entendemos que mucha gente identifique participar (y rendir cuentas) con las prácticas tradicionales y que su sesgo limita incluso aquellos discursos potencialmente emancipadores. En esta última dirección, la experiencia cubana con la Educación Popular, más allá de su retórica atrayente, no ha logrado convertirse en principio regenerador de una pedagogía libertaria, al ser confinada a espacio y praxis de trabajo con pequeñas comunidades -con impacto limitado en las dinámicas de la vida nacional- y evadir sus promotores un análisis de los factores estructurales que reproducen el autoritarismo. [9]

Por otro lado el despliegue de la autonomía societal y el desarrollo de las políticas de participación son inseparables de la calidad de la representación política y los performances de la rendición de cuenta. Entendiendo la participación como un proceso que parte de la acción individual de los ciudadanos hasta llegar a formas colectivas que se constituyen en prácticas y espacios de representación (consejos gestores y electorales, presupuestos participativos, etc.) la relación entre participación y representación resulta complementaria, toda vez que la legitimidad y eficacia de ambos procesos se presuponen. Y debe fortalecerse con políticas de rendición de cuenta (RdC), a partir de las cuales los actores determinen la responsabilidad y sanción del desempeño gubernamental, lo cual supondría la interacción entre agentes sociales y estatales. [10]

Las apuestas de autonomía.

Como dentro del socialismo de estado cubano, el discurso oficial y la acción de sus funcionarios reducen la “iniciativa ciudadana” a la canalizada dentro de las estructuras estatales y partidarias (léase del Partido Comunista de Cuba o PCC) y las “organizaciones de masas” afines, ello tiene consecuencias perniciosas en lo económico (aplastamiento de las iniciativas productivas y de servicio autogestivas) y lo político (desmovilización generalizada). Actores alternativos, incluyendo aquellos legalmente inscritos y/o reconocidos (ONG, grupos culturales, movimientos vecinales) son invisibilizados por la institucionalidad y por segmentos conservadores de la academia, mientras se les reconoce papeles subsidiarios en el funcionamiento social, se recela de su naturaleza no gubernamental o se les sanciona en cuanto enfrentan las decisiones tomadas por instituciones del sistema político.

En la década del 90, en el marco de la crisis provocada por la desaparición del campo socialista, aparecieron un conjunto de asociaciones civiles, centros de capacitación y servicios (incluidos algunos de inspiración religiosa), fundaciones, fraternidades, logias, etcétera. Estas entidades se caracterizan por tener una tendencia a la profesionalización, con gastos de funcionamiento y una membresía que incluye en algunos casos personal asalariado y poblaciones-clientes. Las más poderosas desarrollaron una planificación com-pleja del trabajo (programas, proyectos) en áreas diversas y cuentan con liderazgos formalizados y estables. Frecuentemente, cumplen funciones mediadoras entre los gobiernos, la cooperación internacional por un lado y diversas entida-des de base, y dependen generalmente de fondos externos (privados, gubernamentales o de agencias). Dentro de este segmento encontramos entidades que proyectan discursos como los de diversidad sexual, el ambientalismo y la Educación Popular (Chaguaceda & Cilano, 2009).

Por esos años también aparecieron diferentes movimientos barriales, asociados a estructuras como los Talleres de Transformación Integral del Barrio (TTIB) [11] y a diversos proyectos comunitarios apoyados por asociaciones cu-banas y homólogas extranjeras. Poseen sentido local, casi sin conexión entre sí; tienden a la informalidad y la territoria-lidad. Tienen acceso limitado a los recursos económicos y dependen de fuentes exógenas, trabajando en problemas puntuales de sus comunidades con la participación de una membresía de vecinos y bajo coordinaciones donde resalta el liderazgo de mujeres.

Frente a estas experiencias el Estado desempeñó un papel contradic-torio (Dilla/Fernandez/Castro, 1998) propiciando por un lado recursos materiales y apoyo al personal pero bloqueando su reconocimiento legal y la consolidación de una dimensión autogestionaria, en la forma de experien-cias de economía popular e intenta absorber emprendimientos pro-ductivos locales. Aun así, dichas experiencias ensayaron relaciones de reciprocidad (ayuda vecinal, repartición de alimentos, donaciones) e impulsaron prestaciones comunitarias de algunos trabajadores por cuenta propia y fórmulas de cooperación al contratar sus servicios para actividades de los proyectos apoyados por asociaciones civiles.

A partir de 1996 asistimos a un giro restrictivo estatal frente a la expansión del asociacionismo. Se detuvo el crecimiento de este tipo de organizaciones, se paralizó su inclusión en el Registro de Asociaciones, se impusieron nuevos controles a las organiza-ciones existentes y una vigilancia reforzada y continua sobre los financiamientos externos. Desde esa fecha no ha habido crecimiento de la “comunidad no guber-namental cubana”, sino una contracción en el accionar, debido a rede-finiciones institucionales de algunos participantes y el debilitamiento de los esfuerzos de articulación. Pese a ello, el interés ciudadano en auto organizarse propicia que disímiles tramas participa-tivas sean acogidas dentro de las instituciones estatales y asociaciones creadas, o en zonas de contacto entre ambas –por ejemplo, mediante proyectos socioculturales—, desarrollando actividades cuyos desempeños rebasan ocasionalmente los objetivos formales y las lógicas declaradas por las primeras (Chaguaceda & Cilano, 2009).

La justificación recurrente acerca de estas nuevas medidas se encuentra en el incremento de la política desestabilizadora estadounidense, expresada en le aprobación de la Ley Helms–Burton y su Carril 2, que proponía como eje principal el trabajo con “las organizaciones de la sociedad civil cubana”, identifi-cándolas con el grupo de organizaciones antisistémicos: movimientos y partidos opositores, grupos de derechos humanos y periodistas independientes, etc. Como consecuencia, muchas asociaciones fueron reducidas a poseer roles muy discretos (pagando el precio de la casi invisibilidad); y otras fueron cerradas bajo el criterio de que sus funciones iban a ser asumidas por el Estado (Hábitat Cuba). En parte evadieron estos desenlaces aquellas organizaciones que gozan de protección política especial por sus fuertes vínculos estatales o por la relevancia de sus contactos internacionales (Ej. Centro Memorial Martin Luther King), lo que les ha permitido mantener cierto impacto en la sociedad cubana y ser especialmente favore-cidas por la ayuda financiera de contrapartes extranjeras.

Experiencias truncas como el grupo de intelectuales post y neomarxistas Paideia (1990) el colectivo feminista Magín (1996), el espacio estudiantil de izquierda Ché Vive (1997) el proyecto de planificación urbana participativa Hábitat-Cuba (1998) y el colectivo ambientalista Sibarimar (2005), son una muestra del rechazo profundo e instintivo a las prácticas de autonomía social (“autonomofobia”) de amplios sectores de la burocracia isleña. [12] Los casos mencionados (y otros menos conocidos) sufrieron procesos de (re)presiones y sanciones estatales, que conllevaron auténticos dramas personales para sus miembros y fundadores, en muchos casos destacados militantes de las organizaciones políticas de la Revolución. Aunque aún no han sido objeto del estudio y difusión merecidos, su mayor valor -político y testimonial- reside en constituir iniciativas autónomas de participación y activismo ajenas a la lógica burocratizada impregnada en las instituciones cubanas, frente a las que el poder constituido actuó con particular celo (desincentivando o reprimiendo a sus integrantes y vetando oficialmente dichas iniciativas), al sentir amenazado el monopolio simbólico con que siempre ha pretendido simplificar (y representar) toda la izquierda cubana.

A despecho de esta situación, en Cuba han emergido sociabilidades alternativas (colectivos ambientalistas y promotores de la paz, grupos y talleres de arte, foros de pensamiento e intervención comunitaria, entre otros) nacidas en los márgenes de la institucionalidad [13]
que tienden a la autogestión y el liderazgo participativo y buscan la experimentación cultural y el activismo construyendo espacios de autonomía y articulación de cara al Estado, enfrentando las amenazas (internas o exógenas) de tendencias autoritarias y mercantilizadoras. No obstante esos avances, estos grupos muestran dificultades para articularse, sufren debilidades organizativas, carencia de recursos, y presiones institucionales. En su cultura y praxis políticas impera cierta visión de radicalismo autolimitado (en la noción de Adam Michnik [14]) que apuesta por recrear islotes de autonomía dentro de una sociedad enmarcada y regida por un orden estadocéntrico, lo cual significa una estrategia valiosa por su ejemplo y potencial cívicos, pero acotada por el desarme y desarticulación hoy prevalecientes a escala social.

Estos colectivos desarrollan, en su interacción, un ser particular, nacido de los entrecruzamientos de saberes, afectos y valores compartidos y modificados cotidianamente; expresándolos en discursos más o menos coherentes de cara a una sociedad cuyas zonas intentan transformar con prácticas y testimonio. Como formas de agrupamiento y acción colectivas, tienden a la autogestión y el liderazgo participativo y buscan la experimentación cultural y el activismo local. Con diverso estatus construyen espacios de autonomía y articulación de cara al Estado, el mercado y las comunidades. Ello no quiere decir que a su interior no se produzcan tensiones con posturas autoritarias o monopolizadoras de recursos y estatus, sino que los modos de gestionar y dirimir esos conflictos y la toma de conciencia sobre la naturaleza de los mismos son sustancialmente diferentes a los encontrados en espacios como los de la institucionalidad tradicional: prevalecen las palabras sobre los palos.

Uno de estos ejemplos, la Red Observatorio Crítico, es una red de colectivos que toma su nombre de los encuentros de alcance nacional convocados en el seno de la Asociación Hermanos Saíz, donde jóvenes creadores, críticos y promotores se reúnen para intercambiar ideas y consolidar proyectos culturales y comunitarios. En marzo del 2009 tuvo lugar el tercero de dichos foros, cuya convocatoria reflejaba el interés en “debatir críticamente las problemáticas del protagonismo social, la creación cultural, la cotidianidad y las experiencias comunitarias en Cuba y el mundo, así como a coordinar futuros esfuerzos conjuntos de los proyectos socio-culturales involucrados.” [15]
Después de terminado el evento, el grupo informal de jóvenes profesores e investigadores de ciencias sociales que constituía el colectivo Cátedra de Pensamiento Crítico y Culturas Emergentes “Haydée Santamaría” (KHS) [16]
presentó una relatoría socializando los saberes y las acciones compartidos y gestados en dicho foro; y junto al resto de los participantes se decidió no recesar las deliberaciones al término del mismo, sino continuar las actividades como una red.

Esta Red ha incluido en una alianza solidaria un número de colectivos autónomos, algunos de los cuales se constituyeron o se sumaron a la red ya después del encuentro de marzo de 2009. Actualmente los proyectos que en la actualidad [17] (junio 2011) conforman la Red Observatorio Crítico son, además de la Cátedra Haydée Santamaría los siguientes:

• El Guardabosques: proyecto ecológico que edita un boletín digital, así como realiza acciones de reforestación y contra el maltrato a los árboles.

• Ahimsa: proyecto de reciente constitución que promueve el pensamiento y la praxis social de la no-violencia activa.

• El Trencito: proyecto familiar comunitario autónomo con más de 15 años de experiencia, dedicado a promover juegos no-competitivos y no-adultocéntricos entre niño/as de un vecindario de El Vedado, en el municipio habanero Plaza de la Revolución.

• Socialismo Participativo y Democrático (SPD): colectivo dedicado a reflexionar y elaborar propuestas sobre el socialismo autogestionario, y a promoverlo como un futuro posible para Cuba. Editó un boletín y se encuentra en un proceso de redefinición de su accionar.

• Black Hat: comunidad unida por la pasión hacia la informática y las ciencias afines, que colabora para crear materiales informativos y softwares para la solución de dificultades y problemáticas relacionadas con las nuevas tecnologías. Tiene como objetivos ayudar al desarrollo de la cultura informática en Cuba, propiciar y alentar la creación de aplicaciones de utilidad social, y eliminar tabúes relacionados con cuestiones informáticas.

• Cofradía de la Negritud: El trabajo de la Cofradía de la Negritud ha sido esencial en la crítica al racismo en Cuba, sobre todo después de la disolución del espacio Color Cubano. Su activismo se traduce en la generación de diversos espacios para el estudio y análisis de los temas raciales, los posicionamientos públicos referidos a estos temas, y la conmemoración u homenaje a personalidades, fechas o eventos comúnmente silenciados u olvidados en la práctica y la historia oficial nacional. La reivindicación de los derechos de los negros y negras en Cuba forma parte de su lucha.

• Salvadera: Proyecto ecológico comunitario que acciona en el periférico barrio habanero Reparto Eléctrico. Involucra a variados actores sociales, que comprenden instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales, grupos autónomos, niños, y vecinos de manera general. La protección de animales y plantas es el sello distintivo del proyecto, que no se divorcia del análisis crítico de la realidad en la que se inserta. Es común el intercambio con otros proyectos, saliéndose incluso de los predios del Reparto Eléctrico.

• Chequendeque: Grupo poético que defiende el acervo cultural afrodiaspórico, y que está integrado por poetas, pintores, escultores, músicos, y periodistas cubanos.

Existen también personas y/o colectivos- fundamentalmente vinculados al mundo bloggers, al periodismo alternativo y a la reflexión social, que acompañan el trabajo de la Red Observatorio Crítico.18 En estos casos las relaciones cordiales y de colaboración hablan de la amplitud de horizontes del OC y de capacidad para articular consensos.

Además de editar un boletín electrónico (Compendio Observatorio Crítico) e impreso (El Observador) y realizar las actividades relacionadas con los intereses específicos de los colectivos miembros, la Red Observatorio Crítico ha continuado realizando sus encuentros anuales con creciente asistencia de público cubano y extranjero, recibiendo las diversas muestras de colaboración, silencio y/o rechazo de las instituciones y organizaciones del país. También ha desarrollado otras acciones públicas como labores de saneamiento de zonas costeras, siembras de plantas, campañas de vacunación de animales, acompañando y/o participando en actividades organizadas por otros colectivos como marchas por la No Violencia y actos conmemorativos contra el racismo realizados en céntricas calles habaneras y la repetida participación autónoma dentro de las manifestaciones masivas convocadas por el gobierno los días 1ro de Mayo (2008, 2009 y 2010) portando consignas como “Abajo la burocracia//Vivan los trabajadores//Más socialismo”.

Estas acciones han suscitado la realización de reiteradas (y en sentido general infructuosas) represalias de las autoridades para intentar abortar dichas actividades y debilitar a la Red Observatorio Crítico. Estos hostigamientos incluyen la difusión de rumores difamatorios, la amenaza (o ejecución) de expulsiones de centros laborales, la visita de agentes de orden interior a las casas y centros de trabajo de los miembros de los diferentes colectivos, la evidencia de un seguimiento y revisión de las comunicaciones (electrónicas y/o telefónicas) de sus miembros así como la vigilancia física sobre las actividades públicas desarrolladas por los colectivos. Hasta el momento, sin embargo, este accionar no ha incluido sanción penal alguna contra los involucrados, demostrando –quizás- el carácter ambiguo de la postura oficial respecto a estos colectivos y los costos políticos y morales de presentarlos como supuestos “agentes de la contrarrevolución y el imperialismo”.

Una de las fortalezas de estos colectivos son sus vínculos y solidaridad hacia (y desde) luchas sociales desarrolladas en otro países, contra la dominación capitalista y autoritaria. Hacia el exterior, tanto a nivel individual como por iniciativa de de sus colectivos integrantes, la Red Observatorio Crítico ha sostenido intercambios con representantes del Movimiento Sin Tierra, las Comunidades Zapatistas, movimientos estadounidenses y europeos opuestos a los Tratados de Libre Comercio y los Organismos Financieros Trasnacionales, así como con diversos colectivos culturales, ambientalistas y libertarios venezolanos, chilenos, mexicanos y argentinos.

En el caso de la Red Observatorio Crítico destaca la heterogeneidad ideológica de una alianza de colectivos nucleados alrededor de propuestas de izquierda -mayormente (auto) calificadas como socialistas y libertarias- y de una membresía, cuyas trayectorias de vida reúnen la política –entendida en un sentido amplio- con el arte, el ambientalismo, la espiritualidad, en contra de la discriminación racial o por motivos de género u orientación sexual. A estos colectivos, que persisten en sostener su activismo sin sumarse a las exclusiones y revanchas de los poderes instituidos, dentro y fuera de la Isla, les cabe el mérito de creer que la lucha por expandir los espacios de derechos y participación es posible y necesaria. Y merecen reconocimiento al apostar por construir con sus miembros un consenso que, si bien con frecuencia posterga o acota opciones individuales en función de la cohesión colectiva, lo hace de forma voluntaria y sin reproducir las lógicas de las estructuras estatales y mercantiles.

Después de presentar estas referencias, se hace difícil resumir en tan escaso espacio un balance general de la actual coyuntura cubana en lo referente a la participación y la autonomía. Sin embargo podemos señalar nuestro convencimiento de que cualquier propuesta de reforma democrático participativa (y no meramente tecnocrática) de la institucionalidad cubana debe tomar nota de la crisis estructural del modelo socioeconómico y político vigente, considerar el refuerzo que la crisis global otorga a sectores de la burocracia deseosos en extender la lógica militarizada de “país campamento” o pactar de forma opaca y predadora con el capital trasnacional.

En Cuba se necesita preservar la soberanía nacional, garantizar el desarrollo de un proceso heterodoxo de reformas económicas no neoliberales (con impulso a la participación de los colectivos de trabajadores, planificación democrática y mercado regulado) y una gobernabilidad ampliada con participación ciudadana. Y establecer, como colofón, un control popular de las élites capaz de inviabilizar tanto la contrarreforma burocrática como la privatización de los recursos del país y avanzar hacia una verdadera democracia socialista.

Bibliografía

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Notas

[1Reformas que son conducidas, con evidentes propósitos de reformulación de la gobernabilidad y la legitimidad, por parte de la élite cubana, y son entusiastamente respaldada por un sector de la academia.

[2Ver (Dilla, Gonzales y Vicentelli, 1993), (Dilla, 1996) y (Valdés, 2009).

[3Consultar (Azor, 2011)

[4Ver (Chaguaceda, 2009) (Boves, 2000) y (Dilla, Fernández y Castro, 1998).

[5El voluntarismo alude una visión de la dirección política y el desarrollo social que apela a la voluntad humana (encarnada en líderes carismáticos y masas entusiastas) para forzar los ritmos y alcances corrientes del desarrollo (socioeconómicos, político e ideológicos) más allá de lo que las condiciones materiales y culturales del contexto permiten.

[6Campaña económica e ideológica que absorbió los recursos de la nación cubana de 1967 a 1970, teniendo como objetivo incumplido el alcanzar una zafra récord en volúmenes de producción (10 millones de toneladas) y remontar con las divisas obtenidas el umbral del subdesarrollo. Se caracterizó por altas dosis de improvisación administrativa, voluntarismo y el sacrificio de millones de ciudadanos convertidos en improvisados macheteros. Su fracaso marcó el fin de la época romántica de la Revolución Cubana (para algunos autores supone el fin de la Revolución misma) y abre una etapa de estrecha vinculación a la URSS y sus modelos de integración económica, patrones ideológicos y nexos geopolíticos.
)

[7Fuentes consultadas en la Habana señalan que, ante el desgaste del sistema, la mayoría de las veces ni siquiera se logra una participación que permita semejante control popular. En testimonios recabados en tres zonas de la capital, se constata que a reuniones recientes (2009 a la fecha) a asistido menos del 30 % de los electores. Por otro lado, una fundadora de los Poderes Populares expresó al autor: “La inoperancia de las asambleas del poder popular fue evidente desde su fundación. Acogidos por la población con entusiasmo, ya en los 80 llegó el desencanto al hacerse evidente la pseudopaticipación, lo que fue mermando la asistencia a las reuniones y votaciones. Además muchos proyectos de participación popular fueron gestados desde las instituciones gubernamentales, sobre todo de cultura y salud pública, pero carecieron de coordinación interinstitucional y de apoyo económico y político de las mismas instituciones, por lo que fueron languideciendo y dejaron pocas huellas”.

[8Aún cuando, formalmente, la Ley 91 de los Consejos Populares les otorgue a dichas instancias facultades para propiciar y estimular iniciativas ciudadanas.

[9La Educación Popular ha sido impulsada en Cuba por el Centro Martin Luther King, una ONG de inspiración cristiana que, adicionalmente, asume la representación de los “movimientos sociales cubanos” en diversas instancias de articulación de luchas sociales como la Alianza Social Continental, Vía Campesina y Asamblea de Movimientos Sociales de la Alternativa Bolivariana para las Américas. Ver VOCES, (2010).

[10La confusión discursiva (y práctica) respecto a la RdC en la experiencia cubana es incalculable. Para un análisis del real estado de sus diferentes modalidades ver Alzugaray y Chaguaceda (2010).

[11Equipos multidisciplinarios (planificadores, psicólogos, activistas culturales) expandidos en la década del 90 en 20 barrios habaneros con el propósito de trabajar desde dentro, con la participación de los vecinos, los problemas de las comunidades. Sin ser una estructura de gobierno, su trabajo era atendido por el Grupo de Desarrollo Integral de la Capital (una entidad de planificación metropolitana) y se vinculaba estrechamente a los Consejos Populares, lo que no esquivó conflictos con algunos dirigentes locales por sus estilos tradicionales de liderazgo autoritario e intentos de intromisión de estos en el trabajo de los TTIB. Pese a su probado éxito, se limitó su extensión (por decisión estatal) tanto a otras provincias como a otros barrios de la propia capital.

[12Entre paréntesis se refiere la fecha aproximada de su clausura o extinción.

[13Destacan, entre otros, los colectivos nucleados en la Red Observatorio Crítico (http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/), el grupo OMNI (http://omnizonafranca.blogspot.com/) y el foro Estado de SATS (http://estadodesats.blogspot.com/).

[14Tesis retomada por Andrew Arato y Jean Cohen, Sociedad Civil y Teoría Política. (México DF, Fondo de Cultura Económica, 2010)

[15Ver (Observatorio Crítico, 2009)

[16La Cátedra de Pensamiento Crítico y Culturas Emergentes “Haydeé Santamaría” (KHS) es un colectivo autónomo que adquirió, en 2005, el carácter de proyecto sociocultural dentro de la Sección de Crítica e Investigación de la Asociación Hermanos Saiz. Colectivo de investigadores sociales, profesores universitarios, literatos y gestores culturales, donde confluyen tres generaciones. Es un espacio abierto, itinerante, para el debate, el intercambio de conocimientos, la socialización de experiencias de creación colectivas, la recuperación de las memorias históricas vinculadas a las experiencias emancipatorias en Cuba y en el mundo. Se caracteriza por el ángulo crítico en el abordaje de las problemáticas de la realidad cubana del momento, donde se conjugan el enfoque “macro” con el “micro”, y el debate teórico con las vivencias y acciones culturales. Para un análisis sobre este colectivo Ver (Chaguaceda, 2009)

[17Con anterioridad colectivos como el Grupo de Estudios Culturales Nuestra América GECNA (colectivo dedicado a la recuperación de la herencia prehispánica y al estudio y la práctica de la toltequidad), Fanguito Estudio (proyecto creativo autónomo de arte digital crítico, con un espacio propio para exposiciones, en el barrio popular habanero de El Fanguito) y Esquife (proyecto de creación, promoción e investigación cultural que edita una revista digital homónima) formaron parte de la Red Observatorio Crítico. Aunque por diferentes razones decidieron interrumpir su pertenencia en general se mantiene un dialogo fluido con sus integrantes.


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