México

Resistencia social en el México actual

En un contexto de violencia endémica, la conflictualidad socio-política en México se caracterizó por la emergencia y permanencia de diversas iniciativas populares que, con gran dificultad y escasos resultados tangibles, buscaron abrirse camino en un escenario político que tiende a volver cada vez más precario e inestable en la medida en que se acercan las elecciones de 2012.

La involución económica derivada de la crisis, el recrudecimiento de las reformas neoliberales, la creciente desigualdad social, el empobrecimiento de vastos sectores de la población, los embates contra los trabajadores, las constantes violaciones a los derechos humanos, la violencia producto de la “guerra contra el crimen organizado” y, como contraparte, las distintas experiencias y formas de protesta social fueron los elementos que marcaron una transición en la cual se vislumbró la tendencial reorganización de las fuerzas socio-políticas en el país en vista de 2012, un año que se anuncia de álgidos enfrentamientos sociales y políticos en vista de la sucesión presidencial.

Recuperar y destacar las diversas experiencias de la movilización social no arroja un balance positivo en cuanto a logros alcanzados por parte de los movimientos sociales al demostrar una notable capacidad de sobrevivencia y de renovación de formas de resistencia que, desde diversos frentes, se sostuvieron en un ambiente adverso, a contracorriente de los esfuerzos de normalización conservadora y de contraofensiva reaccionaria que –en forma combinada- conforman el proyecto político que encabeza el actual gobierno federal del Partido Acción Nacional (PAN), con la complicidad de las administraciones locales –en su mayoría en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- como expresión política del bloque de intereses oligárquicos del gran capital nacional y transnacional. Frente a un uso del aparato estatal para fines de acumulación privada y como brazo armado de la clase dominante, la resistencia de diversas formas de organización socio-política no dejó de hacerse presente y manifestar grados disímiles pero significativos de politicidad entre las clases subalternas que constituyen una importante reserva en vista de futuras coyunturas críticas en las cuales el movimiento popular pueda tener la oportunidad de modificar la actual correlación de fuerzas.

La violencia generada por la “guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”, declarada por el gobierno federal, representa hoy por hoy un contexto ineludible para pensar la política en México. En 2010 se alcanzó el registro más alto de homicidios relacionados con las actividades militares y policiacas en contra de las organizaciones de los cárteles del narcotráfico. De acuerdo con diversas fuentes, la cifra de muertos en el sexenio oscila entre 40 y 50 mil. Una de las consecuencias derivadas del combate desigual y selectivo que el gobierno federal ha practicado contra los cárteles del narcotráfico ha sido, en unos casos, la fractura al interior de estas organizaciones criminales pero también la recomposición y lucha interna por controlar diversas regiones de producción y distribución de la droga. Así, lejos de que el gobierno consiga realmente victorias duraderas, lo que se ha observado hasta el momento es el agravamiento de la violencia y la descomposición societal que arrastra consigo a la población más vulnerable (mujeres, jóvenes y migrantes), víctima también de las contradicciones estructurales de la economía dependiente.

Así pues, en el ocaso del sexenio, se observa la aceleración del proceso de descomposición de la institucionalidad gubernamental en particular y estatal en general en términos de un campo de iniciativas políticas, políticas públicas y responsabilidad institucional.
En este contexto, se insertaron y se desplegaron las experiencias de resistencia y de protesta frente a nuevos y viejos agravios acumulados por parte de distintos sectores de las clases subalternas.

En defensa del trabajo

Ya en los años anteriores se había mostrado que el rasgo francamente clasista del gobierno federal lo llevaba a enfrentarse abiertamente a los trabajadores organizados y al sindicalismo independiente. Entre 2010 y 2011 la agresión se prolongó y se extendió.

A nivel estructural, la precarización laboral y el desempleo han conformado un ejército industrial de reserva masivo y en permanente crecimiento. La mayor parte de la población está empleada de manera informal, sin prestaciones sociales y de forma eventual. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reportó que en enero del 2010 casi 60% de la población en edad de trabajar laboraba en la economía informal. Los salarios disminuyeron en términos reales pues, a pesar del aumento nominal de 4.1%, se dio un incremento sostenido de la gasolina que redundó en un aumento inflacionario, repercutiendo en la elevación del costo de los productos de la canasta básica hasta en un 13%. La migración -una de las válvulas de escape desde varias décadas atrás- apenas atempera el aumento vertiginoso de desempleo, subempleo y trabajo informal y la descomposición social que esto conlleva.

En medio de proyectos de reformas similares presentadas por PAN y PRI, ambas orientadas a reducir las prestaciones sociales y los derechos laborales, los conflictos laborales fueron aumentando en número e intensidad.

Uno de los más álgidos y de mayor alcance político fue el que protagonizó el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en contra del despido masivo que el gobierno decretó en octubre del 2009 con la desaparición de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Como parte de la lucha por la restitución de sus fuentes trabajo, los electricistas del SME organizaron intensas y sostenidas movilizaciones en el centro del país : plantones, marchas y una huelga hambre masiva en la cual participaron decenas de miembros del sindicato durante más de 80 días. Si bien el 5 de julio de 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad del decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro, el SME continuó luchando por la reinstalación de los trabajadores y por el reconocimiento de la dirigencia sindical. En medio de crecientes dificultades, en un contexto siempre menos favorable, el SME sostuvo casi dos años en resistencia y mantuvo aglutinados a más de 16 mil trabajadores que no han aceptado la liquidación propuesta por el gobierno y buscan organizar un frente de oposición a las políticas neoliberales, denunciando que detrás del ataque al sindicalismo crítico y combativo del país está el objetivo de privilegiar a grandes grupos privado y favorecer un capitalismo oligopólico.

Como el SME, los trabajadores mineros y siderúrgicos, así como los de Mexicana de Aviación, protagonizaron iniciativas de movilización en defensa de su fuente de trabajo. En otros casos, el conflicto se dio por obtener mejores condiciones laborales como, para poner un ejemplo que sobresale por la dimensión del sindicato y por la fuerza y recurrencia de su movilización, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que impulsó varias marchas en diversos estados del país para obtener aumentos salariales y exigir el cese al hostigamiento y a las detenciones ilegales contra varios profesores del ala democrática.

En defensa del territorio y los recursos naturales

Entre los saldos positivos de las experiencias de movilización social destaca la emergencia y consolidación de un conjunto de organizaciones que luchan contra las políticas que se proponen la mercantilización del agua, de los suelos y del medio ambiente.
Diversos esfuerzos de organización popular y comunitaria confluyeron en la formación de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), la cual aglutina a varios grupos que luchan contra las políticas que están devastando ambientalmente al país y se proponen preservar bienes naturales y sociales que se han convertido en el único recurso material con el que cuentan en un contexto de creciente despojo.

A lo largo de todo el año se han levantado fuertes protestas contra la implantación de basureros, la contaminación de los acuíferos, la minería a cielo abierto, la creación de presas, el avance incontrolable de desarrollos urbanos que le arrebatan a las poblaciones las tierras de cultivo y contaminan los mantos freáticos. La ANAA, surgida en 2008, identificó en 2010 al menos 47 casos en los que diversos megaproyectos económicos, sobre todo de minería, industria y urbanización, han generado conflictos graves en 15 estados de la República.

El trabajo de organización, movilización y politización de las comunidades afectadas y de la ANAA se hizo visible en las protestas realizadas en la 16 Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CCNUCC) que se realizó en Cancún, Quintana Roo del 29 de noviembre al 10 de diciembre 2010.

La defensa del territorio resulta ser un eje de resistencia popular que cuenta con profundo arraigo local y comunitario que viene no sólo a complementar otros frentes de lucha sino a sostener una modalidad de articulación horizontal y participativa así como la conformación de un entramado solidario que aparece como una plataforma fundamental para pensar en escenarios distintos, desde el que actualmente coloca el movimiento popular a la defensiva como otros que potencialmente pueden imaginarse desde otra correlación de fuerzas.

En defensa de los derechos humanos

En los años recientes la agenda de la movilización social estuvo marcada por la necesidad de contraponerse a las graves violaciones a los derechos humanos y la criminalización de la protesta social.
En el cruce entre episodios de abierta represión (Atenco y Oaxaca en 2006 ; San Juan Copala, 2010) y la persistente criminalización y el sistemático hostigamiento policiaco y paramilitar en contra de organizaciones y movimientos socio-políticos de oposición, gran parte del esfuerzo de la resistencia social se destina a la defensa de los derechos humanos : las movilizaciones por la liberación de presos políticos o por la aparición de sus militantes desaparecidos, la demanda de justicia ante el feminicidio, entre otras demandas.
De ahí que no sea en absoluto incidental que se hayan registrado a lo largo y ancho del país diversas expresiones de conflicto social cuyo origen oscilan en un horizonte amplio de contenidos y demandas, pero que están fuertemente ancladas en la urgencia de conservar derechos y garantías individuales y colectivas.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) representa un claro ejemplo de un organización que se vio obligada a volcar su estrategia de lucha hacia la demanda de liberación de de sus militantes, en este caso 13 presos políticos desde 2006. Las sentencias imputadas a los miembros del FPDT, condenas de más de 100 años de cárcel por la acusación de “secuestro equiparado”, pueden ser consideradas como la muestra evidente de la criminalización de la protesta social y de la intención de ejercer un castigo ejemplar que resultara como una amenazante advertencia para todas las expresiones de resistencia y lucha popular. Después de una serie de movilizaciones respaldadas por diversas organizaciones sociales y asociaciones de defensa de los derechos humanos, el 30 de junio la primera sala de la Suprema Corte ordenó la liberación inmediata de los integrantes del FPDT, un logro importante pero relativamente aislado.

Ejemplo de este tipo de luchas en torno a la denuncia de las graves y recurrentes violaciones a los Derechos Humanos se extienden por el país sin tener mayor éxito legal pero generando contrainformación y conciencia cívica.

En el terreno específico de género, el respeto a las leyes en contra de la violencia hacia las mujeres y el cumplimiento de las sentencias judiciales que han sido dictadas en diversos casos de agresiones sexuales contra mujeres -como el de las movilizaciones de Atenco en 2006- son algunas de las exigencias que diversas organizaciones de la sociedad civil han impulsado frente a la impunidad prevaleciente.

En otro rubro, la libertad de expresión y el ejercicio periodístico también son acallados y sufren los embates del contexto de violencia que se generaliza en el país. Según el Informe actualizado sobre la Situación del Periodismo en México, al 8 de noviembre de 2010, en la administración panista han ocurrido 79 asesinatos y 15 desapariciones forzadas de comunicadores y trabajadores de prensa. Estas cifras han merecido que México sea considerado como el país que tuvo la mayor cantidad de asesinatos de periodistas.

Del lado de la población civil es cada vez más evidente que las reacciones de hartazgo frente a la violencia del crimen organizado y la enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares en las acciones “antinarco” comienzan a convertirse en demandas puntuales y en movimientos sociales. Dos botones de muestra de una articulación creciente : la movilización ciudadana y las marchas impulsadas por el escritor y poeta Javier Sicilia –cuyo hijo fue asesinado- y la campaña “No más sangre”, a las que se sumaron una pléyade de organizaciones y de ciudadanos.

En conclusión, si bien desde la trinchera de la defensa de los derechos humanos se levantaron importantes redes de denuncia y resistencia que constituyen un logro importante, la relevancia, trascendencia e inclusive centralidad de esta acumulación de experiencias no deja de ser ilustrativa del carácter eminentemente defensivo del momento que viven los movimientos sociales en México. Si bien el Movimiento por la Paz y la Justicia encabezado por Javier Sicilia, en su visibilidad mediática y política inicial, proyectó en la agenda política la necesidad imperiosa de ponerle fin a la militarización y cuestionó las políticas llevadas a cabo por el gobierno, la violencia, la inseguridad y el miedo continúan siendo utilizadas como arma de control contra los movimientos sociales y organizaciones populares.

El movimiento obradorista

Este es el contexto político en el que intenta recuperar un espacio decisivo el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador –el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)- quien ha manifestado claramente su intención de participar en las próximas elecciones presidenciales. Con la experiencia y la fuerza inestimable de haber construido durante cinco años a su alrededor, por medio de permanentes giras y mítines a lo largo y ancho del país, un movimiento popular de cientos de miles de ciudadanos, López Obrador mantuvo vivo un discurso y una práctica opositora antineoliberal y moralizadora, enarbolando un proyecto nacional popular cuyo perímetro y cuya definiciones se han venido profundizando y perfilando. El obradorismo muestra el peso cuantitativo de su fuerza política por medio de mitines multitudinarios y fue avanzado en lo cualitativo por medio de la elaboración de un programa elaborado por un equipo de destacados intelectuales.

La campaña permanente de López Obrador se enfrentó –y se enfrentará- al conjunto de las derechas mexicanas, no sólo al gobierno panista y al futuro candidato panista, a su aliado-opositor priísta, a los medios de comunicación masiva sino que tendrá que resolver la competencia que la actual dirigencia del PRD y otros sectores de izquierda moderada le quieran hacer para ocupar un espacio electoral y de negociación político-institucional.

Por otro lado, el obradorismo, ahora como movimiento socio-político más que como corriente al interior de un partido, tiene como desafío lograr la articulación incluyente con otras organizaciones y movimientos socio-políticos de izquierda, algunos de los cuales hemos mencionado en las líneas precedentes, y así conformar un frente, coalición o constituyente popular que dispute el poder a las derechas conservadora y reaccionaria. En efecto, si bien es indudable que el movimiento obradorista será una de las fuerzas políticas protagonistas del proceso de lucha política electoral, que arrancó desde ya, se mantiene incierto su perfil y su capacidad de convertirse en un polo de articulación democrática de la izquierda social y un vector fundamental de un proyecto de transformación o ser un simple soporte de organización ciudadana para una campaña electoral que se anuncia tensa y competida y terminar siendo un partido más, un nuevo PRD, una pieza progresista de un sistema político reconfigurado pero substancialmente estable en su lógica tripartita, de alternancia en dos derechas y con una izquierda oscilante entre la moderación institucionalista, la oposición sistémica y la protesta testimonial o ritual. Si bien la segunda opción es un riesgo real, el movimiento popular en sus distintas facetas tiene formas y recursos diversos así como vocaciones antagonistas y márgenes de autonomía que no se pueden reducirse o simplificarse en un liderazgo carismático mientras implican un complejo y rico entramado de experiencias de organización, movilización y politización.

Consideración final

Al cumplirse una década de gobierno, se confirmó el perfil reaccionario del proyecto panista. La ilegitimidad que envuelve a la presente administración desde su elección fraudulenta se perpetúa tanto en las iniciativas de política económica y social como en la irracionalidad de una guerra que resulta insostenible a menos que no se considere que haya interés en militarizar, despolitizar y desmovilizar por completo el país. El problema del crimen y el narcotráfico, según ha sido planteado por la estrategia federal, deja intactas las causas estructurales que le dan origen y que lo sostienen, pese a todo, como una opción de sobrevivencia.

En la pendiente del movimiento popular, el balance es agridulce o claroscuro. Por una parte, en medio de la normalización de la emergencia económica y social, de la ilegitimidad hecha gobierno, la militarización, el desborde de la violencia criminal, los movimientos y los actores populares no lograron imponer una fuerza organizada y un proyecto político alternativo. Por el contrario, han sido acosados y acorralados. Al mismo tiempo, aún en un escenario desfavorable, aún relegados a la defensiva, se han sostenido organizaciones, luchas y movilizaciones que muestran un umbral irreductible, una terca persistencia del conflicto –e inclusive algunos márgenes de crecimiento y de desarrollo- una reserva de recursos resistenciales que constituyen un punto de partida en el camino que se está dibujando rumbo al 2012. Los próximos meses se anuncian intensos en la medida en que, en la historia reciente de México, alrededor de los procesos electorales, se suelen gestar crisis políticas que abren escenarios y oportunidades inesperadas.


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