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A partir de la delación premiada efectuada por el ex Policial Militar (PM), Élcio de Queiroz, se empieza a armar el puzle de la ejecución de la concejala Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes el día 14 de marzo de 2018. En parte de su declaración, Queiroz ratifica que fue su colega y ex PM Ronnie Lessa quien efectuó los disparos que terminaron con la vida de ambos. Y también entregó el nombre de quien actuó de intermediario con el mandante del crimen, que era el sargento de la PM llamado Edimilson Oliveira da Silva, conocido como Macalé. Esta pieza clave en la investigación fue asesinada en extrañas circunstancias en noviembre de 2021, por lo cual todo hace sospechar que su muerte es parte de un caso típico de “quema de archivo”.
Otro importante desdoblamiento de la delación del ex PM es la confirmación de que Marielle estaba siendo vigilada desde hacía ocho meses antes del atentado y que un intento frustrado por acabar con su vida ya había sido realizado a fines de 2017. Por lo tanto, la sucesión de afirmaciones permite corroborar que el crimen no fue la consecuencia de un odio repentino contra la concejala (como afirmaban algunos miembros de la Policía Civil de Rio de Janeiro), sino que fue un acto premeditado y planificado con mucha antelación a la fecha de su ejecución. Es decir, se está ante la existencia de uno o varios mandantes que deseaban eliminar políticamente a Marielle por sus actividades en defensa de los derechos humanos de las poblaciones más pobres y vulnerables que habitan en las áreas periféricas de Rio de Janeiro, especialmente en las comunidades y barrios de la Baixada Fluminense. Desde que fue electa en 2016, Marielle Franco tuvo una actuación destacada y fue una luchadora incansable para proteger la vida de la población pobre, negra y LGBTQIA+ que vive en esas áreas.
Además, la delación de Queiroz llevó a la captura del Bombero Maxwell Simões quien era el encargado de destruir las evidencias de la “operación”, específicamente la subametralladora y el auto utilizado por los criminales en la ejecución de Marielle y Anderson. Por esta razón, él ya estaba procesado y condenado a seis años por su responsabilidad en perjudicar la investigación en curso. Ahora, Maxwell acumula una nueva acusación, la de vigilar los pasos de Marielle Franco durante los ocho meses anteriores al crimen. Al momento de su nueva detención -en una operación conjunta entre la Policía Federal y el Ministerio Público de Rio de Janeiro- se encontraba en su casa disfrutando del beneficio de prisión domiciliar concedido por la justicia.
Según han señalado miembros de la Policía Federal que reabrieron el caso en febrero de este año, la decisión de Élcio de denunciar a sus colegas se debió a que tuvo conocimiento de nuevas pruebas que incriminaban a Ronnie Lessa, específicamente, la consulta por parte de este último de datos bancarios de Marielle Franco y de su hija dos días antes del asesinato. Y se agrega a esto un dato no menor: la propia esposa de Lessa negó que ellos estuvieran en casa a la hora del crimen esperando asistir un partido de Flamengo por televisión, destruyendo cualquier posibilidad de credibilidad en la coartada inventada por los autores del delito. Con estas nuevas pruebas en contra, el delator se sintió fragilizado y optó por ayudar a los investigadores a desvendar aspectos desconocidos del itinerario de esa acción criminal ocurrida el día 14 de marzo.
La importancia de las revelaciones efectuadas por Élcio de Queiroz es que ellas vienen a confirmar efectivamente todos los indicios que había recopilado el Ministerio Público y la Policía Federal para trazar el mapa y la cronología del crimen, con todas las etapas, desde la planificación previa hasta la destrucción de las pruebas comprometedoras, o sea, el desmantelamiento del auto y la destrucción del arma utilizada, la desaparición de los casquillos de bala que quedaron dentro del vehículo, la incineración del pasamontaña y la vestimenta utilizada por el ejecutor. Inclusive, ahora se conocen algunos detalles escabrosos del rumbo seguido por los criminales luego de consumado el homicidio, como el hecho de que esa noche fueron a celebrar en un bar de Barra de Tijuca hasta altas horas de la madrugada.
Cuando se cumplieron cinco años del asesinato de Marielle Franco sosteníamos la importancia de aclarar este crimen como una respuesta imprescindible para recuperar la confianza y la credibilidad del sistema policial y judicial brasileño (El asesinato de Marielle Franco continúa en la impunidad). La solución de este caso comienza a arrojar sus primeros resultados después de seis meses desde que asumieron las nuevas autoridades.
Sin embargo, hasta el momento existen tres interrogantes interrelacionadas que se mantienen sin aclarar y que siguen empañando la vida y la convivencia democrática entre los brasileños: ¿Quién mandó a matar a Marielle, por qué motivo y cuáles son las razones de por qué las investigaciones se hayan mantenido por tanto tiempo paralizadas y obstaculizadas? Probablemente la respuesta se sepa en las próximas semanas y, según las conjeturas concebidas por especialistas y funcionarios policiales, se puede sostener que este crimen fue encomendado por los jefes de las milicias del Estado de Rio de Janeiro con el apoyo y la complicidad de políticos locales cercanos a la familia del ex presidente Jair Bolsonaro.
Lo que parece increíble al final de esta historia trágica y conmovedora, es que el pueblo brasileño haya optado por poner al mando de la Nación y, por lo tanto, en el corazón del poder, a un individuo tan próximo y cómplice de milicianos y traficantes que actúan en la más completa impunidad. Con su proyecto de liberación de armas, el ex capitán intentó transformar a Brasil en una tierra de nadie, de pistoleros y matadores por encomienda. Ese peligro que sigue latente tiene que ser desmontado definitivamente por el conjunto de la sociedad que aspira a construir un país en que el diálogo y el pluralismo democrático imperen en la relación entre sus ciudadanos.
