Latin America

Movimientos sociales : nuevas formas de liderazgo comunitario

par Nilsa Medina Piña
(28 octobre 2008)

El problema de la construcción de los movimientos sociales como objeto
de estudio nos introduce a nuevos retos de producción teórico-conceptual
para analizar una amplia gama de prácticas sociales, con manifestaciones
muy diversas en la vida económica, política y cultural puertorriqueña. Partimos
de una perspectiva metodológica que privilegia el análisis de las experiencias
y procesos frente a los esquemas preconcebidos de interpretación
social. Ello nos remite a la identificación de los sujetos que protagonizan el
movimiento social, a la explicitación del conjunto de demandas sociales y
las condiciones que las provocan, lo que necesariamente nos conduce a
rescatar su trama histórica.

En ese andamiaje histórico se albergan los asuntos referidos
a la identidad nacional puertorriqueña, en tanto el proceso de formación
nacional en Puerto Rico quedó trunco por el colonialismo, primero
de España y luego de los Estados Unidos. A pesar de no haber logrado
la constitución formal y legal de su Estado-nación, los puertorriqueños han
constituido de facto una nación con identidad, cultura e instituciones propias.
Al igual que otras naciones caribeñas, los poderes coloniales estructuran la
dominación económica y social mediante la importación de mano de obra
esclava y el establecimiento de una economía de plantación basada en la
producción azucarera. Su capacidad de resistir creativamente, con fuerza de
pueblo, se encuentra hoy en una encrucijada crítica, y el país ha comenzado
a cruzar el umbral de la ingobernabilidad y, sin duda, a mostrar la inviabilidad
de su relación actual con los Estados Unidos. Puerto Rico es una sociedad
que recorrió el camino de la indigencia y las carencias básicas hasta niveles
inimaginables de consumismo capitalista. En los años cincuenta, con grandes
inversiones de capital privado se logró el llamado “milagro de Puerto
Rico” mediante el programa Manos a la Obra llamado de puertorricanización,
plan que fue presentado coma una vitrina de la democracia, una alternativa
que le serviría a los Estados Unidos como un modelo de expansión del ámbito
de su influencia en el Caribe y el resto del mundo.

Las bases de este modelo están en las políticas económicas,
militares y educativas impulsadas par el poder estadounidense en
Puerto Rico, las cuales provocaron resistencias par parte de los hacendados,
trabajadores y población en general, ante el deterioro de las condiciones
de vida. La cuestión nacional cobró un espacio importante en el debate
público y surgió con fuerza un movimiento nacionalista reivindicativo, que
cuestionó el poderío estadounidense en la isla. Otras expresiones de resistencia
se forjaron en el ámbito de la lucha obrera, con la formación de
sindicatos, en la gestación de un movimiento cooperativista, la creación de
sociedades de ayuda mutua y otras formas de organización ciudadana en
las cuales se iban moldeando las resistencias y forjando las estrategias de lucha. Los movimientos comunitarios que hoy ocupan nuestra atención son
en gran medida herederos de aquella lucha social. Estos asuntos, junto a
las aspiraciones de una participación en todas las esferas de la vida siguen
dominando el debate cultural, social y económico hasta la actualidad.

A todos los niveles, es una señal de los tiempos que la
democracia participativa cobre fuerza, reconocimiento y prestigio. En una
histórica decisión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones
Unidas se aprobó una resolución abriendo el camino para elevar la causa de
la descolonización a la Asamblea General. En este marco se hizo también
presente la sociedad civil por medio de organizaciones como el Colegio de
Abogados, y el liderazgo de la lucha más emblemática en las organizaciones
comunitarias y de la sociedad civil, las que dirigirán el país.

¿Quién desafía al Estado y para qué ?

Podemos hablar en primera instancia de lo que se ve : dónde están, quiénes
son, qué piensan estos nuevos actores sociales que van reconstituyendo y
redefiniendo la sociedad civil, y la relación entre sociedad civil y Estado, y el
problema del poder en la sociedad. Irrumpen en el escenario socio-político
y definen sus cauces de luchas a partir de ámbitos sectoriales de interés.

A partir de finales de los años sesenta, el deterioro económico
fue generando transformaciones en la organización social en la isla. Al
igual que en otros países de la región, las instituciones políticas tradicionales
como los partidos y las uniones obreras no alcanzaron a canalizar el creciente
descontento social ni lograr vías de recuperación económica y de democracia
social. Aunque ha experimentado una democracia formal durante el siglo XX y
lo que va del actual, su sistema político ha estado plagado de prácticas clientelares,
numerosos casos de corrupción, pobreza y desigualdad. Se fue convirtiendo
en una partidocracia cuestionada por la sociedad de múltiples maneras,
incluyendo cambios en los patrones electorales. Cada vez más los votantes
eligen candidatos de los tres partidos que en toda la historia electoral se han
disputado el poder desde tres ideologías correspondientes a las definiciones de
estatus político de la isla : Estado 51, Estado Libre Asociado (ELA) e Independencia.
A pesar de que la participación electoral ha sido significativamente alta
(las elecciones se consideran un deporte nacional), la misma ha mostrado una
tendencia a disminuir y particularmente el electorado joven va reduciendo su
participación relativa. Las uniones obreras y los partidos políticos mayormente
se han marginado de la esfera del accionar comunitario, en el cual se han ido
articulando las respuestas colectivas al deterioro, donde se ha ido construyendo
ciudadanía, nuevas formas de representación ciudadana. Los sujetos tradicionales
se fueron haciendo ajenos a las experiencias de poder local y así abonaron
la conformación de una cultura política jerárquica y autoritaria.

Desde este período de erosión del
pacto social, en el que se observan fisuras en el mismo,
identificamos nuevos desafíos al Estado por parte de
diversos organismos de la sociedad civil : los grupos ambientalistas,
que libran luchas par el rescate del ecosistema
y la protección de los recursos naturales ; el nuevo
sindicalismo independiente que confronta la afiliación
a centrales estadounidenses ; el movimiento estudiantil,
que adopta como eje de lucha la oposición al servicio
militar obligatorio y la denuncia
frontal al modelo de universidad
neoliberal ; el movimiento feminista
impulsando la ampliación de los
derechos de la mujer en las esferas
pública y privada y que se proyecta
transversalmente a todas la luchas
sociopolíticas ; los rescatadores de
terrenos, que han confrontado la
política estatal de vivienda y la especulación
con la tierra y, más recientemente,
los afanes de expropiación para el desalojo
de las familias residentes en comunidades pobres ; el
movimiento para el desarrollo económico comunitario
(establecimiento de empresas colectivas) ; el movimiento
de los trabajadores de la cultura, en especial la música,
y el movimiento por la paz, con amplias redes a nivel
caribeño ; el movimiento cooperativista, en cuyo interior
se lucha contra el tutelaje estatal ; el deporte como espacio
de lucha para el reconocimiento de la identidad
puertorriqueña a nivel internacional, entre otros. En estas
esferas de expresión ciudadana se observa una multiplicidad
de prácticas colectivas que a diversos niveles
confrontan al Estado colonial. En efecto, son formas de
acción colectiva que implican la existencia de conflictos
a los que se enfrentan desde una conciencia e interpretación
que relaciona ese conflicto con determinaciones
políticas ejercidas desde el poder. En nuestra realidad, el
tema de los movimientos sociales se inserta en una matriz
de cuestionamiento al sistema colonial, pero no se
agota su riqueza y complejidad en esta esfera de lucha.
Hasta los años ochenta, el liderato de la lucha sindical, ambiental, feminista, entre otros, provenía de las filas del independentismo
y de la esfera anticolonial de las luchas sociales, fuertemente reprimidas y
desarticuladas por las agencias policíacas estadounidenses. Sus organismos
de coordinación, sus formas de representación, se ejercían desde el ideario
de la emancipación política y social. Ocurre entonces un amplio proceso de
organización popular que asciende marcadamente en las siguientes décadas.
Ese periodo corresponde a lo que podríamos llamar “época de constitución
de los movimientos sociales”.

De tal forma que la deslegitimación de los partidos políticos
abrió el cauce a la expansión de toda una gama de iniciativas ciudadanas
que desde los ámbitos rurales y urbanos defienden derechos, claman
por servicios, se oponen a medidas gubernamentales, construyen redes
que desempeñan un papel clave en la construcción de significados sociales
compartidos, y expresan voluntad creciente de intervención en el proceso
de cambio social. Se constituyen en espacios de socialización que refundan
o producen identidades colectivas y nuevos sujetos colectivos que disputan
la hegemonía del Estado.

Si bien resulta evidente el impacto de estos movimientos
que inciden en el ámbito social, cultural y político desde una diversidad
de demandas, la temática es un tema emergente en las ciencias sociales en
Puerto Rico. Los enlaces entre lo social y lo político es la formación de una
cultura ciudadana con ejes de estudio que han generado una producción
teórica significativa en la región latinoamericana. A medida que la acción
colectiva fue ganando terreno en la escena pública, la academia se fue interesando
en procesos sociopolíticos que estos movimientos generaban.

En los últimos años, el tema de la democracia política y
su defensa se ha convertido en una cuestión central para diversas corrientes
de pensamiento latinoamericano.

Estamos de acuerdo con Lechner en que si la problemática
de la revolución fue el foco iluminador de las sociedades latinoamericanas
en la década del sesenta (digamos desde la Revolución
Cubana en 1959 hasta el derrocamiento de Allende en 1973), el leitmotiv
del actual período es la democracia. El tema es celebrable por las potencialidades
que contiene. La recuperación de los valores democráticos abre
la posibilidad de contrarrestar la tradición autoritaria de los partidos y del
qué hacer social y político como conjunto y de reformular objetivos y prácticas
de las distintas organizaciones. En Puerto Rico, la creciente insatisfacción
con los partidos tradicionales ocasionada por su inoperancia para
implantar soluciones y por la ausencia de democracia sirve de plataforma
para la emergencia de nuevos actores sociales operando en un contexto
novedoso por la articulación de luchas locales, sectoriales, nacionales y globales que combinan un cierto principio de globalidad con la referencia
a una identidad particular. En los setenta se produjeron estudios comparativos,
en gran medida inspirados en los aportes de Alain Touraine, quien
investiga sobre los movimientos sociales en su relación con la democracia
y la política especialmente en el marco latinoamericano. También desde la
óptica latinoamericana, autores como Manuel Garretón nos ilustran sobre
las transformaciones de las nuevas formas de acción y la resignificación
de los nuevos ejes de la acción social colectiva y los conflictos sociales
(Mirza, 2006). Por otra parte, Boaventura de Sousa Santos nos advierte
que pese a la unidad que se proyecta en la oposición de los movimientos
sociales al neoliberalismo, se observa entre los estudiosos del tema que
existen desencuentros entre teoría y práctica, las teorías sobre la transformación
social actualmente disponibles no dan cuenta adecuada de esa
actividad política y cultural. Coincidimos con Wallerstein en que los movimientos
sociales nos plantean un desafío ético y político. Actualmente,
los movimientos están buscando el apropiado equilibrio entre las batallas
inmediatas y la lucha para transformar el sistema en algo más moral, más
igualitario y más democrático.

Para el análisis de los movimientos sociales en Puerto
Rico, y en particular las nuevas formas de liderazgo comunitario, partimos
de una corriente teórica que vincula al movimiento social con la matriz
democrática, que supera la visión estrecha de la democracia formal con
sus prácticas elitistas alejadas de la cotidianidad de la trama social de las
mayorías. Exploramos la pregunta central acerca de si es posible reconstituir
la ciudadanía a partir de la resignificación de los nuevos ejes de la acción social
colectiva. ¿Será que los movimientos sociales están generando una nueva
concepción de la democracia y una nueva manera de construir el terreno
político ? ¿Se desplazan los conflictos al campo de lo cultural ? ¿Quiénes son
los protagonistas de estos nuevos movimientos sociales y hasta qué punto
pueden proyectar sus aspiraciones desde el escenario comunitario hacia
una esfera más global de representación ?

En todo caso, del acopio informativo que hemos ido
abordando se desprende que los movimientos de base comunitaria en
Puerto Rico tienen una doble naturaleza : se encuentran fuertemente enraizados
en los reclamos de base comunitaria y se proyectan al espacio público
nacional e internacional, más recientemente mediante su participación
en redes internacionales.

Últimamente un grupo de investigadoras sobre movimientos
sociales y comunitarios ha conformado un grupo de estudio para
trabajar dimensiones teórico metodológicas que pudieran contribuir a un
abordaje integral que permita afrontar la complejidad del tema.
Partimos pues de un enfoque que indaga acerca de
cómo los puertorriqueños, por medio de su liderazgo en espacios de organización
comunitaria y local, confrontan la fragmentación de la vida social, los
problemas de la ingobernabilidad, la corrupción, el incumplimiento con las
leyes y reglamentos que puedan proteger sus derechos, la protección de sus
derechos sociales, de sus recursos naturales, en fin, cómo vinculan en sus
prácticas la esfera de lo social y lo político partiendo de una perspectiva de
cambio social profundo, en un afán de reconstruir las condiciones sociales
en que se hacen, deshacen y rehacen estos sujetos históricos. Se trata, en
efecto, de determinar la especificidad de los antagonismos de los que surgen
y los cambios en las formas de la política que su presencia ha generado.

Condiciones sociales en que se construyen los sujetos históricos Condiciones económicas

En los últimos 40 años, Puerto Rico ha vivido una transición veloz de un
modelo de desarrollo de corte agroindustrial a otro basado en la industrialización
independiente y la modernización institucional que se expresó en el
programa Manos a la Obra. El economista Richard Weiskoff, en su libro Fábricas
y Cupones
caracteriza el nivel económico de Puerto Rico como uno
de “bienestar para las transnacionales”. Lo resume en “mercancías, capital y
transferencias, hacia adentro ; productos, ganancias y gente hacia fuera”.

Economistas como Francisco Catala y el Brookings Institution
y el Centro para la Nueva Economía destacan que el modelo de
Puerto Rico basado en tranferencias federales ha creado una cultura de
dependencia que le inhibe y descarta la exploración e invención institucional
de la cual el desarrollo económico debe apoyarse para impulsar alternativas.
La inercia ha permeado toda iniciativa para cambiar los modos de
hacer las cosas, las normas de articular procesos de producción, tratados
comerciales, etc. De un Estado colonizado pero emprendedor, de un capitalismo
de Estado de la década del cincuenta cuando Puerto Rico apuesta
a traer inversión de EE.UU. y exportar hacia allá, fue pasando a un único
horizonte en el plano de su política económica –el modelo de transferencias
federales que ha perdido toda vigencia en esta era de la globalización
en la que aquel privilegio de acceso al mercado estadounidense ya no es
lo que era entonces. Los paquetes de incentivos ya lo ofrecen otros países.
Ahora, el capital estadounidense esta más interesado en invertir en otros
países para explorar nuevos mercados, si bien Puerto Rico tiene un caudal
de recursos humanos que exporta a raudales. Por otro lado, la cultura laboral
en Puerto Rico, amparada en la lógica de las transferencias federales
y los cheques de alimentos, cercena la conciencia y socava las bases para
ampliar el espacio económico al interior de su economía nacional y tras
cender hacia un espacio multidimensional de la autogestión económica, lo
que contrasta con la agilidad institucional de otras economías. Nuestra gran
limitación es la Carta de Poderes para desarrollar un modelo económico
de avanzada, para establecer nuevas redes de interdependencia, aumentar
el poder de negociación, reducir la vulnerabilidad, para establecer políticas
de migración, de cabotaje, de diplomacia económica para el diseño de
contactas comerciales, ignorar o rechazar esta interdependencia, darle la
espalda a la dinámica institucional regional y global, postular como ideal
la subordinación política a un centro imperial y favorecer la dependencia
como eje de la estrategia de descomposición social.

Puerto Rico tiene un ingreso nacional bruto de 50 mil
millones de dólares, el cual no creció en 2006 ; a diferencia de Singapur,
el modelo de competencia perfecta es una ficción histórica que significa
renunciar al desarrollo y optar por la dependencia.

Este modelo no ha logrado en la actualidad hacer avances
significativos en la reducción de los niveles de pobreza que se han mantenido
muy altos. De acuerdo con los estándares de medición del censo de
Población y Vivienda de los Estados Unidos del año 2000, en Puerto Rico,
el 48% de la población vive bajo niveles de pobreza, cifra muy superior
a los niveles de pobreza de los Estados Unidos, y que duplica los niveles
de los lugares más pobres como Washington (20%), Mississipi (19,9%) y
Lousiana (19%). La pobreza en Puerto Rico está ligada a altísimas tasas de
desempleo y subempleo que siempre superan el 12% formal. Frente a esta
realidad, muchos optan por salir del mercado de trabajo y acogerse a los
diversos beneficios que ofrece el gobierno federal a las personas de bajos
ingresos. Las altas tasas de desempleo se producen a pesar de que hay una
elevada propensión a la emigración a EE.UU., por lo que la población actual
de Puerto Rico es de 3.800.000 y ya viven 3.400.000 en EE.UU.

Condiciones políticas

A partir de los años sesenta, se evidencian replanteamientos políticos y
nuevas fisuras en la relación Estado-sociedad civil. Con la derrota electoral
del Partido Popular Democrático en 1968, después de veinte años de indisputado
triunfo electoral, se torna evidente la pérdida de legitimidad del Estado
colonial que había asumido un corte populista, y que desde entonces
los dos partidos mayoritarios, Partido Nuevo Progresista y Partido Popular
Democrático, se han turnado en el poder sin haber logrado, mediante una
amplia mayoría, impulsar y sostener un proyecto de sociedad. Este cambio
de patrón en la cultura política desemboca en una fragmentación de la acción
política y desencadena una explosión de la sociedad civil. Esta división
en la sociedad ha estado acompañada de una sostenida crítica a los par tidos por su obstaculización de las reformas a las que estos movimientos
apuntan. “Los partidos políticos que han compartido el poder publico en
este país se han convertido en fósiles irrelevantes y en estorbos públicos o
históricos” (El Nuevo Día, 7 de septiembre de 1990).

Paralelamente a este proceso la gente se organiza
adoptando nuevas formas asociativas y un nuevo liderato comunitario
enraizado en la comunidad.

Mediante el estudio del liderazgo comunitario como sujetos
del movimiento por el apoderamiento y la autogestión, pretendemos
arrojar luz sobre el papel de estos nuevos sujetos sociales en la redefinición
de los espacios de lucha en el contexto socio-político puertorriqueño, donde
tradicionalmente se han definido su espacio de lucha en términos de la
fórmula de estatus político : Estado Libre Asociado, Estatidad o Independencia.
La selección del tema propiamente parte del reconocimiento de las potencialidades
de estas nuevas prácticas sociales como portadoras de estilos
alternativos de desarrollo y de nuevas maneras de gestión organizativa para
responder a una crisis que afecta todos los órdenes de la vida socio-política
puertorriqueña y caribeña.

Estado colonial y lucha social

El análisis del tema movimientos sociales en la formación social puertorriqueña
exige precisiones conceptuales respecto a la naturaleza del Estado
colonial y sus vínculos con el Estado federal norteamericano. Desde 1898
Puerto Rico se desenvuelve dentro de la estera política de los Estados
Unidos en una relación donde, jurídicamente, forma parte del territorio de
dicho país. Su estrecha vinculación define su campo de interacción como
una esfera de análisis insoslayable para la comprensión de las condiciones
y alcances de la relación Estado-sociedad civil.

La articulación entre la esfera federal y colonial puntualiza
la especificidad del espacio político donde de los antagonismos surgen
los movimientos sociales. La compleja red de mediaciones institucionales
que elabora el Estado colonial incide sobre todos los campos del quehacer
social. Cuando se avizoran conflictos que pudiesen culminar en crisis política,
la esfera federal de la dominación estatal adquiere preeminencia en la
reestructuración del ordenamiento político. Tal ha sido el caso en la crisis del
treinta, con las medidas asistencialistas, y recientemente en el primer lustro
de los setenta, cuando la magnitud de la crisis económica amenazaba las
bases de la dominación, que el Estado federal recurrió a solventar la disminución
inaudita en todos los renglones de la actividad económica mediante
una inyección masiva de fondos federales, haciendo extensivo a Puerto Rico
los programas federales de asistencia nutricional.

Democracia política

La democracia es participación decisiva de las mayorías en los asuntos políticos,
tanto en la sociedad como en los partidos, pero también en cuanto
al acceso garantizado, para todos, a los satisfactores materiales y los bienes
de la educación y la cultura, es decir, en el sentido de libertad ligada a igualdad.
Las reformas democráticas han sido históricamente el resultado de
largos años de esfuerzos y enfrentamientos contra los dueños del poder.

En Puerto Rico la creciente insatisfacción con los partidos
tradicionales ocasionada por su inoperancia para implantar soluciones y
por la ausencia de democracia y pluralismo en su interior ha impulsado una
gran diversidad de esfuerzos organizativos a nivel local, regional, sectorial y
nacional, transcendiendo líneas partidistas. Sus propuestas de democracia
participativa puntualizan la necesidad de elevar la participación de todos los
componentes de la sociedad en los procesos decisionales.

Es de reconocimiento generalizado que los procesos de
legislación y formulación de políticas públicas en Puerto Rico se encuentran
sumamente centralizados y definidos principalmente por consideraciones
burocráticas e intereses partidistas estrechos. Las propuestas van dirigidas
a promover la descentralización de los poderes gubernamentales mediante
mecanismos que permitan la participación ciudadana en todos los asuntos
decisionales de política pública que la afecta, par ejemplo, mediante
la mayor autonomía para los municipios, juntas escolares, ciudadanas, etc.
Asimismo, postulan la necesidad de promover la participación democrática
en todos los niveles de la sociedad civil (asociaciones de comerciantes y
de agricultores, organizaciones profesionales, culturales y deportivas, juntas
vecinales, organizaciones políticas, cooperativas, sindicatos, etc.). Otros mecanismos
como legislación directa por petición, iniciativa ciudadana, revisión
de mandato, residenciamiento, voto por candidatura o voto directo, entre
otros, han sido promovidos como expresión de afanes de democratización
de nuestros procesos decisionales.

Democracia económica. Movimientos para la autogestión económica

La característica fundamental de la economía de Puerto Rico es su dependencia
y, en consecuencia, su fragilidad ante los vaivenes de la economía
estadounidense y mundial. El modelo económico actual se caracteriza por
su orientación para el bienestar de las corporaciones transnacionales a expensas
del debilitamiento de las nativas. Se resume en movimiento de
mercancías, capital y transferencias hacia adentro, productos, ganancias y
gente hacia afuera. Gran parte de la actividad económica está bajo el control
de intereses extranjeros engranados a una economía mundial inestable,
contraria a los intereses de las grandes mayorías.

Una de las importantes limitaciones
del modelo, que ha provocado la mayor organización
ciudadana, es la carencia de una perspectiva ecológica.
Desde principios de los años setenta se ha intensificado
la confrontación con la degradación y el deterioro
del ambiente provocado por el modelo puertorriqueño
de desarrollo económico. A muy diversos niveles de la
sociedad civil se ha desarrollado una labor de defensa
de los recursos naturales renovables y no renovables
del país. Igualmente, se han desarrollado
múltiples luchas comunitarias
que han comenzado a conformar
un movimiento ecológico
popular y autónomo. Especialmente,
a partir de los años setenta se ha
visto un mayor compromiso con el
impacto de la política de desarrollo
económico en Puerto Rico y el perjuicio
ambiental, destrucción de los recursos naturales
y daño a la salud creado en nombre de un progreso
que ha estado desequilibrado y ajeno a proyecciones y
estructuras autónomas.

Estas iniciativas de corte ambientalista
confluyen en una corriente de pensamiento que
recoge una práctica social de dimensión más global,
tendiente a la ampliación de la base democrática de
nuestra sociedad en el plano económico. Es producto
de una amplia gama de experiencias organizativas y formas
asociativas que en distintos contextos nacionales
han demostrado su viabilidad y han servido de instrumento
para impulsar la democracia económica. Representa,
además, en Puerto Rico, un esfuerzo genuino por
atacar el problema estructural del desempleo, abriendo
el cauce para la gestación de empresas asociativas y
el fortalecimiento de otras figuras legales ya existentes,
como cooperativas, corporaciones sin fines de lucro, organizaciones
sindicales y otras que componen el llamado
sector social de la economía.

La búsqueda de la equidad como valor
social está arraigada en la historia de nuestro país. Esto
se evidencia en la tradición de formas asociativas, como
son las cooperativas creadas en el siglo XIX en los sectores de producción
(como la de los artesanos creada en 1889), de mercadeo agrícola, de albañiles,
carpinteros, panaderos, zapateros, sastres y otros, y las sociedades de socorro
mutuo ; y, en este siglo, las formas asociativas creadas bajo la Ley de Reforma
Agraria (esfuerzo propio y apoyo mutuo) y el auge de las cooperativas
de ahorro y crédito, consumo y servicios fundamentalmente, las empresas y
proyectos comunitarios, principalmente incorporados como corporaciones sin
fines de lucro. En cada etapa histórica su composición social y características
varían. La historia social del Puerto Rico de los cuarenta da muestras de una
amplia base y fuerza social autora de prácticas de autogestión comunitaria. La
experiencia organizativa de los trabajadores del campo fue transformándose
ante la virtual disolución de la actividad agrícola como fuente de ingreso y
de reproducción del campesino como sujeto social, y la ascendencia de un
gobierno de corte populista que absorbió las demandas inmediatas de los
sectores populares. El impulso del modelo de desarrollo con hegemonía del
capital monopólico bajo el programa Manos a la Obra es el marco económico
del debilitamiento progresivo de aquel movimiento social. Recientemente, los
proyectos comunitarios van adoptando nuevas formas de lucha económica
como respuesta a la crisis, y a una tendencia mundial hacia la redefinición
de las relaciones entre la sociedad y el Estado, implicando nuevas relaciones
entre el sector público y el aparato productivo.

Las nuevas propuestas en el ámbito de la democratización
económica pueden sintetizarse en los siguientes puntos :

  • Impulso a la formación de capital puertorriqueño, dando estímulo y apoyo al capital de tipo colectivo como las cooperativas, las empresas comunitarias y otras de interés social.
  • Fomento a la creación de empresas democráticas donde los trabajadores sean propietarios.
  • Promoción del desarrollo rural integrado de la agricultura para que los aumentos en la producción logren abastecer la demanda interna y nuestra producción agrícola logre proyectarse al exterior.
  • Fomento de las actividades económicas no contaminantes que sean compatibles con nuestra condición geográfica.
  • Coordinación de esfuerzos para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, procesos industriales, productos y servicios que puedan ser producidos en Puerto Rico y exportados a otros países del Caribe.
  • Conservación energética mediante la promoción de la utilización de la energía solar y otros medios de producción de energía como el reciclaje de desperdicios.
  • Apoyo a las pequeñas y medianas empresas de capital puertorriqueño en su lucha contra el capital transnacional.
  • Impulso al desarrollo de un marco legal favorable a nuevas iniciativas autogestionarias de producción.
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