CETRI
“Bendito él por la lluvia que nos cae.
Pero éste no es el tiempo de la Naturaleza; es el hombre el que ha hecho perjuicio.”
Doña Alba Sales, Comunidad Carrizales, Ocós, San Marcos.
El cambio climático es una realidad que se nos ha venido encima, un problema global que merece otros análisis, desde distintas perspectivas. La tormenta Agatha, apenas la primera del invierno que se inicia en Guatemala, causó ya serios daños: pérdida de vidas humanas, muerte de animales, pérdidas cuantiosas en la agricultura que anuncian hambre y encarecimiento de la vida para los próximos meses, daños a la infraestructura, de proporciones iguales o muy cercanas a las ocasionadas por el huracán Mitch en 1998.
No obstante, la forma en que los fenómenos naturales impactan y las causas inmediatas de que los mismos se conviertan en desastres y generen situaciones de emergencia, varían de una región a otra. En la Costa Sur, diagnósticos territoriales, estudios técnicos y los mismos análisis de la población local señalan que las empresas agroindustriales han transformado de tal manera el paisaje natural, que han reducido la capacidad de la región de soportar aún las lluvias normales y han contribuido a hacer cada vez más pobre y más vulnerable a la población local.
El huracán Mitch, en noviembre de 1998, no sólo alertó a las organizaciones internacionales y los gobiernos sobre los riesgos en que vivía la población pobre de la zona baja costera de esta región, sino que también alertó a los empresarios del banano, el plátano y la palma africana sobre los riesgos para sus plantaciones e inversiones. Las plantaciones de banano no resisten las inundaciones. Por esa razón, los finqueros empezaron a construir [1] para canalizar el agua y protegerse contra las inundaciones. Más tarde, después de la tormenta tropical Stan en 2005, los finqueros construyeron bordas a las orillas de la carretera, circulando sus plantaciones para protegerlas.
Al extender las plantaciones, canalizar el río y levantar bordas a las orillas de la carretera circulando las grandes propiedades, las empresas agroindustriales han modificado el cauce natural de los ríos Pacayá, Mopá, Talpope y Talticú y destruido las pampas donde antes desaguaban las crecidas de los ríos, aumentando la gravedad de las inundaciones sobre las comunidades y parcelas campesinas de las zonas bajas. Las inundaciones son hoy más frecuentes, más intensas (las parcelas quedan inundadas un mayor número de días al año) y llegan más temprano. Este año las inundaciones iniciaron en mayo y no en noviembre como solía suceder hasta antes del 2003, fecha de la construcción de los quineles en las fincas de la empresa [2].
En la zona intermedia (por encima de los 50 msnm) de los municipios de Coatepeque y Ocós, las empresas de palma africana también han construido sistemas de drenaje, además de sistemas de riego que han agravado el problema. La empresa aceitera “Palmas del Horizonte” cuenta hoy con varias represas, entre ellas las ubicadas sobre los ríos Pacayá y Mopá, en terrenos de las comunidades de El Troje y La Ayuda. Éstas desvían el cauce de los ríos para irrigación de las plantaciones en época seca y son liberadas en época de invierno. A consecuencia de lo anterior, los campesinos y habitantes de esta zona denuncian al día de hoy la falta de agua en la época seca y su exceso y graves inundaciones en la época lluviosa. Se han declarado directamente afectadas por esta situación las comunidades La Ayuda, San Rafael Pacayá, San Vicente Pacayá, El Troje, Santa Fé, La Blanquita, Los Encuentros y El Pomal, del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, y las comunidades Chiquirines, Carrizales, Barillas, Las Morenas, Madronales y El Palmar II, del municipio de Ocós, San Marcos.
Estos hechos ponen en riesgo la seguridad alimentaria de los habitantes de la zona y constituyen una violación del Derecho a la Alimentación garantizado por pactos internacionales firmados por el Estado de Guatemala, así como la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. De igual manera, los pobladores de la región son afectados en sus Derechos Colectivos, tales como el derecho a ser co-participantes de los beneficios de la explotación de los recursos naturales, y otros Derechos Sociales, como el derecho al acceso al agua, a disfrutar de un medio ambiente sano y a la salud básica, entre otros. Más aún, en el contexto del cambio climático, la situación descrita agudiza la pobreza y la vulnerabilidad de la población local, sometiéndola a la pérdida reiterada de sus bienes y al riesgo periódico de sus propias vidas.
Frente a la recurrencia de las emergencias, las organizaciones sociales, ONGs y agencias de cooperación hemos venido desarrollando programas de prevención y gestión de riesgo, capacitando a la población más vulnerable para que desarrolle su capacidad de reacción frente a tales situaciones. Fruto de estos esfuerzos, las poblaciones han construido sus planes de emergencia, se han organizado en comités de alerta temprana, han planificado y ejecutado evacuaciones oportunas y han habilitado albergues, que durante la tormenta Agatha ya resultaron insuficientes. Los países donantes, por su parte, han incrementado los recursos destinados a estos fines.
Pasada la tormenta, es motivo de satisfacción evaluar que los planes para enfrentar la emergencia resultaron exitosos: hubo pérdidas materiales, pero no las hubo humanas, al menos en las comunidades de Ocós y Coatepeque. No obstante, debemos interrogarnos y enderezar la misma pregunta hacia los países donantes: ¿Es suficiente con prevenir y gestionar el riesgo? ¿No es perverso exigir a los más pobres y vulnerables que se adapten a los estragos del cambio climático, sin cambiar los patrones de consumo y sin considerar transformar el modelo económico que exige seguir abusando de nuestro entorno natural? ¿No es perverso acaso localizar y canalizar ayuda a las víctimas de los desastres sin atender a sus causas estructurales, sin regular la actividad de las empresas que denuncias locales reiteradas señalan como agravante de los efectos de los fenómenos naturales sobre la población?
En lo que toca a las ONGs y agencias de cooperación, éste y otros casos similares que han quedado expuestos en el contexto de la emergencia causada por la tormenta Agatha, nos obligan a preguntarnos: ¿aceptaremos dócilmente la mutación que se nos impone de convertirnos de organizaciones de desarrollo a organizaciones de emergencia, en otras palabras “apaga-fuegos”?
¿El Estado guatemalteco planificará una vez más la reconstrucción después del desastre y la ejecutará –ojalá— antes de que llegue la siguiente emergencia, sin abordar los problemas estructurales que todos señalan como factores agravantes de la pobreza y la vulnerabilidad de las comunidades? ¿Seremos capaces como sociedad de observar y aceptar indiferentes que poblaciones enteras se conviertan en conglomerados humanos inviables en el actual estado de cosas, prescindibles?
