Alternatives Sud

“Un número récord de niñas están escolarizadas, la mortalidad infantil ha disminuido, las infecciones por VIH están en descenso y el 92 % de la población mundial tiene hoy acceso a la electricidad”, anunciaba el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en septiembre de 2025 en Nueva York, durante el “Momento ODS” del 80º aniversario de la ONU. En un discurso cuya sinceridad solo cedía ante el inevitable wishful thinking, el anfitrión reiteró toda su fe en la realización de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Estos objetivos fueron adoptados, recordemos, diez años antes, en 2015, por el conjunto de los Estados miembros, y debían ser alcanzados para 2030 por esos mismos Estados. Para poner fin a la pobreza, al subdesarrollo, a las desigualdades, a las guerras y a la destrucción de la naturaleza… nada menos.

Por supuesto, concedió António Guterres, como queriendo introducir una nota de realismo, “queda todavía un largo camino por recorrer”, pero contamos con los medios para “cumplir la promesa”, la de “un mundo más justo, sinónimo de prosperidad para los pueblos y para el planeta. Un mundo que no deje a nadie atrás”. Ciertamente, admitió también, “los conflictos siembran destrucción, el financiamiento del desarrollo se está agotando y la crisis climática asesta golpe tras golpe”, pero “los ODS sacan su fuerza de su interdependencia. Cuanto más avancemos en la realización de cada objetivo, más fácil será alcanzar los demás” (Guterres, 2025).

Sin embargo, el secretario general de las Naciones Unidas sabe bien de qué habla. Además del Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que supervisó y firmó en 2025, una especie de balance cuantificado a dos tercios del plazo previsto, ese año también estuvo marcado por la tercera Conferencia de la ONU sobre los Océanos, la cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, el segundo balance posterior a la Cumbre de Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, la segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y la trigésima Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, entre otros encuentros. Si bien todo ello, según Guterres, fue “un éxito” o se organizó “para ganar en rapidez y alcance”, también permitió confirmar, para los observadores más realistas, la inaccesibilidad de los ODS, su carácter inalcanzable, por no decir su indispensable redefinición.

Para comprender las razones de un fracaso semejante -anunciado de antemano- conviene volver a los antecedentes de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, a su contexto de producción y a su alcance. ¿En qué medida, por ejemplo, estos objetivos ganaron en universalidad e inclusión -como se afirmó en su momento- en comparación con sus predecesores, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ? Luego, a menos de cinco años de la fecha prevista para su cumplimiento, ¿qué balance -mesurado y con matices- puede hacerse de los diez primeros años de su implementación ? ¿A qué o a quién atribuir los avances, los retrasos y los retrocesos ? Por último, y de manera más fundamental, a partir de los “puntos de vista del Sur” reunidos en esta obra, ¿qué síntesis puede extraerse de las principales críticas -poscapitalistas o posdesarrollistas- dirigidas contra los ODS ? ¿Y qué vías de reforma o alternativas podrían abrirse para construir un mundo más justo ?

Volver a poner el proyecto de “desarrollo” sobre el telar de las Naciones Unidas

La historia de la noción y del aparato del desarrollo, y posteriormente del desarrollo sostenible, tal como se elaboraron en el marco de las Naciones Unidas, presenta al mismo tiempo cierta continuidad lineal y algunos desvíos. En ese sentido, la adopción en 2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible representó menos un giro radical que la culminación de unos sesenta años “de debates y esfuerzos oficiales de la comunidad internacional para reducir la pobreza, el hambre y las desigualdades en el mundo” (Jackson, 2007). Los ODS traducen, una vez más -o por enésima vez, según se mire- la voluntad de reunir bajo un marco coherente, universal y actualizado las múltiples reflexiones e iniciativas emprendidas desde la posguerra para promover el desarrollo económico y social, especialmente en los países más pobres.

El desarrollo se convirtió en una prioridad central de la ONU en 1960, en el contexto de la aparición masiva de nuevos Estados surgidos de la descolonización. La lucha contra el hambre se convirtió en la primera gran cuestión : la FAO lanzó la campaña “Freedom from Hunger” y la Asamblea General creó el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en 1961, así como el Fondo de Equipamiento de las Naciones Unidas (FENU). En ese mismo impulso, la década de 1960 fue proclamada “Década de las Naciones Unidas para el Desarrollo” -la primera, a la que seguirían otras tres-, fijando para los llamados “países en desarrollo” un objetivo de crecimiento anual del 5 %. Las conferencias de El Cairo y la creación de estructuras como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en 1964, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1965 o la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en 1966 reflejan un enfoque global y voluntarista que integraba comercio, industria y asistencia técnica.

Sin embargo, las ambiciones de la primera Década del Desarrollo chocaron con la lentitud de los avances, por decirlo suavemente. En 1970 se lanzó la segunda Década, acompañada de una “Estrategia Internacional para el Desarrollo” que fijaba el objetivo de destinar el 0,7 % del PIB de los países desarrollados a la ayuda pública. Pero las crisis económicas de los años setenta -el colapso del sistema monetario internacional, el shock petrolero y la recesión- pusieron en riesgo esos compromisos. La Conferencia Mundial de la Alimentación (Roma, 1974) dio lugar a la “Declaración universal para la erradicación definitiva del hambre y la malnutrición” y a la creación del Consejo Mundial de la Alimentación, mientras que los países del Sur, reunidos en el Movimiento de Países No Alineados, reclamaban un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), plasmado en la Declaración de 1974 y en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (https://docs.un.org).

Las décadas siguientes continuaron oficialmente la búsqueda de un desarrollo más equitativo. La tercera (1981-1990) fijó metas ambiciosas -crecimiento del 7,5 % del PIB, reducción de la pobreza y de la mortalidad, aumento del financiamiento concesional-, pero la crisis de la deuda y la ausencia de reformas estructurales globales limitaron su alcance. A comienzos de los años noventa, la brecha entre el Norte y el Sur se amplió aún más. La Asamblea proclamó entonces la cuarta Década del Desarrollo (1991-2000) y una nueva estrategia destinada a revitalizar el crecimiento y la cooperación internacional. Paralelamente, diversas conferencias -sobre los “Países Menos Adelantados” (PMA) en 1990, la segunda de su tipo ; sobre los pequeños Estados insulares (PEI) en 1994, donde se incorporó oficialmente el calificativo “sostenible” al desarrollo tras la Cumbre de la Tierra de Río de 1992 ; y sobre desarrollo social o igualdad de género en 1995- intentaron ampliar el enfoque.

En 1997, la Agenda para el Desarrollo promovió una concepción integrada del progreso que vinculaba paz, crecimiento, justicia social y democracia, e inauguró la primera Década para la Erradicación de la Pobreza (1997-2006). A finales de los años noventa, cuando la globalización y la liberalización económica influían más que nunca en los términos del debate, la ONU confirmó que el desarrollo no debía medirse únicamente por el crecimiento económico, sino también por factores “institucionales” como la gobernanza, la transparencia, la participación y... la seguridad social. La Declaración del Milenio del año 2000 buscó entonces sintetizar cuarenta años de experiencia y devolver coherencia a la acción internacional. De ella surgieron ocho “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM), que debían alcanzarse en un plazo de quince años, es decir, a más tardar en 2015. El Consenso de Monterrey (2002) recordaría, dos años más tarde, que el objetivo de destinar el 0,7 % del PIB a la ayuda pública seguía siendo indispensable para su éxito. Y así sucesivamente.

En este sentido, los ODM -al igual que posteriormente los ODS- se inscriben en una larga trayectoria de ajustes, decepciones y reafirmaciones sucesivas. Lejos de constituir una ruptura, representan la culminación de medio siglo de reflexión en el seno de las Naciones Unidas sobre “los fundamentos de un desarrollo humano sostenible, reflejo de una voluntad constante de adaptar los instrumentos multilaterales a las transformaciones políticas y económicas de un mundo en cambio” (https://www.un.org/fr/millenniumgoals). Así lo presenta, en síntesis, el propio sistema de Naciones Unidas, en toda su creciente complejidad.

En realidad, un análisis más detenido muestra que los textos aprobados a lo largo de las décadas apenas logran, en el mejor de los casos, ponerse de acuerdo en el mínimo común denominador entre las partes representadas y terminan produciendo declaraciones de intención, compromisos vacíos o fórmulas ambiguas sin efecto práctico. En el peor de los casos, actualizan incansablemente una misma concepción hegemónica, tecnocrática y capitalista del desarrollo, acompañada primero de generosos llamamientos sociales y luego de oportunos imperativos ecológicos.

Así, si los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron durante mucho tiempo celebrados por la ONU como el símbolo de un nuevo paradigma consensual, desde el comienzo, como señalaron muchas otras voces críticas, el Centro Tricontinental vio en ellos sobre todo “un nuevo componente de la estrategia de los actores dominantes en su esfuerzo permanente por reestructurar el mundo de acuerdo con la lógica de la acumulación” (CETRI, 2005). Y esto apoyándose en cuatro constataciones : el empobrecimiento del debate sobre el desarrollo, reducido en el marco de los ODM a la cuestión de la lucha contra la pobreza ; la fuerte dimensión securitaria de ese objetivo de reducción de la pobreza ; el carácter funcional de las estrategias aplicadas en nombre de los ODM para las economías más poderosas y para las multinacionales ; y, por último, el carácter elitista de las políticas derivadas de dichos objetivos.

Si la concepción del desarrollo implícita en los ODM eliminaba de forma indebida “temas como la reducción de las desigualdades, la justicia social o la promoción del trabajo decente, confirmando así la perspectiva neoliberal de las políticas de ajuste promovidas : apertura comercial, ‘buena gobernanza’, privatizaciones…” (Ibid), el balance desigual de los avances, estancamientos y retrocesos observados en la fecha límite de 2015 -balance discutido, aunque basado en datos- tampoco permite hablar de un éxito. ¿El trabajo de definición de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible lanzado ese mismo año extrajo alguna lección de ello ? ¿En qué medida el proyecto del “desarrollo”, vuelto a colocar en el taller de la ONU, se ha visto enriquecido en esta ocasión ?

Las interpretaciones más optimistas reconocen diversas mejoras, que no pueden negarse. Los ODS no solo retoman las principales ambiciones de los ODM -erradicar la pobreza y promover el bienestar humano-, sino que las amplían y profundizan de manera significativa. En primer lugar, al pretender otorgarles un carácter más universal : los ODM se referían sobre todo a los “países en desarrollo”, mientras que las naciones ricas debían actuar principalmente como financiadoras ; los ODS, en cambio, se aplican a todos los países, tanto del Norte como del Sur, y cada Estado debe actuar según sus propias capacidades para alcanzarlos. En segundo lugar, el enfoque pretende ser más global e integrado : mientras los ODM se centraban principalmente en cuestiones sociales (pobreza, salud, educación), los ODS adoptan un enfoque holístico que intenta integrar mejor los tres pilares del “desarrollo sostenible” : el económico, el social y el ambiental.

Por ello incluyen objetivos relativos al consumo responsable, la lucha contra el cambio climático, la gobernanza o la paz. Además, son claramente más numerosos -se pasa de ocho ODM a diecisiete ODS, de 21 a 169 “metas” y de 60 a 232 “indicadores”. Esta ampliación refleja oficialmente la voluntad de abordar “la complejidad del desarrollo sostenible en toda su riqueza” (https://www.un.org/sustainabledevelopment). También se presentan como más inclusivos : los ODM aspiraban principalmente a eliminar la pobreza extrema y reducir la pobreza ; los ODS defienden el principio de “no dejar a nadie atrás”, proponiendo explícitamente reducir las desigualdades sociales, económicas, de género y territoriales.

La cuestión ambiental ocupa asimismo un lugar mucho más central que antes. Mientras que los ODM incluían un solo objetivo “verde” entre ocho, los ODS cuentan con al menos siete de diecisiete que abordan directa (ODS 13, 14 y 15, sobre biodiversidad y clima ; ODS 6 y 7, sobre agua y energía limpias) o indirectamente (ODS 11, sobre ciudades y comunidades sostenibles ; ODS 12, sobre consumo y producción responsables…) la dimensión ecológica del desarrollo. Por último, a diferencia de los ODM, los ODS se presentan como el resultado, en su fase de elaboración, de un amplio proceso participativo (en el que intervienen Estados, organizaciones de la sociedad civil y empresas) y, en su aplicación posterior, como un mecanismo destinado a garantizar una mayor rendición de cuentas, seguimiento y responsabilidad. Todo ello pretende conferirles una mayor legitimidad política y un grado superior de transparencia [1].

Pero ¿bastarán estos progresos y ese plus respecto a los ODM para salvar el proyecto ? ¿Han permitido avances reales desde 2015 ? ¿Ofrecen mayores posibilidades de alcanzarse antes de 2030 ? Y más fundamentalmente aún, más allá de sus resultados medibles, ¿logran los ODS romper con la concepción dominante del desarrollo cuya universalidad es ampliamente discutida ? ¿Modifican el statu quo en materia de relaciones de poder y ortodoxia neoliberal ? ¿Contribuyen realmente a la construcción de sociedades más justas y reconciliadas con la naturaleza ? Nada permite afirmarlo con certeza.

Balance a menos de cinco años del plazo final

“A solo cinco años del plazo fijado para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debemos acelerar el paso”. Esa fue la exhortación formulada por el secretario general de las Naciones Unidas al presentar el informe oficial de 2025 sobre el estado de avance de los ODS (https://www.un.org/sg). En realidad, ese llamado equivale a reconocer que el balance no es satisfactorio diez años después de su adopción, y que difícilmente lo será antes de 2030. “Ninguno de los diecisiete objetivos mundiales está actualmente en camino de cumplirse”, confirman los autores de otro importante informe oficial de seguimiento (Sachs et al., 2025). “Los progresos son ampliamente insuficientes, con menos del 20 % de las metas susceptibles de alcanzarse”, para la fecha límite prevista.

Sin embargo -según la conocida retórica del vaso un cuarto lleno en lugar de tres cuartos vacío- los informes de la ONU comienzan destacando los avances registrados. “Muchos países han mejorado el acceso a servicios e infraestructuras básicas, como la banda ancha móvil, la electricidad o internet… También han disminuido la mortalidad neonatal y la mortalidad de los menores de cinco años” (Ibid). “Las cifras muestran avances reales y vidas transformadas en algunos ámbitos clave : los nuevos casos de sida han disminuido un 39 % desde 2010, los esfuerzos de prevención del paludismo han salvado 12,7 millones de vidas, y 110 millones de niños y jóvenes más que en 2015 están escolarizados” (ONU, 2025).

En términos absolutos, estos progresos no son insignificantes para las decenas de millones de personas afectadas ; incluso son humanamente incalculables. Pero en términos relativos, los propios informes -por “oficialistas” que sean- deben reconocer que los resultados globales obtenidos hasta ahora se acercan más al fracaso que al éxito. Los estancamientos y retrocesos son mayoritarios. Todas ellas son “duras realidades”, reconoce el Sustainable Development Goals Report : “una de cada once personas sufre hambre ; miles de millones no tienen acceso al agua potable ni a servicios de saneamiento ; las desigualdades de género persisten ; se intensifican los conflictos armados, aumentan las tensiones geopolíticas, se baten récords de temperatura y el peso de la deuda se vuelve cada vez más insostenible…” (ONU, 2025).

Como causa -factor explicativo de los “frenos puestos al progreso de los ODS en los países en desarrollo”, según el mismo informe- se señala el “colosal déficit anual de financiamiento de 4 billones de dólares” (Ibid.). En otros pasajes, sin embargo, de esos mismos textos de Naciones Unidas, son la pobreza, el aumento de las desigualdades, el desempleo juvenil, la falta de acceso a servicios públicos esenciales, la vulnerabilidad climática y el agravamiento del deterioro ambiental los que “siguen obstaculizando la realización de los ODS” (https://unstats.un.org/sdgs). O bien la pandemia de covid-19, seguida de la conjunción de crisis económicas, alimentarias y de conflictos, que “han frenado, e incluso invertido, los avances en la reducción de la pobreza en varios países”, mientras que las desigualdades internas e internacionales siguen siendo “un factor determinante de fracaso”. Y si el hambre ha vuelto a aumentar en ciertas regiones, ello se debe al “aumento de los costos” y a las “perturbaciones de las cadenas de suministro”, mientras “los sistemas agroalimentarios” muestran su “vulnerabilidad” (Ibid.).

Sin embargo, poco importa que en la propia narrativa de los múltiples informes que se suceden y se superponen, los efectos y las causas de la evolución problemática de los ODS tiendan a confundirse. ¿No es acaso lo esencial que, al final de los recuentos, análisis y “Foros Políticos de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible -FPAN-”, la comunidad internacional logre ponerse de acuerdo sobre la explicación principal ? Es decir, sobre los factores determinantes a los que atribuir los avances, los retrasos y los retrocesos. En este terreno, por fortuna, los comunicados oficiales convergen : la voluntad política y la disponibilidad de financiamiento constituyen las dos variables clave ; el método (“buenas prácticas”) sería una tercera, subsidiaria. Cuando están presentes, explican los progresos de los ODS ; cuando faltan, explican sus aplazamientos.

Ahora bien, “el compromiso con los ODS es elevado a escala mundial”, proclama el décimo Informe sobre Desarrollo Sostenible (SDSN, 2025) en el primero de sus cinco mensajes principales. “Una década después de su adopción en la ONU, el mundo sigue ampliamente comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (…) Hasta la fecha, 190 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas han participado en el proceso de Revisión Nacional Voluntaria (RNV), presentando sus planes y prioridades para el desarrollo sostenible”. Pero el tono cambia rápidamente para reconocer la magnitud del problema y su carácter central : “El apoyo limitado y en retroceso de las grandes potencias al multilateralismo bajo el paraguas de la ONU, así como la falta de espacio fiscal, constituyen los principales obstáculos para la realización de los ODS” (Ibid). El mismo informe señala, por ejemplo, que Estados Unidos -que, junto con Haití y Myanmar, es uno de los tres países que nunca han presentado una RNV- ocupa el último lugar en la clasificación mundial de apoyo a la Agenda 2030.

Falta de voluntad política, por tanto -de los más poderosos…, a quienes los ODS invitan, en cierto modo, a saldar su deuda social y ecológica con los menos poderosos- , pero también, y estrechamente ligada a ello, insuficiencia estructural de financiamiento. De ahí la propuesta de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDSN) de “reformar urgentemente la arquitectura financiera internacional” para liberar los recursos necesarios para la realización de los ODS. Según este organismo, dicha arquitectura “sigue favoreciendo a los países de ingresos altos”, mientras que “casi la mitad de la población mundial vive en países que no pueden invertir lo suficiente en desarrollo sostenible debido a deudas insostenibles y a un acceso limitado a financiamiento asequible a largo plazo” (SDSN, 2025).

La inversión pública y privada necesaria para cumplir los ODS sigue siendo ampliamente insuficiente, sobre todo en los países de bajos ingresos. Los instrumentos financieros internacionales (préstamos concesionales, ayudas bilaterales o flujos privados) no están dimensionados a la escala requerida. La mayoría de los gobiernos del Sur está convencida de ello, razón por la cual reclama a la comunidad internacional que les proporcione los medios necesarios para avanzar. Esos gobiernos no comparten las críticas más profundas que otras voces del Sur -en particular las reunidas en este número de Alternatives Sud- formulan respecto de las concepciones -capitalistas y desarrollistas- subyacentes a los ODS. Sus objeciones se limitan más bien a denunciar la inadecuación del marco financiero internacional, los obstáculos que ese marco impone a los préstamos, donaciones e inversiones necesarios para la Agenda 2030, y los dados cargados del comercio internacional, caracterizados por la apertura obligada de las economías pobres frente al proteccionismo persistente de las economías ricas.

A la luz de las trayectorias actuales y del grado de incumplimiento de los ODS a menos de cinco años del plazo de 2030, tres escenarios más o menos plausibles siguen compitiendo entre sí, cada uno dependiente, como ya se habrá entendido, de la evolución de la voluntad política internacional y de las condiciones de financiamiento... y ello en un contexto geopolítico y macroeconómico cuando menos incierto. Aquí se roza lenguaje burocrático.

En el mejor de los casos, si en los próximos dos o tres años los Estados aumentan de manera significativa, con el apoyo de las instituciones internacionales y del sector privado, las inversiones prioritarias ; si se reforma la arquitectura financiera (reduciendo los costos de endeudamiento y aumentando las ayudas dirigidas) ; y si se combinan políticas climáticas sólidas con una protección social ampliada, entonces varias metas podrían alcanzarse o quedar bien encaminadas -en particular las relacionadas con el acceso a servicios básicos -como la electricidad, el agua o la atención primaria de salud- así como las infraestructuras. Este escenario supone, por supuesto, una pacificación de las zonas de conflicto y una reducción de los choques macroeconómicos. Los ODS no se cumplirían en su totalidad, pero los retrasos podrían reducirse significativamente.

Lo más probable es que, si nada cambia seriamente en la dinámica actual, progresos marginales, financiamiento insuficiente, policrisis mundial, se registren éxitos parciales en algunos objetivos (salud, electrificación, digitalización) y fracasos en otros (biodiversidad, pobreza, desigualdades). Los principales desequilibrios nacionales e internacionales seguirán siendo estructurales. Salvo que se produzca un despliegue masivo y coordinado de esfuerzos, este escenario parece el más plausible. Y ello siempre que los conflictos armados no se intensifiquen, que el multilateralismo no se fragmente aún más y que las crisis climática y ecológica no produzcan impactos sistémicos mayores. De lo contrario -escenario pesimista- la Agenda 2030 resultará ampliamente inalcanzable y los retrocesos respecto de 2015 superarán el simple estancamiento.

Sea cual sea el resultado, parece sugerir la ONU, la institución ya se encuentra trabajando en la preparación de la agenda de desarrollo sostenible posterior a 2030. La segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Doha a finales de 2025, llamó así, tras renovar sus compromisos en materia de justicia social, a formular indicadores de progreso que vayan más allá del PIB, con vistas a un seguimiento quinquenal a partir de 2031. Del mismo modo, la última Cumbre de los ODS antes de 2030, prevista para 2027, ya está en preparación. El “Pacto para el Futuro”, aprobado en la ONU en 2024, ha encargado iniciar las discusiones oficiales sobre la agenda posterior a 2030. Paralelamente, al menos dos iniciativas prospectivas -la “Iniciativa UN80” y el “Beyond Lab de Ginebra”- reflexionan tanto sobre el fortalecimiento estructural del sistema de Naciones Unidas como sobre un eventual enriquecimiento del concepto de desarrollo sostenible (Bonaccorsi, Kosolapova et Wagner, 2025). Está claro que el tema está lejos de agotarse.

Críticas socialistas, ecologistas y feministas

Pasemos ahora a las críticas de fondo dirigidas contra los ODS. Estas surgieron ya en el momento mismo de su formulación en 2015, en continuidad con las críticas anteriormente formuladas contra los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y desde entonces han sido reiteradas, revisadas y profundizadas. Este número de Alternatives Sud reúne una muestra significativa de ellas, procedentes de África, América Latina y Asia. La mayoría de los artículos incluidos se inscribe en dos grandes registros políticos. El primero, que podríamos denominar socialista, reprocha a los ODS consolidar un modelo capitalista de desarrollo basado en la explotación. El segundo, que podría calificarse de ecologista, denuncia que perpetúan un modelo productivista de depredación de la naturaleza. Ambos coinciden en señalar la contradicción fundamental de mantener, en nombre del desarrollo sostenible, una lógica de acumulación de riqueza que agrava las desigualdades y destruye los equilibrios ecológicos.

Desde una perspectiva marxista, los Objetivos de Desarrollo Sostenible aparecen ante todo como un dispositivo ideológico destinado a reproducir, bajo formas renovadas, el orden socioeconómico capitalista. Presentados como un horizonte universal de progreso social y ecológico, los ODS ocultan en realidad las relaciones de poder materiales que estructuran la producción mundial y disimulan el papel central del capital en la generación de desigualdades sociales y degradaciones ambientales. Lejos de constituir un programa de transformación radical, la Agenda 2030 funciona como un instrumento de legitimación de una globalización cuyos efectos más visibles pretende atenuar sin cuestionar nunca sus fundamentos.

Una de las grandes paradojas de los ODS reside precisamente en su insistencia en erradicar la pobreza y reducir las desigualdades, al mismo tiempo que preservan la dinámica de producción y apropiación privada de la plusvalía que las genera. Este es el argumento, entre otros, de Samir Amin, el influyente economista tercermundista fallecido en 2018, quien en uno de sus últimos textos explica cómo el paradigma del desarrollo sostenible encarnado por los ODS oculta la reproducción de las relaciones centro-periferia (Amin, 2018). Otros autores y autoras de inspiración marxista han actualizado sus herramientas de análisis a la luz de las realidades de la crisis climática, del agotamiento de los recursos y del llamado “antropoceno”, es decir, la nueva época geológica marcada por la transformación duradera de los equilibrios planetarios por la actividad humana.

Este es el caso, en particular, del ensayista japonés Kohei Saito (2024), quien considera los ODS como el nuevo “opio del pueblo” y el desarrollo sostenible capitalista como una “ilusión tecno-optimista” contradictoria en sí misma. Según él, al pretender reformar el sistema sin transformarlo realmente, el discurso del desarrollo sostenible revela su carácter funcional para el mismo sistema que está en el origen de los problemas estructurales -sociales y ecológicos- que afirma querer resolver (Saito, 2024). El marco conceptual de los ODS descansa sobre la idea, profundamente arraigada en la economía política liberal, de que puede existir compatibilidad entre un crecimiento económico ilimitado y la sostenibilidad ecológica. A juicio de Saito, así como de autores como John Bellamy Foster (2022) o Jason W. Moore (2016), esta pretensión constituye una mistificación : el crecimiento capitalista, estructurado por la búsqueda permanente de beneficio, implica necesariamente una extracción creciente de recursos, una intensificación de la explotación y la reproducción de jerarquías centro-periferia que condenan a una parte del mundo al subdesarrollo.

El discurso sobre el “partenariado” entre Estados, empresas y sociedad civil alimenta además una ficción consensual que neutraliza la conflictividad social. Al erigir a las multinacionales en actores legítimos del desarrollo sostenible, los ODS naturalizan su papel en la gobernanza global y ocultan el hecho de que muchas de ellas obtienen sus beneficios a partir de prácticas extractivistas, de cadenas de valor profundamente desiguales o de condiciones laborales precarias. El vocabulario de la responsabilidad o del compromiso sustituye así a una reflexión sobre las relaciones de producción, desactivando cualquier crítica sistémica de los mecanismos de valorización del capital.

De manera similar, como muestran en este Alternatives Sud Shalmali Guttal, Patrick Bond y Jorge Alonso desde Asia, África y América Latina, la dimensión ecológica de los ODS ilustra un desplazamiento característico de la ideología capitalista contemporánea : la crisis ambiental se presenta como un desafío técnico que se resolvería mediante innovación, gestión optimizada de los recursos o incentivos de mercado. Sin embargo, para estos autores, la destrucción de la naturaleza responde a una lógica estructural de valorización en la que los ecosistemas se transforman en reservas explotables al servicio de la acumulación. En lugar de cuestionar esa dinámica, los ODS se limitan a promover una “economía verde” cuya contradicción interna resulta evidente : no es posible preservar los equilibrios ecológicos manteniendo al mismo tiempo un sistema basado en la expansión ilimitada de la producción mercantil.

Por último, el carácter voluntario y no vinculante de los ODS confirma su función esencialmente simbólica. Más que un programa de transformación, constituyen un marco normativo flexible destinado a reunir a actores muy diversos en torno a una visión consensual del futuro, evitando cuidadosamente los terrenos conflictivos : la distribución de la riqueza, la propiedad de los medios de producción, la soberanía económica, los derechos de los trabajadores o la justicia climática. Al dejar de lado la lucha de clases, sustituyen el análisis estructural por una moral del desarrollo cuya pretendida universalidad oculta los intereses contrapuestos en juego. Así, los ODS son vistos no como un instrumento de emancipación, sino como un dispositivo hegemónico destinado a perpetuar el orden capitalista bajo el ropaje del progreso social y ambiental. Lejos de abrir el camino a una transformación profunda, contribuyen a neutralizar la crítica radical al integrar el léxico del cambio en una lógica fundamentalmente conservadora.

Expertos en economía ecológica como Ranjula Bali Swain (2025), Jason Hickel (2021) o Murat Arsel (2022) contribuyen también a profundizar la crítica poscapitalista de los ODS desde una perspectiva posdesarrollista. Desde este enfoque se propone redefinir la noción misma de “prosperidad” -todavía medida en términos de PIB en la Agenda 2030- y se plantea la necesidad de una “decrecimiento” del productivismo y del consumismo en los sectores sociales más privilegiados. A su juicio, los ODS reproducen, bajo un vocabulario humanitario y conciliador, las categorías fundamentales del paradigma desarrollista. Intrínsecamente normativos, promueven una visión pretendidamente universal del progreso y de la modernidad que invisibiliza la diversidad de trayectorias históricas, de cosmologías políticas y de formas de vida. En este sentido, los ODS participan más de un proceso de normalización que de un verdadero proyecto emancipador.

También se reprocha a la Agenda 2030 permanecer ciega ante el papel estructurante que desempeñan la extracción de recursos, el endeudamiento y las asimetrías comerciales en la producción de la pobreza global. Al reducir esta última a un problema técnico que debe corregirse, evita cuestionar los fundamentos del sistema económico mundial y privilegia la retórica consensual de objetivos cuantificables compatibles con el crecimiento ilimitado. No solo recicla así las categorías del desarrollo sostenible reforzando la autoridad tecnocrática de las instituciones internacionales, sino que, al pretender dibujar un horizonte común, margina las voces disidentes, especialmente aquellas del Sur global que cuestionan las lógicas extractivistas o la imposición de modelos occidentales de bienestar.

La distancia es evidente : la arquitectura de los ODS se basa en indicadores estandarizados que miden el grado de conformidad con criterios definidos por especialistas, más que en la capacidad de las sociedades para perseguir sus propias concepciones del buen vivir. La Agenda 2030 aparece así como un dispositivo de gobernanza global que transforma cuestiones profundamente políticas -justicia ecológica, soberanía económica, pluralidad cultural- en simples cuadros de indicadores cuantitativos. Los teóricos del posdesarrollo ven en ello una herramienta de homogeneización que perpetúa el imaginario del desarrollo como único horizonte civilizatorio, neutralizando al mismo tiempo los proyectos alternativos surgidos del Sur global.

Finalmente, la crítica feminista de los ODS confirma varios de los problemas señalados por las críticas socialistas y ecológicas. Aunque la Agenda 2030 incluye la igualdad de género como objetivo explícito, reproduce muchas de las limitaciones estructurales habituales. Al despolitizar las relaciones de poder, tiende a presentar las desigualdades de género como un déficit de capacidades o de participación, ocultando así la dimensión sistémica de la dominación patriarcal y su vínculo con el capitalismo global. Los ODS reconocen la importancia del trabajo doméstico no remunerado, pero sin cuestionar las relaciones de género y de clase que determinan su distribución desigual.

Además, la insistencia en la autonomía económica de las mujeres corre el riesgo de reducir la emancipación a la integración en el mercado laboral, reforzando en ocasiones la precarización y la mercantilización del cuidado. Las críticas feministas poscoloniales subrayan también que los ODS reproducen una visión “universalista” del progreso basada en normas occidentales que invisibiliza los saberes, aspiraciones y luchas de las mujeres del Sur global (Struckmann, 2018). En suma, más que como una herramienta de transformación radical, los ODS aparecen como un marco reformista que estabiliza las estructuras de dominación que afirma combatir.

Críticas nacional-conservadoras y... agenda post-2030

Más adelante en este Alternatives Sud, el artículo de Breno Bringel, miembro brasileño del “Pacto Ecosocial del Sur”, viene oportunamente a recordarnos que, si bien las críticas fundamentales de las izquierdas transformadoras a los ODS no han perdido nada de su radicalidad, pesan poco en el contexto actual -marcado por el ascenso de los autoritarismos y la fragmentación del multilateralismo- frente a las críticas que las derechas duras y las extremas derechas dirigen contra esos mismos ODS. Estas últimas ocupan el centro de la escena. Y marcan el tono. La Agenda 2030 les resulta insoportable por razones diametralmente opuestas a las que movilizan las corrientes progresistas, reformistas o radicales, para defenderla o criticarla. “Mientras que la izquierda la acusa de sostener el orden neoliberal, la derecha la denuncia como la expresión última de un globalismo progresista que amenaza la soberanía, la familia y la libertad individual”, escribe Bringel.

Y de hecho, la marginación o la deslegitimación relativas de los ODS a escala internacional parecen hoy deberse más a los sectores conservadores, que ven en ellos un instrumento de imposición cultural cosmopolita, que a las críticas socialistas, ecologistas o feministas, socialmente minoritarias… Para el nacional-conservadurismo, en gran forma en los cuatro rincones del mundo, la Agenda 2030 se asemeja a un símbolo de injerencia mundialista, a un atentado contra la soberanía de las naciones o incluso a un programa impuesto por élites transnacionales, incompatible con la autodeterminación de los Estados. Sus valores y sus metas, asimilados a la imposición conspirativa de una “ideología de género”, de una “ecología punitiva”, de “reglamentaciones asfixiantes”, de un “multilateralismo intercultural” o de “intereses globalizados”, son estigmatizados como tantas otras injurias a las tradiciones, a la seguridad, a la libertad y al buen sentido popular.

Las amenazas al crecimiento, el empleo y la competitividad nacional que los ODS representan a los ojos de la derecha populista hegemónica son también, en cierto modo, lo que justifica la desvitalización del Green Deal europeo, oficializada justamente en el momento de escribir estas líneas. La ecología política lo consideraba insuficientemente transformador, al igual que los ODS ; los círculos empresariales lo consideran demasiado regulador, también como los ODS. ¿Significa esto que, a menos de cinco años del fracaso anunciado de la Agenda 2030, los primeros intentos de elaboración de una nueva Agenda mundial post-2030 capaz de erradicar los mecanismos productores de desigualdades sociales y de devastación biosférica están condenados a ser un esfuerzo perdido ? Las condiciones sociopolíticas y culturales necesarias para hacer prevalecer el interés general y los bienes comunes sobre los intereses particulares de los más fuertes, en todo caso, no están reunidas. Ojalá las propuestas avanzadas en los textos que siguen desmientan este diagnóstico.