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América Latina

Consenso de los commodities y megaminería

En el último decenio, América Latina realizó el
pasaje del Consenso de Washington, asentado
sobre la valorización financiera y una política
generalizada de privatizaciones, al Consenso
de los Commodities, basado en la extracción y
exportación de bienes primarios a gran escala,
sin mayor valor agregado, hacia los países más
poderosos. Al compás de una nueva división
territorial y global del trabajo, el Consenso de
los Commodities cerró la etapa del mero ajuste
neoliberal y abrió a otro ciclo económico
en América Latina, caracterizado por las altas
tasas de crecimiento y las ventajas comparativas, -que en líneas generales persisten, aún
en el marco de la reciente crisis económica y
financiera global-, gracias al boom en el precio
de las materias primas.

Convertido en algo más que un orden económico,
el Consenso de los Commodities fue
definiendo un espacio de geometría variable,
que habilita cierta flexibilidad –hasta donde
la globalización lo permita- en cuanto al rol
del Estado-nación, según las orientaciones
político-ideológicas de los gobiernos, sobre la
base común de un acuerdo acerca de lo que se
entiende por Desarrollo (matriz productivista,
modelo primario-exportador), así como de la
aceptación acrítica del rol histórico asignado
a América Latina (“sociedades exportadoras
de Naturaleza”, como afirmaba el venezolano
Fernando Coronil).

Sin embargo, por encima del discurso triunfalista
y del retorno de una ideología desarrollista
como gran relato, la contracara de
este proceso de adaptación de las economías
latinoamericanas, ha sido la creciente consolidación
de un estilo de desarrollo extractivista,
ligada a la sobre-explotación de recursos
naturales no renovables y a la expansión de
las fronteras hacia territorios antes considerados
como improductivos. El extractivismo
resultante contribuyó a agravar aún más el
patrón de distribución desigual de los conflictos
sociales y ecológicos entre, por un lado,
los países del centro y las potencias emergentes
y, por otro lado, los países periféricos. En
consecuencia, impacto socioambiental mayor
y explosión generalizada de la conflictividad,
aparecen como rasgos inherentes a dicho estilo
de desarrollo.

Por cuestiones vinculadas con las características
negativas del modelo, potenciado cada vez
más por razones de índole histórica -la memoria
larga del saqueo colonial-, la megaminería
metalífera a cielo abierto se convirtió en la
actividad extractiva más cuestionada por las
poblaciones latinoamericanas. No obstante,
lejos estamos de asistir a una oposición contra
todo tipo de minería. Las poblaciones, se trate
de comunidades campesino-indígenas o de
asambleas de vecinos, multiétnicas y policlasistas,
en pequeñas y medianas localidades,
se oponen a un modelo de minería metalífera:
el sistema de explotación minera a cielo
o tajo abierto (open pit). Dicho sistema, hoy
generalizado frente al progresivo agotamiento
a nivel mundial de los metales en vetas de
alta ley, utiliza técnicas de procesamiento por
lixiviación o flotación, esto es, sustancias químicas
contaminantes, y requiere de enormes
cantidades de agua y energía.
Hay que tener en cuenta que, debido a la
aplicación de dichas tecnologías, América Latina
es una de las regiones que tiene las reservas
minerales más grandes del mundo, lo
cual explica que, en 2011, haya concentrado
el 25% de la inversión mundial en exploración
minera [1]

Ahora bien, el cuestionamiento a la megaminería
no se refiere exclusivamente al uso de
tecnologías lesivas en relación al ambiente.
Uno de los rasgos principales de este tipo de
minería es la gran escala de los emprendimientos,
lo cual nos advierte sobre las grandes
inversiones de capital que exige (se trata de
actividades capital-intensivas, antes que trabajo-
intensivas), el carácter de los actores involucrados
(grandes corporaciones trasnacionales,
que controlan la cadena a nivel global),
así como de los mayores impactos y riesgos
–sanitarios, ambientales, sociales, económicos-
que dichos emprendimientos conllevan.
Asimismo, otro de las consecuencias es la consolidación
de economías de enclave, visible
en los escasos encadenamientos productivos
endógenos y la fuerte fragmentación social y
regional, lo cual termina configurando espacios
socio-productivos dependientes del mercado
internacional y de la volatilidad de sus
precios.

Es entonces esta combinación de aspectos –
máxima expresión del despojo económico y
destrucción ambiental-, lo que convierte a la
megaminería en una suerte de figura extrema,
símbolo del extractivismo depredatorio.
A esto hay que sumar el establecimiento de
“áreas de sacrificio”, con lo cual los territorios
intervenidos aparecen como “socialmente
vaciables” y desechables, en función de la
rentabilidad y la mercantilización, lo cual posteriormente
repercute y tiene efectos visibles
sobre los mismos cuerpos. En consecuencia, la
minería metalífera a gran escala es muy cuestionada,
no por falta de cultura productiva
o simple demonización de la actividad, sino
porque las poblaciones comprenden que ésta
constituye una síntesis acabada del maldesarrollo,
que pone en riesgo la vida presente y
futura de las poblaciones y los ecosistemas.

Conflictividad y lenguajes de
valoración

Si hay algo que no puede ser minimizado, ni
siquiera por el propio discurso tecnocrático
prominero, es la fuerte conflictividad social
desencadenada de manera creciente por los
proyectos extractivos. Actualmente, no hay
país latinoamericano con proyectos de minería
a gran escala que no haya suscitado conflictos
sociales entre las empresas mineras y el gobierno
versus las comunidades: México, varios países
centroamericanos (Guatemala, El Salvador,
Honduras, Costa Rica, Panamá), Ecuador, Perú,
Colombia, Brasil, Argentina, Chile y, recientemente,
Uruguay.

Según el Observatorio de Conflictos Mineros de
América Latina (OCMAL) existen actualmente
120 conflictos activos que involucran a más de
150 comunidades afectadas a lo largo de toda
la región. Sólo en el Perú, la Defensoría del
Pueblo de la Nación da cuenta de que la actividad
minera concentra el 70 % de los conflictos
socioambientales y éstos a su vez, representan
el 50 % del total de conflictos sociales en ese
país.2 Asimismo, la conflictividad contribuye
directa o indirectamente a la judicialización
de las luchas socio-ambientales y a la violación
de los derechos ambientales y colectivos, en la
medida en que no se generan procesos de consultas
en las comunidades involucradas, y en
no pocas ocasiones los dispositivos institucionales
existentes (como, por ejemplo, el convenio
169 de la OIT) tienden a ser bastardeados por
los propios gobiernos, interesados en la rápida
aprobación de los proyectos.

Incluso en aquellos casos donde la megaminería
fue rechazada y la actividad no logró instalarse,
tal como sucedió en Intag (Cotacachi, Ecuador),
en dos oportunidades (en 1995 y en 2006); o en
Famatina (la Rioja, Argentina), en 2007 y recientemente
en 2012, asistimos a la reactivación cíclica del conflicto, con sus corsi e ricorsi, frente al arribo de una nueva empresa que reemplaza
a la anterior, ya expulsada, y puja por obtener
por todos los medios una licencia social que la
población ya ha denegado. Asimismo, una vez
instalada la empresa, la conflictividad tiene una
sobrevida que excede largamente la del período
de explotación del yacimiento, tal como se
puede verificar en casos emblemáticos de la
minería latinoamericana, como en Guanajuato y
Zacatecas (México), Cerro de Pasco, La Oroya o
la Bahía de Ilo (Perú)3

En consecuencia, gracias a la estrecha alianza
entre gobiernos y grandes empresas y por
encima de la orientación político-ideológica de
los gobiernos, el actual escenario de conflictos
ilustra el modo cómo el extractivismo pone
en jaque a las democracias latinoamericanas,
pues se trata de un modelo que avanza sin el
consenso de las poblaciones, generando todo
tipo de conflictos sociales, divisiones en la sociedad,
y una espiral de criminalización y represión
de las resistencias que sin duda abre un
nuevo y peligroso capítulo de violación de los
derechos humanos.

Por lo general, las acciones de oposición arrancan
con reclamos puntuales (económicos o ambientales)
y van configurando una nueva “comunidad
del no”4; pero en la misma dinámica
de lucha éstas tienden a ampliar y radicalizar
su plataforma representativa y discursiva, incorporando
otros temas, tales como el cuestionamiento
al modelo de desarrollo hegemónico
y la exigencia de desmercantilización de los
bienes comunes. Así, los procesos de movilización
van conduciendo a una concepción de la
territorialidad opuesta a las nuevas formas de
colonización de la Naturaleza, ilustradas por el
discurso eficientista y el neodesarrollismo dominante.
Para el caso que nos ocupa, asistimos a la emergencia de una nueva ecología política del agua, de defensa de las cuencas hídricas,
fuertemente amenazadas por la actividad minera,
tal como lo refleja la consigna “el agua
vale más que el oro”, que hoy recorre este tipo
de luchas en todo el continente.

Otro de los elementos más novedosos de las
resistencias contra la megaminería es la articulación
entre actores diferentes, que incluyen
desde organizaciones o comunidades de vecinos,
pequeñas organizaciones ambientalistas
(ONGs), y profesionales y universitarios. Este
diálogo productivo entre disciplinas y organizaciones
heterogéneas, ha ido produciendo un saber
experto independiente de las corporaciones
y de los gobiernos, desde el cual plantear una
disputa, a la vez epistémica y política. Resulta
imposible realizar un listado de las redes autoorganizativas
nacionales y regionales contra la
megaminería que hoy existen en América Latina,
además de las organizaciones campesinoindígenas
preexistentes. A título de ejemplo,
podemos mencionar la CONACAMI (Confederación
Nacional de Comunidades Afectadas por
la Minería, nacida en 1999, Perú); la Unión de
Asambleas Ciudadanas (UAC, Argentina), surgida
en 2006, que congrega unas setenta organizaciones
de base que cuestionan el modelo minero; y
la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
(ANAA, México, que incluye diferentes frentes
de lucha), creada en 2008, en instalaciones de
la UNAM, con el apoyo de la Unión de Científicos
Comprometidos con la Sociedad (UCCS).

Entre fines de 2011 y comienzos de 2012 las luchas
contra la megaminería adoptaron una mayor
urgencia y dramatismo: en Cajamarca, Perú,
se llevó a cabo la Marcha en defensa del Agua y
de la Vida, en contra del proyecto Conga, que
amenaza con secar cuatro lagunas, para extraer
cobre y oro, impactando sobre la vida de unas
100 mil personas; en Famatina, Argentina, en
enero de 2012, se produjo una gran pueblada,
que permitió la visibilización de otras luchas
contra la megamineria y colocó la problemática
en la agenda política nacional; en Panamá, en
febrero de 2012, hubo una gran represión que
costó la vida de dos miembros de la comunidad
indígena Ngäbe Buglé; en México, en el Estado de Veracruz, crece el rechazo contra la instalación del proyecto minero Caballo Blanco, que
pretende desarrollarse a pocos kilómetros de
una central nuclear; en Cajamarca, Colombia,
la población se ha movilizado en contra de una
gigantesca mina de oro, La Colosa; en fin, en
marzo de 2012, en Ecuador, las manifestaciones
se intensificaron, como lo muestra la ocupación
y posterior desalojo de la embajada de China
en Quito, de un grupo de mujeres que querían
entregar una nota de protesta contra un proyecto
minero de capital chino que sería la primera
explotación a gran escala de la historia de ese
país. Estos pocos ejemplos ilustran la rápida generalización
de las luchas continentales en contra
de este modelo.

Por último, vale aclarar que no todas las formas
de resistencia a la megaminería plantean
una redefinición del modelo de desarrollo aunque
sí promueven una democratización de las
decisiones (consultas públicas, audiencias, plebiscitos).
En países con una larga tradición de
minería a gran escala, como el caso de Bolivia,
Chile y Perú, los escenarios son muy complejos,
así como múltiples las visiones de la territorialidad
hoy en disputa. Sin embargo, visto el fracaso
de la megaminería como “motor de desarrollo”,
visto la dinámica creciente de desposesión
que convierte en sacrificables los territorios, así
como la peligrosa espiral de criminalización y
represión de las luchas, los procesos de radicalización
de la población suelen ser impredecibles,
tal como lo muestra actualmente el caso peruano,
el primer país latinoamericano en donde se
implementó este tipo de minería.

Maristella Svampa es investigadora del
Conicet (Centro Nacional de Investigaciones
Científico Técnicas) de Argentina y profesora
de la Universidad Nacional de La Plata.
Coordinadora del Grupo de Estudios Críticos
del Desarrollo
(...)

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Notas

[1http://noticiasmineras.mining.com/2012/03/05/
america-latina-lidera-inversiones-mundiales-enexploracion-
minera/.


Las opiniones y conslusiones expresadas en el siguiente artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición del CETRI.