Chili

Movimientos sociales, protestas y democracia

El presente artículo se propone hacer un análisis crítico de los gobiernos socialistas de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet –este último ha sido autodenominado como el “gobierno de la ciudadanía”- específicamente con relación a la forma como las autoridades han reaccionado frente a la emergencia de la protesta y la movilización social. A pesar de las promesas de campaña, los gobiernos de ambos mandatarios, se han caracterizado hasta ahora por dar una cierta continuidad al modelo neoliberal instaurado en tiempos del régimen militar. En el ámbito da participación ciudadana, ambas administraciones parecen más preocupadas en evitar cualquier tipo de conflicto de que en incentivar nuevas formas de envolvimiento de la ciudadanía en los asuntos públicos. ¿Que ha impedido a Lagos y Bachelet avanzar en la realización de los cambios económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales que el país requiere emprender con urgencia?

Aunque si comparado con otros países de la región, Chile continua siendo un país con bajo nivel de conflictividad, el gobierno ha insistido en el argumento de que la protesta social puede generar condiciones de ingobernabilidad, no asumiendo simplemente que el conflicto social es un elemento intrínseco de la dinámica de las sociedades, tal como ha sido demostrado por una infinidad de autores de diferentes orientaciones teóricas (Simmel, Marx, Weber, Adorno, Elias, Dahrendorf, Wright Mills, Touraine, Bourdieu, Giddens).

El trabajo que desarrollaremos, busca por lo tanto, reflexionar sobre las claves explicativas que nos permitan responder a esta interrogante y comprender los diversos limites y restricciones con que se han deparado ambos gobiernos para asumir la conflictividad y la protesta social como un fenómeno normal propio de una democracia e, inclusive, como un mecanismo que contribuye fehacientemente al proceso de consolidación democrática y al progreso social. Postulamos que la difusión e incorporación de una perspectiva que le adjudique a la protesta un papel central como aporte positivo al devenir social, va a permitir viabilizar las transformaciones necesarias que nos permitan perseverar en la idea de que posible construir un proyecto nacional, más equitativo, más inclusivo y más democrático.

La democracia minimalista de la Concertación

Hace aproximadamente dos décadas Chile recuperó las condiciones mínimas para el funcionamiento de una institucionalidad democrática representativa, precisamente la mano de un referente denominado Concertación de Partidos por la Democracia (CPD). Entretanto, la transición democrática no se dio en ningún contexto de crisis económica –como en el caso de otros países de la región- y el nuevo gobierno que tomó posesión en ese año, heredó no solamente una gran masa de excluidos dejada por el modelo económico neoliberal implementado de forma pionera por los militares, sino también quedó rehén de una serie de restricciones institucionales impuestas por la Constitución vigente y aprobada en plena dictadura (1980), así como de la existencia de enclaves autoritarios presentes en el propio sistema político. A saber: senadores designados, sistema electoral binominal, Consejo de defensa del Estado, inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, etc.

O sea, aunque Chile no presentase, stricto sensu, problemas de gobernabilidad (legitimidad, eficacia e eficiencia), mostraba los limites impuestos por lo tipo de pasaje emprendido, llamado de transición pactada. Este tipo de transición representó la consagración de una política de negociación de “consensos” que llevó a los diversos actores políticos a la búsqueda de acuerdos puntuales sobre temáticas específicas y de forma muy gradual, negando, en tanto, el espacio para la discusión de aspectos substantivos para la construcción de una democracia plena.

Por tanto, ya desde los inicios de la transición democrática, quedó en evidencia la timidez por parte de algunos sectores democráticos en desmontar la estructura institucional y la Constitución heredada de los militares. Esta actitud tendría su origen en el “aprendizaje traumático” de la clase política chilena, que optó por una salida negociada e instrumental, libre de las dimensiones de confronto del pasado. La síntesis del ideario según el cual debe avanzarse para la plena democracia en forma “lenta y gradual” (como acostumbraban afirmar los generales brasileros) obedeció a una actitud negativamente negociadora en la cual se está, finalmente, dispuesto a abdicar de valores caros a la democracia, tales como la representación de las minorías, participación amplia de la ciudadanía, subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, etc. Ese estilo de hacer política -según los términos definidos por la transición- y que procura finalmente la consagración de acuerdos armónicos y ordenados, recibió el nombre de democracia de los consensos.

La aversión de un enfrentamiento a la aplicación de un nuevo proyecto nacional contribuyó poderosamente para no impulsar desde el comienzo del gobierno Aylwin, aquellas reformas constitucionales necesarias para superar los enclaves autoritarios. Así, la Concertación decidió superar las «heridas» del pasado para dedicarse a la tarea de construir una nueva nación, sustentada en los valores de la reconciliación y el perdón, tal y como venía siendo sugerido por algunos sectores de la Iglesia Católica.

Los diversos gobiernos de la CPD incorporaron no solamente esta agenda de conciliación y reencuentro, sino que consagraron también un proyecto minimalista de pequeñas transformaciones económicas, políticas y sociales para el país. En su totalidad, el proyecto neoliberal casi no fue alterado, salvo algunas acciones específicas y puntuales, que le conceden un papel de mayor relevancia al Estado. En pocas palabras, podría decirse que los gobiernos de la Concertación han marcado una continuidad con relación a los hechos del gobierno militar, principalmente en materia económica: manutención de los equilibrios macroeconómicos, estabilización monetaria, generación de superávit fiscal, apertura para el exterior, aprovechamiento de las ventajas comparativas, flexibilización del trabajo, etc.

En el ámbito político, sobresale la vigencia de la Constitución promulgada en plena fase dictatorial (1980) y la existencia del sistema binominal por el cual se institucionaliza la ausencia de representación de los partidos de menor tamaño. Si bien la actual mandataria ha señalado la posibilidad de convocar un plebiscito para dirimir este problema que arrastra la democracia, hasta ahora no se vislumbran los términos concretos en los cuales se realizaría este plebiscito ni los plazos establecidos en la agenda del gobierno.

Con respecto a la esfera de las políticas sociales, los últimos gobiernos de la CPD tampoco ha respondido a las grandes expectativas que tenía la mayoría del pueblo chileno. Si bien el gasto social aumentó en los últimos cinco años, él se orienta por el principio de la focalización del gasto, manteniendo una parte importante del funcionamiento del sector educación, salud, previsión, vivienda y servicios sociales en general, en manos del sector privado, reforzando el carácter neoliberal de tales políticas, que por último, sólo van a sufrir cambios visando su maximización y no para proceder a su reestructuración.

La falta de resolución de los problemas sociales durante todos estos años de administración concertacionista y especialmente la persistencia de la desigualdad social que no ha podido ser superada por los diversos gobiernos democráticos, creó un hecho tanto paradojal cuanto inédito: conseguir a hazaña de poner en las manos de la derecha el levantamiento de la bandera de la justicia social como su principal propuesta para el país. Por su parte, es precisamente el fracaso demostrado por los gobiernos de la Concertación para superar los problemas de desigualdad que finalmente ha provocado el resurgimiento de un conjunto de conflictos sociales, entre los que se pueden destacar el conflicto de los estudiantes secundarios, de los pueblos originarios (Mapuches), de los usuarios del sistema de transporte Transantiago, de los trabajadores de las empresas forestales, etc.

Estos conflictos no son una creación exclusiva del actual mandato, sino que precisamente ellos fueron inclusive más pronunciados durante la gestión anterior del gobierno Lagos. A nuestro entender la gran dificultad que se desprende tanto del neoestructuralismo como de la estrategia seguida por la gestión Lagos consiste en la tensión mal resuelta entre la participación democrática y la reducción de los conflictos. Tanto el neoestructuralismo como los gobiernos de la Concertación son fieles partidarios del régimen democrático; sus respectivos proyectos se sustentan en alianzas intersectoriales que disminuyen los conflictos de forma tal de proporcionar continuidad tanto en los gobiernos cuanto en las estrategias de desarrollo. La reducción de conflictos mediante la concertación social ha sido un argumento importante de los gobiernos democráticos, para quienes la paz social y el orden representa un indicador visible de gobernabilidad y de disminución del riesgo, condición inmejorable para la recepción y flujo positivo de capitales extranjeros, así como de inversiones del empresariado nacional. Mientras tanto, la negación de los conflictos repercute en una despolitización y en una consecuente reducción de la participación política. Desde el gobierno se conmina a la población, especialmente a los jóvenes, a que participen en las elecciones, sin embargo, se desaprueba la movilización y la expresión de opiniones colectivas disidentes, las que se ven –desde el gobierno- como escollos para a “cohesión social” por la cual han abogado tanto las diferentes administraciones.

Prolegómenos acerca del conflicto en la sociedad

La sociología actual continúa enfrentando algunos dilemas teóricos de enorme relevancia, siendo uno de los más significativos aquel que piensa la sociedad con relación al consenso o al conflicto. Para la sociología funcionalista norte-americana, y su concepción de una sociedad como un todo integrado que se compone de estructuras articuladas e interdepen-dientes, la noción del acuerdo o consenso se torna fundamental para la existencia y manutención de la propia estructura social. En ese sentido, para tener una existencia prolongada en el tiempo, tanto sus diversas instituciones (Sistema Político, Familia, Religión, Sistema Educativo) como los miembros individuales, deben trabajar en completa armonía para la obtención de fines comunes.

Como se sabe, esta teoría es fuertemente cuestionada por los llamados teóricos del conflicto, que consideran que a pesar de que las diversas instituciones de la sociedad podrían adaptarse muy bien, lo esencial es que tales sociedades poseen en su interior una variedad de luchas, tensiones y divisiones entre sus miembros y partes (Dahrendorf, 1959). Según estos teóricos, resulta ilusorio pensar que las personas tienen que vivir amigablemente unas con otras la mayor parte del tempo, pues inclusive cuando no se producen enfrentamientos directos y abiertos, continúan existiendo profundas divisiones de intereses que en un determinado momento pueden estallar y dar lugar a conflictos activos. (Giddens, 2005).

Pero este debate entre los partidarios del consenso y del conflicto es de cierta forma una síntesis general de otras trayectorias teóricas de las cuales ellas son tributarias. Por ejemplo, la corriente funcionalista que sustenta el consenso es influenciada por las concepciones organicistas del siglo XIX. En este enfoque, la sociedad era pensada como un cuerpo biológico-social formado por partes indisolubles. Esta perspectiva criminalizaba todas aquellas conductas que se definían como atentatorias al buen funcionamiento del cuerpo social, sirviendo de argumento para que las oligarquías en el poder reprimieran cualquier tipo de disidencia política bajo la excusa de que dicha disidencia era en realidad una manera de subvertir el orden político imperante.

De hecho, esto demuestra justamente que el conflicto formaba parte de los procesos políticos. Sea tanto en los acontecimientos concretos como en el decurrente análisis interpretativo de nuestras sociedades, la problemática del conflicto social se ha presentado siempre en la realidad regional.

En ese entendido, la concepción del conflicto no es ajena al pensamiento social latinoamericano. Aún más, se puede decir que ella es intrínseca a la construcción de las ciencias sociales en la región, donde las diversas variables teóricas e interpretativas de la dinámica regional se transformaron posteriormente en el gran aporte que realizó América Latina al pensamiento social mundial. Eso, a merced de un conocimiento elaborado a partir de la propia constatación del conflicto presente en nuestras sociedades desde la empresa colonizadora.

En los debates sobre los rumbos del orden económico social a ser construido con posterioridad a la independencia y en la emergencia de los Estados-Nacionales, no solamente se incorporaba una visión positivista del Orden y el Progreso, sino también se consideraba el surgimiento de enconadas disputas entre las mismas clases oligárquicas. Es decir, en los análisis de la época también era visible la fragilidad de la propia idea de consenso al momento de considerar el campo de luchas dentro de las mismas fuerzas oligárquicas que instauran el aludido “consenso” social.

Este fenómeno es especialmente expresivo en el caso del caudillismo decimonónico donde la función de los caudillos nacionales consistió principalmente en actuar como mediadores de los grupos oligárquicos opuestos y neutralizar sus disputas.

Posteriormente, los conflictos y las crisis van a conformar los diversos tipos de dominación que se implantan en la región. Con la teoría de la modernización, pensar la institucionalización de los cambios a través del proceso de transición de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas, representa una forma de reflexionar sobre la dinámica de los conflictos y las crisis del continente. Su existencia es considerada parte del proceso modernizador de las estructuras oligárquicas y tradicionales que entran en decadencia con la propia crisis del modelo de desenvolvimiento impulsado por estas clases: el colapso del Estado oligárquico-liberal. Sin embargo, la transformación puede ser también pensada como una ruptura más dramática que la mera evolución de nuestras sociedades.

Adscribiendo a una lectura de la realidad que percibe la evolución-modernización de la sociedad como un proceso de institucionalización de las transformaciones, Gino Germani (1979) y los teóricos de la modernización reconocían también la posibilidad del conflicto, aunque dentro de los marcos de esta modernización con respecto a las estructuras tradicionales, atrasadas y oligárquicas. Sin embargo, el contexto de la guerra fría y de las zonas de influencia provoca la polarización de las ciencias sociales de la época. La dimensión del análisis teórico de los conflictos quedó delimitada por la dualidad socialismo versus capitalismo, a pesar que medularmente la idea del desarrollo de nuestras sociedades se vinculó fuertemente con la existencia del capitalismo, como modo de producción hegemónico y con las modalidades históricas que subyacen a su propio funcionamiento.

En el marco de dicho debate, el pensamiento primigenio de la CEPAL no consideraba la ruptura con el modo de producción capitalista ni mucho menos expresaba una aspiración hacia el advenimiento del socialismo. Esta claro que desde sus inicios el pensamiento de la Cepal no coloca el quiebre y la superación del modo de producción capitalista, sino más bien se preocupa de elaborar una respuesta con el siguiente contenido: como transformar las sociedades latino-americanas desde un atraso productivo y cultural hasta un nivel más avanzado de desarrollo. Sin embargo, aunque en sus inicios los teóricos cepalinos experimentaron la influencia ejercida por el enfoque de la modernización y cierta lectura neo-evolucionista, una de las principales tesis elaboradas por la Cepal se aparta de esta teoría, en la medida que comienza a concebir el proceso de subdesarrollo latino-americano como determinado por las relaciones centro-periferia. Esta premisa supone que el capitalismo se divide en dos bloques regionales que interactúan: el centro que posee una estructura homogénea y diversificada y la periferia que cuenta con una estructura heterogénea y especializada. Heterogénea porque en ella coexisten sectores con técnicas avanzadas provenientes de los centros, con sectores con atraso tecnológico y baja productividad. La estructura productiva de la periferia se presenta bajo una forma altamente especializada una vez que se basa casi que exclusivamente en la producción primaria.

El concepto centro-periferia trae consigo otra gran contribución cepalina: el deterioro de los términos de intercambio. Esta noción coloca que la relación entre los precios de los bienes industriales exportados por los países centrales y los precios de las materias primas importadas por ellos mismos, tienden a disminuir persistentemente en el largo plazo, lo cual implica que el poder de compra de los bienes industriales de una unidad de bienes primarios de exportación cae a lo largo del tiempo, produciéndose un acumulativo deterioro del poder adquisitivo del ingreso generado por la producción primaria.

En su versión original, el propósito del modelo estructuralista propugnado por esta institución consistía en una mudanza de la estructura productiva, así como demográfica, distributiva y ocupacional de los países periféricos, con la finalidad de terminar con su carácter subordinado.

Posteriormente, al calor de la formación de bloques y de la guerra-fría el pensamiento cepalino va a ir adquiriendo una perspectiva más radical con influencia marxista. A la visión estructuralista del enfoque centro-periferia se va incorporando paulatinamente una interpretación marxista de la historia. La constitución del capitalismo en esta distinción centro-periferia, obedece a un proceso inherente a la propia lógica del capitalismo. Surge entonces un nuevo arsenal teórico tendiente a mostrar la necesidad del cambio social y de articular una sociedad en torno a objetivos como la democracia plena y el desarrollo económico y social. Al centro de ese debate surge la teoría de la dependencia que sustenta que la condición de subdesarrollo de los países latinoamericanos es una consecuencia de las relaciones históricas que han establecido entre las antiguas metrópolis y sus respectivas colonias desde la época del descubrimiento. Por lo tanto, la vinculación de las economías periféricas con el mercado mundial se realiza en términos “coloniales”, informando el carácter subordinado y dependiente de los países subdesarrollados y latinoamericanos en particular. Ese proceso no sólo representa un vínculo entre los países dependientes y las metrópolis, sino también la forma concreta de cómo se expresa dicha relación. Al considerar la situación de dependencia, este análisis hace explícito el hecho de que el modo de integración de las economías nacionales al mercado internacional, supone formas definidas y diferentes de interrelación de los grupos sociales de cada país entre sí y con los grupos externos. (Cardoso y Faletto, 1970).

Diferente de la noción centro-periferia, el enfoque de la dependencia otorga mayor importancia a los factores políticos-sociales envueltos en esa situación. Esto supone pensar en la articulación de intereses internos y externos y en el papel desempeñado por los grupos privilegiados de cada país en la configuración de las estructuras de dominación y de las formas de estratificación que condicionan los mecanismos y los tipos de control que se ejercen sobre el sistema económico. El ejercicio de ese poder enfrenta, por lo tanto, a aquellas clases que controlan y organizan la producción y el consumo con aquellas clases y grupos que se oponen a esa dominación.

La fuerza interpretativa de la realidad regional decurrente de esos análisis influyó de manera significativa en la consolidación de una teoría que ganó innumerables adeptos. En ese marco, el pensamiento social latino-americano incorpora cada vez con mayor fuerza la noción del conflicto como parte de la dinámica propia de las sociedades. Así, los científicos sociales vinculados a la Cepal llegaron a efectuar la autocrítica del proyecto estructuralista de Industrialización Substitutiva de las Importaciones (ISI), destacando los límites de un proyecto de desenvolvimiento nacional autónomo, especialmente reflejado en los trabajos de Sunkel (1970).

Las sociedades latinoamericanas iniciaron una fase de crecimiento de las fuerzas populares exacerbando un conflicto presente desde la colonización, pero que no se había manifestado con la fuerza que le infirió el triunfo de la revolución cubana. Los estudios sobre el conflicto y las crisis son en gran parte un resultado de los enfrentamientos teóricos entre los defensores de una modernización capitalista y racionalidad política y los que proponen la superación y transformación de las estructuras sociales que le dan sustento a la explotación y al dominio capitalista.

El Golpe Militar ocurrido en Brasil durante 1964, inauguró una etapa de regímenes militares (burocrático-autoritarios en la terminología de O´Donnell) que aborta de manera dramática el “conflicto” suscitado en la región. Tales regimenes restituyen las concepciones organicistas inspiradas en pensadores decimonónicos de postura conservadora como Herbert Spencer y Edmund Burke. El carácter disgregador de ideologías consideradas subversivas y foráneas a la propia esencia latinoamericana sirvió de pretexto para la represión y persecución de ideas y personas. Satanizar el pensamiento crítico y considerarlo como un factor causante de la violencia política y social fue el argumento más utilizado por las dictaduras militares para imponer un nuevo modelo de ordenamiento político, social y económico. En dicho modelo, “el conflicto estaba superado o mejor dicho, no estaba permitido.” (Roitmann, 2000, p. 169). Durante esos años de dictadura e involución la Cepal mantiene un bajo perfil, si se compara con la fase más activa vivida en la época en que Prebisch era su Secretario General.

Con el proceso de redemocratización iniciado en los años ochenta, la Cepal experimenta una especie de resucitación, pero en esta fase renuncia a casi todos los postulados que marcaron su pensamiento entre los años 50 y 70. Centralmente, la ausencia de la temática del conflicto aparece en esas posteriores elaboraciones como una forma de establecer la diferencia, inaugurando una nueva etapa de su pensamiento con la publicación del documento “Transformación productiva con equidad” (1990).

Una tipología de conflictos durante el período democrático

Primeramente, como quedó demostrado en el punto anterior, reafirmamos que la noción de conflicto representa una dimensión importante concretizada en la concepción de la sociedad contemporánea.

Los conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales surgidos a partir de la redemocratización de Chile son parte de una extensa gama que para fines analíticos pueden ser discriminados o subdivididos utilizando como eje divisorio aquel aspecto central sobre la cual se articula la acción reivindicativa de los diversos grupos. Para tal efecto consideramos:

a) Conflictos de carácter sectorial: aquellos que se vinculan con los diversos ámbitos de la actividad social sectorial, como la educación, salud, habitación y equipamiento, previsión, transporte. Educación: Destacan en este apartado los conflictos con los estudiantes secundarios, universitarios, profesores de enseñanza primaria y secundaria; Salud, movilizaciones convocadas por la Confederación de Trabajadores de la Salud Municipalizados (CONFUSAM) y de los Médicos y Paramédicos del sector público; Habitación: Conflictos con los Deudores Hipotecarios y con el movimiento de los Sin techo; Transporte: Protestos generados por la puesta en marcha del Plan de Transporte Metropolitano (Transantiago).

b) Conflictos Laborales: Huelgas, paralizaciones, paseatas y movilizaciones de sindicatos, Asociaciones Gremiales, Federaciones y Confederaciones de Trabajadores de la actividad minera, industrial, forestal, servicios bancarios o financieros, comerciales y turísticos (Bancos, Supermercados, Restaurantes, Hoteleros, etc.).

c) Conflictos étnicos: Luchas por la tierra y por mayor autonomía de las Comunidades, Pueblos Originarios y etnias de Chile, principalmente Aymaras, Rapa Nui y Mapuche.

d) Conflictos Socio-ambientales: Protestas por el uso del patrimonio natural y por las concesiones otorgadas por el Estado para la explotación de los recursos naturales por parte de empresas privadas.

Sin embargo, lejos de asumir una postura asertiva en trono a dichos conflictos, en Chile junto con el proceso de redemocratización y con una redefinición del papel del Estado iniciado en la región a partir de los años ochenta, se alzan voces que influenciadas por las perspectivas funcionalistas, enfatizan el carácter armónico y consensual de la transición democrática. Como señalábamos en líneas anteriores, la propia Cepal que fue palco importante del debate sobre el conflicto social y económico en la realidad latino-americana, inaugura una nueva fase de su pensamiento con un posicionamiento que establece una modalidad de renuncia a todos los postulados que marcaron su reflexión en el pasado. La ausencia de la temática del conflicto aparece en esas posteriores elaboraciones como una forma de establecer la diferencia.

En ese conjunto de escritos, la Cepal de forma bastante clara concluye que durante los años 80 la región pasó por una época de “aprendizaje doloroso”. En el ámbito político-social este aprendizaje parece suponer que el fin de los gobiernos democráticos se debió fundamentalmente al hecho de que las instituciones fueron sobrepasadas por la irrupción de innumerables demandas surgidas desde los diversos sectores de la población, las que no pudieron ser procesadas por el sistema político, dando lugar a crisis de gobernabilidad y la consiguiente instauración de las dictaduras militares. Por lo tanto, se puede pensar que esta entidad también incorpora la noción de que los conflictos y las crisis decurrentes en la mayoría de los países de la región, es el resultado de las demandas y los “excesos” de las fuerzas progresistas, lo que acabó colapsando el orden democrático. Luego, la redemocratización del continente significa para Cepal incorporar esta lección dramática, es decir, eliminar o limitar la dimensión conflictiva de nuestras sociedades.

A partir de esa constatación, la Cepal utilizará permanentemente en sus documentos los conceptos de concertación, cooperación y consenso entre los diversos actores sociales y agentes económicos, excomulgando de sus análisis nociones tan significativas como la de centro-periferia, dependencia, estructura de dominación, poder, crisis y conflicto social. El descuido por una propuesta social y política presente, aparte de contener una debilidad del neo-estructuralismo es una opción ideológica que defrauda, sin duda, las intenciones que tenía en mente Prebisch cuando expuso su pensamiento en el libro “Capitalismo Periférico” (1981).

Es muy probable que los diversos gobiernos que vivieron la experiencia “traumática” de las dictaduras militares se inclinaron a adoptar una postura más conciliadora y consensual a respecto del devenir de las diversas sociedades y de las formas de resolver las disputas políticas durante la etapa de transición y consolidación democrática. En otras palabras, considerando la situación de los países del hemisferio es muy probable que cierta desconfianza en la praxis política y el poco aprecio por la participación ciudadana tenga sus raíces en la pesadilla autoritaria sufrida por case todos ellos en ese período tenebroso de la historia contemporánea. Pero por el contrario, la evidencia empírica recopilada por innumerables estudios continúa demostrando que la emergencia de luchas sociales, las disputas por la preponderancia de determinados intereses y, en suma, la existencia de los conflictos son parte del cotidiano y de la propia dinámica observada en todas las sociedades sin distinción. Como expusimos, esto es particularmente válido para el caso chileno en que finalmente se impuso una especie de conservadurismo sistémico, político y moral sustentado en el temor a cualquier forma de demanda o expresión que pueda desbordar los marcos institucionales y un ordenamiento disciplinado definido por la denominada democracia de los consensos.

Para tanto, como parámetro teórico y referente histórico compartimos la misma visión de aquella corriente de las ciencias sociales que ve el conflicto no más como un agente desagregador de la sociedad, sino por el contrario, concibe el conflicto como un factor inherente y parte indisoluble de las relaciones sociales, lo cual en la mayoría de las veces contribuye para el establecimiento y consolidación de esas mismas relaciones. Tal como fue destacado hace ya algún tiempo por Georg Simmel, el conflicto esta presente en la relación entre individuo y sociedad en la medida en que esta última aspira a ser una totalidad y una unidad orgánica y demanda que el individuo represente un papel y una función determinada. Por su parte, el individuo se revela contra la imposición de ese papel: “el quiere ser pleno en si mismo, y no solamente ayudar a la sociedad a tornarse plena.” (Simmel, 2006: 84).

Es decir, el conflicto posee un carácter socializador en la medida en que establece un vínculo entre el individuo y la sociedad y también estimula las relaciones sociales entre los diversos oponentes, sean individuos o colectividades. En su devenir, las partes desarrollan reglas de conducta y formas de expresión de sus divergencias, en un marco que establece limites sociales al uso de la violencia extrema, evitando de esta manera que tal violencia sea aplicada con la finalidad de destruir moral, psicológica o físicamente al contrario.

En esta misma línea se sitúa el enfoque “agonista” sustentado por Chantal Mouffe cuando manifiesta que concebir el objetivo de la política democrática en términos de consenso y reconciliación no sólo es conceptualmente erróneo, sino que también implica serios riesgos políticos. “La aspiración de un mundo en el cual se haya superado la discriminación nosotros/ellos, se basa en supuestos falsos, y aquellos que comparten esta visión están destinados a perder de vista la verdadera tarea que enfrenta la política democrática: elaborar un proyecto que reconozca el carácter ambivalente de la sociabilidad humana y el hecho de que reciprocidad y hostilidad no pueden ser disociadas”. (Mouffe, 2007: 13).

De esta manera, la arena política es el espacio del conflicto por antonomasia y, por tanto, el desafío de la autoridad es reconocer el desacuerdo intrínseco existente en la sociedad y garantizar las diferencias y posibilidades de que permanentemente se incorporen nuevas demandas en la mesa de negociación.

En efecto, la creencia de que es posible alcanzar un consenso racional universal ha inducido el pensamiento democrático para un camino erróneo, ya que sólo el reconocimiento de que es posible erradicar la dimensión conflictiva de la vida social permitirá comprender el verdadero desafío al cual se enfrenta la política democrática. Para eso es preciso partir por reconocer la naturaleza conflictiva de nuestras sociedades y aceptar que el papel a ser desempeñado por la acción política no consiste solamente en superar esta confrontación por medio de un consenso apriorístico, pero, sobretodo, por reconocer el confronto como parte indivisible de la propia política democrática.

Pensamos que esta forma equivocada de pensar a política democrática viene influyendo la acción de los gobiernos, lo que por su parte imposibilita que los actores políticos perciban la importancia de las movilizaciones y de los movimientos sociales en la construcción democrática. Esto se refleja en el apelo permanente a la conservación de la gobernabilidad, en una especie de consagración o sacralización de la armonía e la reconciliación entre los hombres, desconociendo el importante papel que puede desempeñar el conflicto en las relaciones sociales y en la propia dinámica dos países. Lo anterior es particularmente válido para el caso chileno, donde finalmente se impuso una modalidad de conservadorismo sistémico, político e moral basado en el temor a cualquier forma de manifestación o expresión de descontento que amenace desbordar los marcos institucionales. A nuestro entender, la gran dificultad que se desprende tanto de la experiencia chilena como de otros países de la región, consiste en la tensión mal resuelta entre la participación democrática y la reducción de los conflictos.

Muchos gobiernos que son declaradamente fieles partidarios del régimen democrático, asientan sus respectivos proyectos en alianzas intersectoriales que disminuyen los conflictos de forma tal que puedan dar continuidad tanto a los gobiernos como a sus estrategias de desarrollo. De acuerdo al discurso oficial, la reducción de conflictos mediante la concertación social es fundamental como indicador de gobernabilidad y de disminución del riesgo país, condición necesaria para la recepción de capitales extranjeros, así como de la propia inversión interna emprendida por el empresariado nacional. Sin embargo, la negación de los conflictos repercute en una despolitización y consecuente reducción de la participación política. Desde el gobierno se conmina a la población, especialmente los jóvenes, a que participen en las elecciones, pero por otro lado, se descalifica la movilización y la expresión de opiniones colectivas disidentes, las que se perciben como escollos para la “cohesión social”. (de la Cuadra, 2008).

Esta perspectiva que también se retroalimenta en una visión mercantil y aséptica de la “cuestión social”, se recusa a reconocer que existe un campo legitimo de disputas y conflictos que son parte constitutiva de la acción política y, más que eso, de la propia dinámica social.

Por lo mismo, parece extemporánea la pretensión de algunas autoridades y cientistas políticos de construir sociedades sustentadas em un orden social y con una integración social artificial amparada en la gestión eficiente de los tecnócratas de turno que intentan se anticipar e resolver las demandas de los ciudadanos, en que finalmente la solución de la problemática social pasa por la administración eficiente de los recursos del Estado envolviendo la ejecución de acciones focalizadas que procuran impactar en primera instancia a aquellos grupos con necesidades más prominentes.

Resumiendo, la principal preocupación de los gobiernos de la Concertación de partidos por la democracia parece orientarse preferentemente para el fortalecimiento de la gobernabilidad, induciendo a los movimientos sociales a mantener un bajo perfil en la expresión de sus demandas o en sus acciones contestatarias. Diferente de la noción conservadora, en este caso no existe la intensión explícita de limitar la formalización de dicha demanda, sino que más bien se enfatiza el carácter “impropio” que ella poseería, en virtud de la capacidad que tiene la autoridad para anticiparse a las necesidades de los ciudadanos y de esta forma ofrecer las soluciones más rápidas y adecuadas a cada situación particular. Así, tales gobiernos estarían premunidos de equipos de expertos y de un conjunto de estudios que permitirían abordar con efectividad y eficiencia aquellas carencias y dificultades que afectan a la población.

Esto último representa una manifestación un tanto perversa de la política de las buenas intenciones. Tal parece que el carácter da inclusión democrática de la ciudadanía se restringiría a su credencial de “beneficiarios” de programas sociales en que la dimensión política de esa ciudadanía queda reducida a su apelo social y por esa vía plenamente satisfecha. La participación democrática es entones restringida a la aceptación y legitimación del orden vigente y de sus instituciones democráticas formales, cuyo funcionamiento regular representa una garantía para la sustentación del sistema social.

¿Cuál es el futuro de estos movimientos sociales? ¿Cómo se resolverán los conflictos que han emergido en el seno de la sociedad chilena? Es difícil tener certeza sobre esta cuestión, pero es posible postular que en algunos casos por la coherencia de sus posturas y por la capacidad demostrada para captar la adhesión de diversos sectores sociales, las movilizaciones emprendidas por diversos sectores (empleados fiscales, profesores, estudiantes, trabajadores portuarios, salmoneros, forestales, contratistas del cobre, deudores habitacionales, usuarios del Transantiago, pueblos originarios, etc.) constituyen un importante llamado de atención sobre los caminos recorridos por el modelo económico, político y social impuesto en Chile. Y más todavía, una oportuna remecida en esta especie de situación auto-complaciente en que se encuentra la sociedad chilena.

De esta forma, la perseverancia mostrada por estos grupos y la legitimidad de sus demandas, pone en duda no apenas la capacidad gubernamental de resolver los problemas existentes mediante el concurso de “expertos”, como también recoloca la importancia de la participación y de la emergencia del conflicto como un valor intrínseco de la política democrática y como constructor del proyecto republicano.

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