Agriculturas campesinas

El futuro de las agriculturas campesinas ante las nuevas presiones sobre la tierra

Las aún marginalizadas estrategias de desarrollo, el papel de las agriculturas campesinas para luchar contra el hambre, el deterioro de los ecosistemas y el cambio climático, son ahora reconocidos. Sin embargo, la suerte de los pequeños productores sigue comprometida, dadas las nuevas presiones que se ejercen sobre las tierras. Promovida por las instituciones internacionales, la « cohabitación armoniosa » entre agro-negocios y agriculturas campesinas no cambia el escenario.

La crisis alimentaria - de 2007/2008- lanzó una cruda luz sobre las aberraciones y las paradojas del modelo de desarrollo agrícola. En un contexto caracterizado por fuertes presiones sobre la tierra y los recursos naturales, una alza brusca, pero no menos previsible, de los precios bastó para hundir cerca de 125 millones de personas suplementarias en la extrema pobreza, y 75 millones de entre ellas en la subalimentación, « anulando el trabajo de siete años en la lucha contra la pobreza », según el Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick (véase. Delcourt, 2008).

Empeorada por el derrumbe económico y financiero, que produjo su propia cuota de nuevos indigentes, esta crisis dista mucho de ser fortuita. Calificada demasiado deprisa de « maremoto agrícola y alimentario », como si se tratara de una catástrofe natural e imprevisible, da prueba realmente del fracaso de las estrategias de reducción de la pobreza en ausencia de una reforma en profundidad del sistema internacional de producción, transformación, comercialización y distribución de los productos resultantes de la agricultura. Las cifras son tremendas para los juglares de la « mundialización feliz ».

Mientras que se registran niveles de producción record desde hace años, los cuales bastan teóricamente para garantizar las necesidades alimentarias de la población del planeta [1], el hambre afecta actualmente a más de mil millones de personas, cifra inigualada desde los años setenta. Un número al cual habría que añadir aproximadamente 2 mil millones de personas que sufren de carencias alimentarias. ¡Sorprendente paradoja : cerca del 70% de estos pobres y muy pobres, en situación de necesidad, son campesinos y campesinas, productores y ellos mismos proveedores de productos alimenticios (50% viven en terrenos muy pequeños o de mala calidad y 20% son trabajadores agrícolas o sin-tierra) ! (Golay, 2009).

Diez años después de la adopción de los Objetivos del milenio, y cinco años antes del plazo de 2015 previsto para su realización, no es la hora del optimismo. A pesar del compromiso firme de Naciones Unidas, destinado a reducir a la mitad el número de personas en la extrema pobreza, « se reúnen todas las condiciones, considera Olivar de Schutter, para una nueva crisis alimentaria en uno o dos años más. La cuestión no consiste en saber si se producirá, sino ¿cuándo ? » (Le Monde, 16 de noviembre de 2009).

Sin una reforma radical del sistema agroalimentario, la situación sólo puede empeorar, tanto así que se perfila una reducción de los rendimientos agrícolas y una pérdida irremediable de amplias extensiones de tierra, debido al recalentamiento climático - en regiones muy especialmente sensibles a los riesgos climáticos y a la tensión hídrica - y presiones ejercidas por la urbanización, la multiplicación de los proyectos mineros, hidroeléctricos, turísticos y de infraestructura, codiciosos en espacios. Todo esto, sin contar con las enormes superficies de tierras que deberían en el futuro destinarse a la producción de agrocarburantes, sabiendo que la producción alimentaria global deberá duplicarse, o incluso triplicarse para cubrir las necesidades alimentarias de 9 mil millones de personas en 2050 (Mazoyer, 2009).

Simbolizados por los motines urbanos que afectaron a finales de 2007 - principios 2008- a una cuarentena de países, esta crisis alimentaria y los efectos en cadena que implicó tuvieron al menos un impacto positivo : el de impulsar a las instituciones internacionales a reabrir el debate sobre el papel de la agricultura en las estrategias de desarrollo. De hecho, la agricultura recuperó su lugar en las agendas de los « donantes »después de haber sido marginada durante cerca de treinta años [2]. Desde el desencadenamiento de la crisis, las Naciones Unidas y sus organismos especializados no pararon de multiplicar los llamados a una refinanciación de los sectores agrícolas en el Sur. Descalificadas durante cerca de tres décadas, las políticas públicas agrícolas vuelven a ser ásperamente discutidas. Antes considerado con desprecio, el Estado es nuevamente llamado para reinvertir e impulsar el desarrollo del mundo rural. Reconocidos al principio del siglo XXI como solución milagro a la crisis energética, los agrocarburantes se denigran cada vez más, mientras que las virtudes de la agricultura familiar, que se decía anticuada y poco eficiente, parecen poco a poco ser redescubiertas.

Sin embargo, cabe preguntarse si ¿esta toma de conciencia del lugar y el papel de la agricultura en la gestión de los problemas sociales y medioambientales, abrió la vía a una revisión de fondo del modelo de desarrollo agrícola dominante y del régimen alimentario internacional ? ¿Los remedios propuestos a nivel internacional están encaminados a responder a los desafíos de la pobreza rural y el hambre ? Temas tan cruciales como el acceso a la tierra, el control sobre los recursos y el derecho democrático y soberano de las poblaciones a definir su propio modelo agrícola, siguen estando permanentemente ausentes de las preocupaciones internacionales. A la hora en que las presiones sobre la tierra y los recursos son cada vez más concretas, toda estrategia de desarrollo rural que no tenga en cuenta seriamente estas preguntas, no evitará los errores del pasado y se verá - sin ninguna duda - en la impotencia de invertir el proceso de marginalización de las agriculturas campesinas en los orígenes de la crisis agroalimentaria.

Marginalización de la pequeña agricultura

A pesar de la extensión de las superficies cultivadas en el mundo, los países del Sur conocen, desde hace varias décadas, un fenómeno de « descampesinación » de los territorios agrícolas. Así lo confirma, la reciente transición demográfica en que el número de habitantes urbanos supera el de los rurales. Lo que impacta, más allá de las diferencias regionales, es la rapidez y la magnitud de esta transición. En 1970, la población mundial, estimada en 3,7 mil millones de personas, contaba con aún 2,4 mil millones de habitantes rurales contra 1,3 mil millones de urbanos. Un cociente que comenzó a invertirse a principios del siglo XXI, aunque hoy 3,5 mil millones de personas viven en comunidades urbanas contra 3,2 mil millones en zonas rurales (Borras, 2009).

Esta « descampesinación » rápida de los campos, que ve cada año a cientos de miles de campesinos abandonar su tierra en el Sur, hasta el punto que la tasa de crecimiento natural en el mundo rural (aún muy elevado) no llegará a compensar el número de migraciones, no es un fenómeno de ningún modo natural, como tampoco la expresión de una elección individual y espontánea que lleve a la búsqueda de un nuevo destino en la ciudad. Es –principalmente- la consecuencia de políticas económicas voluntaristas y de estrategias de desarrollo asumidas, despreocupadas de la suerte de los pequeños productores familiares, llegando a ser incluso, francamente hostiles al mundo campesino.

Políticas de modernización « antirurales »

Inspirado en las teorías lineales de la modernización, copiadas sobre la trayectoria histórica de los países del Norte : la de la transición, por etapas sucesivas, de una economía rural hacia una economía industrial y urbana, el modelo de crecimiento que prevalecía en el Sur y orientaba las estrategias de desarrollo a partir de los años cincuenta, estaba basado en la industrialización pesada y daba al Estado un papel central en el control y la planificación económicos. El desarrollo era sinónimo de crecimiento y este crecimiento no podía estar garantizado sino por la industrialización a marcha forzada y sus repercusiones económicas (Historia…, 2009).

De hecho, entre los años cincuenta y 1980, la mayoría de los Gobiernos del Sur, que intentaron integrarse a la economía internacional u optaron por estrategias autónomas de sustitución de las importaciones, dieron la prioridad al proceso de industrialización-urbanización a costa del desarrollo de las zonas rurales. A lo sumo la agricultura era considerada como reserva de mano de obra barata y como un medio de impulsar, mediante la transferencia del producto agrícola, la modernización del tejido socioeconómico urbano. En desmedro de los pequeños productores familiares, que representaban casi en todas partes la aplastante mayoría de los activos, el apoyo era generalmente para los sectores agroexportadores, fuentes de preciosas divisas. A la preocupación de garantizar rentas decentes para los campesinos era privilegiada la conservación de la paz social en la ciudad mediante la importación masiva de ayuda alimentaria o productos baratos. Una estrategia que tenía otra ventaja : la de aportar impuestos providenciales (Brunel, 2008).

Estas orientaciones de desarrollo, acopladas con la introducción de la « revolución verde » en varios países de Asia y América Latina, justificada tanto por la necesidad estratégica de garantizar la autosuficiencia alimentaria, como para evitar tener que iniciar un proceso de reforma agraria, participarán del empobrecimiento progresivo de una gran franja del pequeño campesinado, precipitando al mismo tiempo el éxodo rural [3].

Entre el yunque y el martillo : la modernización neoliberal

Este movimiento de « descampesinación » en el mundo rural se acelerará en los años ochentas, en un contexto caracterizado por la crisis de la deuda y el fuerte regreso del liberalismo económico, cuyos aduladores denuncian desordenadamente el inmovilismo de los campos, la persistencia de la pobreza rural, la incapacidad de los países en desarrollo, llevado por los déficit, para impulsar un « círculo virtuoso de crecimient » y el intervencionismo excesivo de los Estados acusados de generar demasiadas distorsiones del mercado, a causa de sus múltiples exacciones e impuestos (en particular, sobre el hipotecario y el producto agrícola).

Convertido en prestamista y principal encargado de la elaboración de las reformas, el Banco Mundial va entonces a predicar, en estrecha simbiosis con el FMI, garante de los equilibrios macroeconómicos, una reducción masiva de los gastos públicos, la apertura de las economías, la liberalización de los intercambios y de los precios, de las políticas atractivas para los capitales extranjeros, o también una desregulación -a todas luces- supuesta a liberar las fuerzas del mercado. Tantas medidas, negociadas en el marco de los acuerdos de estabilización y ajuste estructural, encontrarán su traducción en el ámbito de la agricultura en los « programas de ajuste sectoriales agrícolas » nacionales (Mazoyer, 2008). Es así que se inicia un extenso movimiento de deserción del Estado y liberalización del sector agrícola, el cual se continuará con la inclusión de la agricultura en la última ronda de negociaciones del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) y la creación en 1994-1995 de la OMC (Organización Mundial del Comercio).

Ciertamente, a partir de los años noventa, un puñado de países va a reanudar el crecimiento, mientras que los consumidores urbanos de los países del Sur aprovecharan de sobra - al menos temporalmente – la baja del precio de los productos alimenticios. Pero en un contexto de desigualdades extremas entre las agriculturas, la apertura de los mercados locales a las importaciones se revelará rápidamente catastrófica para el pequeño campesinado (Houtart, 2009).

La invasión de importaciones agrícolas a bajo precio va –literalmente- a arruinar a los pequeños productores. Con la instauración de los acuerdos de libre comercio, en ocasiones de un día para otro, debieron rivalizar con los pesos pesados internacionales de la agroindustria, altamente competitivos, tanto así que se beneficiaron - y se beneficiaran aún - de una generosa política de subsidios y/o apoyo donde pueden contar con bajos salarios y contribuciones territoriales a menudo muy escasas, o incluso inexistentes, y de enormes superficies agrícolas en el caso de los sectores agroindustriales de los países emergentes.

Doblemente acorralados, por una parte por la competencia de las importaciones baratas, por otra parte, por la supresión de las ayudas y apoyos públicos y el desmantelamiento de las estructuras de apoyo a los productores, los campesinos del Sur se encontraron en la incapacidad de garantizar su propia reproducción. Atrapados en una espiral de empobrecimiento y endeudamiento, menos encuadrada y sostenidos que en el pasado, a menudo han tenido otras elecciones que de ceder su tierra o sus brazos al mejor postor (grandes latifundistas, empresas agroindustriales, etc.) o exiliarse hacia los núcleos urbanos donde vinieron a inflar barrios de chabolas que los campos de los alrededores llegan cada vez más difícilmente a alimentar, esto cuando sus deudas no los obligaron al suicidio, fenómeno que fue adquiriendo proporciones dramáticas en Asia del Sur.

Como lo recuerda Sylvie Brunel, esta tendencia empeoró doblemente el problema alimentario : « de una parte creando enormes `plebes urbanas’ que cuentan con una comida importada a bajo precio para alimentarse, y por otra parte privando los campos de un campesinado que habría podido permitir reducir la factura alimentaria y de crear un mercado interior elevando el poder adquisitivo de la masa campesina » (2008). Por consiguiente, habrá bastado que ocurra una brusca elevación de los precios internacionales, después de una muy larga reducción, para que las ciudades, agrandadas por la llegada en masa de campesinos empobrecidos, se encuentren a su vez penalizadas.

En resumen, lo que la última crisis alimentaria puso de relieve, es una situación no de escasez o falta de disponibilidad alimentaria, sino más bien la gran vulnerabilidad de numerosos países pobres a las fluctuaciones de las cotizaciones internacionales a causa de su dependencia creciente a las importaciones. Por ello, al inicio de su independencia, África era autosuficiente e incluso exportadora neta de bienes alimentarios (cerca de 1,3 millón de toneladas por año entre 1966-1970). ¡Actualmente, importa cerca de un 25% de su comida ! (Bello, 2008).

Extensión de los monocultivos de exportación y potencialización del Agrobusiness

Estas medidas de liberalización y ajuste de las economías rurales, no sólo tuvieron el efecto de acentuar las presiones comerciales sobre los pequeños productores. Con el proceso de mundialización, caracterizado por una transformación rápida de los métodos y técnicas de producción, comercialización y consumo, y la aparición de una nueva división internacional del trabajo, fueron la causa de un profundo trastorno del paisaje agrícola en los países del Sur.
En primer lugar, este trastorno se tradujo en una formidable extensión de los cultivos industriales de exportación y una mayor especialización. Para maximizar sus ventajas comparativas y acumular divisas, se invitó a los países del Sur excesivamente endeudados, a centrarse en culturas con mayor valor agregado en los mercados internacionales. ¡Se verán así a Kenia o Perú lanzarse en la floricultura, a los cultivos de soja sustituir en Brasil las tierras de prado o los suelos tradicionalmente dedicados a una agricultura más diversificada, los arrozales transformados en plantaciones de huerta en Filipinas o también naranjos elaborarse en lugares dedicados a la producción de judías - alimento básico de la población - en Haití, país que importa actualmente cerca de un 60% de su comida !

Pero el acento puesto sobre la maximización de las ventajas comparativas tuvo otras consecuencias aparte de la mayor especialización y la reducción de las disponibilidades alimentarias nacionales. Cultivos generalmente intensivos en capitales y en insumos industriales costosos, mecanizados y económicos en mano de obra, excluían inmediatamente a numerosos pequeños agricultores familiares incapaces de asumir tales inversiones, mientras que empujó a numerosos trabajadores agrícolas hacia la migración. Estos nuevos cultivos se presentaron codiciosos en espacios y en recursos, aceleraron la concentración de las tierras, rechazaron las fronteras agrícolas, obligaron a la agricultura de subsistencia a establecerse sobre tierras menos fértiles y reforzaron el movimiento de apropiación privativa de los recursos naturales. Todo esto sin contar con los daños ecológicos causados por tales culturas : reducción de la biodiversidad en favor de una producción estandarizada, deforestación, contaminación y degradación de los suelos y sótanos a causa de la intensificación de la producción y la utilización masiva de insumos químicos (abonos y pesticidas).

En paralelo a este proceso de especialización, concentración y cambio de asignación de las tierras, va a sumarse un extenso movimiento de operaciones adquisición-fusión en los sectores agroalimentarios que tendrá como efecto reducir el número de operadores a lo largo de todos los procesos de producción. Es decir, la apertura y la integración de los mercados permitió a las grandes empresas del complejo agroalimentario (productores de fertilizantes y semillas, intermediarios comerciales, industria agroalimentaria, grandes cadenas de distribución, etc.) estrechar su control sobre las cadenas de producción, transformación y comercialización.

Como ejemplo, solo dos empresas (ADM y Cargill) son actualmente responsables de los tres cuartos de los flujos comerciales internacionales de cereales. Y Monsanto controla alrededor un 41% del mercado de las semillas de maíz y un 21% del mercado de las semillas de soja (Holt-Giménez, Patel, 2009). Una situación de casi monopolio que no solamente les da un enorme poder de mercado (posibilidad de orientar las producciones, de influir sobre los precios, etc.), sino que refuerza considerablemente la dependencia de los pequeños productores a causa de la reducción del número de filiales e intermediarios.

Finalmente, tengamos en cuenta que, en un contexto de empobrecimiento general de los campos, estas mismas empresas sacaron provecho de sobra de la crisis alimentaria debido a su posición dominante. ¡Es así como, durante el último semestre de 2007, en el peor momento de la crisis alimentaria, ADM, Monsanto y Cargill vieron inflar sus beneficios respectivamente un 42%, 45% y 86%, mientras que Mozaic Fertilización, filial de Cargill, registraba un volumen de negocios en alza de más del 1200% ! (Ibídem) En cuanto a los ingresos de los dos gigantes del sector agroalimentario y la gran distribución, Nestlé y Tisco, conocieron un alza del orden del 8% y el 10% durante el primer semestre de 2008 (Sorge, 2010).

Nueva avalancha sobre las tierras y los recursos

En julio de 2009, algunos meses antes de la Cumbre mundial sobre la seguridad alimentaria de la FAO (Roma, 16 - 18 de noviembre), se celebró en Nueva York la primera conferencia internacional consagrada a las inversiones en los sectores agrícolas de los países del Sur, la cual reunía grandes productores agrícolas, latifundistas, jefes de fondo de inversiones, fondos soberanos y fondos especulativos, así como representantes de los sectores de agrobusiness y expertos del mundo académico y el sector privado, venidos de los cuatro puntos cardinales (Brasil, Australia, los Estados Unidos, País del Golfo, la India, etc.).

Este primer Global Agrinvesting Foro, organizado por uno de los grupos de presión de los productores de soja y agrocarburantes (Soyatech), en asociación con dos empresas de asesoramiento (HighQuest Partners et Investment Management Institute), se proponía elaborar un panorama general de las nuevas perspectivas de inversión - y de las nuevas oportunidades de beneficio y crecimiento - en los sectores vinculados a la tierra y a la producción agrícola (Knaup, von Mittelstaedt, 2009).

El acontecimiento, pasado casi inadvertido, muestra claramente la renovación de interés del mundo económico y financiero para la tierra. Desde el estallido de la crisis financiera, el sector hipotecario se convirtió en una nueva gallina de los huevos de oro para inversores en falta de mercados. Como ya lo indicaba, en 2008, el responsable de las colocaciones alternativas de Insight Investment, Reza Vishkai : «  La mejor cobertura contra la recesión en los próximos 10 a 15 años que vienen es una inversión en las tierras agrícolas » (véase. Grain, 2008).

De hecho, en un clima económico sombrío, los elevados precios de los productos alimenticios incitaron a las grandes empresas tradicionalmente activas en el sector agroalimentario, y también a nuevos venidos - empresas de otros sectores en busca de nuevas estrategias de crecimiento y preocupadas de diversificar sus actividades, sociedades financieras, bancos industriales y de negocios, fondos de pensión, fondos de inversiones en busca de nuevas colocaciones rentables y fondos especulativos que abandonan el mercado de los productos derivados de sobra despreciados desde la crisis - a poner su mirada sobre la tierra, la cual resultará más rentable ya que se producirán marchandises (materias primas) para las cuáles existe una demanda solvente : agrocarburantes, culturas forrajeras, etc.

Pero la convergencia de las crisis alimentaria, energética y climática sacó a la luz otro fenómeno : el de la transferencia negociada de Estado a Estado, o mediante sus brazos económicos y financieros de importantes superficies de tierras arables en el Sur. Acoplado al reciente atractivo de los grandes protagonistas económicos internacionales en busca de nueva liquidez para el sector hipotecario, las producciones de productos alimenticios y agrocarburantes, y también la explotación de los recursos del subsuelo (petróleo, minerales, agua, etc.), así este movimiento de acaparamiento de tierras fuera de las fronteras vino a añadirse recientemente a las numerosas presiones que pesan sobre la tierra, las agriculturas campesinas y el medio ambiente. 

Acaparadores y tierras acaparadas

Ciertamente, este fenómeno de acaparamiento de las tierras no es nuevo. La novedad, es que, en este caso, empezó a ser fomentado por los Gobiernos de los países llamados “ricos financieramente, pero pobres en recursos”, entre los cuales se cuentan numerosos países del Sur [4]. Preocupados de reducir su dependencia frente a las importaciones y de asegurar su suministro de comida y/o energía, estos países pretenden ahora “externalizar” sus propias producciones, intentando apoderarse o controlar, directa o indirectamente (por intermedio de sus sociedades nacionales), amplias extensiones de tierra por medio de acuerdos concluidos con los Gobiernos de los países llamados “ricos en recursos pero pobres financieramente”. Muy especialmente codiciada : África. Allí donde existen aún importantes “reservas” de tierras subexplotadas, no explotadas o supuestamente vírgenes y disponibles a bajo precio [5] .

Puesta bajo el fuego de los proyectores con la cesión de 1,3 millones de hectáreas de tierra malgache (territorio de Madagascar) a los Surcoreanos de Daewoo Logistics, esta avalancha sobre la tierra fue de una amplitud inquietante en África. Se ven así a los Países del Golfo comprar o alquilar importantes cantidades de tierras en los países musulmanes hermanos (Somalia, Sudán, el Chad, etc.). Congo Brazzaville ofrece a industriales sudafricanos varios centenares de millares de hectáreas de bosques pluviales amenazados. China multiplica acuerdos de propiedad de la tierra, llamados de « cooperación », con Mozambique, Zimbabue, Tanzania, Nigeria, o también el RDC, país en el cual habría obtenido 2,8 millones de hectáreas para establecer el más grande palmar del mundo. Un fondo de inversión americano alquiló entre 400.000 y 1 millón de hectáreas en el Sur-Sudán. Libia negocia –con uñas y dientes- con Malí, la cesión de tierras para externalizar su producción alimentaria. El Presidente de Kenia alquila 40 000 hectáreas de tierra “agropastoral” en Qatar para desarrollar producciones hortícolas. Así, también el Gobierno etíope cede, en la mayor oscuridad, millares de hectáreas de tierras fértiles destinadas exclusivamente a la exportación a compañías indias, mientras que Egipto negocia, recientemente, con el Gobierno ugandés un contrato de alquiler por cerca de 840.000 hectáreas (¡3,5% de la superficie total del país !).

En total, cerca de 20 millones de hectáreas ya serían - o estarían en vías de - cambiar de manos en África, sobre las 30 a 40 millones de hectáreas en el mundo que son objeto de tales transacciones. Cifras difícilmente comprobables dado el silencio que rodea generalmente estos contratos y la ausencia de datos fiables (Baxter, 2010 ; Fian, 2010 ; Grain, 2008).

Hay que señalar que esta nueva forma de colonialismo agrario es fomentada vivamente por los Gobiernos nacionales y/o las autoridades locales de los países en cuestión, estos acuerdos sobre la tierra, de formas y carácter variados (compra, alquiler, concesión, etc.), son para ellos potenciales fuentes de nuevos ingresos. Por su parte, los países « acaparadores » sólo efectúan muy raramente un control directo sobre las tierras acaparadas, las legislaciones nacionales el suyo prohibiendo. En la mayoría de los casos, sólo se producen como intermediarios o « facilitadores » en estas transacciones, dejando posteriormente a la iniciativa privada el cuidado de explotar estas tierras y de sacar todos los provechos (Cotula, Vermeulen, Leonard et Keeley, 2009).

Es decir, este « movimiento de acaparamiento » en estricto sentido se suma a otra gran tendencia actual : la de la apropiación privativa de las tierras, justificada -casi exclusivamente- por la búsqueda del beneficio, la cual se manifiesta sobre todo por el crecimiento espectacular de las inversiones privadas en el hipotecario [6] , las producciones alimentarias, los agrocarburantes, y también en la prospección y la industria minera y petrolífera, y los grandes proyectos de infraestructura, los cuales se han multiplicado estos últimos años a la iniciativa de los Gobiernos de los países emergentes.

Aquí aún los Gobiernos de los países del Sur desempeñan un papel activo en este proceso, iniciando verdaderas campañas de seducción al exterior y estableciendo climas « favorables a los negocios » : flexibilidad de las legislaciones locales (derechos del trabajo o legislación medioambiental) susceptibles de obstaculizar las inversiones, creación de zonas francas, instauración de agencias de promoción de las inversiones, etc.

Nuevas amenazas a nivel social y medioambiental

Presentados por el sector privado y los Estados admitidos como acuerdos que benefician al conjunto de las partes (protección extraterritorial de la producción y beneficios para los unos, nuevas inversiones, creación de empleos, transferencia de tecnologías, desarrollo de la infraestructura o también acceso a los mercados internacionales para otros), o incluso como verdaderos proyectos de desarrollo, y fomentados a este título por el Banco Mundial, el África Gobernanza Iniciativa lanzado por Tony Blair, el SFI (Sociedad financiera internacional) o también el IFAD (Fondo internacional para el desarrollo agrícola), estas transferencias negociadas de tierra constituyen un amenazan no menos peligrosa para el futuro de las sociedades rurales, las pequeñas explotaciones familiares y los ecosistemas locales.

En primer lugar, porque se refieren mayoritariamente a tierras fértiles situadas en países que, tal como ocurre con Sudán, Etiopía o también en Camboya y Pakistán, incluyen una enorme proporción de personas con alimentación insuficiente y/o cuya buena parte de los habitantes depende directamente de la ayuda alimentaria. Pues el mayor riesgo, es ver empeorarse aún más la inseguridad alimentaria de estos países, sobre todo por que no se destinan siempre las tierras pendientes a la producción de alimentos. En efecto, según algunas estimaciones, cerca del 35% del conjunto de las superficies cedidas serían para la producción de agrocarburantes, exactamente debajo de la producción para la alimentación humana o animal (37%) [7].

En segundo lugar, porque, contrariamente a la idea de « disponibilidad » que implica el concepto de « reserva agrícola », estas tierras no están vacías de habitantes. En numerosos casos, forman el marco de vida de comunidades agropastorales y pueblos indígenas y originarios que obtienen la parte fundamental de sus medios de subsistencia, destinando los suelos a empleos variados y usos múltiples. Allí se desarrollan relaciones sociales complejas reguladas por el hábito y la tradición. Allí se urden las relaciones de tipo simbiótico entre distintos grupos y agrupaciones. Tantos procesos e informes sociales que las imágenes por satélite - cada vez más utilizadas para situar estas reservas - no pueden hacer visibles. Es decir, que estas transferencias de tierra pueden afectar irremediablemente a estos tejidos sociales, desestructurar las comunidades locales y exacerbar las tensiones y los conflictos, ya crecientes, en torno a la posesión de la tierra y el uso de los recursos naturales (tierra, agua, etc.).

Finalmente, porque aunque estas transacciones se combinaran con cláusulas medioambientales, de obligaciones hacia las poblaciones locales, el objetivo buscado no es de ninguna manera el desarrollo rural. Detrás del argumento del “desarrollo agrícola” se oculta realmente el desarrollo y la extensión de un modelo agroindustrial y agroexportador que se sabe socialmente inicuo y ecológicamente destructivo.

Un discurso renovado sobre la agricultura : los « nuevos » enfoques del Banco Mundial

Largamente cuestionada en el desencadenamiento y la gestión de la crisis alimentaria, y agradecida a media palabra del fracaso de las políticas previas, el Banco Mundial propuso – recientemente- un New Deal agrícola y alimentario supuesto a movilizar el conjunto de la comunidad internacional (organismos especializados de las Naciones Unidas, Estados, sectores privados, ONG, sociedades civiles, etc.) alrededor de un proyecto común de rehabilitación de la agricultura en las estrategias de desarrollo. Las grandes líneas de este proyecto aparecen claramente en el Informe sobre el desarrollo en el mundo 2008. La agricultura al servicio del desarrollo (2007).

A priori, este informe - el primero consagrado a la agricultura desde hace más de un cuarto de siglo [8]- constituye un cambio de dirección importante en el enfoque del desarrollo del Banco. Da prueba, en efecto, de un cambio de perspectiva - al menos en el discurso - en la medida en que se pone de relieve, si no “se redescubre”, el papel potencialmente positivo de la agricultura en la reducción de la pobreza, y también en la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Prevista como la clave del éxito del combate contra el hambre, la modernización de la agricultura aparece -ahora- como una finalidad en sí en el proceso de desarrollo, y no solamente como un medio de impulsar el crecimiento y la industrialización. Por primera vez, el Banco Mundial reconoce la heterogeneidad de las agriculturas en el mundo, hace hincapié en la necesidad de establecer estrategias diferenciadas para impulsar el desarrollo agrícola y destaca la importancia decisiva de la agricultura familiar en el combate contra la pobreza.

Traduciendo bien este cambio de perspectiva, el Estado y la política pública deben también desempeñar un papel clave en este proyecto de reactivación de las economías rurales del Sur, como lo indican explícitamente los autores del Informe : « La agricultura entonces (...) ofrece posibilidades promisorias para el crecimiento, la reducción de la pobreza y la prestación de servicios ambientales pero, para que estas posibilidades se concreten, también hace falta la mano visible del Estado en la tarea de brindar servicios públicos esenciales, mejorar el clima para la inversión, regular la gestión de los recursos naturales y garantizar la obtención de resultados sociales deseables. (...) El Estado deberá contar con mayor capacidad para poder coordinar los diversos sectores y formar asociaciones con actores privados y de la sociedad civil » (2007).

Sin embargo, este nuevo enfoque no rompe de verdad con las estrategias de desarrollo elaboradas anteriormente. Aunque preconiza políticas diferenciadas en función del lugar ocupado por la agricultura en cada país, el Banco no se separa de la tradicional visión lineal del desarrollo rural, la cual sólo prevé la transformación estructural desde el punto de vista de una transición de una economía basada en la agricultura hacia una economía basada en la industria y los servicios (Haroon Akram-Lodhi, 2009). Más sintomático aún, las estrategias preconizadas para solucionar la cuestión del hambre y la pobreza rural [9] no vuelven a ponerse de ninguna manera en cuestión, a pesar de algunas inflexiones, los fundamentos económicos neoclásicos sobre los cuales las instituciones financieras internacionales han construido su modelo ideal-típico, de desarrollo de fines de los años setenta, así como las soluciones consideradas, basadas en postulados canónicos que provienen de análisis empíricos y contextualizados de las causas estructurales de la pobreza rural.
Reanudadas, por la mayoría de los grandes protagonistas institucionales especializados en la lucha contra el hambre y el desarrollo agrícola (PAM, CGIAR, IFPRI, USAID, EuropAid, FAO, etc.), las soluciones propuestas por el Banco Mundial a la crisis agrícola y alimentaria se basan en tres enfoques fundamentalmente criticables : el enfoque técnico-productivista, el enfoque librecambista, el enfoque « win-win ». 

El enfoque técnico-productivista

Las revueltas llamadas del hambre de 2007-2008 reactivaron el fantasma maltusiano de una escasez generalizada de bienes alimentarios, esto mientras que la brusca subida de los precios alimentarios estaba más bien vinculada a un conjunto de factores coyunturales que se empeoraban uno u otro, creando la ilusión de una falta debido a un déficit estructural en la producción (Delcourt, 2008). Ciertamente, el aumento de la productividad de los sectores agrícolas será necesario para responder a una demanda alimentaria creciente hasta en 2050. Pero creer que el aumento de la producción por una inyección masiva de inversiones, por una mayor mecanización o también por la introducción de biotecnologías permitirá regular solamente la cuestión alimentaria viene de un análisis erróneo de las causas y condiciones de producción de la pobreza y el hambre (Patel, Holt-Giménez et Shattuck, 2009).

Ahora bien, es por esta vía que se comprometieron las instituciones internacionales y sus especializadas agencias, previendo el problema del hambre y la pobreza rural esencialmente como un problema de producción, de baja inversión o aún más como un déficit de control tecnológico y científico en el ámbito agrícola, una perspectiva que se inscribe en la misma línea que el megaproyecto filantrópico iniciado por la Fundación Bill y Melinda Gates : la « Alliance for the Green Revolution in Africa  » (AGRA) [10].

Del Banco Mundial a la FAO, pasando por el conjunto de los grandes proveedores de fondos multilaterales y bilaterales, todos hacen hincapié ahora en la imperiosa necesidad de aumentar la producción y las inversiones productivas en los sectores agrícolas de los países del Sur. Muy especialmente son contemplados, los países definidos como « basados en la agricultura » y/o los que disponen de amplias superficies de tierras a alto potencial productivo, pero dadas por subexplotadas o no explotadas. Estos países que no tienen las capacidades financieras de poner estas tierras en valor, recurren entonces a los proveedores de fondos bilaterales y multilaterales y sobre todo a los protagonistas del agrobusiness e inversores internacionales para redinamizar la agricultura. Capitales privados que serán más fáciles de atraer ahora que existe un clima institucional político atractivo. De ahí la recomendación ambigua del Banco Mundial de reducir los obstáculos fiscales sin perjuicio de chapucear un poco más en los presupuestos del Estado.

Obsesionado por la mejora de los rendimientos y la carrera de la productividad, el Banco apoya aún abiertamente, tal como ocurre con el AGRA, la introducción masiva en el África de semillas a alto rendimiento (semillas híbridas o genéticamente modificadas) y de técnicas de producción inspiradas de las del agrobusiness. Una visión productivista que se basa también en las soluciones previstas por el Banco para los pequeños productores familiares a quienes invita, para ganar en productividad, a insertarse en las grandes cadenas de valores internacionales.

Tras inspirarse en la revolución verde, los promotores de estas soluciones técnico-productivistas no dejan en evidencia todas las conclusiones. Ya que si es cierto, que la revolución verde implicó una subida notable de la producción y la productividad, sin embargo no permitió solucionar el problema del hambre. En numerosos países, sólo tuvo un impacto limitado, nulo, o incluso contraproducente en términos de reducción de la pobreza, como lo muestra por ejemplo el caso de la India, que vio el número absoluto de personas en situación de extrema pobreza aumentar tanto o más la productividad (Holt-Giménez, Patel, 2009). Todo esto sin contar las desastrosas consecuencias de la “revolución” con el medio ambiente.

Tal constatación debería bastar para recordar lo que puede llegar a ser una evidencia : garantizar las necesidades alimentarias de las poblaciones no puede limitarse en ajustar la oferta a la demanda “teórica” a los niveles mundiales, regionales y locales. ¡Todavía es necesario que esta demanda sea solvente ! Las poblaciones sufren generalmente del hambre no porque los productos alimenticios falten, sino porque no hay acceso, a falta de medios. La gente tiene generalmente hambre porque son demasiado pobres para procurarse comida [11]. En resumen, el hambre es un problema, sobre todo de distribución y no un problema de producción. Más bien un problema de política pública y orientación política que un problema técnico. Muchos estudios científicos ponen de manifiesto por otra parte que lejos de solucionar el hambre, estas soluciones técnicas y productivistas no hacen otra cosa que « reforzar los países y las empresas que ya dominan el mercado agrícola mundial, sin remediar las desigualdades alimentarias o los daños ecológicos » (Benhammou, 2009). Con todo respeto a los autores del Informe.

El enfoque librecambista

Si hay una constante en la retórica internacional desde hace varias décadas, es la creencia en las potencialidades y las virtudes creativas del mercado. Y el discurso renovado de las instituciones internacionales sobre la agricultura no escapa a esta inclinación. A pesar de la incapacidad de la mundialización liberal que debe responderse al problema del hambre y la pobreza, el libre comercio continúa siendo el referencial teórico de base. La liberalización, « la » clave de un proceso de desarrollo alcanzado. El mercado liberalizado, el contexto absoluto en el cual deben pensarse y concebirse las políticas públicas. Y la integración al mercado, el horizonte último que orienta las soluciones previstas para la pequeña agricultura (Oya, 2009).

Por ello, para garantizar su supervivencia y atenuar su falta de competitividad, se empuja a los pequeños productores a participar plenamente en las transacciones comerciales orientándose hacia producciones comerciales y/o insertándose en las cadenas de valores internacionales. La reforma agraria sólo se prevé como una reforma del mercado de propiedad de la tierra. Y es aún al mercado que se solicita en última instancia para responder al problema del suministro y la seguridad alimentaria. En resumen, la salud de los sectores de la economía rural, de la agricultura familiar a la agroindustria y por consiguiente, el de las poblaciones rurales permanece en función de su participación y capacidad de adaptación al mercado, motor privilegiado del desarrollo rural. De ahí, la insistencia repetida de las grandes instituciones internacionales, Banco Mundial, OMC y FAO a la cabeza, de concluir cuanto antes el ciclo de liberalización de Doha y en paralelo su prontitud a denunciar de manera categórica toda forma de protección.

Ciertamente, el Banco Mundial parece algo menos dogmático en la medida en que ahora reconoce la importancia de la intervención pública para corregir los fallos del mercado y la necesidad de “medidas alternativas” para ayudar a los pequeños productores. Aun que parece inspirarse muy poco en sus propios análisis y proyecciones para fundar sus afirmaciones. Por ello, según sus propios datos, la liberalización de los mercados sólo implicaría un modesto retroceso de la pobreza en Brasil (- 1,9%) y un aumento escaso de la pobreza (+ 0,9%) en México. Para este último país, indica incluso -negro sobre blanco- que la liberalización implicó una reducción de los salarios de los obreros no cualificados y de los beneficios agrícolas en los años noventa.

No obstante, estos datos poco alentadores no bastan para sacudir la fe de los autores del Informe en los beneficios de la liberalización. Una gran divergencia que puede explicar las numerosas tensiones entre un discurso « políticamente correcto » que integra una nueva opinión sobre la agricultura y las soluciones que se proponen (Oya, 2009 ; Hetherington, 2009). « Los autores, indica Laurence Roudart, son bastante prudentes en su manera de enunciar los resultados de estos modelos, en particular, el hecho que la liberalización podría implicar un aumento del crecimiento y de las exportaciones agrícolas en el conjunto de los países en desarrollo… En cambio, y es paradójico desde un punto de vista lógico, las recomendaciones de liberalización que extraen son muy firmes, mientras que la denuncia de la ineficiencia de las políticas de protección es radical » (Informe…, 2008).

Pero el Banco Mundial no deja de ser incoherente. ¡Ya que, mientras los autores del Informe animan a los países del Sur para abrirse aún más, porque la liberalización podría implicar más bienestar y un aumento de los precios de los productos agrícolas en los mercados internacionales, Robert Zoellick, el Presidente del Banco, no teme afirmar por su parte que la liberalización del comercio agrícola implicará inevitablemente una reducción de los precios agrícolas en los mercados ! (Ibídem).

El enfoque « win-win »

El Banco Mundial es conciente de los riesgos que las nuevas competencias en torno de la tierra hacen pesar sobre la supervivencia del campesinado y la seguridad alimentaria. Pero considera -al mismo tiempo- que estos riesgos pueden reducirse o evitarse. Mejor aún, pueden convertirse en oportunidades reales para el conjunto de los protagonistas del mundo rural, de las pequeñas explotaciones familiares en los sectores de la agroindustria, pasando por los asalariados agrícolas y los campesinos sin tierra. Pero con algunas adaptaciones y ajustes, declinadas en una serie de medidas técnicas-administrativas y de « buenas prácticas », supuestas a garantizar una redistribución equitativa de los beneficios, estas nuevas inversiones agrícolas pueden desembocar, según ella, en una situación « win-win ».

Así, la formalización de los títulos de propiedad debe permitir -al mismo tiempo- clarificar el estado del mercado de propiedad de la tierra, juzgado indispensable para atraer las inversiones, consolidar los derechos de los campesinos sobre la tierra y evitarles la expulsión. Acuerdos contractualizados entre los protagonistas del agrobusiness y los pequeños productores, deben garantizar a los primeros una fuente de suministro fiable y a los segundos precios garantizados, así como el acceso a los sectores comerciales, a los insumos agrícolas, a nuevas técnicas de producción, etc. El crecimiento de las inversiones en zonas rurales se da por potencialmente creativo de numerosos empleos en los sectores agrícolas y no agrícolas, los cuales podrían absorber la mano de obra excedentaria, incluidos los pequeños productores incapaces de adaptarse a las nuevas condiciones del mercado o de convertir su explotación en explotación comercial. Y a partir de las medidas compensatorias se podría por fin permitir garantizar condiciones de vida decentes - temporalmente al menos - a los que no encontraran empleos [12] .

En el mismo orden de ideas, el fenómeno de acaparamiento, considerado inicialmente como una amenaza para la seguridad alimentaria, ahora se percibe desde el punto de vista de sus potencialidades en términos de desarrollo rural. A condición de encuadrarse, estas transacciones sobre la tierra podrían -según el Banco-, también desembocar en una situación « win-win ». Siempre que impliquen una asociación, que esté negociada en la transparencia, que el conjunto de las partes afectadas por esta transferencia de tierra sean debidamente informadas e invitadas a participar en las negociaciones y que las cláusulas garanticen que los derechos de las poblaciones se respetarán, entonces estos acuerdos pueden ser ventajosos a todos, inversores, Estados, autoridades locales y poblaciones. Y el Banco Mundial, obstinadamente reacio a toda forma de regulación, promueve, como toda respuesta a este fenómeno de acaparamiento, « códigos de buena conducta voluntarios » sin otra garantía para las poblaciones interesadas.

Estos enfoques « win-win » se basan aún en un análisis superficial de las condiciones del desarrollo y las causas de la pobreza rural y la exclusión. Al abusar de conceptos como participación, relación contractualizada y asociación, el Banco Mundial presupone la existencia de relaciones serias y equilibradas entre protagonistas dotados con las mismas capacidades de acción, negociación y adaptación. Al promover la idea de « contrato », silencia las presiones reales que hacen pesar sobre los pequeños productores los distintos eslabones de la cadena de valores, del comerciante al por mayor a la multinacional de transformación pasando por los grandes distribuidores. Al animar a los productores rurales a buscar trabajo en las grandes explotaciones, desprecia las condiciones de vida de los cortadores de cañas en Brasil, de los colectores de algodón en Senegal o los empleados agrícolas de las plantaciones de palma en Indonesia, y sigue siendo poco explícita en cuanto a la suerte reservada a las mujeres, ya que la gran mayoría de estos contratos asalariados generalmente se refieren a hombres.

En resumen, este modelo idealizado de cohabitación armoniosa entre agriculturas campesinas y agrobusiness tiende a disimular los conflictos de intereses, las luchas de poder y los informes desiguales y conflictuales que se confrontan en los campos de los países del Sur, con su carga de violencias, presiones, expulsiones e intimidaciones (Oya, 2009). Tal discurso no puede sino sonar hueco en países donde los derechos básicos de la población diariamente se atascan y donde las autoridades pasaron a ser amos en el arte de un arbitraje aleatorio y emocional. Finalmente, este enfoque ignora –de forma soberbia- los modelos alternativos que podrían ser imaginados y conducidos por las poblaciones locales, para sentar definitivamente un sólo y único modelo fundado sobre la primacía del agrobusiness y los cultivos de exportación de alto valor añadido.

De cierta forma, la situación propuesta por el Banco Mundial no es más que una tentativa de integrar una nueva preocupación para el mundo rural a una orientación fundamentalmente pro-capitalista y comercial. Según Haroon Akram-Lodhi, se trata -ni más ni menos- que de una tentativa de « modernizar la subordinación » de la que los pequeños productores ya son objeto, dado que se sometió a éstos al imperativo de ponerse al servicio del complejo agroalimentario (2009).

Conclusión : liberar las potencialidades sociales, económicas y medioambientales de las agriculturas campesinas

En 2008, algunos meses después de la publicación del Informe del Banco Mundial, se divulgaba la Evaluación internacional de los conocimientos, de las ciencias y técnicas agrícolas para el desarrollo (Internacional Assessment apagado Agrícola Knowledge, Ciencia and Technology fuero Development - IAASTD). Financiado por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para las poblaciones y el desarrollo y por el Banco Mundial mism, fruto de una investigación que movilizó a más de a 400 científicos en todo el mundo durante 4 años, el Informe del IAASTD dice exactamente lo contrario del informe del Banco. Demuestra, efectivamente, sobre la base de experiencias concretas, que la agricultura campesina no solamente es menos productiva que la agricultura industrial, sino que puede además aportar un mayor valor agregado debido a las múltiples funciones sociales, culturales y ecológicas que ejerce.

Pero los autores van más lejos aún, poniendo de manifiesto que los principales factores que limitan la producción, la distribución sobre una base equitativa y la durabilidad ecológica son intrínsecamente de naturaleza social y no técnica. Al mismo tiempo, se muestran muy críticos frente a las políticas de libre comercio, a las biotecnologías, etc.
Pese a ser ridiculizado, sin sorpresa, por los representantes del agrobusiness a partir de su publicación, el informe del IAASTD constituyó un acontecimiento importante para los partidarios de la agricultura campesina. Por primera vez un estudio mundial, dotado con una fuerte legitimidad internacional, y que es objeto de un amplio consenso científico, tal como ocurre con los informes del GIEC, viene a apoyar los argumentos y las pretensiones de los movimientos sociales campesinos e indígenas y de los sindicatos de productores en lucha por el reconocimiento de sus derechos y por la soberanía alimentaria. Por primera vez, es reconocida la superioridad de las agriculturas campesinas sobre el agrobusiness y sus enormes potencialidades a nivel social, cultural y medioambiental, así como su importancia decisiva en la lucha contra el hambre.

Pero la liberación de este potencial demanda mucho más que la aprobación de un catálogo de buenas intenciones e inútiles promesas financieras, la instauración de mecanismos de alerta alimentaria o también la creación de grupos de reflexión internacionales cuyas decisiones no son vinculantes. A las antípodas de un modelo de cohabitación armoniosa entre agrobusiness y agricultura familiar basado en el mercado, se requiere una reforma en profundidad del sistema agrícola y alimentario internacional orientada prioritariamente hacia el refuerzo de las agriculturas campesinas y el reconocimiento del papel central desempeñado por los campesinos en la lucha contra el hambre.

Protecciones necesarias

Si la atención de los medios de comunicación y protagonistas internacionales se concentró-principalmente- en los motines urbanos en el contexto de la subida coyuntural de los precios, no hay que olvidar que sobre tres mil millones de personas subalimentadas, a falta de una renta suficiente, la mayoría son pequeños productores familiares incapaces de enfrentar la competencia internacional. Por esta razón, es importante garantizar a estos pequeños productores elevados precios, estables y remuneradores, protegiéndolos aún más ante las importaciones extranjeras baratas, particularmente por medio de políticas arancelarias. Recordemos que los agricultores europeos se beneficiaron de tales protecciones después de la Segunda Guerra Mundial, lo que por otra parte permitió a Europa alcanzar en un primer tiempo la autosuficiencia alimentaria y, a partir de los años 1960 /1970, lograr importantes excedentes comerciales.

Sin embargo, tal enfoque no significa una denegación de los intercambios, como lo afirman los partidarios del ultraliberalismo. Para los países cuyo potencial productivo es muy bajo, los intercambios permanecen una fuente de suministro indispensable y tanto más indispensable cuanto los cambios climáticos corren el riesgo de reducir considerablemente las superficies productivas. Pero será necesario entonces velar para evitar la competencia entre socios demasiado desiguales. « A tal efecto, como lo proponen Marcel Mazoyer y Laurence Roudart, se puede pensar en establecer a escala internacional mercados agrícolas regionales, agrupando países que tengan niveles medios de productividad agrícola del mismo orden, y para proteger estos mercados comunes contra todas importaciones agrícolas a bajo precio por derechos de aduana variables. Se puede también pensar en negociar, producto por producto, acuerdos internacionales fijando los precios de compra y la cantidad exportable atribuida a cada país » (2009).

Un acceso duradero a la tierra y a los recursos productivos

Además de estas formas de protección frente al exterior, es importante organizar y garantizar a los pequeños productores, a los trabajadores rurales y a la impresionante masa de campesinos sin tierra un acceso duradero al uso y al usufructo de la tierra. Ya que si la liberalización de los mercados empeoró la situación de los campesinos, no es la causa principal de la desnutrición endémica en los campos. El tamaño reducido de la gran mayoría de las explotaciones y la incapacidad de la gran masa de los pequeños agricultores del Sur de lograr una renta suficiente, desempeñaron un papel bastante más importante en los procesos de empobrecimiento del campesinado, el cual sigue proporcionando la mayor parte de las necesidades alimentarias locales (Mazoyer, 2008).

Algunos datos son iluminadores a este respecto. Si bien, África importa cada vez más cereales, un 90% de la producción agrícola del continente aún estaría garantizado por pequeñas explotaciones de menos de dos hectáreas, las cuales representan un 80% del conjunto de las explotaciones (más o menos 33 millones de productores familiares). En Asia, el mayor productor de arroz está garantizado por aproximadamente 200 millones de pequeñas explotaciones menores de dos hectáreas (Holt-Giménez y Patel, 2009). Y según el último censo agrario brasileño, la agricultura familiar (84% de los establecimientos agrícolas), proporciona un 74,4% de los empleos en zonas rurales, produce más la mitad de los productos alimenticios básicos consumidos localmente (87% de la mandioca, 70% de las judías, 46% del maíz, 58% de la leche, etc.), pero sólo ocupa un 24,3% de las tierras explotadas (Ministério do Desenvolvimento Agrária, 2009).

En paralelo, se dedica una parte cada vez más grande de las superficies cultivadas sobre tierra - o sea en total 1,5 mil millones de hectáreas - para cultivos de exportación, los cuales mayoritariamente son explotados por empresas agroindustriales (Holt-Giménez et Patel, 2009). Y ya, los grandes cultivos comerciales ocupan 114 millones de hectáreas, lo que representa un 13% de las superficies cultivadas en grano (Benhammou, 2009).

Es decir, la necesidad de descentralizar la propiedad de la tierra y de aplicar, para ello, extensos programas de reformas agrarias. Con la instauración de dispositivos democráticos de control sobre los recursos naturales, de base colectiva o comunitaria, se trata de una etapa indispensable en la mejora de las condiciones de vida de los campesinos, de las comunidades indígenas y pueblos originarios, en el refuerzo de las disponibilidades y diversidad alimentarias a nivel local, y en la lucha contra el cambio climático y la degradación de los recursos naturales, de los cuales la agricultura industrial es en gran medida responsable [13]

Políticas públicas adaptadas y eficaces

Sin embargo, tales reformas (ganancias en términos de productividad y producción, diversificación agrícola, etc.) no podrán dar resultado que si se asocian a políticas públicas eficaces de ayuda a los pequeños agricultores, y a los distintos contextos locales : acceso al crédito y a los equipamientos productivos, ayuda a la adquisición de insumos, inversiones en la infraestructura en medio rural, medidas nacionales de estabilización de los precios agrícolas, impuestos de los productores en función de la cantidad y la calidad de las tierras productivas, seguimiento técnico y científico, etc. (Mazoyer y Roudart, 2009). Estas medidas de política pública, también son indispensables para impulsar una revolución doblemente verde favoreciendo la agricultura biológica y una gestión duradera de los recursos naturales (aumento de las ayudas y subsidios a las explotaciones agroecológicas, medidas que faciliten el acceso a técnicas de producción adaptadas a las funcionalidades de los ecosistemas, legislación medioambiental drásticas y medidas que favorezcan las diversidades de los sistemas de producción, etc.).

La intervención del Estado debe por fin dirigirse a los consumidores urbanos. Para estos últimos, políticas sociales (redes de seguridad, ayuda al empleo, medidas de apoyo al poder adquisitivo, etc.) resultarán necesarias más que nunca para evitar que el alza de los precios los penalice. Las políticas establecidas por el Gobierno brasileño, que combinaba ayuda a la agricultura familiar y renta de base para los más pobres, probaron a este respecto su eficacia. Entre 2003 y 2010, cerca de 30 millones de personas salieron de la extrema pobreza, de forma que Brasil será, seguramente, el único país que logre alcanzar los Objetivos del milenio.

Un enfoque basado en los derechos

Es importante por fin vincular acuerdos comerciales, reformas de los sistemas agrícolas locales y problemáticas sociales y medioambientales. El objetivo es contrarrestar las formas de explotación actuales, aplicando efectivamente a escala internacional, regional y nacional políticas agrícolas económicamente más viables, ecológicamente duraderas y socialmente aceptables. El derecho a la alimentación, así como la soberanía alimentaria reclamada por los movimientos campesinos, constituyen a este respecto una base esencial en la búsqueda de soluciones alternativas a las políticas actuales.

Ahora sólo queda que el conjunto de los protagonistas progresistas del mundo agrícola y la sociedad civil se movilicen para hacer surgir, a nivel internacional, nacional o local, la voluntad política que sola podría hacer preceder estos derechos sobre las normas comerciales y traducirlos realmente en obligaciones frente a los campesinos, comunidades indígenas y sobre todo frente a las mujeres muy especialmente vulnerables a las nuevas presiones sobre la tierra y a los conflictos alimentarios [14]. La introducción del derecho a la alimentación en la constitución brasileña, el cual se combina con políticas concretas, los juicios de las cortes indígenas que están obligando a los Gobiernos (nacional y locales) a hacer respetar este derecho, los recientes debates en las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos o también las dudas que sitian cada vez más los negociadores de los acuerdos comerciales, internacionales, biregionales o bilaterales, con relación a los beneficios de la liberalización de los sectores agrícolas, constituyen un paso en la buena dirección. Sólo políticas que incluirán los aspectos económicos, ecológicos, sociales y culturales de las agriculturas campesinas, y atentas a las relaciones que estos últimas mantienen con las ciudades, podrán en el futuro invertir el curso actual de las cosas.


Notes

[1Desde hace 30 años, la producción alimentaria aumentó más rápidamente que la población : un 2,5% en promedio al año contra 1,8%. En el momento de la « crisis alimentaria », la producción era superior del 50% a las cantidades necesarias para alimentar a la población mundial (Dufumier, 2004 ; Mazoyer, 2008).

[2Entre 1980 y 2002, la ayuda al desarrollo de la agricultura en el Sur por parte de los proveedores de fondos, bilaterales y multilaterales en conjunto, pasó de 6,2 mil millones a 2,3 mil millones de dólares (Informe…, 2008).

[3Tengamos en cuenta que este modelo “antirural” ideal-típico no es transportable como tal en todo lugar. En todo el Sur, existían programas más o menos eficaces de apoyo a los campesinos. Además a contracorriente de las estrategias de desarrollo dominantes, varios países, de tendencia nacional-popular y/o socialista la mayor parte del tiempo, optaron por apoyar prioritariamente al pequeño campesinado. Establecieron ambiciosas políticas públicas de apoyo a los pequeños productores y, en algunos casos, sus gobiernos iniciaron un extenso proceso de reformas agrarias (Bolivia, Kerala en la India, Etiopía, Burkina Faso, Argelia, etc.). En tanto que, precipitadas, mal concebidas y poco delimitadas, estas reformas agrarias lograrán difícilmente sus objetivos, al menos antes de que los ajustes estructurales y las medidas de liberalización vengan a minar sus fundamentos (Rosset, Patel, Courville, 2006).

[4Según el World Investment Report (UNCTAD, 2009), cerca del 40% de todas las adquisiciones en las producciones agrícolas (alrededor de 3,5 mil millones de dólares) fueron, durante el año 2008, transacciones Sur-Sur

[5Los países, fuera del África, afectados por este movimiento de acaparamiento son, entre otros : Pakistán, Ucrania, Birmania, Georgia, Indonesia, Filipinas, Laos, Kazajstán, Camboya, Turquía, Argentina, etc.

[6Las inversiones directas extranjeras en la agricultura habrían pasado de 600 millones de dólares cada año durante la década de los noventa a una media de 3 mil millones de dólares en 2005-2007 (UNCTAD, 2009)

[7Datos no publicados del Banco Mundial.

[8¡El último informe del Banco Mundial sobre la agricultura data de 1983 !

[9Según el lugar ocupado por el sector agrícola en cada país, región y subregión, el Banco Mundial propone tres objetivos estratégicos distintos. Para los países basados esencialmente en la agricultura, los objetivos estratégicos anunciados son « garantizar el crecimiento y la seguridad alimentaria » y reducir la pobreza, mediante una mejor gestión de los suelos y del agua, un mejor acceso de los productores a los mercados y a las filiales, o incluso de los incentivos a la producción y al comercio. Para los países en transformación, el objetivo estratégico contempla la « reducción de las desigualdades entre las rentas rurales y urbanas, hacer retroceder la pobreza rural, evitando al mismo tiempo caer en la trampa de las subvenciones y de la protección  ». Para lograrlo, propone movilizar varias vías de salida de la pobreza (paso a una agricultura de alto valor añadido, la descentralización de actividades económicas no agrícolas en los espacios rurales y el suministro de una ayuda para facilitar la salida de la agricultura) o también invertir en la formación de las generaciones futuras. En los países urbanizados, el objetivo central es de « conectar los pequeños productores a los mercados alimentarios modernos » y de « proporcionar buenos empleos » (Informe…, 2008).

[10Lanzada en asociación con la Fundación Rockfeller y en estrecho vínculo con grandes empresas del sector de las agrotecnologías, como Monsanto, la AGRA tiene por objeto reactivar, al amparo de la lucha contra el hambre y la pobreza, la idea de la Revolución verde de África. Dotada con un presupuesto colosal de más de 30 miles millones de dólares y ya establecida en numerosos países de África, con los cuales concluyó asociaciones estratégicas, el AGRA se propone favorecer el acceso a las semillas híbridas y genéticamente modificadas y a los abonos químicos, difundir sobre el continente los nuevos conocimientos en materia de técnicas productivas, formando in situ especialistas, mejorar las infraestructuras, reforzar a nivel local las redes de los grandes proveedores y distribuidores, fomentar la instauración de dispositivos de microcréditos y… promover reformas de mercado (Holt-Giménez, Patel, 2009)

[11En su libro, que se han convertido en clásico, Poverty and Famines (1981), Amartya Senegal, ha demostrado brillantemente que las hambrunas no vienen determinadas en primer lugar por problemas de disponibilidad de comida o malas cosechas a nivel nacional o regional, sino más bien por deficiencias en la « capacidad de acceso a la comida » (Véase. Devereux, 2005).

[12Aunque el Informe hace hincapié en la necesidad de una red de seguridad para los rurales, las recomendaciones específicas y concretas sobre este tema son casi inexistentes. Para Tania Murray Li (2009), eso tendría sobre todo relación con el conservadurismo fiscal del Banco y a su desconfianza con relación a los gastos sociales. Por eso el Banco Mundial prefiere, en particular, confiarse, en el caso de Asia, en los sistemas de ayuda mutua supuestos ser garantizados por los pueblos considerados como comunidades míticas.

[13El propio Banco Mundial indica en el Informe sobre el desarrollo en el mundo 2008 que la agricultura “ tiene un papel preponderante en el agotamiento de las aguas subterráneas, de la contaminación por agroquímicos, el empobrecimiento del suelos y el cambio climáticos mundial, dado que es responsable de hasta un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero » (2007). Lo que no le impide sin embargo, seguir promoviendo un modelo agroproductivista.

[14Las mujeres y muchachas que viven en zonas rurales, forman al batallón más importante de personas alimentadas insuficientemente en el mundo. Aunque un 30% de entre ellas están a la cabeza de un hogar en zonas rurales en los países en desarrollo, poseen menos de un 2% de las tierras disponibles. En numerosos casos, las trabajadoras agrícolas no benefician de ninguna renta, su trabajo es sólo considerado como una ayuda a las actividades de su marido (Golay, 2009).


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Traducida para CETRI por Patricia Parga-Vega, corregida por Lisette Maillet H. y Magali Urbain.


Les opinions exprimées et les arguments avancés dans cet article demeurent l'entière responsabilité de l'auteur-e et ne reflètent pas nécessairement ceux du CETRI.