Colombia

El conflicto social desplaza la guerra

En tanto, Uribe procura repetir su viejo libreto: indios, cañeros, maestros, funcionarios, camioneros... todo el que protesta y se moviliza, está manipulado por las FARC.

«Si se observa lo que está sucediendo en el Cauca, se puede deducir que hay una perspectiva política nueva que no pasa por la confrontación armada sino por el conflicto social», asegura el periodista y sociólogo Alfredo Molano. En el Cauca, al sur del país, decenas de miles de indios nasa y de otras etnias están en Minga (trabajo colectivo) por la Vida desde el 12 de octubre y otros tantos cortadores de caña de azúcar llevan dos meses en paro. Algo está cambiando en Colombia.

Este año 2008 el gobierno ha conseguido golpear fuerte a la guerrilla, pero la iniciativa política ya no está en el Palacio de Nariño sino en la calle, donde se están rediseñando los modos de hacer política en actividades multitudinarias que no pueden ser acusadas de terrorismo, como quisieran el presidente y sus ministros más cercanos. La tentación de criminalizar la protesta social puede convertirse en un duro fracaso para Uribe ya que la población comienza a perder el miedo y hasta el movimiento sindical asoma la cabeza.

En paralelo, comienzan a aparecer fuertes denuncias sobre la violación de los derechos humanos. Uribe se vio forzado a pasar a retiro a 27 militares en medio de un escándalo que le costó el cargo el comandante del ejército, general Mario Montoya. Se comprobó que los militares secuestraban jóvenes pobres de las periferias urbanas que aparecían como «guerrilleros» muertos en las montañas. Hay 3,000 militares investigados por la justicia. En el último debate televisivo, Barack Obama le dijo a John McCain que mientras sigan asesinando sindicalistas en Colombia, no se firmará el TLC.

Multitud de protestas

Septiembre y octubre han sido meses de paros, huelgas y manifestaciones. Los funcionarios judiciales realizaron una prolongada huelga por mejoras salariales y presupuesto para la Justicia que le permita sostener su autonomía. El gobierno decretó el estado de «conmoción interior», una medida exagerada que revela el estado de ánimo del gobierno, que cree ver guerrilleros detrás de cada sindicato, cada huelga y cada protesta. Poco después le siguieron los funcionarios del sistema electoral (Registraduría), más tarde los maestros y los camioneros que ya habían hecho huelga en agosto.

El 15 de septiembre entraron en huelga unos 12,000 cortadores de caña de azúcar con la ocupación de ocho ingenios de Valle del Cauca. Los «corteros», casi todos afrocolombianos, se levantan a las cuatro de la madrugada, trabajan de seis de la mañana a cinco de la tarde bajo un sol que lastima y llegan sobre las ocho de la noche a sus casas, luego de dar 5.400 golpes de machete e inhalar humo de la quema de caña y el glifosato usado en las plantaciones.

Ganan alrededor de 10 dólares diarios, pero pagan de su bolsillo la seguridad social, las herramientas, la ropa de trabajo y el transporte hasta el cañaveral. Al atardecer, se ven espigadas siluetas morenas al borde de la Panamericana, entre Cali y Popayán, tambaleándose como zombies luego de una jornada laboral criminal.

Al comenzar la huelga, expusieron sus miserables condiciones de vida y trabajo concitando el apoyo de buena parte de la población que suele dar la espalda a las demandas de afrocolombianos e indígenas. Las autoridades se vieron sorprendidas por el amplio seguimiento de una huelga que pensaban resolver en pocos días. Sus demandas son elementales: ser contratados, que se les paguen los días perdidos por paradas de las empresas así como los que deben asistir al médico, ya que los accidentes laborales incapacitan a 200 corteros cada año, y que se eliminen las básculas móviles que pesan a favor del patrón.

Para el gobierno y la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar, el principal problema es que la huelga forzó la importación de azúcar de Ecuador y Bolivia, paralizó la producción de etanol y elevó el precio de la gasolina. En un alarde de escaso sentido común, el ministro de Protección Social dijo en el parlamento que la huelga no es un problema social, sino una protesta de delincuentes. Varios cañeros fueron detenidos y se decidió la expulsión de periodistas extranjeros que cubrían la huelga.

Las reformas laborales aprobadas en Colombia en 1990 y sobre todo en 2002, desregularon por completo el mercado laboral. En 1992 por cada empleo temporal se creaban cinco empleos permanentes. Con la creación de las CTA (Cooperativas de Trabajo Asociado) el mapa laboral se invirtió: en los 10 primeros meses de 2008 por cada empleo permanente se crearon 10 empleos temporales según un estudio de la Universidad Nacional.

Con las CTA los empleadores evitan pagar costos fiscales y todos los aportes al Estado, y se benefician con una fuerte reducción de los costos laborales. El Congreso de los Estados Unidos cuestionó el dumping de la mano de obra, entre otras razones, para congelar la firma del TLC con Colombia.

Los cortadores de caña doblegaron a principios de noviembre la resistencia de los patrones, que necesitaron 54 días para dialogar con los delegados del sindicato Sinalcorteros. No consiguieron eliminar las CTA ni obtuvieron la contratación directa, pero alcanzaron un 12% de aumento, control de las balanzas, dotación de herramientas, mayores aportes patronales en bajas por enfermedad y accidentes y no trabajar luego de las cuatro de la tarde. El sindicato sale reforzado: pasó de 870 a 3,000 asociados.

El deterioro de la condiciones de trabajo y el permanente aumento del precio de los alimentos, está en la base del relanzamiento de la protesta laboral. Por eso Molano, perseguido por el régimen que lo forzó a un exilio de seis años, insiste que «la protesta actual es la punta del icebcerg de un movimiento social que puede dar un paso en la democratización del país». El paro nacional realizado por la central sindical CUT el 23 de octubre, el primero de esa envergadura en años, puede ser tomado como muestra de los cambios en curso.

La gran Minga indígena

La protesta más importante, la que tiene al gobierno de cabeza, se inició el 12 de octubre: la Minga de los Pueblos Indígenas, el trabajo colectivo y comunitario que busca revertir la situación del centenar de etnias colombianas, convocada por la ONIC, el CRIC y la ACIN.

Contempla cinco exigencias: rechazo al TLC con Estados Unidos, al que definen un tratado «entre patrones y contra los pueblos»; la derogación de las reformas constitucionales que someten a los pueblos a la exclusión y la muerte; rechazo al Plan Colombia «que infesta nuestros territorios y los siembra de muerte y desplazamiento»; cumplimiento por el Estado de los acuerdos a raíz de la masacre del Nilo en 1991, donde fueron asesinados 20 nasas, el grupo indio más movilizado y mejor organizado, por las que se les deben miles de hectáreas comprometidas como compensación por el Estado.

La movilización indígena comenzó con un corte en la estratégica carretera Panamericana por unos 10,000 indígenas, que fueron brutalmente atacados por las fuerzas armadas que les provocaron dos muertos y unos 90 heridos, la mayor parte por bala. Las comunidades se replegaron y volvieron a ocupar otros tramos, y cuando el gobierno se negó a recibirlos comenzaron una marcha hasta Cali, a la que se sumaron los cañeros y otros sectores sindicales.

Los indígenas fueron, como en ocasiones anteriores, los disparadores del conflicto social ya que sus demandas son más políticas que las de otros sectores y tienen mayor capacidad de articulación. Denunciaron que en los seis años de gobierno de Uribe fueron asesinados 1,243 indios de las más de 100 etnias existentes en Colombia y 54,000 fueron expulsados de sus territorios. El lema «Todos somos cañeros, todos somos indígenas», mostró una nueva articulación política y social en un país hasta hace poco polarizado, y paralizado, por la guerra.

En Cali más de 20,000 indígenas esperaron a Uribe para iniciar una ronda de conversaciones, luego de marchar una semana por la carretera Panamericana. El desencuentro del domingo 19 de octubre—Uribe llegó cuando los indígenas se retiraban cansados de esperar—no pudo ser compensado con el encuentro del 2 de noviembre en La María, Piendamó, donde miles de indígenas están concentrados desde el 12 de octubre y han formado lo que denominan como Territorio de Diálogo, Convivencia y Negociación.

Luego de seis horas de escuchar la arrogancia presidencial y de mostrar con datos la permanente violación de los derechos humanos en Colombia, la Minga Indígena y Popular decidió «caminar la palabra», para seguir marchando por la vida. En realidad, tomaron el mismo camino que todos los indígenas del continente: en decenas de asambleas decidieron seguir adelante.

El 9 de noviembre comenzaron una nueva marcha, desde Cali hasta Bogotá, donde llegarán el 24 de noviembre. La marcha atraviesa parte de la cordillera andina y entrará en varias ciudades con el objetivo de debatir con la sociedad civil los problemas de cada sector. En Bogotá, instalarán un Congreso de Organizaciones Sociales para acordar una agenda común de los movimientos sociales.

Concientes de la importancia que tiene la observación internacional sobre Colombia, para evitar más represión, el 8 de noviembre la ACIN envió una carta al próximo presidente Obama. En ella exponen la permanente violación de los derechos humanos de los indígenas, pero la vinculan tanto al Plan Colombia como al TLC: «Grandes empresas transnacionales se han beneficiado con contratos petroleros o de gas, concesiones mineras, privatizaciones y bajos salarios y apuntan a la explotación de la biodiversidad de nuestros territorios».

Para la ACIN, la guerra en Colombia y la violación de los derechos humanos forman parte de un gran proyecto multinacional para apropiarse de la vida, o como ellos dicen, para «la transformación de la vida en mercancía». Por eso sostienen que «la destrucción de nuestros pueblos en Colombia, es consecuencia de esta equivocación que hoy llamamos crisis», que no es más que «la codicia y la sacralización de la acumulación».

Algo está cambiando

Molano asegura que el presidente Uribe «está en una situación difícil», tanto por razones locales como internacionales. La crisis global está empezando a afectar sus bases de apoyo entre las clases medias urbanas, «endeudadas hasta en el 25% de sus ingresos», según Molano. Pero la crisis también le impedirá seguir con su astronómicos gastos militares que alcanzan al 4.6% del PIB. «Va a haber más demandas sociales y menos apoyo estadounidense» , concluye.

Pero no todo es economía. Amplios sectores de la sociedad colombiana están comenzando a comprender que las denuncias de los organismos de derechos humanos no eran disparatadas. A fines de septiembre toda la prensa informó que once jóvenes desaparecidos en las ciudades de Bogotá y Soacha fueron encontrados en otro departamento, Norte de Santander, en fosas comunes y reportados por el ejército como subversivos muertos en combate.

Días después la cifra se elevó a 23 y más tarde trascendió que serían más de 100. La Defensoría del Pueblo señaló que en lo que va de 2008 son 5,522 las denuncias por desapariciones. El «Informe preliminar de la Misión Internacional de observaciones sobre ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia», conocido en octubre de 2007, sostiene que en los últimos cinco años son 955 los casos comprobados de ejecuciones extrajudiciales.

Al parecer los militares actúan según un patrón común. Secuestran jóvenes pobres de las periferias urbanas, en algunos casos con deficiencias mentales, los asesinan y los presentan en otros lugares como «bajas» en el combate contra la guerrilla. Los pocos casos comprobados hasta ahora permiten suponer que son apenas la punta del iceberg de una monstruosa forma de violación de los derechos humanos.

En medio del escándalo Uribe pasó a retiro a 27 militares, entre ellos tres generales, y el comandante del ejército Montoya debió renunciar a su cargo. En su columna dominical del 9 de noviembre, Molano formula una pregunta muy incómoda: «¿Que se habrá hecho de los indigentes, que cada vez se ven menos? ¿Será otro resultado de la Seguridad Democrática?»

De ese modo, Molano recuerda que desde la década de 1980 los paramilitares se dedicaron a la «limpieza social», con particular intensidad en ciudades como Cali, donde asesinaban mendigos, homosexuales, prostitutas, minusválidos y personas con retraso mental. Estas prácticas de carácter «nazi» nunca desparecieron, pero la pregunta pretende descubrir si detrás de las actuales desapariciones hay indicios de «limpieza social».

En paralelo, Amnistía Internacional difundió a fines de octubre su último informe sobre Colobmia, bajo el título «¡Déjennos en paz!». Asegura que «la impunidad sigue estando en el centro de la crisis de los derechos humanos en el país, ya que la mayoría de los responsables no han sido llevados ante la justicia». Denuncia también que el gobierno colombiano niega la gravedad de la situación y afirma, contra toda evidencia, que el paramilitarismo ha desparecido. Sólo en los seis primeros meses de 2008, Amnistía registra 270,000 desplazados forzados, 41% más que en 2007.

La difusión de hechos graves que vinculan al gobierno con violaciones a los derechos humanos de personas que nada tienen que ver con la guerra y que avalan la fuerte corrupción existente en el Estado, tienden a apartar a sectores de las clases medias urbanas del gobierno de Uribe. Una tendencia que tiende a crecer con la elección de Obama y las consecuencias de la crisis mundial.

En la próximas semanas, cuando la Minga indígena llegue a Bogotá, será posible constatar si, efectivamente, la población urbana está descongelando su decidido apoyo al régimen por una oposición más o menos consistente. No será fácil. Sólo en octubre se registraron más de 20 asesinatos de indígenas, porque como reza el comunicado en el que convocan la marcha a Bogotá, para el régimen «quien se opone al gobierno es terrorista» y debe ser reprimido.

En sintonía con los Zapatistas en México cuando convocaron La Otra Campaña, la larga experiencia del pueblo nasa les dice que «ningún sector actuando solo puede enfrentar la agenda de explotación y sometimiento de quienes desde el régimen la van implementando». La Minga es el modo como los de abajo han decidido «concertar la palabra y convertirla en camino». Es apenas el primer paso. Pero, como saben los de abajo, es el que marca el rumbo y deja huella.

Referencias:

  • Foro de la Solidaridad Confiar, Medellín, 18 de octubre de 2008.
  • Desde Abajo No. 139, revista mensual octubre de 2008, Bogotá.


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