CETRI
La frase célebre de Marx de que los hombres hacen su historia [1], pero no la hacen a su ‘libre arbitrio’ sino bajo circunstancias que les han sido legadas por el pasado, se aplica a los gobiernos latinoamericanos que intentaron cambiar el rumbo de la historia de la región a comienzos del siglo presente. Apoyados en las amplias plataformas antineoliberales que surgieron a finales de los años noventa, los gobiernos progresistas en Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina Bolivia buscaron cambiar las políticas implementadas por los gobiernos neoliberales anteriores, así como transformar las bases sociales y económicas para el alcance de sociedades más justas e igualitarias. Sin embargo, muchos de los avances políticos e ideológicos de esta época no se vieron materializados en cambios sustanciales en las estructuras de poder político y económico : la región no pudo salir de su rol ‘subordinado’ en la división internacional del trabajo como exportadora de materias primas, las grandes desigualdades sociales persistieron y no se lograron democratizar las bases del poder político y social [2].
Varios factores habrían contribuido a lo anterior. Por un lado, la coyuntura de altos precios de las materias primas, también conocido como “super ciclo”, que llevó a una “re-primarización” de las exportaciones en la región. La creciente demanda energética y de materias primas de países como China se relacionó con el aumento de la exportación de petróleo, gas, metales y minerales como el cobre y el hierro y productos agrícolas como la soja, el maíz y la carne en la región. Esto había llevado a sustituir el “Consenso de Washington” por un nuevo “Consenso de las Commodities” [3]. De esta manera, también el vínculo entre populismo y nacionalismo de los recursos se reforzó dado que los gobiernos progresistas basaron su popularidad en políticas redistributivas que dependieron de la capacidad para acceder a mayores rentas de la explotación de recursos naturales ; esto fue más evidente en los países cuya participación del petróleo en el PIB es más alta, como en el caso de Venezuela y Ecuador. Otra de las razones que se atribuye al fracaso del progresismo en la meta de transformar a las sociedades latinoamericanas es que las políticas de redistribución de la riqueza, a pesar de que permitieron un aumento de las clases medias en la región, también crearon condiciones favorables para que grupos económicos hegemónicos vieron aumentado su poder y capital.
Respecto a lo primero, cabe mencionar que, durante la fase del gobierno post-neoliberal de Rafael Correa (2007-2017) en Ecuador, el Estado logró una mayor participación en las ganancias generadas por las actividades de explotación, producción y transporte de hidrocarburos a partir de una renegociación de los contratos petroleros ; esto, a su vez, fue posible por los precios favorables del petróleo a nivel internacional, los cuales alcanzaron un pico en 2009 (cuando el barril de crudo llegó a cotizarse a más de US$145 dólares). Además del incremento de la maquinaria burocrática estatal, las regalías del petróleo permitieron al gobierno ecuatoriano emprender una gran cantidad de obras de infraestructura (tales como hidroeléctricas, vías, escuelas, hospitales) las cuales no sólo contribuyeron a mejorar el acceso de la población a servicios básicos sino además a realzar la imagen deteriorada del Estado. No obstante, el desarrollo de una gran cantidad de dichos proyectos se vio acompañado por un incremento en el endeudamiento externo, particularmente dentro del marco de préstamos « opacos » a cambio de petróleo con China. Aunque esta clase de préstamos le permitirían al gobierno de Correa esquivar las condiciones atadas a los préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, se comprometieron proyectos de explotación minera los cuales estaban en la mira de empresas multinacionales, canadienses y que luego fueron vendidos a empresas chinas, sobre todo al sur del Ecuador en territorios de población predominantemente indígena.
Con la caída de los precios del petróleo en 2013 –la cual puso en jaque la capacidad del Estado para seguir accediendo a las rentas del petróleo- los proyectos mineros a gran escala empezaron a cobrar mayor urgencia para el Estado. Lo anterior produjo enfrentamientos entre las fuerzas policiales con pueblos de algunas comunidades y nacionalidades indígenas, y con grupos ambientalistas –a los que Correa llegó a tildar de “ecologistas infantiles”. El gobierno siguió manteniendo un elevado gasto público a través de la emisión de bonos soberanos que, por ejemplo, evitó eliminar los subsidios a los combustibles. La deuda pública oficial siguió creciendo a un ritmo muy acelerado, pasando del 23% del PIB en 2013 a cerca del 45% hacia finales del 2017 mientras se anunciaba el uso de las regalías de la minería para seguir financiando obras que el país tanto necesitaba : escuelas, hospitales, viviendas, etc. Así, de los USD 100 millones de dólares en regalías anticipadas que el Estado recibiría por el proyecto Mirador (el más grande proyecto de minería a cielo abierto de Ecuador firmado en 2012 entre el gobierno nacional y la firma china Ecuacorriente–CRCC Tongguan), USD 70 millones fueron para la construcción de obras sociales en la misma zona de influencia del proyecto. Sin embargo, entre algunas contradicciones estaba el hecho de que estas inversiones no compensaban el grado de destrucción ambiental generado, sino que, además, fueron utilizadas para promocionar la minería y esconder el despojo y el desarraigo de poblaciones locales.
Entre algunas, la crítica que cobró mayor relevancia fue la de intelectuales cercanos a la escuela de pensamiento ecológico y desarrollo sostenible latinoamericano, quienes denunciaban cómo los supuestos logros en las políticas de los gobiernos progresistas se habían visto contrarrestados por los crecientes daños ambientales y las amenazas a los territorios. Esta crítica argumentaba que, lejos de sacar a los países de la dependencia, los gobiernos progresistas habían contribuido a profundizar las contradicciones del modelo de desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales. De manera general, esta crítica apuntaba a demostrar las raíces neo-coloniales y neo-desarrollistas de los discursos y políticas de los gobiernos progresistas. Incluso, se llegó a acusar a importantes pensadores marxistas de izquierda extranjeros de brindar apoyo ideológico a las posturas de dichos gobiernos. Algunos de los argumentos planteados por esta crítica ha coincidido con ciertos posiciones dentro de la corriente de la ecología política latinoamericana frente a la teoría del capital de Marx : de acuerdo con las primeras generaciones de estudios dentro de esta línea, la teoría de Marx se mostraba insuficiente porque no reconoce valor en la naturaleza sino en el trabajo así como su visión sobre la totalidad desecha la autonomía del Estado y de los agentes en los procesos sociales frente al capital. De la misma manera, se ha planteado que la teoría de Marx propone el desarrollo de las fuerzas productivas como única forma de transcender el capitalismo, por lo que la mayoría de los proyectos socialistas se hayan basado en una visión prometeica y una fe ciega en el progreso a costa de una mayor destrucción del ambiente.
Sin embargo, esta crítica presenta varios problemas. Por un lado, ignora aspectos claves de la crítica de Marx al capitalismo como un modo de producción el cual se basa en un metabolismo social, donde la relación con la naturaleza está mediada por la forma del valor. Aunque los discursos y las políticas de los gobiernos juegan un rol clave al interior de estos procesos, muchos de estos no tienen la capacidad para definir o asignar un valor dado que muchos de estos procesos están dados por lógicas que ocurren en diferentes escalas geográficas y tiempos, y en lo que intervienen tanto los Estados como intereses de los mercados. La valorización de la naturaleza no es un fenómeno espontáneo que surge por el reconocimiento de un valor intrínseco a los bienes y servicios que esta presta, sino que está atada a una lógica de expansión de los intereses del capital sobre la tierra y sobre los recursos. Por otro lado, se obvia del análisis las dinámicas que influyen en que haya un mayor metabolismo social del capital, es decir un uso más intensivo y extensivo de los recursos naturales. En esto, el rol del Estado como gran terrateniente, dueño de los recursos del subsuelo (una figura que se remonta a la Colonia en América Latina) facilita los flujos de materia y de dinero desde y hacia lugares donde se producen y se consumen las mercancías. No es que Marx considerara él mismo que la naturaleza no tiene valor, sino que esta no produce valor en tanto mercancías. Es a través de la relación del trabajo alienado que la naturaleza cobra un valor monetario por lo que la crítica de Marx al capitalismo no solo busca develar las lógicas que están detrás del sometimiento de la clase trabajadora, sino destruir la lógica del valor que somete de la misma forma la relación con la naturaleza.
Sin embargo, así como algunas versiones de la ecología política, la crítica de la izquierda ecológica a los gobiernos progresistas tiende a dejar de lado estos aspectos fundamentales para centrarse en las formas concretas que toma el poder en los discursos de los gobiernos. Esto ha llevado a desviar la crítica necesaria contra el capitalismo extractivo hacia una crítica específica y politizada de los gobiernos progresistas, dejando una ambigüedad en la posición frente al neoliberalismo y su impacto actual en las políticas de la región. Si bien, la teoría del valor de Marx aporta elementos para entender de qué manera el capital sobre acumulado en un lugar determinado se manifiesta a través de la destrucción de las condiciones de vida en otros, la crítica ecológica privilegia la mirada desde lo local tratando lo que ocurre a otras escalas como un hecho meramente fenomenológico. Esto es un problema en tanto que, como lo menciona David Harvey, el capital ha convertido en “una fuerza super-poderosa" dada su capacidad para moverse cada vez con mayor facilidad a través del espacio geográfico global ; por lo tanto, es importante comprender cómo los espacios, los ambientes, culturas y modos de vida se ven afectados y transformados por los flujos de dinero y mercancías. La región latinoamericana no está exenta de lo ocurre en el espacio global, de la misma manera que muchas de las contradicciones en las políticas de los gobiernos progresistas obedecen en parte a la manera como se han insertado históricamente los Estados latinoamericanos dentro de las dinámicas del desarrollo geográfico desigual del capital. Por lo tanto, la idea de que los hombres hacen la historia, no bajo su libre arbitrio sino bajo condiciones que les son legadas por el pasado, debe completarse con la idea de que las historias singulares (locales o regionales) no están separadas de la totalidad social dentro de la cual se desenvuelven los procesos materiales en el capitalismo.
En un país como Ecuador, con toda clase de limitaciones por su posición y tamaño, los aspectos geopolíticos, los procesos de la deuda, las relaciones de poder existentes y las desigualdades históricas acumuladas por los pueblos y grupos sometidos a la conquista, etc., cabe preguntarse por la viabilidad de los modelos alternativos que buscan cambiar las relaciones y los discursos de poder en que se basa la dominación de la naturaleza sin enfrentarse con las lógicas que los sostienen.
Estos son algunos de los temas subyacentes en el debate sobre la izquierda ecológica y la izquierda progresista en Ecuador : la primera, representada por el proyecto del candidato Yaku Pérez, quien aboga por un comunitarismo anti-extractivista basado en los valores del Sumak Kawsay o buen vivir y, la segunda, representada por el candidato correista, Andrés Arauz, quien propone un desarrollo post-neoliberal y post-petrolero para el Ecuador. Aunque ambos se oponen aparentemente al proyecto de la derecha neoliberal, sus propuestas divergen en dos aspectos fundamentales : la posición frente al legado del Correísmo y frente a las políticas desarrollistas ‘neo-extractivistas’ que marcaron la segunda fase de los gobiernos progresistas de América Latina.
Correa, un “Mal Menor” ?
¿Qué impedía la alianza entre las dos ‘izquierdas’ –la de Andrés Arauz y Yaku Pérez- en el caso de Ecuador ? La respuesta nos lleva al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y su legado sobre la política de este país. Correa llegó al ejecutivo en 2007 con una propuesta presentada frente a la comunidad internacional de mantener en el subsuelo de la Amazonía más de ochocientos millones de barriles de crudo, a cambio de recibir donaciones equivalentes a la mitad de los ingresos que hubiera recibo el Estado por su explotación (unos US$3,6 mil millones de dólares). La “Iniciativa Yasuni ITT” -denominada así por las iniciales en idioma Waorani de los bloques donde se habían descubierto dichas reservas (Ishpingo, Tiputini y Tambococha)-, evitaría la emisión de 410 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Sin embargo, luego de la finalización del plazo para recaudar dichos fondos, Correa anunció la explotación lanzando su política de desarrollo social basada en la extracción de recursos (petróleo, gas y minerales) para sacar al país de la pobreza –de ahí la famosa frase “no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro”. Esto también lo puso en contra de sectores indígenas, ambientalistas y mujeres de la Amazonia que defendían el derecho al agua, etc. Yaku Pérez había sido uno de los más acérrimos opositores a los proyectos de expansión de la minería del gobierno de Correa, en la región sur de Ecuador, lo que le implicó recibir maltratos de la fuerza policial e ir preso en variadas ocasiones. También había llegado a ser prefecto de la provincia del Azuay en 2019 donde trató de impulsar la consulta popular contra la minería y, en la segunda vuelta de elecciones en Ecuador en 2017, había declarado que era “preferible un banquero a una dictadura (de Correa)”.
Aunque Correa había ganado mala fama no sólo por sus vínculos con los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Argentina -y por la más reciente persecución contra ex líderes progresistas por aparentes cargos de corrupción (lo que le impedía su regreso a Ecuador)-y por las tendencias altamente autoritarias de su gobierno, este continuaba teniendo una gran popularidad e influencia entre los electores. En particular, la más reciente coyuntura de crisis por las medidas de ajuste y la ineptitud general de la administración del actual presidente Lenin Moreno, le habían devuelto la posibilidad de un retorno victorioso a la política ecuatoriana. Sin embargo ¿se podía decir que Correa era un mal menor ? El argumento más fuerte a favor de Correa era que las fórmulas económicas de su gobierno se mostraban como las más acertadas para sacar el país de la actual crisis. Sin embargo, como planteaban algunas perspectivas de la izquierda alternativa cercanas al movimiento ecologista en Ecuador, el país necesita encontrar no solo una salida a la crisis económica sino una salida también a la crisis social, política y ambiental. Al proyecto post-crisis se contraponía así un proyecto que presenta bastantes afinidades con las ideas del ecosocialismo. Sin embargo, ¿las condiciones estaban dadas para un proyecto inspirado por estas ideas o era Correa un mal necesario para enfrentar las presiones del avance neoliberal en la región ? ¿Por otro lado, a qué se asemejaría un proyecto de índole ecosocial en un país como Ecuador ? ¿Qué significa un uso más “racional” de los “recursos” y un control democrático en igualdad social de los mismos dentro de un Estado que depende de la extracción de sus recursos para generar los ingresos necesarios para financiar el gasto público y social ?
La perspectiva ecosocialista de los candidatos a la presidencia en Ecuador
Considerado como el candidato más “verde” de la izquierda indígena del movimiento Pachakutik –el cual surgió de la plataforma de movilización contra las políticas del gobierno de Sixto Duran y la crisis de la dolarización-, Yaku Pérez abogaba por un “proyecto popular ecologista y antiextractivista« con fuertes arraigos en la ideología de la madre tierra y el Sumak Kawsay andinos. Su propuesta era la de una economía de »post-extracción« basada en la agro-ecología, la producción orgánica, el reciclaje, el turismo, el uso de energías renovables energías, la biotecnología y la creación de “ciudades ecológicas”. Su programa de gobierno tenía como principal objetivo someter a referéndum todas las actividades mineras a gran escala, impedir la minería metálica en fuentes de agua y zonas de alta biodiversidad y retomar la iniciativa de mantener el crudo en el subsuelo del Yasuní y de otros territorios donde aún no se habían iniciado proyectos de explotación petroleros. Por otro lado, buscaba eliminar los obstáculos “estructurales para el cambio” mediante la superación del “modelo financiero-extractivista global”, así como la “reorganización de la economía y de la sociedad” sobre la base del cuidado de la vida. Dicha propuesta guardaba relación con el paradigma del post-desarrollo de la escuela de pensamiento ecológico latinoamericana, el cual se basa en tres aspectos claves : la transición hacia el post-extractivismo » a partir de mayores impuestos a las actividades extractivas o impuestos a las ganancias mineras ; el “alter-desarrollismo”, basado en economías locales alternativas (agroecología, economía social), y el “cambio cultural” respecto al consumo y la relación con el ambiente [4]. Sin embargo, quedaban dudas sobre cómo se integraban estos principios dentro de aspectos más universalistas dado el particularismo en que se arraigan algunas versiones del indigenismo andino.
Por su parte, el programa de gobierno de Andrés Arauz se ubicaba en el marco de las políticas post-neoliberales ; la suya ponía énfasis en la “descolonización del dinero” y en la “justicia democrática y deliberativa”. En este sentido, su programa buscaba impulsar la transición hacia una economía post-petrolera con énfasis en sectores de generación de valor agregado para lo cual se dedicaría a crear instrumentos de liquidez económica (dinero electrónico, sobregiros, etc.) dirigidos hacia los sectores sociales (salud, educación). Esta propuesta también buscaba en el largo plazo cambios en los patrones culturales de consumo de la sociedad ecuatoriana y en los valores sociales y ambientales, en las relaciones de género, etc. sin embargo el medio para llegar a esto sería a través de la generación de condiciones, por lo que su programa se enfocaba en políticas como el cambio de la matriz energética y la matriz productiva. Todo lo anterior contribuiría a transformar los patrones de consumo y producción, sin embargo, quedaban dudas de, hasta qué punto, su gobierno iba a lograr romper con la versión del socialismo (o capitalismo) de Estado que definió los experimentos del Socialismo del Siglo XXI, o si iba a generar condiciones para un socialismo de la gente, comunitario.
No es que las metas de la izquierda ecológica fueran radicalmente distintas de las metas de la izquierda socialdemócrata ; al contrario, estas coincidían en muchos temas como la justicia ambiental y ecológica, la economía social del cuidado y la reproducción, la transición energética del petróleo y el uso de las energías renovables. En lo que más bien se distanciaban era en los medios para alcanzar dichas metas. Así, mientras que la propuesta Yaku Pérez hacía énfasis en el poder descentralizado de los pueblos y los territorios y buscaba prescindir mucho más de la figura del Estado, la propuesta de Andrés Arauz se basaba en reformas claves hechas desde el Estado. Así, Yaku buscaba defender el agua, luchar contra el cambio climático mediante un diálogo plural con los pueblos y nacionalidades, apoyar las iniciativas de la economía social y solidaria y los emprendimientos agroecológicos, lo que le llevaba a posicionarse al lado de posturas como el libre mercado (por ejemplo, Pérez hablada de insertar más los productos tradicionales de las economías de la región de la Sierra ecuatoriana dentro de mercados internacionales). Por su parte, Arauz buscaba una reforma estructural de los mecanismos de acceso y pago de la deuda para lograr que el país dependa menos de los organismos multilaterales de crédito y de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ecuador tiene el dólar estadounidense como moneda oficial, lo que implica severas limitaciones dado que el país no puede devaluar ni imprimir dinero para paliar la crisis y no tiene control sobre la política monetaria. Sin embargo, la propuesta de Arauz tenía una confianza un poco ingenua en los proyectos de cambio de la matriz productiva y la matriz energética y el rol de la tecnología, que iban a permitir al país salir de la dependencia de la producción de “bienes sin valor agregado” o materias primas.
Arauz, había mostrado una posición mucho más radical que Pérez frente al FMI y frente a los acuerdos firmados recientemente entre el Ecuador y esta institución para acceder a un préstamo de $ 6.5 mil millones. Recordemos que Ecuador había renegociado los términos de su deuda soberana de $ 17.4 mil millones con los tenedores de bonos y que el gobierno de Lenin Moreno había abogado por “una reestructuración « amistosa » con el FMI, lo cual implicó aceptar medidas de desregulación y reducción del gasto fiscal consideras desastrosas por expertos internacionales. Esto había empezado por la eliminación de empresas estatales, la liquidación de la aerolínea nacional y la reducción de horarios y de salarios de empleados públicos y profesores. Arauz también había declarado que su gobierno recuperaría las medidas de restricción a la salida de capitales del país e impuestos a la riqueza, aunque mantenía una actitud menos punitiva frente los contratos de extracción de petróleo y minería frente a los cuales Pérez proponía una moratoria inmediata. La posición del primer candidato había resultado particularmente impopular entre los inversores internacionales, quiénes veían en “el aumento del gasto público, impuestos más altos y controles de capital un “desincentivo” para los inversionistas. Se temía en particular que los países de la región abandonaran la “ortodoxia económica y la prudencia fiscal” y regresaran a los años de grandes gastos del boom mundial de las materias primas.
¡Qué elección la que había que hacer ! Sobre todo, luego de que de la pandemia había sacado a flote las deficiencias y los quebrantos del sistema de la salud en los países expuestos por décadas a la ortodoxia neoliberal. Aunque es cierto que las condiciones actuales de la crisis hacían necesario pensar en un “proteccionismo social” capaz de poner los intereses de la sociedad por encima de los intereses del capital, las políticas económicas jugaban un rol fundamental, no sólo por la amenaza de una reforma de tipo neoliberal la cual estaba al acecho, sino por las condiciones globales y de la deuda en Ecuador : los precios de las materias primas eran mucho más bajos y los niveles de endeudamiento eran peores que hace tres decenios, por lo que se vislumbraba el comienzo de una nueva “década perdida” en la región. América Latina es una de las regiones más afectadas por la pandemia donde la recuperación de la economía se previa más lenta y dolorosa. Sin embargo, en opinión de algunos analistas, la nueva fase de gobiernos progresistas no tendría más que ofrecer que una restauración conservadora del progresismo. Cabe decir al respecto que esta posibilidad no nos exime de pensar el contenido de las propuestas ni de los proyectos de la izquierda ni olvidar el escenario en el cual se plantean los diferentes programas políticos de la región latinoamericana. Es así como, antes de finalizar con una afirmación sobre cuál de estas dos visiones es más cercana a una idea de ‘ecosocialismo’, es importante recordar lo que ha dicho Harvey respecto a que todo proyecto político es a su vez un proyecto ecológico sobre la sociedad [5]. No basta con incluir lo ambiental dentro de las prioridades sociales, sino que hay que tomar en cuenta que, así como el agua, los bosques, el dinero juega un rol “fundamentalmente ecológico” dentro de las condiciones que afectan la vida de la gente. Por lo tanto, la crítica de la izquierda ecológica tanto como la izquierda socialista deben tratar de incluir una mirada más dialéctica de la relación naturaleza-sociedad con el fin de avanzar en la consolidación de una izquierda anticapitalista, y no sólo antiextractivista o postneoliberal.
