Brasil : La disputa democrática contra la agenda conservadora

La decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de declarar como inconstitucional la propuesta sobre el financiamiento empresarial de las campañas electorales, viene a instalar un nuevo ingrediente en la disputa por consolidar los valores democráticos en un momento en que las fuerzas más conservadoras del país se han sentido estimuladas a salir de sus reductos para proponer una agenda regresiva en diversos ámbitos de la vida política, económica, social y cultural de Brasil.

Algunos de los temas que han ido ganando espacio entre los partidos de oposición, en las movilizaciones de calle y en las redes sociales son : la tercerización de contratos en empresas públicas y privadas ; la privatización de la Petrobras y/o la participación de esta empresa en la explotación de los yacimientos descubiertos en la capa pre-sal ; la eliminación o privatización del Sistema Único de Salud (SUS) ; la disminución de la mayoridad penal para 16 años ; el enflaquecimiento de los mecanismos de control de armas ; la prohibición del contrato civil entre parejas homoafectivas ; la penalización del aborto ; etc. Pero lo que sin lugar a dudas representa el mayor peligro para la democracia es el llamado de algunos sectores para que los militares intervengan nuevamente por medio de un Golpe de Estado.

Existe en este momento una lucha desatada en la oposición por definir quien ocuparía el liderazgo y la hegemonía de este viraje conservador y también sobre cuál sería su naturaleza, es decir, si esta arremetida asume rasgos más o menos reaccionarios a la actual administración. Utilizo la denominación de postura o espíritu “reaccionario” no como un mero recurso retórico ni como expresión peyorativa, sino en su sentido más puro, es decir, para indicar el giro hacia la derecha de aquellos sectores que se han concertado en torno a una agenda conservadora y que aspiran efectivamente a retrotraer y/o anular las conquistas alcanzadas por la democracia brasileña en las últimas tres décadas y, más específicamente, desconocer los avances consagrados por la Constitución de 1988 y el conjunto de políticas de protección social de carácter inclusivo que vienen siendo implementadas con énfasis desde el año 2003. Según sus principales ideólogos, el actual clima de malestar expresado por una parte significativa de la población -especialmente las clases medias- sería una respuesta o “reacción” a los efectos nocivos que tendría para la nación un conjunto de políticas, planes y programas de sello populista que junto con provocar el desfinanciamiento y el aumento de la deuda pública, estaría generando una desidia e indolencia por parte de la población que prefiere recibir la asistencia del gobierno a luchar por el sustento diario a través de su inserción como trabajadores.

En dicho contexto, la derrota de quienes postulan que las campañas políticas pueden ser financiadas por el capital privado, representa un avance indiscutible pues es sabido que en este tipo de dependencia de la clase política a los intereses de los empresarios se encuentra un importante factor que ha estimulado la corrupción y ha generado enormes asimetrías entre los diversos partidos y candidatos, socavando las formas de representación popular en beneficio de los grupos empresariales y las bancadas que expresan sin tapujos los intereses de sectores que solo aspirar a aumentar sus márgenes de ganancia, inclusive en el ámbito de la crisis. Es un triunfo por lo demás momentáneo, en esta “batalla de las ideas” que enfrenta a los partidarios de un país más inclusivo y democrático, con las fuerzas que pretenden revertir las conquistas políticas y sociales que vienen siendo impulsadas desde la restauración democrática y que fueron profundizadas en la última década con los programas sociales de los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) tales como Bolsa Familia, Fome Zero, Minha Casa, Minha Vida, Universidad para Todos (ProUni), aumento del salario mínimo y crédito subsidiado para las familias de menor ingreso, entre otros.

Sin embargo, de manera paradójica parte de este giro conservador está siendo promovido desde las propias entrañas del gobierno. En tal sentido, los cortes implementados por el Ministro de Hacienda, Joaquim Levy, representan un serio retroceso en todo aquello que se estaba construyendo en el ámbito de la política social y las estrategias de transferencias de renta. Por ejemplo, uno de los programas de inclusión social de mayor impacto en el último periodo, la Farmacia Popular, se encontraría con los días contados. Este programa creado en 2004 durante el primer mandato del PT entrega medicamentos gratuitos a población de baja renta. Hasta el momento, dicho programa distribuye remedios gratuitos en las farmacias mediante la presentación de recetas, para un vasto número de enfermedades como diabetes, hipertensión, asma, osteoporosis, rinitis, mal de Parkinson, glaucoma, colesterol, etc. Inclusive el programa entrega anticonceptivos y pañales geriátricos para quienes lo soliciten. Posee una amplia cobertura nacional que incluye a más de tres mil quinientos municipios, atendiendo mensualmente a 1,3 millones de beneficiarios. El nuevo proyecto de la Ley de presupuesto para 2016 deberá restringir la gratuidad en la entrega de medicamentos solamente para tres casos : diabetes, hipertensión y asma.

Lo que puede suceder con la Farmacia Popular es un caso entre un conjunto de iniciativas que aproximan al gobierno con una agenda regresiva. Los cortes anunciados por las autoridades para sectores sensibles como salud, educación, vivienda o previsión plantean un grave dilema a los electores de un gobierno que en su campaña prometía profundizar aún más el esfuerzo inclusivo de las políticas del Estado brasileño. Además, la irrupción de la Ley sobre la tercerización permite sospechar que el ejecutivo se encuentra promoviendo cambios en la legislación que penalizan todavía más los beneficios conseguidos por los trabajadores. En su intento por disminuir el cerco agresivo de la oposición, la presente administración ha decidido abrir un flanco para cambios que afectan principalmente a los grupos más carentes y vulnerables del país.

Los movimientos sociales ya han señalizado que no seguirán apoyando a un gobierno que está haciendo todo aquello que contradice sus banderas y reivindicaciones históricas. Pero ellos también son conscientes de que no pueden confundirse con la campaña difamatoria emprendida por la oposición en contra de la presidenta Dilma y su gabinete, pues esta maniobra se orienta principalmente hacia el objetivo de lograr la renuncia o el impeachment de la mandataria. Aparentemente nada justifica la animosidad y virulencia de la oposición, pues la mayoría de las acciones de bienestar emprendidas por los gobiernos petistas se encuadran dentro de lo que podríamos denominar como el ciclo socialdemócrata iniciado en los años noventa. Con ese empeño, la derecha viene exacerbando artificialmente el clima de enfrentamiento y polarización existente en el país, con la indiscutible aspiración de crear una crisis política y social que derive en una ruptura institucional o que instale las condiciones para iniciar un proceso de inhabilitación de la presidenta en el Congreso. Esta oposición que adquiere cada vez más una apariencia golpista, despojándose de su velo democrático, quiere arrogarse ahora ser parte de la solución cuando en realidad ella representa una parte significativa del problema.

Ante la arremetida de los grupos conservadores por imponer su agenda y derrocar al gobierno, los sectores democráticos se colocan ante el desafío de unir fuerzas para responder a dicha estrategia desestabilizadora, poniendo en riesgo la continuidad de la propia democracia, como lamentablemente la experiencia histórica ya lo ha demostrado. Por lo mismo, se vienen diseñando algunas iniciativas de movilización desde los movimientos sociales y conglomerados de izquierda para bloquear estos proyectos que buscan desmontar los avances y los derechos alcanzados por la ciudadanía en los treinta años que se siguieron a la reconstrucción democrática en Brasil. Esa es, a nuestro entender, la principal disputa que se avizora en el horizonte para que este país continúe su transformación hacia una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.


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