México : Las experiencias de Resistencia Civil al No Pago de la Energía Eléctrica (2/2)

Las estrategias de la Resistencia Civil en Chiapas

Chiapas es el estado mexicano con la mayor producción de energía hidroeléctrica. El proyecto hidroeléctrico de la Cuenca del Río Grijalva, con sus cuatro centrales (Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas) representa el 45% de la capacidad hidroeléctrica total en operación a diciembre de 2006 [1]. De esta generación eléctrica en Chiapas sólo se consume el 1%, el resto siendo interconectada nacionalmente y exportada a precio preferencial a Estados Unidos, Belice y Guatemala. Como paradoja, en el estado aproximadamente 275 mil personas no tienen acceso a la energía eléctrica. [2] Además, es en Chiapas dónde se registran las tarifas de electricidad más altas para las comunidades indígenas y campesinas. Las cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda del estado establecen que en Chiapas, de más de un millón de usuarios/as, 427 mil 420 se encuentran en resistencia al pago de las altas tarifas de energía eléctrica, lo que representa el 40% del total de la población. En términos de endeudamiento son los ayuntamientos municipales los mayores deudores de energía eléctrica : en diciembre de 2007, el importe de la deuda total de los servicios municipales de energía eléctrica era de mas de 87 millones de pesos, correspondiente a 112 municipios, de los 118 que conforman el estado. [3]

Muchas comunidades indígenas y campesinas de Chiapas llevan más de quince años en resistencia al pago de la energía eléctrica, ya que las tarifas han alcanzado cifras imposibles de pagar para las comunidades rurales. Desde 1994 el descontento que ya existía se generalizó en gran parte de los municipios chiapanecos. Actualmente varias de estas comunidades confluyen en la Red Estatal de Resistencia Civil « La Voz de Nuestro Corazón », en un proceso de resistencia civil organizada que se ha agrupado principalmente en torno a la defensa de la energía eléctrica, uno de los últimos recursos públicos todavía en México. Este esfuerzo organizativo se ha adherido políticamente a La Otra Campaña, iniciativa político organizativa que surge de la « Sexta Declaración de la Selva Lacandona » emitida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en junio de 2005.

Si bien las cifras oficiales establecen que prevalece el no pago a las tarifas de energía eléctrica en 68 de los 118 municipios de Chiapas, esto no significa que todos esos miles de usuarios/as en resistencia civil sean parte de un proceso organizativo. Es de suponer que la mayoría de los 427 mil usuarios son integrantes de algún proceso organizativo, particularmente como bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sin embargo, mucha gente no paga la energía eléctrica simplemente porque no puede, porque no tiene los recursos financieros suficientes. No necesariamente por un cuestionamiento estructural producto de una reflexión sobre si las tarifas son justas o no. Frente a estas realidades, la Red de Resistencia Civil logró abrir un espacio para la organización y articulación de pequeños grupos de no pago a las tarifas eléctricas que se fueron conociendo y reconociendo en el trabajo de la resistencia. Aunque en un primer momento lo que agrupaba a las comunidades y hacía que otras muchas se vincularan era simplemente el no pago a las altas tarifas de energía eléctrica, actualmente las comunidades en resistencia se articulan en un esfuerzo organizativo amplio que cuestiona de raíz la desigualdad estructural. El cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés se convierte así en una de las principales demandas políticas de la Red Estatal de Resistencia Civil.

Como parte de un proceso organizativo más allá del simple no pago a la luz, las comunidades de la Red comenzaron las capacitaciones en el manejo del sistema de distribución de energía eléctrica, buscando apropiarse de un servicio para los pueblos con el objetivo de ya no depender de la Comisión Federal de Electricidad. Las vinculaciones y contactos para lograr las capacitaciones, además de brindar capacitación técnica a la Red, permitieron la construcción de vínculos concretos con otras organizaciones a nivel regional, estatal y nacional. Así, la capacitación técnica permitió la consolidación de un grupo amplio, representativo de todas las regiones del estado, con el conocimiento, las herramientas y el compromiso necesario para erigirse como promotores comunitarios de energía eléctrica. De esta manera, se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento comunitario, reconexiones de energía eléctrica y ampliaciones a la red con los recursos económicos y el trabajo de las comunidades. Esta situación da un nuevo impulso al trabajo organizativo de la resistencia, que empieza a solucionar un problema concreto y muy sentido en las comunidades, es decir, la falta de energía eléctrica, debido a los cortes de luz, al mal servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad o a las malas instalaciones que son comunes en las comunidades indígenas y campesinas. Es así como la Red de Resistencia ha logrado una cohesión y fortaleza con base en un aprendizaje muy concreto : la gente organizada tiene la capacidad de dar solución a sus problemas sin depender de las instituciones de gobierno.

Las comunidades organizadas en la Red Estatal de la Resistencia Civil se niegan al pago de los recibos de luz no solamente por los bajos precios de sus productos y su constante empobrecimiento, sino por un reconocimiento de que es un sistema el que está detrás de su pobreza. Las comunidades saben - y lo afirman en su accionar cotidiano - que la energía eléctrica en México no es propiedad ni del gobierno, ni de los funcionarios, ni de las empresas privadas. La luz es propiedad de los pueblos de México. Así, las comunidades enarbolan en la práctica las razones citadas en el primer informe de gobierno de Adolfo López Mateos, quien tras la nacionalización de la energía eléctrica en México en 1960, explicó : « los recursos naturales y las fuentes de energía básicas han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano ». ¿Estar « al servicio de la colectividad » es desplazar a comunidades indígenas y campesinas de su territorio para la construcción de una represa para producir energía para las grandes empresas ? ¿Es « elevación de los niveles de vida » pretender cobrar dos mil pesos por tener tres focos y una radio en casa ?

La experiencia del proceso organizativo de las comunidades en resistencia ha sido constantemente fortalecida con la construcción de relaciones de solidaridad y de intercambio con otras comunidades y organizaciones. Además, ha contado con el valioso apoyo de trabajadores solidarios de Luz y Fuerza del Centro, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que han acompañado a muchas comunidades en su capacitación. Con sus propios recursos y trabajo han apoyado en la construcción de ampliaciones de la red de energía eléctrica y sistemas de generación alternativa de energía en las comunidades en resistencia del estado de Chiapas.

En varios momentos las comunidades han tenido representación en foros y encuentros de base, compartiendo sus experiencias y estrategias organizativas. Las vinculaciones han ido trazando senderos claros de coordinación y articulación que pueden llevar, a mediano o largo plazo, a la configuración de un movimiento de resistencia nacional por la defensa de la energía eléctrica enmarcada en la defensa del territorio. Ya hemos sido testigos/as de los primeros pasos en este sentido, al ser la Red Estatal de Resistencia Civil una de las impulsoras y articuladoras de la naciente Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica.

El papel de los programas gubernamentales en la lucha y resistencia de las comunidades

El levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el primero de enero de 1994, representó un cambio radical en la coyuntura que ha tenido repercusiones importantes en las comunidades indígenas y campesinas de Chiapas, sean bases de apoyo del EZLN o no. Frente a las demandas de justicia, democracia y libertad, el gobierno mexicano inició una guerra contra las comunidades de Chiapas que sigue hoy en día. Esta guerra de contrainsurgencia, que sigue la teoría y práctica militar de la « guerra de baja intensidad » contra un enemigo interno, se ha expresado de diferentes maneras. La expresión más obvia de la contrainsurgencia en Chiapas es la faceta militar, donde las comunidades se ven invadidas por elementos del ejército en sus tierras, estableciendo bases y retenes militares y policíacos. Sin embargo, actualmente, la expresión de la contrainsurgencia más sentida son los programas y proyectos de gobierno. Frente al forzado convencimiento por parte del gobierno mexicano de que no lograrían combatir al EZLN con la vía armada, debido a la presión nacional e internacional, las instituciones de gobierno y los programas asistenciales se volvieron las armas más fuertes para deslegitimar el proyecto de autonomía zapatista. El EZLN, al declarar su autonomía y no reconocer a un gobierno que no ha cumplido los Acuerdos de San Andrés, se rehúsa a recibir cualquier apoyo financiero por parte del gobierno. Tomando en cuenta esto último, es imposible hablar de programas y apoyos de gobierno sin reconocer el contexto de guerra de contrainsurgencia en contra de los procesos comunitarios autónomos.

Los programas asistenciales de gobierno no son más que migajas del presupuesto federal disfrazadas de beneficios, que pretenden definir a las personas y a las comunidades indígenas y campesinas, únicamente por su condición de pobreza. Reduciéndolos a sujetos pasivos y no actores sociales dueños de su propio destino y desarrollo. Son programas focalizados hacia un sector o grupo « vulnerable », que promueven la individualización, generan dependencia, desmovilizan a la población y no combaten las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad social. El objetivo principal de los programas y apoyos de gobierno es favorecer la división en las comunidades. Valiéndose de mañas y condicionantes para la entrada de los programas, los gobiernos federal y estatal buscan deshacer el tejido social de las comunidades e incluso de las familias a través de los programas. Además, son usados de forma estratégica, aprovechándose de la situación de pobreza de las comunidades y bases de apoyo zapatistas que puedan llevarlos a renunciar al EZLN, deslegitimando el proyecto de autonomía. Baste ver los grandes despliegues mediáticos oficiales cuando tiene lugar alguna entrega de apoyos o aceptaciones de programas por parte de supuestos ex bases de apoyo.

Los efectos de los programas de gobierno en comunidades en resistencia a las altas tarifas de la luz son claros en los programas de « Oportunidades Energético », « Lecturistas Comunitarios » y « Luz Solidaria » El programa Oportunidades, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, es un programa de apoyo financiero otorgado a las mujeres. Es el mismo programa de « combate a la pobreza » del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, llamado entonces « Progresa » ; reciclado por Vicente Fox con el nombre de « Oportunidades » ; y continuado por Felipe Calderón con la modalidad del « Oportunidades Energético ». La misma política neoliberal asistencialista e individualizada, acomodada a la retórica neoliberal según la conveniencia del contexto.

El programa de Oportunidades entrega 435 pesos cada dos meses, por cada niño/a cursante de educación básica. El 24 de enero de 2007, Felipe Calderón anuncia la novedad del « Oportunidades Energético » destinando 3 mil millones de pesos para su aplicación. El programa consiste en añadir a la suma inicial entregada, 50 pesos más como un « apoyo adicional » para que las familias puedan pagar los altos recibos de energía eléctrica. Según estadísticas de la Secretaría de Desarrollo Social, existen cinco millones de familias que reciben el programa, que gastan en promedio 201 pesos en energía eléctrica bimestralmente, por lo que el irrisorio apoyo no representa más que un 25% del total del costo de la energía para estas familias. La Jornada, 25 de enero de 2007. Suponiendo que las cifras de Sedesol sean cercanas a la realidad-

En palabras del propio Calderón : « Este nuevo componente energético del programa representa 25 por ciento de lo que en promedio hoy gastan las familias beneficiarias de Oportunidades en consumo de energía ; es un 30 por ciento que se adiciona a lo que ahora se recibe de apoyo alimentario » [4]

En la realidad el programa « Oportunidades Energético » ha funcionado como mecanismo de presión y condicionamiento para el pago de la energía eléctrica. La estrategia ha sido hacer coincidir la entrega bimensual del apoyo financiero con la llegada a los domicilios del recibo de la luz. Así, se condiciona a las mujeres a presentar su recibo de luz pagado para entregarles el apoyo financiero. Frente a un recibo de luz de más de mil pesos (no 201 pesos como afirma Sedesol), el apoyo de 50 pesos parece más una burla que cualquier otra cosa. Esto se vuelve aún más absurdo frente al hecho de que muchas comunidades indígenas y campesinas llevan más de diez años en resistencia al pago, acumulando lo que la CFE contabiliza como deudas que en ocasiones llegan hasta los 40,000 pesos.

Sin tener un programa oficial como tal, la Comisión Federal de Electricidad promueve la formación de « Lecturistas Comunitarios », como una estrategia más para presionar en el pago de la luz, siendo utilizadas personas de las propias comunidades para intentar forzar a la gente en resistencia a que realicen sus pagos. El programa consiste en capacitar a personas de comunidades en la lectura de los medidores domésticos de consumo de energía. Además de tomar las lecturas del consumo de energía, estas personas son también responsables de entregar los recibos de luz y cobrar el pago correspondiente. Posteriormente entregan a la CFE lo recaudado de los cobros de la energía eléctrica y es de esa misma suma que se les entrega un porcentaje, a manera de salario. De tal forma que la Comisión Federal de Electricidad condiciona el salario de los lecturistas comunitarios, al pago de los recibos comunitarios. Situación que lleva a la división y los conflictos intracomunitarios entre la resistencia organizada y los lecturistas.

El condicionamiento de los programas gubernamentales por parte de las instituciones siempre ha sido práctica común México. Sin embargo, en años recientes este condicionamiento ha tenido como objetivo debilitar el movimiento de resistencia civil. De esta manera, las instituciones de gobierno exigen la presentación del recibo de luz pagado para la obtención de una serie no sólo de programas asistenciales, sino que de servicios elementales. Por ejemplo, para obtener o renovar una credencial de elector, el Instituto Federal Electoral está exigiendo como comprobante de domicilio el último recibo de luz con sello de pago, negándose en ocasiones a recibir cualquier otro comprobante.

El más reciente intento de la CFE y el gobierno de Chiapas para provocar la división comunitaria y debilitar el movimiento de resistencia civil es el programa « Luz Solidaria », impulsado desde la Secretaria de Hacienda estatal con base en un acuerdo firmado con la CFE. Este programa es presentado como el « mas importante de la historia », un « acto de justicia social » que demuestra la « natural sensibilidad hacia los que menos tienen » del ejecutivo estatal [5].

De la misma manera cómo ha sido en el pasado, tras el anuncio desde el gobierno federal de un aumento en las tarifas, el gobierno estatal busca en coordinación con la CFE una estrategia para terminar con la resistencia civil de no pago. Así fue con el programa « Vida Mejor », puesto en marcha tras el decreto del gabinete de Fox que eliminó los subsidios a las tarifas residenciales en 2002. Frente a la realidad de contar con unos 350,000 usuarios/as en resistencia en ese año, el gobierno estatal de Pablo Salazar Mendiguchía se propuso cubrir el 50% del adeudo acumulado, comprometiendo al usuario a cubrir el otro 50% en pagos diferidos a 3 años. Sin embargo, esto no mejoraba en nada la tarifa ya establecida desde la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para el pago de luz. Los que aceptaron este programa se percataron que los primeros recibos les llegaron más bajos de lo habitual, pero después aumentaron drásticamente, haciendo imposible su pago y obligando a las comunidades a regresar a la resistencia civil.

Con la reforma hacendaria de finales de 2007, la SHCP anunció el aumento al precio de la gasolina en México, con base en previsiones del precio internacional del combustible que ahora demuestran ser contrarias a la realidad (recientemente el precio a nivel internacional del petróleo mexicano disminuyó a un tercio de lo que era a principios de año). Al mismo tiempo, Hacienda estableció grandes subsidios para los usuarios industriales y comerciales, para que las empresas tengan acceso a costos energéticos « competitivos ». Ni una sola mención de los usuarios domésticos. Coincidentemente, ahora que Chiapas registra más usuarios/as en resistencia civil aparece el programa de « Luz Solidaria », que ha sido denunciado por la Red Estatal de la Resistencia Civil como « una estrategia mas para acabar la fuerza y la unidad de nuestros pueblos en lucha, como lo fueron los programas Vida Mejor y Luz Amiga » [6].

El programa « Luz Solidaria » propone un subsidio desde el gobierno del estado para unificar las dos tarifas que aplican en todo el país : la tarifa de verano, que se aplica durante los seis meses más cálidos (de abril a septiembre) y la tarifa fuera de verano. Con este subsidio, los usuarios domésticos de Chiapas de bajo consumo bimensual tendrán una sola tarifa durante todo el año, evitando así las variaciones en el recibo de energía eléctrica.

Como en otras ocasiones, las causas de raíz de las inconformidades de la población, es decir, cobrar excesivamente por lo que es un derecho humano, son descartadas. En los pronunciamientos públicos sobre los beneficios de este programa, el gobierno estatal se atreve no sólo a dar a la gente una supuesta solución a su problema, sino que además les dice las razones de su inconformidad : « Actualmente existen 2 tarifas, una de verano y otra fuera de verano, lo que ocasiona fluctuaciones en el pago del servicio por cambio de tarifa y en consecuencia malestar entre la población ». De esta manera, el gobierno busca minimizar las causas de fondo del movimiento de resistencia, al expresarles que su descontento se debe, básicamente, a que no entienden el recibo de luz. [7]

Sin embargo, ni el gobierno estatal ni la CFE han querido proporcionar información clara sobre este nuevo proyecto. Los comunicados de prensa establecen que con este programa se unifica la tarifa para todo el año, en lugar de tener una tarifa de verano y una fuera de verano. Sin embargo no dice cuál es la tarifa por Kilowatt/hora (Kwh) que se aplica. Al mismo tiempo, en las comunidades se ha reportado que la CFE está promoviendo este programa como una condonación de la deuda, cuando el concepto de la deuda no está presente de ninguna forma en « Luz Solidaria ».

Este nuevo proyecto aparece como una iniciativa puramente mediática. Así lo establecen los mismos diputados de la LXIII Legislatura local, al pronunciar que más importante que reducir las tarifas de energía eléctrica, lo fundamental de este programa es que « fortalecerá la confianza de la sociedad en su gobierno, lo cual es muy importante para la gobernabilidad en Chiapas » [8]

Los operativos de desmantelamiento de instalaciones eléctricas

A pesar de los intentos desde las instituciones para presionar al pago de la luz, la cantidad de usuarios/as en resistencia se ha incrementado en los últimos años. Para diciembre de 2004 eran 290 mil 673 personas en resistencia ; en junio de 2008 el padrón que se reportó fue de 427 mil 420 personas [9]. Ante esto, la Comisión Federal de Electricidad ha recurrido a los cortes masivos de energía eléctrica, como medida de presión e intimidación. Los operativos no son simples cortes de luz, sino todo un desmantelamiento dónde la CFE no solamente realiza la suspensión del suministro de energía, sino que también arrasa con el cable para así evitar que las comunidades vuelvan a conectarse. En la mayoría de las ocasiones ese cable que despoja la CFE es comprado e instalado por las mismas comunidades.

En los operativos de corte de energía eléctrica, la CFE nunca trabaja sola. Tras años de experimentar las inconformidades de las comunidades ante el mal servicio y los altos cobros, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad han decidido acompañarse de elementos de la policía municipal y/o estatal para realizar los desmantelamientos. Actores importantes en los operativos, producto de las divisiones fomentadas desde las instituciones de gobierno, son personas de las comunidades que no se encuentran en resistencia a las altas tarifas. De esta manera, un operativo de desmantelamiento del suministro eléctrico siempre es acompañado por una o varias personas de la comunidad, que van señalando las casas de las personas integrantes de la Resistencia Civil a las que deben realizarse los cortes masivos. Esta situación, ha derivado en fuertes conflictos y choques en las comunidades, cuando los cortes de luz son utilizados por autoridades oficialistas de la comunidad para amedrentar a sus opositores. Ante la gran conflictividad social que ha representado la CFE en las comunidades, los trabajadores presionan a las autoridades partidistas de las comunidades para que sean ellos mismos quienes soliciten el corte de luz, con la finalidad de obtener cierto « respaldo » y « justificación » para su accionar. Las divisiones comunitarias que llevan a la confrontación sobre el pago de la energía eléctrica han sido provocadas también desde la CFE, que hace creer a la gente que no está en resistencia, que sus recibos de luz son tan altos porque están pagando la « deuda acumulada » de los integrantes de la resistencia civil de su comunidad, lo cuál es totalmente falso.

En 2008, solamente en comunidades de la Red Estatal de la Resistencia Civil, se ha dado, en promedio, un corte de energía eléctrica por semana. Esta situación es, sin duda, parte de una estrategia de agresión constante hacia las comunidades que se organizan a nivel regional, buscando provocar el desgaste del movimiento y de las finanzas. Pero al mismo tiempo esta situación ha llevado al fortalecimiento de las comunidades, que han ido experimentando diversas formas de resistencia y organización, con la finalidad de asegurar el acceso a este servicio básico allanando el camino hacia el ejercicio de su autonomía.

La participación de las mujeres : la transgresión

Durante buena parte del desarrollo del movimiento social en México, las mujeres han constituido parte importante de la historia, pero la mayoría de las veces han sido invisibilizadas. Los cargos de representación y toma de decisión efectivas han estado por muchos años negados para ellas. En muchos casos no existen mujeres representantes porque esos cargos han sido « por costumbre » siempre para los hombres. Muchas mujeres tienen una limitada participación en espacios públicos y políticos, debido a que las tareas consideradas « naturales » para ellas les son impuestas como prioritarias de su condición. A pesar de estas circunstancias, las mujeres han ido poco a poco incorporándose a las asambleas, a las reuniones, a las marchas, a los trabajos. Impulsan a otras mujeres que no están organizadas. Van exigiendo presencia ; responden a las convocatorias, asisten a las marchas y a los encuentros, pero en muchas ocasiones todavía con poca participación efectiva en la toma de decisiones.

Un hecho de hacer notar es que en los operativos de cortes masivos de energía eléctrica, el hogar toma una importancia considerable. En la mayoría de los casos, los desmantelamientos ocurren en contextos y tiempos dónde las mujeres se encuentran solas en casa, porque los maridos se han ido a trabajar la milpa. Estas situaciones las colocan en un ambiente de vulnerabilidad, si tomamos en consideración que los operativos son violentos, llevados a cabo por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad acompañados por policías municipales y/o estatales. Sobra decir que las experiencias conocidas en contextos de insubordinación y con presencia policial, han desembocado muchas veces en fuertes hechos violentos hacia las mujeres. Los compañeros integrantes de la Resistencia Civil en Chiapas han manifestado cierto temor ante estas situaciones, ya que se han dado varios casos dónde sus compañeras son quiénes enfrentan a la CFE. Aguerridas, cómo suelen ser no sólo en estas situaciones, han enfrentado con mucho coraje y dignidad a los trabajadores que intentan arrebatarles un derecho humano básico e imprescindible.

Así, son las mujeres las que han defendido en numerosas ocasiones el sistema de luz comunitario de las agresiones de la Comisión Federal de Electricidad. Existen varios ejemplos de estos dignos actos de autodefensa y de reivindicación de derechos a los servicios básicos. Como muestra podemos mencionar a una comunidad del municipio de Socoltenango, compuesta casi enteramente por mujeres, ya que la mayoría de los hombres han migrado a Estados Unidos. Para repeler las agresiones de la CFE, las mujeres mantienen siempre ánforas llenas de agua para impedir que los empleados de la paraestatal puedan subir a los postes a realizar los cortes masivos. En otras comunidades, las mujeres se organizan con métodos similares, a la espera de la presencia de los trabajadores de la CFE.

No es que los consideren sus enemigos, pero cómo explica la compañera Sara López de Candelaria, Campeche : « en los estados dónde estamos en no pago de la luz eléctrica, nos hemos enfrentado desafortunadamente con los trabajadores de la CFE. Digo desafortunadamente porque la bronca no es con ellos, el problema no es con ellos, se los decimos, no es con ustedes los trabajadores, es con un sistema. Pero bueno, ustedes están colaborando en apoyar a ese sistema, entonces ni modo compañeros les esta tocando » [10]

Pero además, las altas tarifas de energía eléctrica representan un ataque directo contra la economía familiar, de la que la mayoría de las veces son responsables las mujeres, sean jefas de familia o no, quiénes se ven obligadas a extender los ya de por sí exiguos salarios, para intentar cubrir las necesidades familiares.

No está de más mencionar que en el caso de la demanda penal contra integrantes de la Resistencia Civil del No Pago a la Luz Eléctrica en Candelaria, Campeche una de las más activas integrantes, presente en varios foros sobre el tema y con un camino político importante es Sara López, quién ha sido puesta en una clara situación de vulnerabilidad, al encontrarse dentro de un proceso penal con una clara línea gubernamental de intimidación. Este contexto la coloca en un escenario de desgaste jurídico que tiene como finalidad debilitar el trabajo organizativo y político que Sara, junto con otros compañeros y compañeras, ha impulsado desde hace varios años en el municipio de Candelaria, Campeche. Pero además es un claro mensaje a las compañeras activistas, líderes e integrantes de movimientos populares y organizaciones sociales, que se han atrevido a insubordinarse y salir del espacio doméstico. Conocemos muchos ejemplos dónde las mujeres han sido el símbolo de la resistencia y de la respuesta. Las mujeres actúan y se movilizan. Ellos lo saben muy bien, como también nosotras sabemos muy bien que la represión además de sistemática, es misógina.

A manera de conclusión

El territorio es mucho más que un pedazo de tierra para sembrar ; ocupa un lugar que va más allá de las políticas neoliberales que pretenden convertirlo en un elemento más dentro del juego de la economía de la compra-venta. El territorio representa el fortalecimiento de las identidades, redes comunitarias y organizaciones internas, que garantizan la supervivencia y reproducción de los pueblos. Pero además es un espacio dónde tienen representación una serie de derechos y que garantiza el accionar de la autonomía. Con las capacitaciones técnicas en el manejo de la energía eléctrica, se adquirió un conocimiento práctico sumamente valioso y esperanzador. Al saber mantener la red de suministro de energía eléctrica, las comunidades han fortalecido el sentimiento de pertenencia de un servicio, que se vuelve, en la práctica, propiedad de los pueblos. La energía eléctrica, además de un derecho humano, se torna, entonces, una parte del territorio, entendido como algo mucho más que la tierra ; concebido como un espacio dónde tiene representación la práctica de la libre determinación.

¿Qué hay en el fondo de la resistencia civil al no pago de la energía eléctrica ? ¿Es tan sólo una renuencia al pago o una convicción política ? ¿Entraña un cuestionamiento estructural o es simplemente el hecho de no poder pagar ?

Existen diversas maneras de entender la resistencia civil al no pago de la energía eléctrica. En algunas ocasiones las personas no pagan porque simplemente no pueden hacerlo, debido a las condiciones económicas imperantes para la mayoría de la población. En otras ocasiones, las comunidades se organizan en la exigencia de una tarifa justa ; en otras tantas, el no pago se convierte en mecanismo de presión política. Pero en otras muchas va más allá y se erige como la puesta en práctica de la autonomía y libre determinación de los pueblos. Un cuestionamiento al Estado capitalista, racista, patriarcal y neocolonial que se sustenta como el poderoso y con base en una serie de condiciones históricas, culturales y económicas, oprime y subordina a la población en general y a los pueblos campesinos e indígenas en particular. Entonces, como el estado es el patriarca, el que manda, el que garantiza, los pueblos deben sostenerle el mandato a través de, entre otras cosas, el pago a los servicios básicos, aunque sean de mala calidad, aunque sean repartidos a conveniencia y de forma discriminatoria, aunque contengan de fondo los intereses más oscuros del sistema.

Porque los pueblos en resistencia conocen perfectamente el funcionamiento del sistema ; lo conocen porque viven sus efectos todos los días : « si nosotros seguimos creyendo en un gobierno que está al servicio del capital, estamos perdiendo tiempo. ¿Como voy a pagarle a CFE si ese dinero es para financiar a las grandes empresas privadas ? » [11]

Hablamos entonces de un movimiento real de insubordinación contra el Estado. Un estado que exige como si fuera legítimo y privatiza los derechos humanos elementales. Ante un descontento que se generaliza, que se articula y que comienza a abrir espacios claros de empoderamiento y organización, al Estado no le queda más que utilizar su única arma : la criminalización de la protesta social. Los movimientos de resistencia civil al no pago de las altas tarifas de energía eléctrica, ya comenzaron a vivirlo. La demanda penal contra los compañeros y compañeras de Campeche es tan sólo uno de los ejemplos.


Notes

[1Comisión Federal de Electricidad, Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2008-2017.

[2Gobierno del Estado de Chiapas, Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.

[3Expreso de Chiapas, 22/10/2008.

[4Notimex, 24 de enero de 2007

[5Coordinación de Comunicación Social, Gobierno Estatal, « Aporta gobierno estatal 280 millones para subsidiar la luz de los chiapanecos », 19 de octubre de 2008. http://www.cosoco.chiapas.gob.mx

[6Denuncia pública de la Red Estatal de la Resistencia Civil, 11/10/2008.

[7Coordinación de Comunicación Social, Gobierno Estatal, « Aporta gobierno estatal 280 millones para subsidiar la luz de los chiapanecos », 19 de octubre de 2008. http://www.cosoco.chiapas.gob.mx

[8Cuarto Poder, 21/10/2008.

[9Expreso de Chiapas, 22/10/2008.

[10Participación de Sara López en el Encuentro Popular Agua, Energía y Alternativas Energeticas, llevado a cabo del 6 al 8 de Noviembre de 2008 en Aguacaliente, Cacahuatepec, Guerrero.

[11Testimonio compañero de Campeche en el Encuentro Popular « Agua, Energía y Alternativas Energéticas », Guerrero, noviembre 2008.


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