Alternatives Sud

Traducción : Carlos Mendoza

En su discurso del 70 aniversario de la independencia, Narendra Modi pidió al pueblo indio que trabajara para construir una “nueva India” que sea más “unida y fuerte, segura y próspera” (Time, 2017). En 2018, esta fórmula política fue traducida por el gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP) en una estrategia quinquenal. Se trataba de liberar a la India de la “pobreza y el desempleo, del terrorismo y la corrupción y del sistema de castas y el sectarismo” (Sandesh, 2018). Han pasado diez años y dos legislaturas desde el eslogan electoral de “días mejores llegan” en 2014 hasta la promesa de una “nueva era” en 2024. Al frente del Estado, las consignas y la visión han seguido siendo esencialmente las mismas : convertirse en una de las principales potencias económicas del mundo y transformar India en una nación hindú.

En un momento de elecciones generales que, salvo sorpresas, devolverán a Narendra Modi al cargo de primer ministro, esta entrega de Alternatives Sud echa un vistazo al espejo retrovisor. Se intentará esbozar una visión general de las principales tendencias en el ámbito económico y sociopolítico, pero también determinar quiénes son los ganadores·as y los perdedores·as de esta “nueva India” con muchas caras y un desarrollo a muchas velocidades.

En esta entrega, la atención se centra en las protestas populares que surgen una y otra vez en los cuatro rincones del país, en un clima donde se combinan ansiedad económica, regresión democrática y frenesí identitario. A pesar de la pugnacidad de los movimientos, la deriva autoritaria del gobierno y la represión de la oposición alientan la autocensura y el congelamiento de las protestas. ¿Están los disidentes de la “nueva India” en un limbo, amenazados por el dominio absoluto del poder y las fuerzas reaccionarias asociadas a él ?

A la sombra del crecimiento indio

En 2022, India se convirtió en la quinta economía del mundo, superando al Reino Unido, antigua potencia colonial que ocupó y explotó los recursos del subcontinente durante casi dos siglos (1757-1947). A medida que se acercan las elecciones, Modi puede presumir de resultados sólidos. De hecho, la economía proyecta un crecimiento del 7,6% para 2023-24 en un contexto global de desaceleración y tensiones geopolíticas, confirmando un crecimiento superior al 7% por tercer año consecutivo. Para el presidente del Foro Económico Mundial de Davos, Borge Brenda, el país podría incluso convertirse en 2030 en la tercera economía del mundo, detrás de Estados Unidos y China.

Para lograr este objetivo, India se beneficia de varias ventajas. Es la mayor potencia demográfica del mundo con 1.429 millones de habitantes. El país debería beneficiarse de un dividendo demográfico hasta 2050 debido al aumento previsto de la población en edad de trabajar en comparación con otras categorías de edad. India también es un país joven : el 40% de los indios·as tienen menos de 25 años. Finalmente, prevalece un entorno favorable para la creación y crecimiento de empresas que impulsen a diversos sectores de la economía. La “conectividad” de la India -a través del desarrollo de infraestructura física y digital, la difusión de tecnologías y su posición como socio estratégico [1]- se anuncia como una garantía de éxito futuro.

Sería, por tanto, momento de ser optimistas. Los economistas del establishment siguen celebrando las halagadoras cifras y declarando que el país está en vísperas del “gran despegue”. Sin embargo, esta narrativa oficial no está exenta de contradicciones. Sobre todo, ignora los obstáculos estructurales y los exorbitantes costos socioambientales asociados al crecimiento.

Crecimiento sin empleo

India tiene cierto potencial en términos demográficos. Sin embargo, la población joven sólo es un activo real si recibe educación. Sin embargo, la tasa de analfabetismo sigue siendo elevada (24% según el Banco Mundial), la calidad de la escolarización es en general mala y la formación profesional es deficiente e inadecuada, a pesar del programa “Skill India” que supuestamente debería remediar esto (The Wire, 2023). La razón es, en general, un gasto público insuficiente en educación, menos del 3% del PIB en la última década (Gowda y Satyawali, 2024). Como resultado, el país se enfrenta a “una escasez de trabajadores·as· en muchas fábricas y empresas, aunque se dice que tiene un excedente de mano de obra” (Bardhan, 2022). La debilidad de la educación pública proporcionada a las masas contrasta con la excelencia de los Indian Institute of Technology (IIT) privados, accesibles a una minoría. Como resume un diputado de la oposición, “tenemos las habilidades científicas para poner una sonda en la luna, pero en el grupo de 14 años, el 30% no sabe leer un texto de escuela primaria” (Dieterich, 2023).

Para que India pueda percibir los beneficios de su dividendo demográfico, debe poder ofrecer empleos a sus jóvenes. Sin embargo, este mercado emergente de rápido crecimiento centrado principalmente en los servicios (más del 60% del PNB) fracasó e incluso llevó a algunos estudiantes al suicidio debido a la falta de perspectivas. Por eso es necesario ofrecer empleo a los jóvenes, pero también a las mujeres. Su tasa de participación en la fuerza laboral es una de las más bajas del planeta. En 2019, antes de la pandemia y sus efectos en el trabajo de las mujeres, se estimaba en un 20%. Además, las mujeres indias trabajan principalmente en el sector informal o en la agricultura, donde los salarios son bajos y las condiciones laborales difíciles.

• Servicios en detrimento de la industria

A diferencia de varios países del este de Asia que experimentaron un proceso de desarrollo basado en una industrialización a gran escala con uso intensivo de mano de obra, la India experimentó un auge temprano en el sector de servicios. Este crecimiento se caracteriza por unas elevadas necesidades de cualificación (TI, software, servicios financieros y empresariales), pero con un pequeño número de puestos de trabajo. Esta trayectoria específica dio así al país “la apariencia de sociedades postindustriales antes de haber sido industriales” (Jaffrelot, 2023).

Programas lanzados durante la última década, como “Make in India” o “Production Linked Incentives”, han intentado atraer inversores extranjeros para hacer de la India la “nueva fábrica del mundo”. Sin embargo, estos intentos han fracasado en el sector manufacturero, que representa solo el 16,4% del PIB en 2022-2023. Además, las industrias indias se caracterizan por una alta intensidad de capital y habilidades en lugar de mano de obra (Gowda y Satyawali, 2024), lo que no ha favorecido la absorción de jóvenes en busca de oportunidades.

Para satisfacer a los gigantes industriales al finalizar la pandemia, la legislación laboral también fue eliminada y reemplazada por tres nuevos códigos. Ésta fue aprobada por el parlamento sin debate ni consulta sustancial, “poniendo el último clavo en el ataúd de la protección de los trabajadores”, según la red Working Peoples Charter (Alam, 2020). A pesar de la oposición y de una de las huelgas más grandes en la historia de la India, estas reformas no fueron derogadas. Un punto positivo en la noche : las organizaciones sindicales, aunque a menudo descritas como debilitadas e incapaces de unir a las masas en 2000, lograron movilizar a entre 150 y 200 millones de trabajadores·as en enero de 2019, lo que demuestra que siempre han sido una agente de movilización.

Sin embargo, las regulaciones laborales, tanto antiguas como nuevas, no cubren al 80% de la fuerza laboral (OIT, 2024) que trabaja en el sector informal. Por lo tanto, ocho de cada diez indios·as no tienen red de seguridad y sus ingresos apenas superan el umbral de pobreza.

En 2014, la promesa electoral del BJP destacaba la creación de 250 millones de empleos en diez años. En 2024, la observación es clara : no ha habido ningún cambio sustancial. Sólo la creación de entre 200 y 300 millones de puestos de trabajo permitiría percibir el dividendo demográfico. Había llegado el momento de desilusión y frustración entre los jóvenes. Las oportunidades de empleo de calidad son escasas y los empleos ocasionales se están convirtiendo en la norma. La crisis de la COVID-19, los avances tecnológicos y la automatización han nublado el panorama, al igual que las medidas gubernamentales [2]“antilaborales” y “proempresariales”.

• Agricultura en crisis

Otro punto negro de la economía india es la agricultura, en crisis desde hace varias décadas. Tras la Revolución Verde, fueron las políticas de liberalización económica las que provocaron desastres sociales y medioambientales. A partir de los años 90, recuerda Kumar en este libro, las reducciones de las subvenciones agrícolas, las inversiones públicas y las barreras arancelarias han provocado un deterioro de la condición socioeconómica de los agricultores·as. Entre 2001 y 2011, 860.000 personas abandonaron la agricultura y casi 400.000 se suicidaron.

La participación de la agricultura en el PIB se ha desplomado del 60% a principios de los años 80 a alrededor del 14% en 2020. Sin embargo, el sector emplea ahora al 45% de los trabajadores·as. “El crecimiento del empleo informal no ha conseguido”, prosigue Kumar, “liberar a la población rural de su dependencia de la tierra y la agricultura”. A pesar de sus aspiraciones urbanas, su supervivencia ha seguido dependiendo de las redes sociales rurales. La India de Modi soñaba con un auge industrial, pero los candidatos·as a ser obreros·as volvieron a trabajar en el campo.

En contra de los intereses del mundo campesino, tanto en lo que se refiere a los medios de subsistencia como al respeto de sus tierras, el gobierno de Modi aprobó en 2020, en plena pandemia, tres leyes proempresariales destinadas a “liberalizar aún más la economía agrícola, privatizar la comercialización de los productos y promover la agricultura por contrato” (Idem). Esta reforma desencadenó movilizaciones masivas que reunió a decenas de miles de agricultores·as durante más de un año. Como consecuencia de la represión policial y del frío, murieron entre 700 y 800 personas. Sin embargo, al atacar al campo, Modi ha puesto en su contra a casi la mitad de la población india. Ante la tenacidad de la ira campesina, Delhi se vio finalmente obligada a derogar los controvertidos textos.

Estas protestas son las únicas que han conseguido doblegar a Modi. Son un poderoso indicador del rechazo, no solo a una política concreta, sino a un conjunto de políticas neoliberales excluyentes -antiobreras, antiagricultoras y antipopulares- del gobierno.

Injusticias socioambientales

En 2022, el país ocupaba el último lugar de los 180 países analizados en el Índice de Rendimiento Medioambiental (EPI, 2022). Las principales razones de este mal resultado fueron la mala calidad del aire y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, otros factores también contribuyeron al deterioro general. La actual crisis del agua no tiene precedentes. El oro azul es cada vez más escaso. Para 2030, la demanda duplicará la oferta, lo que provocará una grave escasez para cientos de millones de personas. Además, el agua es de mala calidad debido a la contaminación agrícola, doméstica e industrial. Además, la desertización y la salinización de las tierras son fenómenos que se aceleran sin cesar. Las razones de esta situación residen en el cambio climático y en un modelo de crecimiento insostenible que amenaza la seguridad alimentaria del país.

Contrariamente a sus ambiciones declaradas, India anunció en la COP28 que no se deshará progresivamente del carbón para 2070. El 70% de su suministro energético depende de este combustible. El gigante asiático se niega a “sacrificar su crecimiento reduciendo su consumo de carbón, que es la fuente de energía más barata pero también la que más CO² emite” (Perruche, 2023). Ya es el segundo productor y el tercer consumidor mundial de carbón y, en su lugar, planea abrir nuevas minas y construir más centrales eléctricas alimentadas con carbón.

La extracción de recursos naturales sigue aumentando en territorios tribales ya devastados por décadas de violencia estatal, daños medioambientales y desplazamientos masivos. Cabe recordar que el 60% de la superficie forestal del país con un subsuelo rico en recursos se encuentra en zonas habitadas por grupos socialmente marginados, como los pueblos tribales autóctonos (adivasis). Sin embargo, tres Estados del centro de la India -Odisha, Chhattisgarh y Jharkhand- concentran el 70% de los yacimientos de carbón ocultos bajo los bosques. Aunque la población tribal constituye solo el 8% de la población de la India, según Amit Baviskar (2019), su presencia entre la población desplazada es desproporcionada, hasta alrededor del 50%.

A pesar de los derechos a la tierra y a la autonomía garantizados en particular por el Anexo V de la Constitución, los territorios “reservados” -habitados en su mayoría por adivasis- son objeto de intentos de asimilación. “El gobierno está llevando a cabo adquisiciones de tierras a gran escala para dejar paso a las inversiones en estos territorios tribales ricos en recursos, que se presentan como esenciales para el crecimiento económico del país” (Benbabaali, 2021). Desde el giro neoliberal de finales del siglo 20, India ha acogido el dinero de capitalistas indios y extranjeros con los brazos abiertos, ofreciéndoles tierras y recursos naturales, así como exenciones fiscales y un entorno favorable a los “negocios”.

Los pueblos indígenas llevan décadas resistiendo al extractivismo depredador y a los procesos de desposesión y aculturación. Sus movilizaciones han adoptado diferentes formas a lo largo del tiempo, ya sea sobre la base de la identidad, o más bien sobre la base de la justicia social y el análisis de clase. Pero en cualquier caso, el Estado ha respondido incumpliendo la ley, reprimiendo la resistencia presentada como “antinacional” y “contraria al desarrollo”, y utilizando fuerzas policiales y paramilitares. Así, el movimiento Pathalgari que surgió en Jharkhand fue sistemáticamente reprimido (Dungdung, 2022). Lo mismo ocurre con muchas comunidades indígenas del país que han defendido su modo de vida y sus medios de subsistencia frente a los proyectos mineros del grupo Adani (www.adaniwatch.org).

Paradójicamente, mientras la industria del carbón no cesa, el país sigue pregonando al resto del mundo su política climática y sus inversiones en transición energética (solar, eólica e hidroeléctrica). Se ha comprometido a aumentar su capacidad de generación de energía renovable y no fósil hasta 500 gigavatios en 2030. Para ello, el Gobierno ha introducido incentivos financieros para construir nuevas presas hidroeléctricas y acelerar la transición “verde”.

La región del Himalaya, con sus altas montañas, glaciares y torrentes, se considera ahora un lugar en desarrollo que ofrece posibilidades casi ilimitadas de convertir grandes cantidades de agua en energía “limpia”. Sin embargo, la construcción de megarepresas, según Nehru “los templos de la India moderna”, presentan obstáculos tan importantes como la minería del carbón. Según el Global Atlas of Environmental Justice (Atlas EJ, 2023), el 40,3% de los proyectos hidroeléctricos y el 51,5% de los proyectos de carbón han provocado conflictos de alta intensidad asociados a la destrucción medioambiental y a la expropiación abusiva de tierras.

Como escribe Mukul Kumar, India está inmersa en una transición energética que no es ni justa ni sostenible. Esto sirve, sobre todo, a los intereses de los industriales a expensas de las comunidades locales. Los ecosistemas están sufriendo daños irreparables. En este contexto, la retórica de una transición “justa” tiende a ocultar los violentos procesos de acumulación y desposesión promovidos por un Estado que olvida su papel de proveedor de justicia y apoyo a los más vulnerables.

Desigualdades y concentración de la economía

La pobreza extrema ha disminuido en India, pero la tasa de pobreza general sigue siendo alta : el 45% de la población vive con menos de 3,65 dólares al día, lo que sitúa al país en el puesto 132 del mundo en términos de desarrollo humano. Más de 800 millones de personas (Chakraborty y Bhardwaj, 2023) dependen de la ayuda alimentaria, lo que dice mucho de la precaria situación material de la mayoría de la población. Además, en una sociedad dividida y jerarquizada, las mujeres, las castas inferiores y las minorías tribales y religiosas están sobrerrepresentadas entre los grupos socioeconómicamente más vulnerables.

De hecho, la desigualdad ha aumentado considerablemente desde el año 2000. Según un informe del World Inequality Lab, el percentil más rico de la población india poseía más del 40% de la riqueza del país en 2022-23, uno de los niveles más altos del mundo. En cambio, la mitad más pobre de la población representaba sólo el 6,4% (Bharti, Chancel, Piketty y Somanchi, 2024). El modelo económico promovido por el Gobierno de Modi ha sido acusado de favorecer a “un sector limitado de la economía que produce bienes intensivos en capital y cualificación para satisfacer la demanda de los más ricos, mientras que la mayoría de los demás sectores de la economía sufren una demanda insuficiente y una baja productividad, lo que conduce a una baja inversión y un elevado desempleo” (Bardhan, 2022).

La riqueza económica se concentra ahora en manos de unos pocos conglomerados oligopolísticos privados [3]que controlan sectores enteros de la economía, son el motor del crecimiento y contribuyen a la imagen dorada que el país quiere crear de sí mismo. Si los sectores “políticos” y “empresariales” han mantenido durante mucho tiempo una estrecha relación, la confluencia de estos dos mundos ha dado un nuevo giro gracias a dos episodios : la liberalización económica de los años noventa, que estuvo en el origen del ascenso de los capitalistas indios, y la centralización del poder político desde 2014.

Este capitalismo de connivencia beneficia a un pequeño número de grandes empresas a expensas de las pequeñas y medianas empresas. El meteórico ascenso de Gautam Adani, por ejemplo, muestra hasta qué punto los “buenos amigos” de Modi son los principales beneficiarios del régimen actual. Estas connivencias han puesto de manifiesto las debilidades y fallos de las instituciones supervisoras y de los reguladores bancarios y bursátiles dentro de su esfera de influencia, así como la laxitud en la aplicación de las normas reguladoras y contables. Las revelaciones por parte de Hindenburg Research del fraude y la manipulación bursátil en el Grupo Adani en enero de 2023, así como el rechazo por parte de la Corte Suprema de una petición de investigación independiente sobre estas acusaciones un año después, son indicativos del clima de impunidad reinante.

Dicho esto, bajo la presión de la gran patronal india cercana al poder, se desarrolló en India un nacionalismo económico con tintes proteccionistas. Esto se ha manifestado en políticas que defienden los intereses económicos nacionales y favorecen a la industria local. Por ejemplo, se han suprimido normativas medioambientales en favor de las minas de carbón de Adani y se han impuesto restricciones a los operadores minoristas internacionales en favor de Reliance Retail.

El capitalismo de connivencia es un sistema de “tira y afloja” que funciona mediante retroalimentación. El partido gobernante recibe fondos a cambio de conceder una licencia o firmar contratos. Los “bonos electorales” (Leroy, 2024) que el Tribunal Supremo acaba de prohibir -no sin sorpresa- permitieron al BJP amasar nada menos que 987 millones de dólares en donaciones anónimas para financiar sus campañas entre 2018 y 2022 (Bhattacharya, 2024). La adquisición de New Delhi Television (NDTV), el último gran canal de televisión con una línea editorial independiente, ha sido vista por muchos críticos como una “adquisición política” por parte del grupo Adani “que ha recibido la bendición de las más altas esferas del poder” (Dieterich, 2022). A cambio de esta absorción de un importante medio de comunicación por un oligarca cercano a Modi, existe un gran riesgo de que la información se distorsione ahora con fines partidistas.

El capitalismo de connivencia es un sistema cínico que antepone los intereses de los poderosos·as a los de los ciudadanos·as. Fue condenado enérgicamente durante las protestas agrarias de 2020-21 y, más recientemente, en 2024, cuando decenas de miles de agricultores enfurecidos marcharon en Delhi contra el “saqueo de las empresas”. El primer ministro ha sido blanco de duras críticas, al igual que Mukesh Ambani y Gautam Adani, que encabezan gigantes agroalimentarios. Estos dos últimos vieron quemar sus efigies, se lanzaron boicots contra sus bienes y servicios y se dañaron infraestructuras emblemáticas de sus grupos.

La democracia india puesta a prueba por el nacionalismo hindú

Desde 2014, el Gobierno del Partido Bharatiya Janata liderado por Modi ha abierto un nuevo capítulo en la historia de la India en el que el país se ha desviado de su Constitución, de sus minorías, de la democracia y del principio de separación de poderes. El preámbulo de la Constitución india, que es su fundamento ideológico, afirma : “Nosotros, el pueblo de la India, hemos resuelto solemnemente establecer la India como una república soberana, socialista, laica y democrática” (Gobierno de la India, 2008). Hoy está claro que la “nueva India” se ha alejado de estos ideales de antaño. ¿Podemos hablar entonces de ruptura constitucional ?

¿Ruptura constitucional ?

India ya no es socialista y probablemente nunca lo fue, aunque en la época de la independencia la “revolución social” y la de las injusticias históricas eran preocupaciones centrales de la reflexión constitucional. Sin embargo, muy pronto se abrió una brecha entre la retórica progresista y la práctica conservadora de los gobernantes. En 2024, en lugar de socialismo, el capitalismo de connivencia está corrompiendo la política y la economía indias, forzando al país a un crecimiento sin empleo con costos socioeconómicos y medioambientales desproporcionados.

Del mismo modo, la India ya no es laica. La distancia, antaño crucial, entre religión y Estado ha desaparecido. La llegada al poder de Narendra Modi ha supuesto el paso de una “hegemonía secularista”, en la que el Estado muestra la misma benevolencia hacia todos los grupos religiosos, a una “hegemonía hinduista” (Thomas, 2020). Esta última se materializó en la ofensiva hindú contra las minorías religiosas (el factor de rechazo) y en la construcción de una sociedad en torno a una identidad hindú orgullosa y redescubierta (el factor de atracción). Desde el segundo mandato de Modi, se ha perpetuado deliberadamente la confusión entre religión y política, entre el jefe del Gobierno indio y el “sumo sacerdote” de la nación hindú, sentando así las bases de una teocracia de facto.

Desde 2014, el BJP cuestiona las etiquetas “socialista” y “laico”. ¿Qué pasa con el atributo “democrático” ? Aunque a veces se la describe como la “mayor democracia del mundo” debido a su peso demográfico y a la celebración periódica de elecciones con resultados aceptables, la India democrática se describe más a menudo como en declive, especialmente por Freedom House, Varieties of Democracy (V-Dem ) y la Economist Intelligence Unit (EIU), que estiman que “1.400 millones de los 8.000 millones de habitantes del mundo entran en la categoría de países autocráticos” (Tudor, 2023). El problema radica principalmente en la práctica del poder. Esto se debe a que se ha presionado a las instituciones, se ha concentrado el poder y se ha silenciado a la oposición. Los dirigentes del país son maestros en el arte del discurso democrático y la acción autocrática.

La “soberanía”, por su parte, ha sido y sigue siendo objeto de preocupación –incluso de obsesión–, en la trayectoria de la India independiente. Al principio, debido a los trastornos asociados a la Partición de 1947E [4], la Constitución no estaba como objetivo “garantizar la libertad pública” como “hacer posible el poder político (...) El país necesitaba un Estado fuerte para cumplir las promesas de la Constitución, y este Estado fuerte tenía que estar protegido para poder cumplir sus promesas” (Singh, 2023). La seguridad y la soberanía nacionales son antiguas consignas, pero Modi las ha movilizado y explotado con celo. Las utiliza para legitimar la concentración y expansión de los poderes del ejecutivo, debilitar los controles y equilibrios legislativos y judiciales, y restringir derechos y libertades.

El gobierno de Modi ha puesto en marcha algunas reformas que marcan una ruptura con el proyecto de los padres fundadores. Sin embargo, está movilizando principios y elementos cuando son útiles para sus intereses políticos. Sin cambiar la Constitución, ha conseguido consolidar la agenda nacionalista hindú y establecer de facto una “segunda república” de facto. Sin embargo, la carta fundamental será el tema central de las próximas elecciones. Dependiendo de la mayoría en ambas cámaras, podría haber cambios simples o revisiones más drásticas para establecer un Estado de derecho hindú. Este cambio hacia un Estado basado en un supremacismo etno-religioso podría revestirse de un discurso “emancipador” hecho a la medida de los ideólogos del poder. Para ellos, India se “liberaría” de la dimensión “colonial” de la actual Constitución india (tomada en gran medida Government of India Act de 1935).

Mayoritarismo y exclusión de minorías

El paso del pluralismo al mayoritarismo en la India comenzó en 2014, cuando el BJP obtuvo por primera vez la mayoría absoluta en el Parlamento. Se acentuó con su victoria en 2019, cuando, tras la reelección, el partido trabajó para “transformar la ley y la Constitución para adaptarlas a su ideología Hindutva” (Jaffrelot, 2023). Hindutva puede traducirse como hinduismo y se refiere a la visión étnica y cultural de la nación india. Los hindúes, que constituyen el 80% de la población, se consideran el pueblo originario y los hijos de la tierra. Según los hinduistas, la identidad hindú es la piedra angular de la identidad nacional. Se dice que el nacimiento y la religión los fundamentos de la lealtad nacional.

El objetivo del nacionalismo hindú es poner en práctica la ideología hindutva. Este proyecto político se apoya en una nebulosa de organizaciones llamada Sangh Parivar, que cuenta con millones de seguidores. Modi procede de esta “familia” y el BJP es su brazo político. Su objetivo es transformar India en una orgullosa nación hindú con una cultura hindú, una lengua única, el hindi, y una religión oficial, el hinduismo.

Narendra Modi utiliza el registro del nacionalismo hindú, pero también el repertorio del populismo. Se presenta a sí mismo como “guardián y protector de la nación”, “sumo sacerdote” e incluso “semidiós”. Su imagen es omnipresente y satura el espacio público y mediático. Además, ha contribuido decisivamente a convertir a los ciudadanos·as en labharthi varg, receptores de transferencias directas (en dinero y en especie) a costa de los servicios públicos. Esta estrategia ha resultado ventajosa electoralmente, como explica Aiyar en estas páginas.

La otra cara de este proyecto político se basa en la devaluación y relegación de las minorías religiosas al nivel de ciudadanos de segunda clase. Son semejantes a los “invasores” extranjeros que, en la narrativa de Modi, sometieron a los hindúes a “mil años de esclavitud” y, por lo tanto, no se les puede conceder la igualdad y la equiparación de derechos.

Los·as musulmanes·as representan el 14% de la población, es decir, más de 200 millones de personas, pero están infrarrepresentados·as en las principales instituciones del país desde la independencia. Están prácticamente ausentes de los gobiernos centrales o estatales, las fuerzas armadas y la policía, el poder judicial y la función pública (Jaffrelot, 2019). Ya en 2006, las conclusiones de la Comisión Sachar (Gobierno de la India, 2006) destacaban que la minoría musulmana, junto con los dalits (antes llamados “intocables”) y los adivasis, se encuentraban entre las comunidades más pobres de la India.

Durante la última década, el nacionalismo hindú ha diversificado sus métodos para afirmar la supremacía hindú y someter a los·as musulmanes·as a formas de discriminación cada vez más institucionalizadas. Ejerció el poder legislativo ganando elecciones, formando asambleas y aprobando leyes excluyentes. También recurrió a métodos extralegales, tolerando o alentando la violencia de los “vigilantes parapoliciales” en las regiones administradas por el BJP. Estos forman una especie de policía cultural formada por autoproclamados justiiceros, en su mayoría jóvenes desempleados que encuentran el respeto a sí mismos en su feroz devoción al hinduismo. Cientos de iglesias fueron quemadas y miles de musulmanes fueron víctimas de acciones violentas. Algunos incluso fueron linchados públicamente si frecuentaban a muchachas hindúes (love jihad), se asentaban en barrios predominantemente hindúes (land jihad) o transportaban, vendían o incluso consumían carne vacuna.

Esta segregación y guetización se basaban en la demonización y deshumanización del “Otro”, al que se consideraba como un·a “infiltrado·a” o un·a “terrorista” que conspiraba contra los intereses del país. Este discurso de odio ha encontrado una resonancia en India que va mucho más allá de los votantes del BJP y encaja perfectamente con la islamofobia mundial. “La banalidad del mal, su normalización, está ahora a la vista”, dice Arundathi Roy (2023), “en nuestras calles, en nuestras aulas y en muchos espacios públicos”.
Desde la reelección de Modi en 2019, se ha alcanzado un hito. “La maquinaria hindutva se ha acelerado y la obsesión con la minoría musulmana ha tomado forma legal” (Leroy, 2024). Los·as líderes electos·as aprobaron más leyes “antimusulmanas” formalizando su discriminación. En 2019, se produjeron con pocos meses de diferencia dos golpes de Estado, a los que se refieren varios colaboradores·as de esta publicación, orquestados por el gobierno en relación con temas sensibles de la agenda nacionalista. El primero fue la derogación del artículo 370 de la Constitución, que concedía una autonomía especial a Jammu y Cachemira, el único Estado indio de mayoría musulmana. La segunda fue la enmienda a la Ley de Ciudadanía de 1955 (Citizen Amendment Act - CAA), abiertamente dirigida contra los·as musulmanes·as, que legitima el uso de la religión como criterio para acceder a la ciudadanía.

A estas dos leyes, que la oposición considera discriminatorias, ilegales e inconstitucionales (especialmente en términos de igualdad, sescularismo y federalismo), se han añadido otras políticas provocadoras. Algunos ejemplos son la construcción de un templo hindú en Ayodhya sobre las ruinas de la histórica mezquita Babri Masjid, destruida ilegalmente en 1992, o la campaña de “bulldozer justice” que ha demolido de forma criminal, injusta e ilegal cientos de propiedades musulmanas en los estados gobernados por el BJP (The Wire, 2023a).

Todas estas políticas apuntan a una voluntad de polarizar e hinduizar el país por la fuerza. Forman parte del deslizamiento autoritario de un régimen al que nada puede detener, ni sus oponentes políticos, ni la sociedad civil, ni las calles, ni el poder judicial.

Resistencias populares y represión

Uno de los “logros” del Partido Popular haber creado la ilusión de la unidad hindú, que según él trascendería las castas. Sin embargo, este discurso no es más que un barniz superficial que, cuando se raspa, revela un proyecto fundamentalmente brahmánico y patriarcal. El BJP es un bastión tradicional de los hombres de las castas superiores que pretende mantener el orden social y busca restaurar la “fuerza y virilidad “ del pueblo hindú (Naravane, 2024). Las castas bajas, las mujeres, otras Other Backward Classes ‘clases “atrasadas”) y las tribus son percibidas como categorías inferiores en la jerarquía social.

La política comunitaria que desarrolla el Bharatiya Janata Party (y también otros partidos de la oposición) beneficia a las castas superiores. El hinduismo radical, que explota los agravios y la desesperación de la generación más joven, la inseguridad económica y la “amenaza” musulmana, ha conseguido romper viejas alianzas (sobre todo en el juego electoral) entre las minorías religiosas y las castas inferiores.

Sin embargo, varias movilizaciones de los últimos años han conseguido desbaratar las trampas del comunitarismo y sacudir las falsas oposiciones construidas entre un “nosotros”, considerado legítimo y superior, y “otros”, deshumanizados·as y excluidos·as. El movimiento contra el CAA, las protestas campesinas y las luchas por el censo de castas permitieron tender puentes entre grupos sociales que, a través de sus luchas, tomaron conciencia de su sometimiento colectivo.

En Shaheen Bagh, epicentro de la resistencia a la CAA, mujeres musulmanas doblemente estigmatizadas reavivaron el discurso público sobre el laicismo, destacaron el liderazgo de las mujeres, defendieron su pertenencia a la nación y abogaron por la solidaridad interconfesional. A los manifestantes se les ofreció comida comunitaria (langar) preparada por voluntarios·as y agricultores·as sijs, independientemente de su casta y religión, algo “impensable” en un sistema basado en las castas y la pureza. Esta protesta, que duró más de 100 días, desencadenó una dinámica unificadora que se desafió a los extremistas hindúes.

El movimiento de los·as agricultores·as también derrotó las “políticas etnonacionalistas excluyentes de la que se ha estado aprovechando el gobierno y ha restaurado la identidad campesina”, como señala Satendra Kumar en su contribución. El miedo a perder sus tierras y a el desastre social que habrían provocado las tres nuevas leyes agrarias ha impulsado a campesinos de todas las religiones (sijs, musulmanes e hindúes), castas y clases (trabajadores dalit sin tierra y terratenientes jat [5]) a repropiarse de su identidad campesina y rural y a formar una fuerza política capaz de enfrentarse al capitalismo agrícola y a la ideología hindutva.

El censo nacional de castas exigido por la oposición es también una forma de que las castas oprimidas tomen conciencia de las injusticias históricas que sufren. Si tal recuento parece ofrecer cierta legitimidad a un sistema arcaico en el que la identidad se asigna por nacimiento, el proceso también permite, como analizan Varghese y Kumar, abrir el camino a nuevas oleadas de movilización para exigir justicia de castas y luchar contra las políticas conservadoras y brahmánicas del partido gobernante.

Las fuerzas nacionalistas hindúes respondieron al potencial unificador y transformador de estos movimientos populares desplegando un arsenal represivo. Intentaron desacreditar a los manifestantes contrarios a la CAA y a la ley agraria tachándolos de “antinacionales” y “terroristas”. Intentaron intimidarlos enviando fuerzas policiales y milicias a sueldo brutalizando y deteniendo a miles de manifestantes mediante leyes draconianas (Sagar, 2020).

En febrero de 2020 se llevaron a cabo con total impunidad ataques mortales en barrios musulmanes de Delhi durante tres días para acabar con la resistencia a la CAA. Decenas de personas murieron, miles fueron desplazadas y cientos de propiedades pertenecientes a familias musulmanas fueron objeto de vandalismo. Unas semanas después cesaron las protestas contra el CAA y el país quedó confinado tras el repentino anuncio del inicio del confinamiento.

El movimiento campesino supuso una excepcional victoria para los movimientos populares, lo que se debe tanto a la magnitud de la protesta como al perfil sociológico de los manifestantes. Estos últimos, principalmente terratenientes, impidieron que el gobierno se diera a la tarea de un uso excesivo de la fuerza. “A diferencia de los musulmanes en general y de los musulmanes de Cachemira en particular”, escribe Vanessa Chishti en su artículo, “era más difícil eliminarlos con total impunidad”.

Restricción del espacio político

La democracia india siempre ha sido imperfecta, pero desde que el BJP llegó al poder, su erosión se ha acelerado. Por un lado, el régimen actual se ha alejado del multiculturalismo y el secularismo consagrados en la Constitución. Ahora se basa, como acabamos de ver, en la preponderancia de la comunidad mayoritaria y la exclusión estructural de las minorías. Por otra parte, la democracia india se ha deslizado significativamente hacia una democracia iliberal. Según diversas organizaciones que evalúan la calidad de la democracia, India no es “ni una democracia plena, ni una autocracia plena” (Tudor, 2023). El Instituto V-Dem la describe como una “autocracia electoral”.

“Electoral” porque en la India se celebran elecciones, aunque su dimensión competitiva se ve muy debilitada por los obstáculos que se ponen a los líderes de la oposición : acoso, juicios, detenciones, auditorías fiscales, cuentas congeladas, etc. Se describe el campo político como vaciándose gradualmente de las voces de oposición (The Wire, 2024).

“Autocracia”, porque entre una elección y otra existe en realidad una tendencia creciente al iliberalismo. Las instituciones democráticas e independientes del país han sido invadidas por los “amigos” del poder. El poder judicial en particular ha sido infiltrado. El Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial del país, antaño célebre por su independencia y su papel de salvaguardia contra los excesos del ejecutivo, parece ahora haber capitulado y, salvo contadas excepciones, se ha amoldado a las expectativas del gobierno. La Ley de Enmienda de la Ciudadanía y el caso de Cachemira son ejemplos emblemáticos.

El programa ideológico del BJP es incompatible con las tradiciones democráticas liberales de la India. Expresar opiniones críticas con la acción del gobierno o con la religión hindú se considera deslealtad a la nación y una forma de traición. Así, el ejecutivo intenta por todos los medios limitar el margen de maniobra de la sociedad civil. Académicos han perdido su trabajo, estudiantes han sido agredidos, medios de comunicación y periodistas independientes han sido amenazados, activistas han sido acosados, ONG han sido asfixiadas financieramente o han perdido sus licencias.

El gobierno dispone de varias herramientas represivas. Leyes excepcionales, como la Ley de Sedición o la Ley Antiterroristas de Actividades Ilegales, han permitido encarcelar a miles de actores sociales o políticos. El poder central también se apoya en organismos estatales al servicio de su hegemonía, como el FBI indio (el Central Bureau of Investigation), la agencia gubernamental encargada de combatir el fraude, o las autoridades fiscales, para intimidar o detener a presuntos·as opositores·as.

En el ámbito digital, las nuevas medidas han ampliado los poderes del ejecutivo para “regular” los contenidos en línea, han extendido el control sobre Internet y han ampliado la adquisición sin restricciones de datos personales proporcionados por las tecnologías (especialmente a través de la identificación biométrica Aadhaar). Estas decisiones están llevando peligrosamente al país hacia el autoritarismo digital y la vigilancia masiva. India ostenta así el triste récord mundial de apagones voluntarios de Internet. Dos tercios de ellos han tenido como objetivo la región de Cachemira, especialmente durante el “asedio digital” de un año en 2019-2020, impuesto en nombre del orden público (Leterme, 2020).

Conclusión

En el momento de escribir estas líneas, se abre en la India el mayor escrutinio del mundo. 969 millones de electores·as están llamados·as a las urnas para elegir a los·as diputados·as de la Cámara Baja del Parlamento, de la que saldrá el Primer Ministro. El reto para Modi no es sólo ganar, sino ganar por abrumadora mayoría, lo que le daría vía libre para reforzar el control de su partido y la ideología hindutva en el subcontinente. Hasta ahora, sin embargo, no se está hanciendo nada. Un revés electoral sería una sorpresa, pero no significaría el fin del nacionalismo hindú ni una transformación radical de las condiciones de vida de las minorías, porque “el veneno del odio identitario ha penetrado hasta la médula del pueblo indio”, en palabras de Vaiju Naravane.

¿ Contribuirán los movimientos sociales a restablecer el equilibrio social y a reconstruir la solidaridad erosionada por los gobernantes ? “El edificio ideológico que legitima los excesos del establishment indio está lejos de tambalearse”, afirma Vanessa Chishti, “y sin embargo, fue durante las movilizaciones cuando lo vi temblar más […] Sigo observando los movimientos populares en India con un cauteloso optimismo”.

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