Crisis, impeachment y participación ciudadana

La declaración de admisibilidad de la solicitud de impeachment realizada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, pone definitivamente a Brasil en una hoja de ruta que se venía perfilando en los últimos meses, prácticamente desde que la mandataria asumió su segundo período en enero del presente año. Sin embargo, estudios de opinión entre los congresistas realizados en estos días revelan que si la votación sobre el impedimento en el plenario de la Cámara de Diputados fuese en este exacto momento, la presidenta Dilma Rousseff conservaría su mandato, pues la mayoría de ellos se mostró contrario a la instalación de un proceso de veto de la jefa de gobierno. De acuerdo con ese levantamiento, Dilma tendría actualmente el respaldo de por lo menos 258 de los 513 deputados, 87 votos más de los 171 necesarios para mantenerse en el poder. Tal parece que el proceso de casación ya nació moribundo y serán necesarios muchos esfuerzos de la oposición para reanimarlo. Ya se puede presagiar esta derrota en la propia constitución de la Comisión Especial para juzgar el mérito del argumento esgrimido por los juristas, crimen doloso de irresponsabilidad en el ejercicio de funciones por parte de la presidenta.

Al consentir la apertura de dicho mecanismo, el diputado Cunha no debe sospechar que no solo puso en evidencia su postura vengativa y chantajista con el gobierno y el Partido de los Trabajadores (PT), sino que además está gatillando aún más el clima de confrontación y agresividad que viene experimentando el país en el último periodo y que se puede agravar en el transcurso de los próximos meses. En primer lugar, Cunha utiliza la carta del impedimento como moneda de cambio para obtener el apoyo de partidos oposicionistas y salvar su mandato de las acusaciones en su contra por corrupción, abuso de cargo, lavado de dinero, evasión fiscal, ocultación de bienes y una lista extensa de crímenes comprobados por diversos órganos contralores del Estado, como la Procuraduría General de la República (PGR), Receita Federal (Impuestos Internos) o el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).

Una contradicción fragrante de este asunto, es que horas antes de que se estableciera la apertura de la denuncia contra Rousseff, el Congreso había aprobado la nueva propuesta de meta fiscal que consideraba un déficit de 119 billones del presupuesto nacional. Precisamente, la tesis central de la acusación para iniciar un proceso de cesación de funciones se sustenta en la irresponsabilidad del ejecutivo en el ámbito de la contención de recursos públicos y de los mecanismos utilizados para justificar el exceso de gastos que provocaron este déficit presupuestario, a través de un resquicio administrativo sui generis conocido como “pedaladas fiscales”. De acuerdo a connotados juristas, la utilización de las llamadas pedaladas fiscales no justifica la instauración de un juicio que promueva la suspensión de la mandataria, debido al hecho de que este recurso también había sido utilizado por gobiernos anteriores (Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso y Lula Da Silva) con el propósito de realizar los gastos necesarios para movilizar la máquina del Estado y también para implementar el conjunto de políticas -especialmente las sociales- destinadas a mejorar la vida de la población más vulnerable. Además, los gobiernos estaduales de múltiples partidos del espectro partidario también han utilizado esta práctica con el objetivo de viabilizar sus gastos.

El movimiento por la destitución de la presidenta es formado por sectores de la oposición que no se resignan con la derrota electoral pasada, invocando un argumento pseudo-jurídico para acelerar la substitución del ejecutivo por un gobierno de transición que convoque a nuevas elecciones con la vana esperanza de salir triunfante en la próxima contienda electoral. En definitiva, la denuncia no se encuentra debidamente sustentada en hechos jurídicos y elementos probatorios de que la presidenta haya incurrido en un crimen de responsabilidad y que ese crimen fue cometido dolosamente por la titular del cargo. Por lo mismo, la acusación se asemeja más a una estrategia político-partidaria que apela a la Constitución con el propósito de obtener el poder por medio de un expediente legalista cuando éste no pudo ser conquistado a través del voto.

Asimismo, aun admitiendo que el gobierno pueda haber incurrido en una desviación de la cláusula constitucional con relación al capítulo sobre responsabilidad, ello no le resta o substrae la legitimidad obtenida en las urnas en la pasada contienda electoral. El motivo que sostienen ciertos sectores de la oposición es muy débil e irrisorio : Dilma habría perdido su legitimidad ante los ojos de la ciudadanía debido a que las recientes encuestas de opinión demostrarían la acentuada caída en los índices de popularidad de la mandataria. Es a todas luces absurdo e improcedente intentar destituir a un gobierno por los resultados de las encuestas de apoyo popular a su gestión. Las reglas del juego democrático estipulan claramente que quien pierde una elección tendrá otra chance cuando la ciudadanía sea nuevamente convocada a sufragar y decidir en las urnas. La alternancia del poder es una cláusula democrática férrea y ella debe ser respetada por ganadores y perdedores. Si un gobierno es deficiente o malo, la solicitación del mecanismo de impeachment no es y nunca será el remedio adecuado para resolver este dilema. Si así fuera, la gran mayoría de los gobiernos en el mundo no conseguirían concluir sus respectivos mandatos.

La inhabilitación del presidente Collor de Melo fue necesaria para restablecer la ética, el decoro y la probidad de la acción gubernamental y en ese proceso convergieron prácticamente todas las fuerzas político-partidarias, los movimientos sociales y las organizaciones civiles de Brasil. Como ya lo han señalado diversas voces de un amplio espectro político y partidario, independiente de las críticas que se le puedan hacer a la actual administración, lo que se encuentra en cuestión es la defensa de la democracia y del respeto a la decisión soberana del pueblo en las urnas. No cautelar este principio puede llevar al Brasil a un periodo de inestabilidad y crisis institucional sin precedentes desde el retorno a la democracia.

Si bien es cierto el país se encuentra atravesando una crisis, la solución planteada por la oposición es bizarra. Ella se fundamenta en la apuesta de que se pueda constituir una alternativa de unidad nacional en torno a alguno de los sucesores oficiales de la presidenta, especialmente su vice, Michel Temer. Luego se convocará a nuevas elecciones y en esa circunstancia los ciudadanos se inclinarán por un “gobierno de salvación” que supere la actual coyuntura. Este es un escenario bastante improbable. En gran parte porque las crisis son como los terremotos, en que las personas saben dónde comienzan pero no saben cuándo y cómo terminan. Es la incerteza lo que hace que se instale un sentimiento colectivo de que la “presente crisis” es la peor que existe en la historia del país y concomitantemente refuerza la sensación de sofoco y angustia entre la población. Asumiendo este supuesto, no existe la posibilidad de salir del actual impasse a través de recetas mágicas o por el simple reemplazo del gobierno de turno. La crisis es sistémica y se requiere de un gran acuerdo nacional para formular consensuadamente las posibles salidas en el ámbito económico, energético, político y social.

Sin embargo, la tentativa de derribar al gobierno introduce aspectos positivos. El primero, y quizás más evidente, es que al igual como sucedió hace algunos años atrás con el “caso Collor”, la población entró en una dinámica in crescendo de debates sobre variados aspectos de la vida republicana nacional y sobre el futuro del país. Brasil se ha transformado en una gran arena de discusión en la que cual más cual menos los actores deben tomar partido a favor o en contra del impeachment y analizar sus posibles desdoblamientos. Ese intercambio circula vertiginosamente en las redes sociales y en diversos espacios ciudadanos, neutralizando la influencia ejercida por las corporaciones de mass-media tradicional. Pero el debate no se encuentra restringido al ciberespacio, pues es evidente que dicha disputa se instalará rápidamente en las calles. Las posibilidades de éxito o derrota de la iniciativa opositora se van a respaldar en la capacidad de convocatoria que cada sector tendrá para movilizar sus fuerzas. La temperatura del Ágora y la movilización de la ciudadanía será un factor fundamental que actuará como un contrapeso a favor o en contra de la destitución.

Pensamos que este es un escenario en que las fuerzas democráticas saldrán fortalecidas y que, inversamente, el carácter revanchista y oportunista de la acusación quedará desenmascarado. La previsible derrota de los grupos pro impeachment en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados le permitirá al ejecutivo salir más vigorizado para reformular el presidencialismo de coalición y concluir su mandato sin las presiones que hasta ahora viene ejerciendo el principal partido de la base aliada, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que preside ambas casas del Congreso y que ocupa hasta ahora la Vice-Presidencia de la República.

Brasil se encuentra en estos momentos entre la turbulencia y la incerteza, aunque no existen elementos de peso que permitan augurar o presagiar un desenlace trágico. Al contrario, quizás sea esta una inmejorable ocasión para que el debate democrático se difunda capilarmente en todo el territorio y que la política se discuta en el día a día por la población, recuperando para la plaza pública una actividad que había sido secuestrada por determinados grupos de profesionales de la política, policy makers y experts. La democracia puede ser medida por la voluntad de las personas para participar colectivamente en la construcción de un mejor porvenir. En ese sentido, estos tiempos representan un momento privilegiado para ratificar los principios democráticos por sobre la asonadas e intentonas autoritarias y para manifestar aquello que los griegos convocaban en la polis, un espacio para reflexionar, proponer, debatir y deliberar sobre los asuntos que le competen a todos los miembros de una comunidad de destino. Ojalá Brasil pueda aprovechar esta oportunidad.


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